Violeta Meléndez Guadalajara, México (24 marzo 2021).- Antes de reanudar los trabajos en la presa El Zapotillo que el Gobernador Enrique Alfaro gestiona con la Comisión Nacional del Agua, deben resolverse 20 amparos que diferentes ciudadanos y activistas han interpuesto en contra del proyecto en los últimos 15 años.
En el haber judicial de la presa figuran cuatro juicios de Amparo y dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los cuales se detuvo la construcción de la cortina el 28 de mayo del 2014, a 30 centímetros de llegar a los 80 metros de altura.
Sin embargo, también están pendientes 10 juicios de amparo en Juzgados en materia administrativa en Jalisco en defensa de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se rehúsan a ser desplazados e inundados para dar lugar al embalse.
También existen cuatro juicios de amparo más, en materia administrativa, en contra del acueducto Zapotillo-León, entre los cuales figuran dos que interpuso el ejido Agua de Obispo, en San Juan de los Lagos, para impedir que la infraestructura pase por su territorio.
Debido a esta cantidad de recursos que competen a diversas instancias del Poder Judicial estatal y federal, El Zapotillo destaca como la obra de infraestructura más judicializada del País, incluso por encima de otros megaproyectos como el trasvase del río Yaqui, en Sonora.
Desde que procedió a favor de las poblaciones afectadas uno de los fallos de la Corte, hace casi siete años, la obra no ha avanzado infraestructuralmente, aunque el Gobierno federal sí ha destinado recursos.
En 2019, por ejemplo, etiquetó 500 millones de pesos para la presa, y aunque tiene un gasto fijo en vigilancia permanente, no se ha informado con claridad en qué se utilizó ese recurso debido a que los fallos judiciales impiden los trabajos constructivos.