Julio César Ramírez | El Siglo de Torreón | Editorial | Yo río libre | 22 de enero, 2021
Este 23 de enero se cumple un año del brutal asesinato del defensor comunitario y del río Verde en la región Costa de Oaxaca, Fidel Heras Cruz, y aún no hay justicia. Pero su lucha sigue adelante. El 4 de diciembre pasado, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), al que pertenecía, hizo pública exigencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cancelación definitiva de los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde” en dicha zona, donde los pueblos chatino, mixteco, afro oaxaqueño y mestizo han expresado desde el año 2007 su rechazo a la construcción de tales presas y defendido y resguardado el río Verde con base en sus sistemas normativos internos y con derechos que les conceden los tratados internacionales y la Constitución mexicana; han emprendido, asimismo, los medios de defensa por vías pacíficas, administrativas y legales para que se respeten sus modos de vida y su territorio.
El Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples “Paso de la Reina” continúa en etapa de estudios desde que los pueblos frenaron su construcción en el 2007 y despliegan una resistencia que va para 15 años.
Dicho proyecto se anunció públicamente en el año 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, y su promovente es la Comisión Federal de Electricidad, CFE.
Por su parte, en junio de 2019, la empresa Generación Enersi S.A. de C.V., ingresó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R), correspondiente al denominado “Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde”, en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Oaxaca.
Las autoridades municipales y agrarias de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés y Paso de la Reina argumentaron ante la Semarnat las inconsistencias que contenía la MIA y negaron que las autoridades de Zenzontepec e Ixtayutla hubiesen dado su anuencia para el proyecto.
Una vez analizada y evaluada la MIA, la Semarnat resolvió negar la autorización del proyecto en noviembre del mismo 2019.
Sin embargo, la empresa Generación Enersi ingresó por segunda ocasión la MIA el 26 de febrero del 2020. El promovente solicitó el desistimiento de la autorización en materia de impacto ambiental a la Semarnat, el 6 de agosto del mismo año.
Así, el Copudever exige la cancelación definitiva de los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”.
Fidel Heras Cruz, presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y defensor del río Verde, fue asesinado el sábado 23 de enero del 2021, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, en la región Costa de Oaxaca. El cuerpo sin vida fue encontrado al interior de su camioneta, con impactos de arma de fuego.
A los dos meses ya se habían acumulado 5 crímenes en contra de pobladores de Paso de la Reina, dos de ellos –Fidel Heras y Jaime Jiménez Ruiz- defensores del Copudever e integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
Los mataron por defender los bienes naturales de su comunidad y por oponerse a la explotación de material pétreo del río Verde.
En Oaxaca existen zonas o regiones, como ésta de la Costa, dominadas por familias caciquiles, quienes se creen dueñas de la vida de las personas; ahí priva la impunidad y la excepción a la ley.
Es lo que ha existido en Oaxaca por décadas. Los gobiernos en turno se han adaptado a este sistema de “gobernabilidad”, que les permite crecer y hacer negocio a costa del empobrecimiento, el olvido y la injusticia en que viven cientos de comunidades.
Cuando sucedió el asesinato de Fidel Heras, en el sexenio del gobernador Alejandro Murat Hinojosa (PRI) habían sido ejecutadas al menos 25 personas defensoras de derechos humanos: seis en 2017, nueve un año después, seis en 2019, tres en 2020.
El caso de Fidel Heras llegó a la mañanera de AMLO el 15 de abril del 2021, donde el presidente volvió a decir que durante su mandato no se construirían más presas hidroeléctricas como la de Paso de la Reina en Oaxaca. Esto como respuesta a una denuncia ciudadana que vinculó la ola de violencia en aquella zona con los intereses económicos sobre el río Verde y el control de la familia caciquil de Jamiltepec.
Según informe del Comité Cerezo México, Premio Alemán de la Paz de Aquisgrán 2012, 25 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente en el país en 2021. El primero, Fidel Heras Cruz en Oaxaca, aquel 23 de enero.
Después de un año de este primer crimen en Paso de la Reina, no se observa voluntad política, ni del gobernador Murat, ni de las autoridades de justicia.
Y no hay constancia oficial de la Administración AMLO de cancelación definitiva de los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, como exigen los pueblos.
Bernardo Caal, un profesor y defensor q’eqchi’ de derechos humanos cumple 50 años este 13 de enero en una cárcel de Cobán, por una sentencia de 7 años y cuatro meses, por delitos, que en sus palabras fueron “fabricados” por defender el río Cahabón, ante la construcción del proyecto hidroeléctrico Oxec, ubicado en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
Para celebrar los 50 años Bernardo, personas de Santa María Cahabón y activistas de derechos humanos del país le enviaron su apoyo y mensajes de ánimo a través de las redes sociales.
A la campaña de felicitación, se sumaron organizaciones sociales nacionales y organismos internacionales.
En 2015, Bernardo organizó una movilización pacífica para oponerse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico, por considerar que alteraría el ecosistema del río Cahabón; Bernardo junto a otros dirigentes denunció la falta de consulta previa e informada con los pueblos indígenas que habitan en la zona.
Por denunciar ilegalidades en la aprobación de licencias ambientales y concesiones para la construcción del megaproyecto Oxec, Caal fue acusado por el Ministerio Público (MP) de retener y robar el equipo de un grupo de trabajadores de la empresa Netsone, S.A., subsidiaria del proyecto hidroeléctrico Oxec.
