El maestro maya encarcelado por defender un río sagrado

amnesty.org

Por Duncan Tucker

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Noticias November 15, 2021 11:24 pm

Sabiendo que su esposo Bernardo Caal Xol está encerrado en condiciones deplorables, hacinado junto a hombres que cumplen condena por los delitos más violentos, Isabel Matzir teme constantemente por su vida.

«En las cárceles de Guatemala han aparecido muchas personas asesinadas», cuenta por teléfono Matzir, una maestra de etnicidad maya kaqchikel de 40 años, a Amnistía Internacional. «Sabemos que pueden simular un motín, pueden disfrazar cualquier situación con tal de dañarlo».

Caal se encuentra en prisión desde enero de 2018, en represalia por oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico al que las comunidades nunca dieron su consentimiento. Está pagando el precio de alzar la voz contra las empresas poderosas y las autoridades que hacen de forma sistemática un uso indebido del sistema de justicia de Guatemala para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.

La preocupación por su seguridad no es infundada. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha contabilizado 11 asesinatos de activistas que se oponían a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, mientras que Global Witness ha clasificado el país como el séptimo más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.

Aun así, Caal se niega a ser silenciado. Con lápiz y papel como únicas armas, sigue resistiendo desde su celda, denunciando a todo aquel que considera cómplice de violar los derechos humanos de su pueblo, desde el jefe del Estado de Guatemala hasta el presidente del equipo de fútbol Real Madrid.

Preso de conciencia

Caal, respetado profesor y líder comunitario de 49 años, es el mayor de seis hermanos originarios del territorio maya q’eqchi’ de Santa María Cahabón, situado en la región septentrional de Alta Verapaz.

En 2015, las comunidades locales eligieron a Caal para que las representase en su disputa con OXEC, un proyecto hidroeléctrico que ha restringido el acceso de la población local a los ríos sagrados de Cahabón y Ox-eek’, en los que el pueblo q’eqchi’ se ha bañado y ha pescado durante generaciones. El acceso al agua es un motivo de preocupación habitual en las verdes y exuberantes colinas y pastos de Alta Verapaz, donde un censo de 2018 reveló que sólo un 28 % de la población disponía de agua corriente en su casa, mientras que el 42 % dependía del agua de lluvia, y los ríos, lagos y manantiales.

La planta hidroeléctrica OXEC pertenece a Energy Resources Capital Corp, una empresa registrada en Panamá, y fue construida por la empresa israelí Solel Boneh. Caal ha interpuesto varios recursos contra OXEC por, presuntamente, haber destruido 15 hectáreas de bosque y tres colinas sagradas, y por haber violado la legislación internacional que consagra el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier proyecto en sus territorios.Isabel Matzir teme constantemente por la vida de su esposo, Bernardo Caal Xol, quien se encuentra en prisión desde enero de 2018 (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)

Los más altos tribunales guatemaltecos concluyeron que no se había consultado adecuadamente a las comunidades afectadas pero, a pesar de ello, permitieron que el proyecto siguiese adelante. Decididas a que se tuviese en cuenta su opinión, 195 comunidades locales llevaron a cabo su propia consulta, de forma simbólica, en 2017, en la cual 26.537 personas votaron en contra de OXEC, y sólo 12 lo hicieron a favor.

Caal empezó a recibir amenazas por su activismo y, más adelante, personal experto de la ONU denunció al sector privado por las campañas de difamación contra de Caal en prensa, televisión y redes sociales, en las que se le describía como un delincuente.

En enero de 2018 la policía detuvo a Caal por, supuestamente, retener y robar a cuatro empleados de Netzone, subcontrata de OXEC, durante una protesta en 2015. En noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por detención ilegítima y robo con agravantes.

A pesar de que Amnistía Internacional ha hallado irregularidades, negligencia y falta de pruebas en el caso contra Caal, y de que lo ha declarado preso de conciencia, en septiembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó el recurso de Caal contra su sentencia condenatoria. OXEC ha negado cualquier responsabilidad en su encarcelamiento.

Caal suele describir su situación como «tortura carcelaria». Matzir asegura que, aunque la salud de su marido se ha deteriorado, las autoridades penitenciarias no le proporcionan una atención médica adecuada. Le ha sido imposible mantener la distancia social durante la pandemia y, en ocasiones, no se le ha permitido hacer ejercicio en el patio, y ni siquiera ver el sol durante meses. Personal experto de la ONU ha instado al gobierno de Guatemala a proteger la salud y la seguridad de Caal mientras esté encarcelado.

Las visitas se han restringido durante la pandemia, de manera que Matzir sólo ha podido verle esporádicamente. La hermana de Caal, María Josefina, tan solo ha podido dejar comida para él a los guardias que están en la entrada de la prisión, mientras que ni su madre, de edad avanzada, ni las dos hijas de Caal, de 12 y 14 años, han podido verlo. Tampoco puede llamar por teléfono desde la cárcel.

