Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaGuapinol – A 9 de febrero del 2022
El día de hoy los jueces Ricardo Rodriguez Barahona, Henry Geovanny Duarte Zaldívar y Franklin Marvin Araliz Santos han demostrado su confabulación con la empresa “Los Pinares” del señor Lenir Pérez uno de los más grandes empresarios empobrecedores de Honduras al condenar injusta e ilegalmente a 6 de los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro.
COPINH como parte de las organizaciones que hacen lucha territorial y que aboga por los derechos de las comunidades ha seguido de cerca el juicio contra los defensores del agua y la vida y es claro que los testigos pagados y confabulados con la empresa “Los Pinares” mintieron y al margen de sus mentiras no lograban identificar a las personas que acusaban puesto que ni siquiera lograban ver su rostro.
Este fallo sin pruebas reafirma que este tribunal, la fiscalía que impulsa el proceso se han confabulado con los intereses representados por el señor Lenir Pérez que es parte de una estructura que lleva años propiciando la persecución y criminalización de los compañeros y compañeras que defienden los ríos San Pedro y Guapinol para materializar por la fuerza un proyecto que fue concesionado de manera irregular.
Ante esto el COPINH:
Exige que se sea cancelada la concesión Minera otorgada a la empresa de Lenir Pérez y sea clausurada la empresa misma.
Exige que sean procesados inmediatamente los testigos falsos y pagados por la empresa “Los Pinares” e investigados por actos de corrupción y prevaricato los jueces del tribunal de sentencia de Tocoa, Colón.
Hace un llamado a las organizaciones de lucha territorial para juntarnos y detener de una vez por todas la persecución legal de quienes luchamos por nuestros territorios y por el bien común.
Brindamos nuestra solidaridad con familiares de los compañeros condenados y con las organizaciones del Aguán que han sostenido con gran esfuerzo y sacrificio la demanda de Libertad y Justicia para los compañeros.
Reiteramos nuestro llamamiento al Estado de Honduras y al nuevo gobierno de declarar en fraude de Ley las concesiones dadas en el marco del Golpe de Estado que vulneran la seguridad social y los intereses comunes.
Seguiremos luchando para reivindicar los derechos comunes y territoriales frente a la voracidad empresarial que amenaza nuestros territorios.
Nos descansaremos hasta que nuestros compañeros José Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, y Profirio Sorto Cedillo sean liberados.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 9 días de febrero de 2022.
“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”
El banco FMO de Holanda es sancionado por no cumplir con regulaciones anti lavado de dinero y al mismo tiempo termina toda relación con el banco FICOHSA de Honduras.
El COPINH y la Global Justice Association (representante legal del COPINH en Holanda) hacemos del conocimiento público lo siguiente:
Las recientes revelaciones en Holanda del periódico FD dan la razón a las denuncias realizadas por el COPINH durante años sobre la responsabilidad del banco FMO sobre graves violaciones debido a su mala administración. El regulador bancario de Holanda suspendió todas las operaciones del banco FMO durante por lo menos 6 semanas por no cumplir con normativas anti lavado de dinero y anti financiamiento al terrorismo en cerca de mil expedientes.
Al mismo tiempo de esta sanción, y de manera silenciosa, el FMO terminó toda relación con el Banco FICOHSA de los Atala Faraj, luego de suspender un préstamo de 60 millones, debido a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil de Honduras y Holanda para investigar los comportamientos ilícitos del banco FICOHSA, incluyendo su financiamiento a la familia Atala Zablah, responsable del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Los bajos niveles de control interno del banco FMO, sancionados por el ente regulador bancario de Holanda, demuestran su responsabilidad en no impedir la violencia, incluyendo el asesinato de Berta Cáceres y en respaldar ciegamente a sus asesinos.
Los bancos y la estructura financiera internacional que financia proyectos y empresas violadoras de los derechos de las comunidades son responsables y deben ser sancionados, así como sus funcionarios. Ese es el camino que deben seguir los bancos FMO, FinnFund, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por el crimen contra Berta Cáceres.