El 30 de enero de 2018 fue detenido y en noviembre de 2018, el tribunal de Cobán lo condenó a 7 años y 4 meses de prisión, a pesar de la falta de pruebas en su contra.
Según información del Centro de Medios Independientes el proyecto hidroeléctrico Oxec, pertenece al grupo Energy Resources Capital Corp (ERCC), con registro en Panamá. El complejo tiene dos centrales en construcción y otra en estudio, localizadas sobre el río Cahabón, en el municipio del mismo nombre, departamento de Alta Verapaz: Oxec I, Oxec II y Oxec III, propiedad de las sociedades Oxec, S.A., Oxec II, S.A. y Oxec III, S.A., inscritas en Guatemala entre 2011 y 2016.
Abogados de Bernardo y comunidades de Cahabón entregaron tres amicus curiae , firmados por un jurista, organizaciones de derechos humanos de Europa y la Iglesia Católica, dirigido a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir la revisión del caso de Caal, encarcelado desde hace tres años por oponerse a la construcción de las hidroeléctricas Oxec en ese municipio.
Está próxima en 2022 la reunión de representantes de comunidades afectadas por las presas del país en Temacapulín, Jalisco, para celebrar, compartir experiencias y abrazar la victoria de los pueblos de Temaca, Acasico y Palmarejo ante el sistema de la presa El Zapotillo, que las amenazaba con desaparecerlas por inundación, una pesadilla que padecieron durante 16 años, desde el sexenio de Vicente Fox. En 2012, Carlos Vainer -asesor del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil y profesor de la Universidad de Río de Janeiro-, compartió de la siguiente manera el sueño que tuvo acerca de los ríos, los megaproyectos y las resistencias de las comunidades en México: -Es el año 2022. Yo hacía un viaje a México invitado por MAPDER, Movimiento de Amigos y Pueblos que Derrotan Presas. El viaje empezaba en Temacapulín. Era un día de fiesta, se celebraba…
Claro que en el sueño de Carlos Vainer, Temacapulín celebraba diez años de la cancelación del proyecto El Zapotillo; pero continuaba: «Muchos de los hijos y nietos de los que conocí hace dos años (en el 2010, durante el tercer encuentro internacional de afectados por represas «Ríos para la vida 3″, en Temaca), y ahora todos ustedes, estaban en esa celebración. Nos dieron a beber mezcal de agave temacapulinensis, y muchas frutas. Y danzamos y cantamos juntos nuestra amistad. Pienso, pero no estoy seguro, que he visto por detrás del quiosco a Emiliano Zapata. Pero en mi sueño no lo creía y me decía que debía ser un sueño.»
En la realidad, los pueblos resistieron a tres presidentes de México: Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) y a tres gobernadores de Jalisco: Emilio González (PAN), Aristóteles Sandoval (PRI) y Enrique Alfaro (MC), sufriendo graves violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el 10 de noviembre de 2021, Temacapulín, Acasico y Palmarejo formalizaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el acuerdo para cancelar el Acueducto Zapotillo-León, una de las tres obras que contemplaba el Sistema Zapotillo; aceptar la alternativa técnica que respeta la postura no negociable: la no inundación de las tres comunidades; decidir la implementación de un Plan de Justicia de Reparación Integral de los Daños para los Pueblos, que incluye temas de justicia, verdad, reparación, restitución, auditoría al proyecto, garantías de no repetición, obras comunitarias, de desarrollo local y regional, que son necesarias por los 16 años que se dejó de invertir en los pueblos y se les excluyó de las obras sociales.
La inteligencia de las tres comunidades es interpelada desde ese día para seguir buscando las rutas jurídicas, políticas, económicas y sociales a fin de que los acuerdos se cumplan y no se queden en ofertas mediáticas sin resultados concretos.
Para ellas es un desafío vivir despiertas y fortalecer las estrategias organizativas locales vinculadas a las Secretarías correspondientes. Buscan que este proceso sea exitoso a partir del llamado Plan de Justicia Integral para los Pueblos.
En sus palabras: Los nuevos escenarios brillan con nueva luz, y a la vez es necesario eliminar nuevas sombras que oscurecen el camino de la resistencia, que se convierte en búsqueda de una re-existencia que trascienda, no solo para las comunidades rurales sino como inspiración para todos los pueblos que luchan en los distintos escenarios nacionales y planetarios.
Estamos pensando -dicen- en nosotros, pero sobre todo en las generaciones futuras, en nuestros hijos e hijas, en nuestros nietos.
«Nuestra lucha fue encabezada principalmente por las abuelas y las mujeres. Nuestro saber ancestral, nuestro cuidado de la vida se inspira en el pueblo que queremos dejarle a nuestros nietos y nietas, los que llegaron durante la lucha y los que la mantendrán ante cualquier amenaza que pueda venir después».
Lo saben: «El reto no es menor, vamos a tener que mostrar nuestra inteligencia, valor y compañerismo, para construir las comunidades que queremos, sin división, sin oportunismo, pensando siempre en el bien común».
