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17 diciembre, 2021
Por Fabiola Pomareda García | pomaredafabiola@gmail.com 17 diciembre, 2021Esperan una mayor apertura del Gobierno de Xiomara Castro para poder construir políticas públicas en beneficio de las comunidades indígenas, populares y campesinas, que han sido históricamente postergadas.
Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y Lestter Castro, coordinador jurídico del Bufete Estudios para la Dignidad, que conoce la causa del asesinato de Berta Cáceres, quienes se encuentran de visita en el país, conversaron con UNIVERSIDAD sobre el estado del caso judicial por el asesinato de la lideresa hondureña Berta Cáceres, las medidas cautelares para la familia, y sus expectativas sobre la nueva presidenta de Honduras Xiomara Castro.
Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 recalcó que el asesinato de su madre permanece impune sin que se haya castigado a los autores intelectuales. Mientras que Lestter Castro explicó que el Tribunal de Sentencia aún no ha emitido su fallo definitivo, debido a acciones de amparo interpuestas por la defensa, que han retrasado el proceso.
A continuación la entrevista.
-Cuéntennos un poco sobre el motivo de la visita de esta comitiva al país.
Berta: «Nosotros nos hemos reunido con CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), que es la organización que lleva el tema de las medidas de protección para el COPINH y la familia de Berta Cáceres a raíz del asesinato y para darle seguimiento a las medidas de protección».
Lestter: «Hemos sostenido reuniones con Cejil, que es una organización que apoya al Copinh y a otras organizaciones de derechos humanos en Honduras y para el final del año estamos sosteniendo estas reuniones ya que en Honduras se acaban de realizar elecciones generales, en las que hubo un cambio de gobierno luego de 12 años de la dictadura del Partido Nacional, un partido muy conservador, que ha realizado una serie de políticas públicas en contra de las organizaciones del movimiento social y popular. Entonces nos hemos reunido aquí en San José para avanzar un poco en lo que será el nuevo papel, por decir una cosa, de las organizaciones populares e indígenas de Honduras».
-¿Cuál es la situación actual con las medidas cautelares solicitadas para el Copinh y los familiares de Berta Cáceres?
Berta: «Pues se mantienen vigentes. Nosotros particularmente hemos venido señalando en comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acciones que está desarrollando el Gobierno de Honduras sobre el tema del territorio de la comunidad de Río Blanco, que es la comunidad donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas. A nosotros nos preocupan estas acciones que viene impulsando el Gobierno en el sentido que vuelven a poner en juego el tema de los derechos territoriales de las comunidades lencas de ese sector y de nuevas violaciones de sus derechos. Hemos tratado de hacer comunicaciones para que la Comisión pueda hacer señalamientos y que se detenga un plan en específico que se llama Plan de Prevención, que ha desarrollado el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras, que está bajo la supervisión de la Secretaría de Derechos Humanos y que irrespeta de nuevo los derechos de las comunidades indígenas y quieren prácticamente individualizar la tierra que ha sido colectiva hasta el momento y se sigue sin darles garantías de posesión sobre las tierras de las comunidades. Ese conflicto que inició con el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas hoy pervive a través del tema de las tierras y del territorio y esto sigue vulnerando los derechos de las comunidades de este sector. La constante que hemos tenido con el tema de las medidas es que el Estado no ha hecho nada para salvaguardar o evitar los nuevos hechos de violencia contra las comunidades y, al contrario, sigue facilitando la vulneración de estos».
-¿Qué significan estas acciones que está haciendo el Gobierno de individualizar las tierras en Río Blanco? ¿Se las quitarían a las personas para venderlas?