Expertos de la ONU han advertido que la prisión donde Bernardo Caal está recluido está superpoblada y tiene una infraestructura, una alimentación y unos servicios sanitarios deficientes (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional).

Matzir describe a su marido como un hombre honesto y trabajador, que disfruta de la lectura. Dice que es un padre ejemplar, a quien le gustaba enseñar a sus hijas a tocar la guitarra y contarles historias antes de dormir. «Las niñas extrañan a su papá», añade. «Ha sido la experiencia más difícil que les ha tocado vivir».

Incluso antes de la pandemia, era difícil para la familia hacer el trayecto de nueve horas hasta la prisión situada en la ciudad de Cobán. El coste de los autobuses, taxis, comidas y alojamiento, al que hay que sumar los medicamentos y los productos de limpieza e higiene para Caal, convierten la visita en un carísimo viaje de tres días.

Sometida a una presión económica cada vez mayor, Matzir ha tenido que dejar las clases que recibía antes del encarcelamiento de su marido, y adaptar su vida a su nuevo papel como principal sostén económico de la familia. «Tuve que reorganizar todo en cuanto a lo financiero, pues nos hemos quedado con muchas deudas. La colegiatura de las niñas, por ejemplo, se ha acumulado y hemos pospuesto unas cirugías que he necesitado», señala. «Si antes dormíamos ocho horas, ahora dormimos cuatro, cinco si mucho… esto tendrá sus consecuencias más adelante, verdad, pero por lo pronto se da hasta el último gramo de energía que se tiene al día, y no hay otra opción».

Otra amenaza al sagrado río

Caal dedica mucho de su tiempo entre rejas a escribir cartas. Entre otras personas, denuncia con frecuencia a Florentino Pérez, un multimillonario español más conocido por ser el presidente del Real Madrid.

Además de dirigir el club de fútbol más grande del mundo, Pérez también preside el gigante de la construcción ACS, cuya filial, Cobra, fue contratada para construir Renace, el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala, junto a un tramo del río Cahabón en el que viven aproximadamente 30.000 personas. Durante una visita a Guatemala 2014 para supervisar la construcción, Pérez regaló una camiseta del Real Madrid al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y calificó Renace como «un proyecto con una responsabilidad social ejemplar, con respeto a los demás, al medio ambiente y a las comunidades».

Sin embargo, Caal afirma que el proyecto ha causado un daño terrible. En una carta escrita a mano desde la cárcel, acusa a Pérez de haber «atropellado los derechos de pueblos indígenas» por llenar el río de tuberías y desviar su curso sin consultar a las comunidades afectadas, «dejando sin el acceso al agua a miles de hermanos y hermanas del pueblo Maya Q’eqchi'». En otra misiva, ruega a los aficionados del Real Madrid que pidan al presidente de su club «que deje en paz el sagrado Río Cahabón».

El proyecto ha generado tensiones tanto a nivel local como internacional. Poco después de una protesta contra Renace en las puertas de la embajada de España en 2017, la Cámara de Comercio española instó a las autoridades de Guatemala a que dispersasen inmediatamente cualquier concentración, control de carretera o protesta que afectase a la libertad de circulación o a la propiedad empresarial o privada, y a que «de forma inmediata inicien las acciones, investigaciones y persecuciones penales (sic)» contra las personas responsables.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevase a cabo una consulta libre e informada a las comunidades; sin embargo, al igual que en el caso de OXEC, no suspendió el proyecto, a pesar de reconocer que se había violado el derecho de las comunidades a dar su consentimiento previo. Aunque Renace ha negado cualquier actuación indebida, un organismo público español ha revelado que el proyecto ha provocado «cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón… con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales».

María Josefina Caal Xol, la hermana de Bernardo, lava su cara en el sagrado Río Cahabón, donde miembros del pueblo q’eqchi’ se han bañado y han pescado durante generaciones (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)

En abril de 2021, ACS anunció la venta de la mayor parte de su división industrial a la empresa francesa Vinci por casi 5 000 millones de dólares, pero manteniendo el 49 % de las acciones de una nueva empresa propiedad conjunta de ACS y Vinci. ACS y Cobra no han respondido a las solicitudes de comentarios de Amnistía Internacional.

«Florentino [Pérez] y estas empresas, no se llevan el río porque realmente necesitan del agua para poder sobrevivir ¿no? Para ellos solo es ganancia y acumulación de ganancias», señala Matzir. «Sin embargo, acá en las comunidades se traduce en la vida o muerte de las personas, los animales, las plantas, todos quienes viven dentro y alrededor del río. Realmente es indignante que existan seres humanos que… destruyen todo a su paso con tal de generar ganancias, incluyendo la vida de las personas».