«Nuestro sueño es que la lucha por la defensa de nuestro río Verde y el territorio florezca, que sea ejemplo e inspiración para que se haga justicia y se reparen los daños en otros casos de pueblos hermanos en el país, como La Parota y Arcediano. Nuestra invitación al Gobierno Federal es para que actúe de la misma manera, escuchando a los pueblos y resuelva con ellos los conflictos por la defensa del territorio, tan graves y urgentes en Jalisco y en México. Nuestra exigencia -que aún es tarea pendiente-, es el cambio de modelo de gestión y administración del agua en el país, además de la urgente aprobación de la nueva Ley General de Aguas».
El mensaje a los aliados: «Acá seguimos guardando sus paliacates, machetes, fotos y recuerdos, para que cuando vengan a la fiesta de celebración, les entreguemos la palabra de agradecimiento y un fueguito de esperanza para los caminos y luchas que nos falta ganar».
🔴Ampliar acusación contra los defensores a petición del @MP_Honduras y Los Pinares es ilegal. @PJdeHonduras demuestra a las familias y comunidades su desprecio por la justicia y el derecho.
La represa Besotes estaría ubicada en territorio de los 4 pueblos indígenas que habitan la #SierraNevada, en una zona declarada reserva forestal y con potencial arqueológico #NoalaRepresaBesotes
Podcasts are also a way to navigate a sea of information often produced by mainstream media. Affordable to be produced, these channels allow several independent and/or minority groups to amplify their voices and reach different audiences. They also address subjects that mainstream media has yet to cover with property, like climate collapse, rights of nature or rights of traditional communities.
The story of Waccaman Indian People is strongly intertwined with the Waccamaw River located in northern Colorado. This wild river provides them with physical and spiritual substance while they, despite numerous hardships, persistently fight to protect its freshwaters. This story and many others can be found on the We are Rivers podcast, an initiative by the American Rivers organization that helps us navigate the histories and struggles of American rivers.
International Rivers, with help of some of its collaborators spread all over the world, listed 8 essential podcasts to learn about indigenous movements, environmental rights, and, of course, rivers:
Radio is one of the most used media vehicles by indigenous people in Brazil. Eager to seize this media opportunity, Instituto Socioambiental (ISA) formed a partnership with indigenous communities and created the podcast Copiô, Parente. Weekly, indigenous people share news, concerns about legal protection and other subjects in an accessible format and language.
This podcast brought by the NGO American Rivers takes the listeners to a journey through the story of American Rivers while talking with adventurers, writers, water experts and artists about how rivers have impacted their lives – and their actions to protect them.
Women are in the front line on defending rivers and other natural ecosystems. Thinking about the intersection between environmental issues and gender, Clover Hogan founded the podcast Force of Nature, telling stories about how women research, protect and defend natural territories.
This podcast is all about climate changes and social justice. Periodically, they interview climate activists and human rights defenders about how it’s possible to sensibilize and include more people for the fight against climate collapse.
The Chilean based in Brazil Paulina Chamorro is a well-respected environmental journalist. In her podcast, she invites indigenous leaders, scientists and other speakers to discuss climate change, environmental conservation and sustainability. Keep an eye also on her series of interviews with iconic Brazilian women conservationists.
Radio is one of the most often used communications channels by indigenous communities from Mexico. Valuing the richness of their voices and experiences, Canal Once produced a series of six episodes about six regions of the country. Each episode is narrated in a bilingual manner – And indigenious language and Spanish.
When paddling a river, one has to know its water courses. Designed for the ones who love canoeing, Rivers Radius is a podcast produced by Sam Carter, a famous USA paddler. Each episode is focused on a theme, like for example a course of a river and what it takes to protect it.
It’s long overdue for indigenous people in the media space to tell their own stories. The host Kaniehti:io Horn opens up her microphone on this podcast, inviting indigenous leaders to tell their version of the story about common words in the English language.
This podcast is for listeners who don’t have much time to stop their daily business and listen to a full-hour programa. In episodes with 10-12 minutes, Host Fi Poole gives a series of easy tips to turn life a little greener, making connections between parenthood and climate change.
Created by University of Sydney, this podcast aims to discuss how human rights are perceived and defended in countries like Myanmar, Laos and Cambodia. Subjects like environment, gender and other related subjects appear on this six-episode series.
The Rivers Trust organization unites experts about freshwater ecosystems in all Europe. So why not open this knowledge to everyone? Rambling about Rivers is a podcast about what can be done to save our freshwater ecosystems. Travel with the narrators through histories and actions to protect rivers as the Severn (Grain Britain).
When it comes to environmental references, Mongabay is often mentioned as a worthy read. Its podcast series is equally highly recommended, targeting subjects related to biodiversity and human rights with a journalistic approach. In one of its more recent shows, the podcast brings a much needed interconnection between biodiversity and indigenous rights, showing how traditional communities are key to saving global fauna and flora.
Written by: Cecília Garcia Edited by: Bonnie Barclay
Sabiendo que su esposo Bernardo Caal Xol está encerrado en condiciones deplorables, hacinado junto a hombres que cumplen condena por los delitos más violentos, Isabel Matzir teme constantemente por su vida.
«En las cárceles de Guatemala han aparecido muchas personas asesinadas», cuenta por teléfono Matzir, una maestra de etnicidad maya kaqchikel de 40 años, a Amnistía Internacional. «Sabemos que pueden simular un motín, pueden disfrazar cualquier situación con tal de dañarlo».