El tiempo nos da la razón y la sabiduría para seguir enfrentando a quienes no solo asesinaron a Berta sino que siguen esparciendo muerte en nuestros pueblos en nombre del desarrollo.
Dado a los 20 días del mes de diciembre de 2021 en La Esperanza, Intibucá, Honduras y Amsterdam, Holanda.
Por Fabiola Pomareda García | pomaredafabiola@gmail.com 17 diciembre, 2021Esperan una mayor apertura del Gobierno de Xiomara Castro para poder construir políticas públicas en beneficio de las comunidades indígenas, populares y campesinas, que han sido históricamente postergadas.
Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y Lestter Castro, coordinador jurídico del Bufete Estudios para la Dignidad, que conoce la causa del asesinato de Berta Cáceres, quienes se encuentran de visita en el país, conversaron con UNIVERSIDAD sobre el estado del caso judicial por el asesinato de la lideresa hondureña Berta Cáceres, las medidas cautelares para la familia, y sus expectativas sobre la nueva presidenta de Honduras Xiomara Castro.
Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 recalcó que el asesinato de su madre permanece impune sin que se haya castigado a los autores intelectuales. Mientras que Lestter Castro explicó que el Tribunal de Sentencia aún no ha emitido su fallo definitivo, debido a acciones de amparo interpuestas por la defensa, que han retrasado el proceso.
A continuación la entrevista.
-Cuéntennos un poco sobre el motivo de la visita de esta comitiva al país.
Berta: «Nosotros nos hemos reunido con CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), que es la organización que lleva el tema de las medidas de protección para el COPINH y la familia de Berta Cáceres a raíz del asesinato y para darle seguimiento a las medidas de protección».
Lestter: «Hemos sostenido reuniones con Cejil, que es una organización que apoya al Copinh y a otras organizaciones de derechos humanos en Honduras y para el final del año estamos sosteniendo estas reuniones ya que en Honduras se acaban de realizar elecciones generales, en las que hubo un cambio de gobierno luego de 12 años de la dictadura del Partido Nacional, un partido muy conservador, que ha realizado una serie de políticas públicas en contra de las organizaciones del movimiento social y popular. Entonces nos hemos reunido aquí en San José para avanzar un poco en lo que será el nuevo papel, por decir una cosa, de las organizaciones populares e indígenas de Honduras».
-¿Cuál es la situación actual con las medidas cautelares solicitadas para el Copinh y los familiares de Berta Cáceres?
Berta: «Pues se mantienen vigentes. Nosotros particularmente hemos venido señalando en comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acciones que está desarrollando el Gobierno de Honduras sobre el tema del territorio de la comunidad de Río Blanco, que es la comunidad donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas. A nosotros nos preocupan estas acciones que viene impulsando el Gobierno en el sentido que vuelven a poner en juego el tema de los derechos territoriales de las comunidades lencas de ese sector y de nuevas violaciones de sus derechos. Hemos tratado de hacer comunicaciones para que la Comisión pueda hacer señalamientos y que se detenga un plan en específico que se llama Plan de Prevención, que ha desarrollado el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras, que está bajo la supervisión de la Secretaría de Derechos Humanos y que irrespeta de nuevo los derechos de las comunidades indígenas y quieren prácticamente individualizar la tierra que ha sido colectiva hasta el momento y se sigue sin darles garantías de posesión sobre las tierras de las comunidades. Ese conflicto que inició con el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas hoy pervive a través del tema de las tierras y del territorio y esto sigue vulnerando los derechos de las comunidades de este sector. La constante que hemos tenido con el tema de las medidas es que el Estado no ha hecho nada para salvaguardar o evitar los nuevos hechos de violencia contra las comunidades y, al contrario, sigue facilitando la vulneración de estos».
-¿Qué significan estas acciones que está haciendo el Gobierno de individualizar las tierras en Río Blanco? ¿Se las quitarían a las personas para venderlas?