Alta Verapaz es una de las regiones más pobres de Guatemala, que registró el 75 % de los casos de mortalidad infantil por desnutrición de todo el país en 2021. Sin embargo, Matzir afirma que las autoridades «nunca lo vinculan al acceso al agua, al acceso a los peces, a los cangrejos, a los jutes, a todas las plantas que están dentro del río y que sirven de alimento y han servido por siempre de alimento para las familias y las comunidades que están en la cercanía del río. Cuando se quita un río no es solo quitar el agua, sino se quita esa posibilidad de alimento.»

Renace y OXEC afirman que han contribuido a reducir la desnutrición a través de sus programas de salud y desarrollo social.

Matzir también lamenta el tremendo golpe espiritual sufrido por el pueblo q’eqchi’ por los daños a sus ríos y colinas sagrados, y se cuestiona por qué las zonas donde se concentran las plantas hidroeléctricas son las que tienen un menor acceso a la electricidad de todo el país. «Es totalmente contradictorio. ¿A dónde se va esa energía? ¿y para quién es? ¿y las ganancias dónde quedan?», pregunta. «Ellos dicen que ‘se está en contra del desarrollo’ pero la verdadera pregunta es ‘¿desarrollo para quién?'».

Violencia paramilitar

La oposición a los proyectos hidroeléctricos en Guatemala ha demostrado ser letal. En enero de 2017, hombres armados dispararon a manifestantes pacíficos que estaban protestando contra el proyecto hidroeléctrico PDHSA (construido por Solel Boneh, la misma constructora israelí que levantó OXEC) en Ixquisis, en la zona norte de Guatemala.

Los agresores dispararon a Sebastián Alonso Juan, un defensor de los derechos de la tierra, cuando intentaba escapar. La familia de Alonso contó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajadores de la planta hidroeléctrica le golpearon en la cara y el cuello mientras agonizaba en el suelo. Estuvo horas sin recibir atención médica y falleció antes de llegar al hospital. Tanto medios de comunicación locales, grupos indígenas y observadores de derechos humanos han relacionado al personal de seguridad privado de la planta con el tiroteo, y algunos de ellos también hablan de la posible implicación de la policía. PDHSA y Solel Boneh no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.

Los ríos son una fuente vital de agua en una región donde sólo el 28% de la población dispone de agua corriente en su casa (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)

Periodistas que cubren el impacto de las plantas hidroeléctricas en Guatemala también arriesgan represalias.

Rolanda García, una periodista indígena maya quiché, viajó a Santa María Cahabón en agosto de 2018 para informar sobre la tala ilegal, supuestamente relacionada con OXEC. Cuenta que, cuando estaba grabando su última entrevista con miembros de las comunidades afectadas, les abordó un grupo de leñadores blandiendo unos machetes.

«Me preguntaron que para qué quería tomar fotos y me exigieron que borrara las imágenes», cuenta García a Amnistía Internacional. Ella y sus colegas creen que estos hombres eran trabajadores de OXEC; los hombres insultaron a sus colegas, empujaron a uno de ellos, y le robaron el trípode. «Cuestionaron sobre mi presencia en ese lugar, que según ellos son tierras de su patrón. Y al preguntarles quienes eran su patrón no me lo dijeron, pero sí dijeron que era un lugar privado».

Los hombres aislaron a García y la persiguieron hasta un arroyo cercano, donde la arrinconaron durante 40 minutos, hasta que ella aceptó borrar sus fotos y grabaciones. Afirma que amenazaron con violarla y tirarla al río si se negaba. Días más tarde, OXEC negó tener responsabilidad alguna en el ataque y condenó «todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa».

García dice que denunció el incidente a las autoridades, pero duda de que sus atacantes sean llevados ante la justicia algún día. «En Guatemala las leyes están a favor de la oligarquía terrateniente y empresarios porque son ellos los dueños de las empresas que operan en nuestros territorios», afirma. «Por la construcción de la OXEC, han ocurrido muchas persecuciones contra dirigentes sociales, como Bernardo Caal Xol y otras personas que son invisibilizadas pero que ahora siguen siendo hostigadas desde sus territorios, además de los hostigamientos que sufrimos los periodistas que revelamos la voz de los afectados».

Un ex subcontratista de OXEC y Renace cuenta a Amnistía Internacional que presenció cómo los hombres amenazaban a García con machetes. Este hombre, que ha pedido mantener el anonimato por motivos de seguridad, dice que trabajaba como soldador en los proyectos hidroeléctricos pero que, tras presenciar la destrucción social y medioambiental que éstos causaban en la zona, empezó a hacer campaña en su contra.

Acusa a OXEC de hacer falsas promesas, engañando a la población local para que vendiera sus tierras, y sobornando a otros con dinero en efectivo y láminas de acero con las que reforzar sus modestas casas.