Caal se encuentra en prisión desde enero de 2018, en represalia por oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico al que las comunidades nunca dieron su consentimiento. Está pagando el precio de alzar la voz contra las empresas poderosas y las autoridades que hacen de forma sistemática un uso indebido del sistema de justicia de Guatemala para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
La preocupación por su seguridad no es infundada. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha contabilizado 11 asesinatos de activistas que se oponían a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, mientras que Global Witness ha clasificado el país como el séptimo más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.
Aun así, Caal se niega a ser silenciado. Con lápiz y papel como únicas armas, sigue resistiendo desde su celda, denunciando a todo aquel que considera cómplice de violar los derechos humanos de su pueblo, desde el jefe del Estado de Guatemala hasta el presidente del equipo de fútbol Real Madrid.
Preso de conciencia
Caal, respetado profesor y líder comunitario de 49 años, es el mayor de seis hermanos originarios del territorio maya q’eqchi’ de Santa María Cahabón, situado en la región septentrional de Alta Verapaz.
En 2015, las comunidades locales eligieron a Caal para que las representase en su disputa con OXEC, un proyecto hidroeléctrico que ha restringido el acceso de la población local a los ríos sagrados de Cahabón y Ox-eek’, en los que el pueblo q’eqchi’ se ha bañado y ha pescado durante generaciones. El acceso al agua es un motivo de preocupación habitual en las verdes y exuberantes colinas y pastos de Alta Verapaz, donde un censo de 2018 reveló que sólo un 28 % de la población disponía de agua corriente en su casa, mientras que el 42 % dependía del agua de lluvia, y los ríos, lagos y manantiales.
Los más altos tribunales guatemaltecos concluyeron que no se había consultado adecuadamente a las comunidades afectadas pero, a pesar de ello, permitieron que el proyecto siguiese adelante. Decididas a que se tuviese en cuenta su opinión, 195 comunidades locales llevaron a cabo su propia consulta, de forma simbólica, en 2017, en la cual 26.537 personas votaron en contra de OXEC, y sólo 12 lo hicieron a favor.
Caal empezó a recibir amenazas por su activismo y, más adelante, personal experto de la ONU denunció al sector privado por las campañas de difamación contra de Caal en prensa, televisión y redes sociales, en las que se le describía como un delincuente.
En enero de 2018 la policía detuvo a Caal por, supuestamente, retener y robar a cuatro empleados de Netzone, subcontrata de OXEC, durante una protesta en 2015. En noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por detención ilegítima y robo con agravantes.
Caal suele describir su situación como «tortura carcelaria». Matzir asegura que, aunque la salud de su marido se ha deteriorado, las autoridades penitenciarias no le proporcionan una atención médica adecuada. Le ha sido imposible mantener la distancia social durante la pandemia y, en ocasiones, no se le ha permitido hacer ejercicio en el patio, y ni siquiera ver el sol durante meses. Personal experto de la ONU ha instado al gobierno de Guatemala a proteger la salud y la seguridad de Caal mientras esté encarcelado.
Las visitas se han restringido durante la pandemia, de manera que Matzir sólo ha podido verle esporádicamente. La hermana de Caal, María Josefina, tan solo ha podido dejar comida para él a los guardias que están en la entrada de la prisión, mientras que ni su madre, de edad avanzada, ni las dos hijas de Caal, de 12 y 14 años, han podido verlo. Tampoco puede llamar por teléfono desde la cárcel.
Matzir describe a su marido como un hombre honesto y trabajador, que disfruta de la lectura. Dice que es un padre ejemplar, a quien le gustaba enseñar a sus hijas a tocar la guitarra y contarles historias antes de dormir. «Las niñas extrañan a su papá», añade. «Ha sido la experiencia más difícil que les ha tocado vivir».
Incluso antes de la pandemia, era difícil para la familia hacer el trayecto de nueve horas hasta la prisión situada en la ciudad de Cobán. El coste de los autobuses, taxis, comidas y alojamiento, al que hay que sumar los medicamentos y los productos de limpieza e higiene para Caal, convierten la visita en un carísimo viaje de tres días.
Sometida a una presión económica cada vez mayor, Matzir ha tenido que dejar las clases que recibía antes del encarcelamiento de su marido, y adaptar su vida a su nuevo papel como principal sostén económico de la familia. «Tuve que reorganizar todo en cuanto a lo financiero, pues nos hemos quedado con muchas deudas. La colegiatura de las niñas, por ejemplo, se ha acumulado y hemos pospuesto unas cirugías que he necesitado», señala. «Si antes dormíamos ocho horas, ahora dormimos cuatro, cinco si mucho… esto tendrá sus consecuencias más adelante, verdad, pero por lo pronto se da hasta el último gramo de energía que se tiene al día, y no hay otra opción».
Otra amenaza al sagrado río
Caal dedica mucho de su tiempo entre rejas a escribir cartas. Entre otras personas, denuncia con frecuencia a Florentino Pérez, un multimillonario español más conocido por ser el presidente del Real Madrid.
