Publicado 19 noviembre 2021 (Hace 17 horas 20 minutos)
Berta Cáceres terminó baleada en su casa en 2016 por su lucha como líder ambientalista e indígena en Honduras.
La familia de la asesinada líder ambientalista hondureña Berta Cáceres y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) continuarán con las medidas cautelares en su favor, según indicó el martes último la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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La medida cautelar incluye también a los integrantes del equipo legal, entre ellos, el abogado Víctor Fernández, Arnold Guifarro, Carlo Jiménez. Además, el señor A y las señoras B y C, quienes brindan “acompañamiento legal a la familia de Berta Cáceres en todos los procesos relacionados con la investigación de su asesinato”.
De acuerdo con el documento de la CIDH se “otorgó medidas cautelares a favor de las personas beneficiarias en la Resolución 8/2016 del 5 de marzo de 2016, y Resolución 16/2016 del 23 de marzo de 2018, al considerar que se encontraban en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
En este sentido, precisó que el Estado de Honduras debe continuar adoptando las medidas necesarias para garantizar efectivamente “su vida e integridad personal en los términos de las solicitudes” mencionadas anteriormente.
Con la resolución publicada en redes sociales organismo de derechos humanos expresó que “el Estado de Honduras debe garantizar la vida e integridad personal de familiares de Berta Cáceres y de las y los integrantes del COPINH”.
La CIDH solicitó “a las partes remitir información concreta, detallada y actualizada sobre la situación de las personas beneficiarias con miras a continuar evaluando su situación en los términos del artículo 25 del Reglamento”.
A su vez, comunicaron su disposición de visitar la nación centroamericana “previa anuencia del Estado”, con el objetivo de comprobar la situación de las personas beneficiadas en las medias. La visita pudiera comprender un encuentro de trabajo con las partes y reuniones con los beneficiarios, además de las autoridades internas “responsables de la implementación de las presentes medidas cautelares”.
Tras el asesinato de la líder indígena Lenca, Berta Cáceres, el Ministerio Público hondureño condenó a ocho personas vinculadas con el asesinato de la ambientalista. El proceso más reciente fue el del gerente de Desarrollos Energéticos S.A., Roberto David Castillo Mejía, quien fue hallado culpable como coautor del asesinato, pero aún no se le ha dictado sentencia.
Este jueves, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del oficial de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz, y el expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano.
Cruz y Rosales están acusados de inutilización de registros y falsificación de documentos públicos destinados a servir como medios de prueba en la investigación del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.