«Destruyeron a la Madre Tierra y los cerros que son sagrados para nosotros» añade, antes de repetir las denuncias de García sobre el sistema jurídico. «La justicia en Guatemala está al revés. Los que tienen dinero hacen lo que quieran a los que no. Esto está pagando nuestro compañero Bernardo Caal Xol en la cárcel».

El desmantelamiento del sistema de justicia

La indignación por el encarcelamiento de Caal ha coincidido con el descontento por la corrupción sistémica, el desmantelamiento de la independencia judicial y la erosión de las instituciones públicas en Guatemala.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, había logrado avances sin precedentes en los últimos años, entre ellos la implicación del entonces presidente Pérez Molina en un escándalo de corrupción que desencadenó manifestaciones masivas y, en último término, su dimisión y arresto en 2015. Sin embargo, los siguientes gobiernos han minado las iniciativas para luchar contra la impunidad, cancelando el mandato del CICIG en 2019 y acosando, difamando y criminalizando a activistas, periodistas, fiscales y jueces que denuncian o investigan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

La creciente indignación de la opinión pública por la corrupción, la desigualdad económica y la respuesta del Estado a la pandemia estalló en una amplia huelga general en julio de 2021, después de que la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, destituyese al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Sandoval, que huyó del país debido a preocupaciones por su seguridad, había estado investigando el hallazgo de casi 16 millones de dólares estadounidenses en casa de un ex ministro de Infraestructuras, y las acusaciones de que empresarios rusos dejaban bolsas con dinero en efectivo en casa del presidente Alejandro Giammattei. El presidente niega las acusaciones.

Las comunidades indígenas en Alta Verapaz no fueron consultadas de manera previa, libre y informada sobre los proyectos hidroeléctricos en sus territorios (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)

Líderes indígenas encabezaron la huelga, secundada por amplios sectores de la sociedad que se unieron a sus demandas pidiendo la dimisión de Giammattei y una transformación total de la manera de gobernar la nación. Manifestantes indígenas bloquearon autopistas en muchas partes del país, mientras en la capital, los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron pintura a la policía desplegada para proteger los edificios gubernamentales.

En una carta enviada desde prisión, Caal daba las gracias a Sandoval «por ser una esperanza para combatir la corrupción que ha significado la muerte, hambre y pobreza para miles de guatemaltecos y guatemaltecas» y por demostrar que «sí es posible alcanzar la verdad y la justicia».

Sandoval es el último de varios fiscales y jueces que se han visto obligados a abandonar Guatemala en los últimos años, entre ellos la primera fiscal general del país, Claudia Paz y Paz, que huyó en 2014 cuando las autoridades realizaron acusaciones infundadas en su contra, y congelaron sus cuentas bancarias durante un breve periodo de tiempo.

En una conversación con Amnistía Internacional desde Costa Rica, Paz y Paz alerta de que la erosión de la separación de poderes ha avivado aún más las persecuciones por motivos políticos y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos. «Hay una componenda, un arreglo entre la jefatura de ejecutivo, el legislativo, y tristemente del poder judicial, también. Y lo que más me preocupa es que los ciudadanos se quedan en absoluto estado de indefensión —tanto para que si se comete un crimen en su contra, este queda en la impunidad— como para los casos fraguados de criminalización que estamos viendo. Se inflan acusaciones, o se inventan acusaciones. Se fabrican y fraguan pruebas. Es muy, muy delicada la situación del país».

Paz y Paz hizo historia al ser la primera funcionaria pública en enjuiciar los graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, que se prolongó durante décadas, entre ellos la acusación formal por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt. Señala que la criminalización es «un arma muy poderosa en contra de la disidencia porque implica la pérdida de la libertad, implica un riesgo gravísimo para la integridad física… es una forma de silenciar a las voces que denuncian la corrupción y la impunidad».

Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, Paz y Paz cree que la presión y solidaridad internacionales pueden marcar la diferencia, citando por ejemplo las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios y ex funcionarios públicos guatemaltecos por actos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en Canadá, acusadas de cometer delitos violentos en Guatemala.

La ex fiscal también se declara esperanzada por «el trabajo excelente que hacen el periodismo independiente, también los pocos funcionarios honestos que quedan en el país», así como por la reciente huelga nacional: «la movilización ciudadana es una voz muy, muy poderosa para frenar el autoritarismo que estamos viviendo actualmente en el país».

Desde Guatemala, Matzir muestra la misma convicción. «La fuerza espiritual la tenemos muy, muy fundamentada de nuestros ancestros y nuestras ancestras que han estado luchando por siglos [para] mantener la dignidad, mantener la posibilidad, la esperanza de construir un mundo mejor, un mundo más justo para las siguientes generaciones», afirma. «El pueblo maya ha enfrentado tantas situaciones y ahora nos corresponde continuar. Tenemos que mantener esa vela encendida para seguir defendiendo los derechos que nos corresponden».

Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional. El caso de Bernardo Caal es parte de Escribe por los Derechos 2021, una campaña anual de Amnistía Internacional y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.