Además de dirigir el club de fútbol más grande del mundo, Pérez también preside el gigante de la construcción ACS, cuya filial, Cobra, fue contratada para construir Renace, el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala, junto a un tramo del río Cahabón en el que viven aproximadamente 30.000 personas. Durante una visita a Guatemala 2014 para supervisar la construcción, Pérez regaló una camiseta del Real Madrid al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y calificó Renace como «un proyecto con una responsabilidad social ejemplar, con respeto a los demás, al medio ambiente y a las comunidades».
Sin embargo, Caal afirma que el proyecto ha causado un daño terrible. En una carta escrita a mano desde la cárcel, acusa a Pérez de haber «atropellado los derechos de pueblos indígenas» por llenar el río de tuberías y desviar su curso sin consultar a las comunidades afectadas, «dejando sin el acceso al agua a miles de hermanos y hermanas del pueblo Maya Q’eqchi'». En otra misiva, ruega a los aficionados del Real Madrid que pidan al presidente de su club «que deje en paz el sagrado Río Cahabón».
El proyecto ha generado tensiones tanto a nivel local como internacional. Poco después de una protesta contra Renace en las puertas de la embajada de España en 2017, la Cámara de Comercio española instó a las autoridades de Guatemala a que dispersasen inmediatamente cualquier concentración, control de carretera o protesta que afectase a la libertad de circulación o a la propiedad empresarial o privada, y a que «de forma inmediata inicien las acciones, investigaciones y persecuciones penales (sic)» contra las personas responsables.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevase a cabo una consulta libre e informada a las comunidades; sin embargo, al igual que en el caso de OXEC, no suspendió el proyecto, a pesar de reconocer que se había violado el derecho de las comunidades a dar su consentimiento previo. Aunque Renace ha negado cualquier actuación indebida, un organismo público español ha revelado que el proyecto ha provocado «cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón… con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales».
En abril de 2021, ACS anunció la venta de la mayor parte de su división industrial a la empresa francesa Vinci por casi 5 000 millones de dólares, pero manteniendo el 49 % de las acciones de una nueva empresa propiedad conjunta de ACS y Vinci. ACS y Cobra no han respondido a las solicitudes de comentarios de Amnistía Internacional.
«Florentino [Pérez] y estas empresas, no se llevan el río porque realmente necesitan del agua para poder sobrevivir ¿no? Para ellos solo es ganancia y acumulación de ganancias», señala Matzir. «Sin embargo, acá en las comunidades se traduce en la vida o muerte de las personas, los animales, las plantas, todos quienes viven dentro y alrededor del río. Realmente es indignante que existan seres humanos que… destruyen todo a su paso con tal de generar ganancias, incluyendo la vida de las personas».
Alta Verapaz es una de las regiones más pobres de Guatemala, que registró el 75 % de los casos de mortalidad infantil por desnutrición de todo el país en 2021. Sin embargo, Matzir afirma que las autoridades «nunca lo vinculan al acceso al agua, al acceso a los peces, a los cangrejos, a los jutes, a todas las plantas que están dentro del río y que sirven de alimento y han servido por siempre de alimento para las familias y las comunidades que están en la cercanía del río. Cuando se quita un río no es solo quitar el agua, sino se quita esa posibilidad de alimento.»
Renace y OXEC afirman que han contribuido a reducir la desnutrición a través de sus programas de salud y desarrollo social.
Matzir también lamenta el tremendo golpe espiritual sufrido por el pueblo q’eqchi’ por los daños a sus ríos y colinas sagrados, y se cuestiona por qué las zonas donde se concentran las plantas hidroeléctricas son las que tienen un menor acceso a la electricidad de todo el país. «Es totalmente contradictorio. ¿A dónde se va esa energía? ¿y para quién es? ¿y las ganancias dónde quedan?», pregunta. «Ellos dicen que ‘se está en contra del desarrollo’ pero la verdadera pregunta es ‘¿desarrollo para quién?'».
Violencia paramilitar
La oposición a los proyectos hidroeléctricos en Guatemala ha demostrado ser letal. En enero de 2017, hombres armados dispararon a manifestantes pacíficos que estaban protestando contra el proyecto hidroeléctrico PDHSA (construido por Solel Boneh, la misma constructora israelí que levantó OXEC) en Ixquisis, en la zona norte de Guatemala.
Los agresores dispararon a Sebastián Alonso Juan, un defensor de los derechos de la tierra, cuando intentaba escapar. La familia de Alonso contó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajadores de la planta hidroeléctrica le golpearon en la cara y el cuello mientras agonizaba en el suelo. Estuvo horas sin recibir atención médica y falleció antes de llegar al hospital. Tanto medios de comunicación locales, grupos indígenas y observadores de derechos humanos han relacionado al personal de seguridad privado de la planta con el tiroteo, y algunos de ellos también hablan de la posible implicación de la policía. PDHSA y Solel Boneh no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.
Periodistas que cubren el impacto de las plantas hidroeléctricas en Guatemala también arriesgan represalias.
Rolanda García, una periodista indígena maya quiché, viajó a Santa María Cahabón en agosto de 2018 para informar sobre la tala ilegal, supuestamente relacionada con OXEC. Cuenta que, cuando estaba grabando su última entrevista con miembros de las comunidades afectadas, les abordó un grupo de leñadores blandiendo unos machetes.