Berta: «Bueno sí, sería emitir títulos privados para gente de la zona o puede ser que no sea necesariamente gente de la comunidad porque ahí hay personas que por años se han venido apropiando de esas tierras y sobre las que existe una discusión del tema de la tierra. Aparte de eso, el que puedan habilitarse para personas externas sería que la manera de vivir de la comunidad no es reconocida, no se reconocen las tierras comunitarias y eso facilita la compra y venta de tierras, la entrada de proyectos extractivos porque la concesión de ese proyecto sigue vigente, a pesar de que ha habido juicios, de que se ha luchado por el tema de la justicia. La concesión sigue vigente, es una concesión para 50 años y no se termina de entender cómo quedó el estado de la concesión, cómo estaban los bancos, los bancos se la pasaron a una empresa suiza fantasma, luego esa empresa estaba asociada con otro banco en Honduras. Eso sigue sin resolverse, sigue siendo una fuente de riesgo para las comunidades porque es una concesión que está vigente».
-¿Y con la llegada al poder de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación, qué es lo que se espera?
Lestter: «En relación al nuevo Gobierno, esto se da en el marco de un Partido Nacional con muchos actos de corrupción, con vínculos fuertes con el narcotráfico, con un hermano preso en los Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico y diferentes narcotraficantes del país. Los grandes temas sobre los cuales la gente fue a votar en contra del Partido Nacional o de Juan Orlando Hernández es fundamentalmente el tema de la corrupción. La población fue a votar como quien dice a dar ese voto de castigo en contra de este partido y de todos sus dirigentes. En este sentido hay una fuerte exigencia de la ciudadanía y de los movimientos sociales y populares para transparentar todas las instituciones públicas, ya que en todas hay un entramado de corrupción, de funcionarios corruptos que violentan los derechos de las comunidades indígenas y también de las comunidades campesinas. Nosotros esperamos, como movimiento social, esencialmente un gobierno de puertas abiertas; es decir, que se cree mayor acceso, manteniendo siempre nuestra autonomía como organizaciones sociales, populares e indígenas, pero sí teniendo con este Gobierno de Xiomara una mayor apertura para poder construir políticas públicas en beneficio de las comunidades que han sido históricamente postergadas. Además, nosotros exigiríamos siempre el castigo para aquellas personas o funcionarios públicos que durante todos estos 12 años se han encargado de realizar diferentes leyes y políticas públicas que han impactado de manera muy negativa a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas. Entonces como organizaciones sociales esa va a ser siempre nuestra exigencia como organizaciones territoriales, pero también como organizaciones de la ciudadanía en general. Vamos a esperar cuál va a ser nuestro papel porque todos estos 12 años, luego del Golpe de Estado habíamos sido opositores al Gobierno por considerar que había sido una dictadura; pero ahora entramos con un gobierno que pensamos puede escuchar las peticiones del pueblo y no esté siempre favoreciendo a las élites empresariales del país».
Berta: «Hay mucha expectativa, primero por la necesidad que tiene la población pero también en el marco de las 30 propuestas para los primeros 100 días ella ha planteado cosas importantes para las organizaciones que hacemos la lucha en defensa de los territorios. Una ha sido que no se emitirán más concesiones a ríos ni a minería a cielo abierto y que se revisarán las concesiones que han tenido procedimientos irregulares. Si esto se cumpliera ya sería algo muy importante para nosotros porque venimos enfrentándonos a esas posiciones de la institucionalidad que llegan a afectar a las comunidades indígenas, campesinas y de zonas rurales. Siempre es difícil porque implica no solo al Poder Ejecutivo sino a otras instituciones del Estado que no todas son afines a estas posiciones pero toca ver de qué manera quedan conformadas. Sobre el caso de la justicia en el asesinato de la compañera Berta Cáceres también señaló que tomarían acciones para que fueran capturados los autores materiales e intelectuales, pero eso choca también con las acciones que hasta ahora ha tenido el Ministerio Público. Sin embargo pienso que su posición sí pone cierta presión política a las instituciones de justicia que hasta ahora no han querido avanzar sobre todo en la autoría intelectual».