Este reportaje fue publicado originalmente en Newsweek en españolhttps://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/mayan-teacher-locked-up-defending-sacred-river/

Señores que compran ríos

15 junio, 2021 ZonaDocs

Medio ambiente

#AlianzaDeMedios

En Guatemala no solo es posible comprar un río, además defenderlo puede significar un proceso larguísimo de cárcel. Eso está sufriendo el líder comunitario Bernardo Caal Xol. En estas líneas, su caso y sus cartas con las que intenta defenderse, hacer correr la voz como las aguas que -enrejadas o no- jamás se quedan quietas

Apoyo y gestión de correspondencia: Familiares y compañeros de Bernardo Caal Xol / Bocado Lat

Fotos: Prensa Comunitaria y redes sociales de Bernardo Caal Xol

GUATEMALA.- Bernardo Caal Xol está preso por defender al río sagrado de su comunidad.  Indígena maya q’eqchi’, líder comunitario y maestro, encabezó desde 2015 la resistencia de las comunidades de Santa María Cahabón a la construcción de la hidroeléctrica OXEC sobre los ríos Oxec y Cahabón. Un megaproyecto que es negocio de Florentino Pérez, poderoso empresario español y presidente del club de fútbol Real Madrid. 

Al empresario español y a los intereses transnacionales incomodaban la organización comunitaria indígena tanto como su líder: el maestro Bernardo. Por eso el 15 de octubre de 2015 le acusaron de supuestos actos de violencia contra empleados de NETZONE S.A., contratista de OXEC. Tres años más tarde, el 9 de noviembre de 2018 lo condenaron a 7 años y 4 meses de prisión en un caso “que muestra los mismos patrones de criminalización contra defensores de derechos humanos que hemos documentado por años en el país”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora regional de Amnistía Internacional.

Organizaciones no gubernamentales lo dicen sin dudarlo: Bernardo Caal Xol es un preso de conciencia. 

La justicia guatemalteca no escucha, retrasa las audiencias.

Los poderosos de su país garantizan la impunidad. 

Bernardo Caal Xol sigue encarcelado. Le han robado más de 1200 días de vida mientras la empresa extranjera explota los ríos sagrados de Alta Verapaz como si fueran suyos.

Pero Bernardo, maestro, padre y líder maya q’eqchi’, aún tiene palabras. Desde la cárcel escribió una carta para este especial de Bocado. De puño y letra brinca muros de silencio, siembra esperanza. 

Carta de Bernardo Caal Xol

24.04.2021

Soy Bernardo Caal Xol, del pueblo Maya Q’eqchi’, Guatemala, de 49 años de edad. Nací en las montañas del municipio de Cahabón, allí nací porque mis abuelos y abuelas andaban huyendo de la esclavitud que estaban siendo sometidos los indígenas en las fincas del café de los terratenientes extranjeros que habían despojado las tierras en el territorio Q’eqchi’. De la montaña al centro urbano, mis padres me trajeron para estudiar la primaria, allí empecé a hablar el castellano, estudié el nivel básico, luego me trasladé a la cabecera departamental de Cobán para estudiar para maestro. En el año 1995 volví a mi comunidad para trabajar como maestro con contrato con el Estado de Guatemala.

En el año 2015 con las comunidades empezamos a denunciar la presencia de empresas hidroeléctricas que empezaban a entubar el Río Ox-eek’ y Río Cahabón. 

En el año 2016 visitamos todas las instancias del gobierno para hacer nuestras denuncias.

En el año 2017 las hidroeléctricas Oxec S.A. que funcionan dentro de la comprensión municipal de Cahabón Alta Verapaz, fueron suspendidas por los máximos órganos de justicia en Guatemala. Al mismo tiempo iniciaba una persecución, difamación y calumnia en mi contra en distintos medios de comunicación, ocasionaban un descrédito total en mi persona, el mismo año se me giraron dos órdenes de Captura por parte de un juez en Cobán Alta Verapaz.  

El 30 de enero en 2018 me presenté a una de las audiencias judiciales, allí se me capturó, estoy encarcelado actualmente. Las hidroeléctricas Oxec S.A. a través de la empresa sub contratada Netzone, me acusan de Robo Agravado y detenciones ilegales. Todos los testigos en mi contra son empleados de las hidroeléctricas Oxec S.A. Tres años y tres meses llevo de estar encarcelado, no ha finalizado el proceso porque la justicia utiliza las tácticas dilatorias con la finalidad de mantenerme encarcelado.

El pueblo Q’eqchi’ sigue luchando y resistiendo por el Río Cahabón y Río Ox-eek’. 

El Río Cahabón es un rio Sagrado para mi pueblo, el Popol Vuh, libro sagrado de los Mayas, hace constar que este río es el escenario de Hunahpú e Ixbalanqué, los gemelos de la mitología de nuestro libro. 