«Me preguntaron que para qué quería tomar fotos y me exigieron que borrara las imágenes», cuenta García a Amnistía Internacional. Ella y sus colegas creen que estos hombres eran trabajadores de OXEC; los hombres insultaron a sus colegas, empujaron a uno de ellos, y le robaron el trípode. «Cuestionaron sobre mi presencia en ese lugar, que según ellos son tierras de su patrón. Y al preguntarles quienes eran su patrón no me lo dijeron, pero sí dijeron que era un lugar privado».
Los hombres aislaron a García y la persiguieron hasta un arroyo cercano, donde la arrinconaron durante 40 minutos, hasta que ella aceptó borrar sus fotos y grabaciones. Afirma que amenazaron con violarla y tirarla al río si se negaba. Días más tarde, OXEC negó tener responsabilidad alguna en el ataque y condenó «todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa».
García dice que denunció el incidente a las autoridades, pero duda de que sus atacantes sean llevados ante la justicia algún día. «En Guatemala las leyes están a favor de la oligarquía terrateniente y empresarios porque son ellos los dueños de las empresas que operan en nuestros territorios», afirma. «Por la construcción de la OXEC, han ocurrido muchas persecuciones contra dirigentes sociales, como Bernardo Caal Xol y otras personas que son invisibilizadas pero que ahora siguen siendo hostigadas desde sus territorios, además de los hostigamientos que sufrimos los periodistas que revelamos la voz de los afectados».
Un ex subcontratista de OXEC y Renace cuenta a Amnistía Internacional que presenció cómo los hombres amenazaban a García con machetes. Este hombre, que ha pedido mantener el anonimato por motivos de seguridad, dice que trabajaba como soldador en los proyectos hidroeléctricos pero que, tras presenciar la destrucción social y medioambiental que éstos causaban en la zona, empezó a hacer campaña en su contra.
Acusa a OXEC de hacer falsas promesas, engañando a la población local para que vendiera sus tierras, y sobornando a otros con dinero en efectivo y láminas de acero con las que reforzar sus modestas casas.
«Destruyeron a la Madre Tierra y los cerros que son sagrados para nosotros» añade, antes de repetir las denuncias de García sobre el sistema jurídico. «La justicia en Guatemala está al revés. Los que tienen dinero hacen lo que quieran a los que no. Esto está pagando nuestro compañero Bernardo Caal Xol en la cárcel».
El desmantelamiento del sistema de justicia
La indignación por el encarcelamiento de Caal ha coincidido con el descontento por la corrupción sistémica, el desmantelamiento de la independencia judicial y la erosión de las instituciones públicas en Guatemala.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, había logrado avances sin precedentes en los últimos años, entre ellos la implicación del entonces presidente Pérez Molina en un escándalo de corrupción que desencadenó manifestaciones masivas y, en último término, su dimisión y arresto en 2015. Sin embargo, los siguientes gobiernos han minado las iniciativas para luchar contra la impunidad, cancelando el mandato del CICIG en 2019 y acosando, difamando y criminalizando a activistas, periodistas, fiscales y jueces que denuncian o investigan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La creciente indignación de la opinión pública por la corrupción, la desigualdad económica y la respuesta del Estado a la pandemia estalló en una amplia huelga general en julio de 2021, después de que la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, destituyese al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Sandoval, que huyó del país debido a preocupaciones por su seguridad, había estado investigando el hallazgo de casi 16 millones de dólares estadounidenses en casa de un ex ministro de Infraestructuras, y las acusaciones de que empresarios rusos dejaban bolsas con dinero en efectivo en casa del presidente Alejandro Giammattei. El presidente niega las acusaciones.
Líderes indígenas encabezaron la huelga, secundada por amplios sectores de la sociedad que se unieron a sus demandas pidiendo la dimisión de Giammattei y una transformación total de la manera de gobernar la nación. Manifestantes indígenas bloquearon autopistas en muchas partes del país, mientras en la capital, los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron pintura a la policía desplegada para proteger los edificios gubernamentales.
En una carta enviada desde prisión, Caal daba las gracias a Sandoval «por ser una esperanza para combatir la corrupción que ha significado la muerte, hambre y pobreza para miles de guatemaltecos y guatemaltecas» y por demostrar que «sí es posible alcanzar la verdad y la justicia».
Sandoval es el último de varios fiscales y jueces que se han visto obligados a abandonar Guatemala en los últimos años, entre ellos la primera fiscal general del país, Claudia Paz y Paz, que huyó en 2014 cuando las autoridades realizaron acusaciones infundadas en su contra, y congelaron sus cuentas bancarias durante un breve periodo de tiempo.
En una conversación con Amnistía Internacional desde Costa Rica, Paz y Paz alerta de que la erosión de la separación de poderes ha avivado aún más las persecuciones por motivos políticos y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos. «Hay una componenda, un arreglo entre la jefatura de ejecutivo, el legislativo, y tristemente del poder judicial, también. Y lo que más me preocupa es que los ciudadanos se quedan en absoluto estado de indefensión —tanto para que si se comete un crimen en su contra, este queda en la impunidad— como para los casos fraguados de criminalización que estamos viendo. Se inflan acusaciones, o se inventan acusaciones. Se fabrican y fraguan pruebas. Es muy, muy delicada la situación del país».