Berta: «Bueno sí, sería emitir títulos privados para gente de la zona o puede ser que no sea necesariamente gente de la comunidad porque ahí hay personas que por años se han venido apropiando de esas tierras y sobre las que existe una discusión del tema de la tierra. Aparte de eso, el que puedan habilitarse para personas externas sería que la manera de vivir de la comunidad no es reconocida, no se reconocen las tierras comunitarias y eso facilita la compra y venta de tierras, la entrada de proyectos extractivos porque la concesión de ese proyecto sigue vigente, a pesar de que ha habido juicios, de que se ha luchado por el tema de la justicia. La concesión sigue vigente, es una concesión para 50 años y no se termina de entender cómo quedó el estado de la concesión, cómo estaban los bancos, los bancos se la pasaron a una empresa suiza fantasma, luego esa empresa estaba asociada con otro banco en Honduras. Eso sigue sin resolverse, sigue siendo una fuente de riesgo para las comunidades porque es una concesión que está vigente».
-¿Y con la llegada al poder de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación, qué es lo que se espera?
Lestter: «En relación al nuevo Gobierno, esto se da en el marco de un Partido Nacional con muchos actos de corrupción, con vínculos fuertes con el narcotráfico, con un hermano preso en los Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico y diferentes narcotraficantes del país. Los grandes temas sobre los cuales la gente fue a votar en contra del Partido Nacional o de Juan Orlando Hernández es fundamentalmente el tema de la corrupción. La población fue a votar como quien dice a dar ese voto de castigo en contra de este partido y de todos sus dirigentes. En este sentido hay una fuerte exigencia de la ciudadanía y de los movimientos sociales y populares para transparentar todas las instituciones públicas, ya que en todas hay un entramado de corrupción, de funcionarios corruptos que violentan los derechos de las comunidades indígenas y también de las comunidades campesinas. Nosotros esperamos, como movimiento social, esencialmente un gobierno de puertas abiertas; es decir, que se cree mayor acceso, manteniendo siempre nuestra autonomía como organizaciones sociales, populares e indígenas, pero sí teniendo con este Gobierno de Xiomara una mayor apertura para poder construir políticas públicas en beneficio de las comunidades que han sido históricamente postergadas. Además, nosotros exigiríamos siempre el castigo para aquellas personas o funcionarios públicos que durante todos estos 12 años se han encargado de realizar diferentes leyes y políticas públicas que han impactado de manera muy negativa a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas. Entonces como organizaciones sociales esa va a ser siempre nuestra exigencia como organizaciones territoriales, pero también como organizaciones de la ciudadanía en general. Vamos a esperar cuál va a ser nuestro papel porque todos estos 12 años, luego del Golpe de Estado habíamos sido opositores al Gobierno por considerar que había sido una dictadura; pero ahora entramos con un gobierno que pensamos puede escuchar las peticiones del pueblo y no esté siempre favoreciendo a las élites empresariales del país».
Berta: «Hay mucha expectativa, primero por la necesidad que tiene la población pero también en el marco de las 30 propuestas para los primeros 100 días ella ha planteado cosas importantes para las organizaciones que hacemos la lucha en defensa de los territorios. Una ha sido que no se emitirán más concesiones a ríos ni a minería a cielo abierto y que se revisarán las concesiones que han tenido procedimientos irregulares. Si esto se cumpliera ya sería algo muy importante para nosotros porque venimos enfrentándonos a esas posiciones de la institucionalidad que llegan a afectar a las comunidades indígenas, campesinas y de zonas rurales. Siempre es difícil porque implica no solo al Poder Ejecutivo sino a otras instituciones del Estado que no todas son afines a estas posiciones pero toca ver de qué manera quedan conformadas. Sobre el caso de la justicia en el asesinato de la compañera Berta Cáceres también señaló que tomarían acciones para que fueran capturados los autores materiales e intelectuales, pero eso choca también con las acciones que hasta ahora ha tenido el Ministerio Público. Sin embargo pienso que su posición sí pone cierta presión política a las instituciones de justicia que hasta ahora no han querido avanzar sobre todo en la autoría intelectual».
-Esta semana una jueza ordenó a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que examine dos computadoras decomisadas a Daniel Atala, Gerente Financiero de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA. ¿Qué pueden comentar sobre esta noticia?