Sobre el Río Cahabón han construido varias hidroeléctricas, desviándolo, entubándolo por varios kilómetros, 50km aprox. En esos cincuenta kilómetros las familias Q’eqchi’s no tienen acceso al agua. La mayoría de estas hidroeléctricas fueron construidas por la empresa “cobra” de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid de España.

Los máximos órganos de justicia en Guatemala, reconocieron que no hubo consultas previas, pero ordenaron que las empresas siguieran operando sobre el río.

¡La lucha sigue…!

La presa de Banqiao: El mayor desastre de una infraestructura en la historia

29/03/2021

presa Banqiao: mayor desastre infraestructura historia

El 4 de agosto de 1975 el tifón Nina toca tierra en China. 4 días después se rompe la presa de Banqiao generando una avenida de seis metros de alto por 12 kilómetros de ancho a 50 kilómetros por hora. Al día siguiente el balance (según los medios oficiales) es de 62 presas destruidas -algunas de ellas bombardeadas a propósito-, 26.000 muertos, que se convertirían en más de 100.000 mil por las hambrunas, y más de un millón de personas sin hogar.

Esta es la poco conocida tragedia de la presa de Banqiao. Una historia de cómo la falta de previsión, gestión y mantenimiento, junto a las mayores lluvias registradas en la zona, dieron lugar a una reacción en cadena que acabo con la vida de entre 125.000 y 230.000 personas. Es la mayor tragedia registrada asociada a una infraestructura humana en la historia. 

Las mayores lluvias registradas en la historia

Debido a una meteorología inusual, el tifón Nina, en lugar de perder fuerza al tocar tierra, se incrementó, atravesando las provincias de Jiangxi y Hunana, girando luego hacia el norte hasta el río Yangtze y las planicies centrales de China. El 5 de agosto el tifón volvió a girar hacia el oeste y se cruzó la provincia de Henen hacia las presas de Banqiao y Shimantan.

El tifón estuvo por lo tanto dos días estacionario sobre la misma zona descargando en 24 horas más lluvia que en todo un año, batiendo registro de lluvia en una hora, 189.5 mm, y en un día, 1060 mm, cuando la media en la zona es de 800 mm al año.

Trayectoria del tifón Nina. Fuente: Wikimedia.

La presa de Banqiao y Shimantan

La presa de Banqiao se terminó de construir en junio de 1952. Debido a los bajos estándares chinos en diseño y construcción por esa época, no tardaron en aparecer grietas en el cuerpo y en las compuertas. Por ello se acudió a la Unión Soviética en 1954 cuyos ingenieros reforzaron la presa, al igual que ocurriría con la presa de Shimantan. Al nuevo diseño se le denominó como “presa de hierro” porque consideraban, erróneamente como ya veremos, como irrompible.

La presa de Banqiao tenía una capacidad de almacenaje máxima de 492 millones de m3 y la de Shimantan de 94.4 millones de m3 y ambas eran presas de gravedad de materiales sueltos.

Ninguna de ellas estaba diseñada para gestionar una lluvia de tales características, con un periodo de retorno aproximado de 2000 años.

La zona venía de un periodo largo de sequía, por lo que unas buenas lluvias servirían para almacenar agua para un futuro. Ese afán o necesidad por almacenar agua, fue el primero de los problemas.

5 de agosto. Comienzan las lluvias

Ese día las lluvias registradas en la zona llegaron a los 448 mm, rompiendo un primer récord, y comenzaron las inundaciones en la zona. A las presas de la zona empezaron a llegar grandes caudales y sus niveles a subir.

6 de agosto. Sigue lloviendo y las compuertas siguen cerradas

El 6 de agosto estuvo lloviendo durante 16 horas, y aunque se solicitó abrir las compuertas para aliviar agua, el permiso se denegó porque aguas abajo ya había inundaciones. El nivel de la presa de Banqiao se situó 2 metros por encima del Nivel Máximo de Explotación (NME).

7 de agosto. Problemas de comunicación y aliviaderos aterrados

Finalmente el permiso fue concedido, pero los telegramas no llegaban a la presa de Banqiao porque las infraestructuras estaban dañadas. Mientras tanto, otra lluvia de 13 horas caía sobre la zona.

Cuando se intentaron abrir los aliviaderos de Banqiao y Shimantan se encontraron que estaban parcialmente bloqueados por sedimentos y las avenidas los habían dañado haciendo muy difícil su apertura, no solo por las lluvias sino por avenidas provenientes de otros diques aguas arriba que iban colapsando.

Incluso operarios declararon que se valoró volar parte de los aliviaderos para aumentar su capacidad, pero que tenían pocos materiales porque los últimos años se había reducido mucho la inversión en prevención de inundaciones debido a la sequía.