-Esta semana una jueza ordenó a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que examine dos computadoras decomisadas a Daniel Atala, Gerente Financiero de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA. ¿Qué pueden comentar sobre esta noticia?
Lestter: «Este es un peritaje que fue a petición de las víctimas en un caso distinto al asesinato de la compañera Berta Cáceres. Es el caso que se conoce como el Gualcarque, que está imputando a los funcionarios y funcionarias públicas que otorgaron el concesionamiento sobre el río Gualcarque. Siendo Daniel Atala gerente financiero de la empresa DESA, era muy importante la investidura que él tenía al interior de la empresa DESA porque a través de él se realizaban diferentes pagos para realizar las actividades en la comunidad de Río Blanco y también mantenían estas relaciones con las empresas con las cuales estaban tratando todos los préstamos que estaban recibiendo de la banca internacional. En este sentido, las computadoras que habían sido decomisadas desde mayo de 2016, cuando realizan un allanamiento a DESA periciadas, o nunca habían sido objeto de análisis forense para extraer la información. Y es hasta ahora, en este proceso que tiene que ver con corrupción pública, que estas computadoras guardan una especial relevancia para el proceso. Como víctimas y acusadores privados en la causa del fraude sobre el Gualcarque es que solicitamos que se pericien estas computadoras y ahí poder obtener mayor información, que va a servir tanto para ir sobre los autores intelectuales del asesinato como también de otros delitos que habían sido cometidos por funcionarios públicos como de personas ligadas a la banca nacional e internacional y de los autores intelectuales del crimen, que nosotros seguimos sosteniendo que son los Atala del grupo empresarial hondureño».
Berta: «Para nosotras lo valioso de este hecho no es que ordenen esto sino seguir encauzando el esfuerzo hacia la investigación de la autoría intelectual y hacia otros delitos que se pudieron cometer desde este sector económico y que ha sido impune. El proceso del fraude del Gualcarque solo es una parte de las que giraron en torno al concesionamiento de esa empresa y de los beneficios que les iban a generar desde el punto de vista económico. Creo que hemos avanzado en corroborar que esta familia Atala y lo que construyeron bajo el nombre DESA les ha servido para hacer un montón de acciones fraudulentas contra el Estado, incluso hacia sectores privados y poder ver qué otros caminos estas personas sí podrían ser llevadas ante la justicia y no quede ese mal precedente para un caso tan emblemático para Honduras, para los movimientos sociales y para las comunidades indígenas».
-¿Cómo recibieron ustedes la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 5 de julio contra David Castillo, expresidente ejecutivo de DESA, como coautor del homicidio de Berta Cáceres?
Lestter: «Todavía no hay sentencia por este caso. Hay un fallo condenatorio. Se determinó que existe responsabilidad por parte de Roberto David Castillo en el asesinato de Berta Cáceres y nosotros esperamos la sentencia que emitiría el Tribunal de Sentencia. Hemos exigido que se realice una pronta sentencia para garantizar los derechos de las víctimas en el sentido de tener una justicia pronta y eficaz porque así lo establecen las normas internacionales y los convenios internacionales de derechos humanos y esta sentencia se ha ido retardando. Ellos tenían un plazo de dos meses para emitir la sentencia pero la defensa presentó algunas acciones de amparo, es decir, acciones extraordinarias, y mientras no estén resueltas estas otras acciones jurídicas paralelas al proceso, el Tribunal de Sentencia no va a poder emitir su fallo definitivo. La comunidad nacional e internacional tiene que estar atenta a la sentencia misma, que sea una buena sentencia, una sentencia bien redactada, bien fundamentada ya que en el transcurso del juicio fueron evacuados alrededor de 80 o 90 medios de prueba, entre los del Ministerio Público y los nuestros como organizaciones privadas, en representación de las víctimas y también por parte de la defensa. No queremos correr el riesgo de que sea una sentencia débil que podría ser fácilmen
te recurrida, impugnada por la defensa, que finalmente va a favorecer al imputado Roberto David Castillo».