Paz y Paz hizo historia al ser la primera funcionaria pública en enjuiciar los graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, que se prolongó durante décadas, entre ellos la acusación formal por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt. Señala que la criminalización es «un arma muy poderosa en contra de la disidencia porque implica la pérdida de la libertad, implica un riesgo gravísimo para la integridad física… es una forma de silenciar a las voces que denuncian la corrupción y la impunidad».
Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, Paz y Paz cree que la presión y solidaridad internacionales pueden marcar la diferencia, citando por ejemplo las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios y ex funcionarios públicos guatemaltecos por actos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en Canadá, acusadas de cometer delitos violentos en Guatemala.
La ex fiscal también se declara esperanzada por «el trabajo excelente que hacen el periodismo independiente, también los pocos funcionarios honestos que quedan en el país», así como por la reciente huelga nacional: «la movilización ciudadana es una voz muy, muy poderosa para frenar el autoritarismo que estamos viviendo actualmente en el país».
Desde Guatemala, Matzir muestra la misma convicción. «La fuerza espiritual la tenemos muy, muy fundamentada de nuestros ancestros y nuestras ancestras que han estado luchando por siglos [para] mantener la dignidad, mantener la posibilidad, la esperanza de construir un mundo mejor, un mundo más justo para las siguientes generaciones», afirma. «El pueblo maya ha enfrentado tantas situaciones y ahora nos corresponde continuar. Tenemos que mantener esa vela encendida para seguir defendiendo los derechos que nos corresponden».
Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional. El caso de Bernardo Caal es parte de Escribe por los Derechos 2021, una campaña anual de Amnistía Internacional y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.
¡Lo logramos! Porque nunca perdimos la esperanza, porque nos articulamos al movimiento mundial en defensa de los ríos, el agua y el territorio; porque aprendimos a defendernos junto a otras comunidades, luchas y procesos que vivían las mismas amenazas y atropellos; porque dijimos NO a la pesadilla de desaparecer nuestro territorio, historia, cultura e identidad; porque nos resistimos a quedar bajo el agua y a ser despojados de nuestras raíces; porque nos unimos, nos organizamos, nos defendimos, nos movilizamos, denunciamos, exigimos y propusimos alternativas para una gestión integral del agua en el campo y la ciudad; porque aprendimos los derechos que tenemos como pueblos campesinos; pero sobre todo, porque amamos nuestra tierra y amamos nuestro río.
Somos parte del movimiento social en defensa del agua, del territorio y los derechos humanos a nivel estatal, nacional e internacional. Nuestros logros, representan el logro de todos. Pues sin los aliadxs (organizaciones, colectivos, comunidades, redes, universidades, Investigadorxs, periodistas, artistas y los “hijos e hijas adoptivas de Temaca”, como cariñosamente les llamamos a tanta gente que apoyó la causa, esta lucha y sus frutos no hubieran sido posible. Hoy les decimos GRACIAS, nuestro territorio vivirá y siempre serán bienvendxs.
En la tercera visita del Presidente de México y su Gabinete ampliado a Temacapulín, el pasado 10 de noviembre, se sentaron las bases para la definición y acuerdo de operación del proyecto “Presa El Zapotillo sin inundación de las comunidades”, como lo planteamos los pueblos en conjunto con nuestro Equipo Técnico. La obra contará con un vertedor físico por el cuerpo de la cortina, que consiste en 6 ventanas vertedoras en la elevación del fondo en 1,590 msnm, con unas dimensiones de 12 metros de ancho por 9 metros de altura, que permitirán desalojar el caudal asociado a avenidas poco probables, pero de gran magnitud (periodo de retorno de 10,000 años), sin inundar las comunidades y entregar 3 m³/s de agua potable a Guadalajara. La altura de llenado será hasta los 40 metros (cota 1590), con un área de inundación de 264 Ha. La elevación máxima que puede alcanzar el nivel del agua en avenidas extraordinarias poco probables, asociada a un periodo de retorno de 10,000 años, es en la cota 1,598.14 msnm, lo que representaría manejar la presa con una altura máxima de 48.14 metros, con una área de inundación de 422.22 Ha.
Por otra parte, se presentaron 15 demandas del Plan de Justicia para la Reparación Integral de los daños de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y sus medidas de no repetición, plan que se encuentra todavía en proceso de construcción comunitaria, y que el Presidente y su Gabinete se comprometieron a llevar a cabo, destacamos:
§ La presentación de disculpas públicas a las comunidades y medidas de no repetición.
§ La realización de una auditoría técnica y financiera al proyecto El Zapotillo.
§ La restauración y protección a nuestro río Verde. Declaración de Área Natural Protegida.
§ La revisión y cancelación de las concesiones de extracción de materiales pétreos en el río Verde.
§ El proyecto agua para todxs, agua para la vida y su saneamiento para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
§ El derecho al retorno de la comunidad de Palmarejo que fue desplazada de manera forzosa y la reconstrucción de la comunidad con todos sus servicios e infraestructura.
§ La reactivación de nuestra economía, revivir y fortalecer nuestras comunidades, ejercer nuestro derecho al desarrollo que fue truncado, y la autodeterminación de nuestros pueblos.
Somos conscientes de que entramos a una nueva etapa de nuestra lucha, e inician los trabajos para hacer cumplir el Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños y la ejecución de la obra como la exigimos los pueblos, salvaguardando nuestro territorio.