A las 09:30 PM una unidad de Ejército Popular de Liberación chino que había sido desplegado en la presa de Banqiao mandó el primer telegrama de alerta de fallo de la presa. A las 11:30 PM, pese al esfuerzo del ejercito por colocar sacos de arena en la coronación de la presa, esta se desbordó. Y lo mismo estaba pasando en la presa de Shimantan.

Recordemos que las presas eran de materiales sueltos, por lo que, si el agua empieza a pasar por encima de ella, se la llevaría por delante.

8 de agosto. Se rompen las presas

A las 12:30 AM se rompe la presa de Shimantan. 20 millones de metros cúbicos se vaciaron con un caudal punta de 25.300 m3 por segundo vaciándola en 5 horas.

A la 1:00 AM se rompe la presa de Banqiao cuando almacenaba 600 millones de m3 de agua. El embalse tardó seis horas en vaciarse y generó una avenida de 6 metros de alto por 12 kilómetros de ancho que destruyó todo a su paso a una velocidad de 50 km/h.

Presa de Banqiao tras la rotura.

Se generó aguas abajo un lago de 300 x 150 km porque el agua no encuentra salida. La zona, que históricamente había sido una llanura de inundación natural, debido a su intenso cultivo y el aporte de sedimentos al río, había reducido enormemente su capacidad de drenaje.

Para proteger otras presas del colapso, algunas áreas fueron evacuadas e inundadas a propósito, llegando a realizar ataques aéreos para destruir algunas presas y evacuar el agua en ciertas direcciones.

9 de agosto. La presa del Lago Suya en peligro

Con los diques del río colapsados, la presa de Baoshnan a punto de desbordarse y el Lago Suya almacenando 1.200 millones de m3 de agua (los que había almacenado él más los provenientes de Banqiao y Shimantan) a punto de desbordarse, se decidió continuar con los ataques aéreos para evitar una catástrofe aún mayor si cabe.

En total fueron 62 las presas que se rompieron por la acción del agua o que fueron bombardeadas deliberadamente.

Muertes y daños

El secretismo con el que se llevó todo lo relacionado con la tragedia por parte del gobierno chino hace que hasta hoy en día se dude del impacto real que tuvo.

Según el gobierno chino en el desastre murieron 26.000 personas directamente y 145.000 por las epidemias y hambrunas posteriores. Se inundaron 29 condados y 1.140.000 hectáreas afectando a 5.900.000 edificios.

Inundaciones tras el paso del tifón Nina.
Afectados por las inundaciones tras el paso del tifón Nina.
Ciudad inundada.

Causas de la tragedia

La principal causa de la tragedia sin duda fueron las excepcionales lluvias. Pero otras muchas cosas que se hicieron mal durante años desembocaron en todos estos acontecimientos.

Durante el periodo denominado como el gran salto adelante, China, desde 1958 a 1962, realizó una importante campaña para transformar su economía agraria tradicional a través de una rápida industrialización y colectivización. En la zona esto supuso, entre otras medidas, dar mayor importancia a la irrigación y acumulación de agua en las presas, que al control de avenidas.

De las nueve puertas de los aliviaderos de emergencia del diseño original de la presa de Banqiao se redujeron hasta siete y en 1961 se inutilizaron dos más para dar preferencia a la acumulación. Esto pasó también con otras presas.

El poco mantenimiento tenía aterradas parcialmente los aliviaderos de emergencia y sus sistemas de apertura no eran lo suficientemente robustos, por lo que no podía controlar eficazmente las avenidas.

La capacidad de desagüe de los ríos aguas abajo de las presas se había reducido mucho por la agricultura intensiva que había ocupado cauces y los había llenado de sedimentos. Se había cambiado tanto la morfología de los cauces que el agua no encontraba sitio para pasar.

Las inundaciones afectaron a las comunicaciones telefónicas y de carreteras, por lo que no se podían comunicar con las estaciones meteorológicas ni entre sí para coordinar las actuaciones. Las comunicaciones también fallaron para alertar a la población y poder evacuar a las zonas más afectadas.

En el momento de la tragedia, llevaban tres años sin celebrarse las reuniones anuales de control de inundaciones para los encargados de la gestión de las presas, en parte por la gran sequía que llevaba varios años azotando a la zona, y no había directrices claras de cómo actuar en esos casos, según cuentan sus trabajadores.

Y aun así, la presencia de las presas posiblemente salvaron muchas vidas, pues dieron tiempo a evacuar a parte de la población y a qué otra parte estuviera alertada. Desde las primeras lluvias torrenciales hasta que las presas se rompieron, pasaron 3 días.

Afortunadamente casos como estos se han dado pocos en el mundo y cada vez son más improbables, pues los estándares de construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras son mucho mayores. Las comunicaciones son mucho más sofisticadas y los sistemas de decisión en caso de avenidas están muy evolucionados.