🔴Ampliar acusación contra los defensores a petición del @MP_Honduras y Los Pinares es ilegal. @PJdeHonduras demuestra a las familias y comunidades su desprecio por la justicia y el derecho.
ARCAH 🔴 ¡Desde cada punto de Honduras exijamos justicia! La libertad de los compañeros de Guapinol representa también un paso en la libertad para los ríos, abrazamos desde nuestro espacio la apuesta de dignidad que representa la lucha de las y los compas de Guapinol.
Ministerio Público se niega a entregar prueba a defensores de Río Guapinol
1 de diciembre de 2021.
Con la asistencia de cientos de simpatizantes nacionales e internacionales, los ocho defensores de los ríos guapinol y san pedro en Honduras fueron recibidos con aplausos hoy en el Tribunal de Sentencia en Tocoa cuando llegaron para su esperado juicio después de más de 2 años de prisión preventiva arbitraria.
Antes de que su pudiera dar apertura al juicio, la defensa se aclaró que el Ministerio Público aún sigue sin acatar el orden judicial de entregar los medios de prueba que será utilizado en el juicio contra los defensores, violando sus derechos al debido proceso. MP respondió insistiendo en retener el informe pericial pendiente de entrega con argumentos que no tienen base legal y una vez más fue ordenado a entregar la información al equipo legal de los defensores, lo cual deben hacer de inmediato para garantizar su derecho a un juicio justo.
“Hemos comparecido en condiciones de indefensión. El Ministerio Publico ha negado entregar estos medios de prueba que ya fue ordenado además por el Tribunal de Sentencia que se nos entregara,” dijo la abogada Kenia Oliva. Además, dice que la Defensa Técnica está en la espera de las transmisiones de las audiencias previas, lo cual el equipo legal ha pedido durante todo el proceso.
Las campañas de estigmatización resurgieron en el marco de la audiencia y anoche, el Comité Municipal y las familias de los defensores alertaron contra las publicaciones en las redes sociales que pretendían promover el odio y la violencia. Preocupa profundamente que las poderosas fuerzas económicas que están detrás de la criminalización se muevan para proteger el proyecto minero en el Parque Carlos Escaleras que está extrayendo óxido de hierro de un área protegida.
En 2019, Tocoa votó en contra de la minería en el municipio, pero el alcalde Adán Funes se ha negado a aplicar la voluntad del pueblo y el MP deniega investigar las denuncias ambientales y de corrupción relacionadas al caso. https://www.youtube.com/embed/AQwIgw2QYuc?autoplay=0&mute=0&controls=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.guapinolresiste.org&playsinline=1&showinfo=0&rel=0&iv_load_policy=3&modestbranding=1&enablejsapi=1&widgetid=1
“Es muy relevante decirle a la comunidad nacional e internacional que los compañeros están sometidos a un proceso bajo los jueves y fiscales que han respaldado a la dictadura y que se han puesto a servicio de los intereses privados para respaldar el concesionamiento de los bienes públicos y naturales,” dijo el abogado Tabora.
En las afueras de la corte, se celebró una misa por el párroco Gregorio Vásquez que ha acompañado a los defensores y sus familias mientras los y las líderes espirituales garífunas y representantes de los movimientos territorios también acompañaron la audiencia. Tanto las parroquias católicas, como los movimiento territoriales han denunciado reiteradamente la explotación minera como un atentado contra la vida y el sustento de las familias campesinas locales.
La semana pasada, las familias de los defensores, apoyadas por su equipo legal y de la sociedad civil, ganaron una batalla para que el juicio fuera observado en persona y por transmisión en directo. Una docena de observadores presenciales estuvieron en la sala de vistas el día de hoy, incluyendo el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Rio Guapinol, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Witness for Peace, entre otros mientras cientos de personas se sumaron a través de las redes sociales.