Celebramos nuestros logros y la victoria de los pueblos:
1.Se cancelan dos de las obras del Sistema Zapotillo: el Acueducto El Zapotillo – León que provocaría la privatización y mercantilización del agua en bloque a las empresas y corredores industriales del bajío. Y la Presa El Purgatorio, obra con altos costos económicos por su demanda energética para su operación, negocio para las constructoras y empresas de agua y saneamiento coludidas con el Gobierno de Jalisco.
2.Se obliga al Estado Mexicano a no desplazar e inundar nuestras comunidades y tierras de cultivo.
3.Se obliga al Estado Mexicano a la reparación integral de los daños materiales e inmateriales.
4.Se logra que la operación de la Presa El Zapotillo sin inundación de las comunidades, reduzca al 60% su altura de cortina, de 105 metros a 40 metros de altura.
5.Se logra que el área de afectación e inundación del proyecto disminuya significativamente, de inundar alrededor de 4500 ha con el proyecto a 105 metros, se reducirá entre 262 ha y 422 ha, de tierras fértiles.
6.Se pone un alto a la alcancía inagotable que significó para las empresas constructoras y los gobiernos en turno, El Zapotillo como presa de la corrupción.
7.Se logra que el agua del río Verde se quede en Jalisco.
8.El agua de la Presa el Zapotillo sin inundación de las comunidades, vendrá para el Área Metropolitana de Guadalajara y será para la gente que no tiene agua o que más la necesita, no para las empresas inmobiliarias y de la construcción, no para quienes la acaparan y la contaminan.
Reconocemos la voluntad política del Presidente y el mandato a su Gabinete para avanzar desde el diálogo y el respeto a las propuestas y decisiones de las comunidades. Exhortamos al Gobierno Federal a actuar de la misma manera en tantos casos de defensa del territorio graves y urgentes que se viven en Jalisco y el país, destacamos la contaminación ambiental y los problemas de salud pública en la ribera del río Santiago y el Lago de Chapala. El despojo del agua, la devastación ambiental, la destrucción de bosques y áreas naturales por el crecimiento sin límites de las empresas constructoras e inmobiliarias en el Área Metropolitana de Guadalajara. Nuestro sueño, que nuestra lucha logré que otras luchas consigan la justicia y la reparación de los daños.
«Hagamos las paces con los ríos y acuíferos»: Pedro Arrojo, Relator de la ONU en agua.
Fue lo que afirmó al dirigirse al presidente de México en el evento donde el gabinete del Gobierno Federal visitó a Temacapulín, para iniciar el Plan de Justicia, tras acordar la no inundación por la Presa Zapotillo.
«La crisis mundial del agua debe afrontarse con dos acciones clave: hacer las paces con los ríos y acuíferos y generar una gobernanza democrática del agua, donde el vital líquido no sea un negocio sino un reto democrático, dijo Pedro Arrojo Agudo, al tomar la palabra el 10 de noviembre de 2021 en Temacapulín.
El Relator Especial agregó que esta crisis global se da en el planeta que está compuesto en su mayoría por agua, e implica que 2 mil 200 millones de personas no tienen acceso a ella.
Son personas empobrecidas que viven junto a un río o acuífero contaminado por la «codicia humana» casi siempre de los más ricos, afirma.
Viejo aliado de Temaca
Pedro Arrojo Agudo ha sido aliado de la resistencia de Temacapulín contra la presa El Zapotillo desde hace 13 años.
En una reunión privada en la Casa Iteso Clavijero, «apostó» con la comunidad el triunfo.
Después volvió para la exposición Agua, Ríos y Pueblos que se exhibió en el Parque Rojo y, en consecuentes oportunidades, participó en foros, presentaciones de libros, expresando siempre, el razonamiento de los pueblos a no dejarse inundar y defenderse.
En su intervención del miércoles pasado, advirtió que le sería difícil hablar sin que se le estrechara la garganta.En foro sobre Agua y Derechos Humanos del ITESO, en 2014.
«Hagamos las paces con los ríos y acuíferos»: Pedro Arrojo, Relator de la ONU en agua, fue la frase más contundente a manera de mensaje a las autoridades.
Un elemento fundamental en la resolución del problema que arrastraron por 16 años quienes viven en estos tres pueblos, fue el diálogo, agregó Arrojo Agudo.
El Estado de Jalisco tiene no sólo la riqueza del Río Verde, sino también, en varios acuíferos que parecen no tan visibles a primera vista. Arrojo los llamó el pulmón de la naturaleza:
Lo que sucedió en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, dijo el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al agua potable y saneamiento, «es un ejemplo a nivel mundial de resistencia y negociación entre autoridades y ciudadanía.»
Pedro Arrojo Agudo mantendrá visitas no oficiales con autoridades del Gobierno Federal y volverá a Temacapulín a acompañar el proceso comunitario de cada a la reparación del daño.
Foto: Jade Ramírez. Fecha de publicación: 10 de noviembre 2021
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Periodista que recién incursiona en publicaciones independientes y en organizaciones civiles. Escribo gozosa para el Observatorio Digital de Violencias y ahora en Perimetral.
Isabel Matzir teme constantemente por la vida de su esposo, Bernardo Caal Xol, quien se encuentra en prisión desde enero de 2018 (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)
En foro sobre Agua y Derechos Humanos del ITESO, en 2014.