Lestter: «Este es un peritaje que fue a petición de las víctimas en un caso distinto al asesinato de la compañera Berta Cáceres. Es el caso que se conoce como el Gualcarque, que está imputando a los funcionarios y funcionarias públicas que otorgaron el concesionamiento sobre el río Gualcarque. Siendo Daniel Atala gerente financiero de la empresa DESA, era muy importante la investidura que él tenía al interior de la empresa DESA porque a través de él se realizaban diferentes pagos para realizar las actividades en la comunidad de Río Blanco y también mantenían estas relaciones con las empresas con las cuales estaban tratando todos los préstamos que estaban recibiendo de la banca internacional. En este sentido, las computadoras que habían sido decomisadas desde mayo de 2016, cuando realizan un allanamiento a DESA periciadas, o nunca habían sido objeto de análisis forense para extraer la información. Y es hasta ahora, en este proceso que tiene que ver con corrupción pública, que estas computadoras guardan una especial relevancia para el proceso. Como víctimas y acusadores privados en la causa del fraude sobre el Gualcarque es que solicitamos que se pericien estas computadoras y ahí poder obtener mayor información, que va a servir tanto para ir sobre los autores intelectuales del asesinato como también de otros delitos que habían sido cometidos por funcionarios públicos como de personas ligadas a la banca nacional e internacional y de los autores intelectuales del crimen, que nosotros seguimos sosteniendo que son los Atala del grupo empresarial hondureño».
Berta: «Para nosotras lo valioso de este hecho no es que ordenen esto sino seguir encauzando el esfuerzo hacia la investigación de la autoría intelectual y hacia otros delitos que se pudieron cometer desde este sector económico y que ha sido impune. El proceso del fraude del Gualcarque solo es una parte de las que giraron en torno al concesionamiento de esa empresa y de los beneficios que les iban a generar desde el punto de vista económico. Creo que hemos avanzado en corroborar que esta familia Atala y lo que construyeron bajo el nombre DESA les ha servido para hacer un montón de acciones fraudulentas contra el Estado, incluso hacia sectores privados y poder ver qué otros caminos estas personas sí podrían ser llevadas ante la justicia y no quede ese mal precedente para un caso tan emblemático para Honduras, para los movimientos sociales y para las comunidades indígenas».
-¿Cómo recibieron ustedes la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 5 de julio contra David Castillo, expresidente ejecutivo de DESA, como coautor del homicidio de Berta Cáceres?
Lestter: «Todavía no hay sentencia por este caso. Hay un fallo condenatorio. Se determinó que existe responsabilidad por parte de Roberto David Castillo en el asesinato de Berta Cáceres y nosotros esperamos la sentencia que emitiría el Tribunal de Sentencia. Hemos exigido que se realice una pronta sentencia para garantizar los derechos de las víctimas en el sentido de tener una justicia pronta y eficaz porque así lo establecen las normas internacionales y los convenios internacionales de derechos humanos y esta sentencia se ha ido retardando. Ellos tenían un plazo de dos meses para emitir la sentencia pero la defensa presentó algunas acciones de amparo, es decir, acciones extraordinarias, y mientras no estén resueltas estas otras acciones jurídicas paralelas al proceso, el Tribunal de Sentencia no va a poder emitir su fallo definitivo. La comunidad nacional e internacional tiene que estar atenta a la sentencia misma, que sea una buena sentencia, una sentencia bien redactada, bien fundamentada ya que en el transcurso del juicio fueron evacuados alrededor de 80 o 90 medios de prueba, entre los del Ministerio Público y los nuestros como organizaciones privadas, en representación de las víctimas y también por parte de la defensa. No queremos correr el riesgo de que sea una sentencia débil que podría ser fácilmen
te recurrida, impugnada por la defensa, que finalmente va a favorecer al imputado Roberto David Castillo».
ONG y bufete defensor de caso Berta Cáceres visitan el país para revisar medidas de protección a familiares de lideresa asesinada