La audiencia se cerró a mediodía señalando que, debido a la ausencia de uno de los abogados defensores por un posible caso de COVID19, el proceso judicial no podría continuar hasta nombrar un nuevo representante legal. La audiencia continúe mañana martes dos de diciembre a las 1:30PM, dando tiempo al Ministerio Publico y el Poder Judicial de entregar la información necesaria a la defensa para garantizar un juicio justo. Contacto de medios: Brenda Miralda +504 3274 3273
📣 A más de dos años de prisión preventiva arbitraria y menos de una semana del juicio oral y público de @guapinolre, mañana se presenta el Observatorio para la Justicia de los Defensores del Río Guapinol
El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.
A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.
El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.
On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.
Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.
COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.
Berta Cáceres terminó baleada en su casa en 2016 por su lucha como líder ambientalista e indígena en Honduras.
La familia de la asesinada líder ambientalista hondureña Berta Cáceres y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) continuarán con las medidas cautelares en su favor, según indicó el martes último la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La medida cautelar incluye también a los integrantes del equipo legal, entre ellos, el abogado Víctor Fernández, Arnold Guifarro, Carlo Jiménez. Además, el señor A y las señoras B y C, quienes brindan “acompañamiento legal a la familia de Berta Cáceres en todos los procesos relacionados con la investigación de su asesinato”.
De acuerdo con el documento de la CIDH se “otorgó medidas cautelares a favor de las personas beneficiarias en la Resolución 8/2016 del 5 de marzo de 2016, y Resolución 16/2016 del 23 de marzo de 2018, al considerar que se encontraban en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
En este sentido, precisó que el Estado de Honduras debe continuar adoptando las medidas necesarias para garantizar efectivamente “su vida e integridad personal en los términos de las solicitudes” mencionadas anteriormente.
Con la resolución publicada en redes sociales organismo de derechos humanos expresó que “el Estado de Honduras debe garantizar la vida e integridad personal de familiares de Berta Cáceres y de las y los integrantes del COPINH”.
La CIDH solicitó “a las partes remitir información concreta, detallada y actualizada sobre la situación de las personas beneficiarias con miras a continuar evaluando su situación en los términos del artículo 25 del Reglamento”.
A su vez, comunicaron su disposición de visitar la nación centroamericana “previa anuencia del Estado”, con el objetivo de comprobar la situación de las personas beneficiadas en las medias. La visita pudiera comprender un encuentro de trabajo con las partes y reuniones con los beneficiarios, además de las autoridades internas “responsables de la implementación de las presentes medidas cautelares”.
Tras el asesinato de la líder indígena Lenca, Berta Cáceres, el Ministerio Público hondureño condenó a ocho personas vinculadas con el asesinato de la ambientalista. El proceso más reciente fue el del gerente de Desarrollos Energéticos S.A., Roberto David Castillo Mejía, quien fue hallado culpable como coautor del asesinato, pero aún no se le ha dictado sentencia.
Este jueves, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del oficial de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz, y el expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano.
Cruz y Rosales están acusados de inutilización de registros y falsificación de documentos públicos destinados a servir como medios de prueba en la investigación del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
🔴 #ALERTA| El Tribunal en Materia de Corrupción, declara sin lugar la solicitud del COPINH de incluir a los 10 Funcionarios/as implicados en el caso de corrupción «Fraude Sobre el Gualcarque»
📌»En cuanto a lo peticionado, se declara sin lugar, siendo que que las personas antes indicadas no forman parte en este proceso judicial por habérseles dictado sobreseimiento definitivo a su favor según lo ordenado por la Corte de Apelaciones»
✊Desde el COPINH seguiremos exigiendo justicia para que se incluyan a los 10 Funcionarios/as implicados en el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» en la comunidad indígena lenca de Río Blanco.