No vamos a descubrir ahora lo esenciales que son estas infraestructuras para el desarrollo del ser humano, para dar de comer y beber a las personas, para darles electricidad y para salvarles la vida en caso de lluvias intensas.

Sirva esta historia para recordar la necesidad de unas infraestructuras seguras, bien diseñadas y bien mantenidas. Y para reconocer la labor de todos aquellos que lo hacen posible día a día.

Bibliografía:

Imágenes

https://www.iagua.es/noticias/locken/presa-banqiao-mayor-desastre-infraestructura-historia#.YGHeETq0018.twitter

Chile: indígenas huilliche defienden río Maullín ante extractivismo inmobiliario

Por Avispa

– 25 marzo, 2021 Share

Foto de Portada: Alex Vidal BrecasEn el lugar la comunidad leviñanco ta leufu levantó un rewe (sitio ceremonial) donde realizan ceremonias y rogativas.

Federico Valdés Bize

Si caminamos por la región de Los Lagos al sur de Chile, escucharemos hablar del Futawillimapu: el “gran territorio del sur” de los pueblos originarios huilliche-mapuche. Anterior a la colonización española e integración al Estado chileno, es un territorio que persiste y se reinventa. Si ponemos atención, observaremos una constelación de luchas indígenas reivindicando tierras ancestrales y defendiendo territorios de vida ante el avance de proyectos extractivistas.

En estos territorios se enfrentan diferentes maneras de ser, estar y comprender el mundo. Para los proyectos empresariales se trata de espacios con recursos naturales y humanos para la acumulación privada de capital. Para los colectivos indígenas son lugares de subsistencia económica y usufructo, habitación, crianza y reunión social, memoria, creación cultural y conexión con lo sagrado. Son lugares de vida y de reproducción de sus mundos, territorialidades que defienden ante su acelerada destrucción.

La destrucción del bosque en la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu ha propiciado la muerte de una gran variedad de aves que habitaban el lugar y sus inmediaciones. Foto: Alex Vidal Brecas

Entre estas luchas de resistencia territorial veremos a la comunidad mapuche Weichan Mapu ante un proyecto eólico en las comunas de Frutillar y Puerto Octay. En la ciudad de Alerce encontraremos la defensa de los humedales urbanos frente a desarrollos inmobiliarios dada por la comunidad Pascual Huanel, el Lof Coñuecar, la Asociación Mapuche Lahuen, la Agrupación Ambiental y Cultural Futa Lawal Mapu y la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen. Esta última también ha dado lucha contra las salmoneras en Pargua, Calbuco. Cerca de Osorno presenciaremos la lucha de las comunidades Koyam Ke Che, Leufu Pilmaiquen Maihue, Nehuén Che y Mantilhue ante proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquen. También podremos escuchar a la Agrupación Mapuche Ecológica Artístico Cultural Weñauca manifestándose en Puerto Varas contra la contaminación del lago Llanquihue y un proyecto hidroeléctrico en el río Maullín.

También percibiremos a la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu, ubicada en las afueras de la ciudad de Llanquihue a orillas del río Maullín, defendiendo la tierra y el territorio ante la destrucción cometida por el proyecto inmobiliario de Alto Maullin Spa. Aunque violentada, invisibilizada y estigmatizada, esta comunidad resiste exponiendo sus cuerpos. Sobre su lucha por la vida trata este reportaje, que será publicado en dos partes.

El avance de las maquinarias de la inmobiliaria sobre la ladera del río Maullín arrasó con el
patrimonio cultural y la biodiversidad, destruyendo mas de 5mil metros cuadrados de
bosque nativo. Foto: Alex Vidal Brecas

ι PRIMERA PARTE ι

La comunidad huilliche “Águila Veloz del Río”

El werken (vocero) de la comunidad Leviñanco Ta Leufu (“Águila Veloz del Río”), Luis Navarro Navarro, está sentado en una esquina del amplio salón de la sede vecinal, ubicada en la ciudad de Llanquihue. Mientras su esposa e hijos entran y salen, saludan y escuchan en silencio, con rostros severos de tristeza y terror. Es 22 de diciembre de 2020 y hace unos días debieron abandonar su hogar ante el riesgo vital de gigantescas rocas que caían sobre su casa en la ribera del río, lanzadas por retroexcavadoras del proyecto inmobiliario Alto Maullín Spa. Desde entonces pernoctan en un barrio de esta sureña ciudad, localizada junto al lago del mismo nombre. Mientras nos enseña diversos documentos, que toma de una mesa repleta de carpetas, este hombre de 51 años dice “queremos contar esta historia, de cómo vivíamos y cómo queremos vivir”.

Aylin (10) es consolada por su madre al interior de su ruka, luego de ser testigo durante
semanas, de la sistemática destrucción del bosque donde habitan. Foto: Alex Vidal Brecas

Hace tres generaciones y provenientes de la isla Caguach en Chiloé, más de cien kilómetros al sur, la familia Leviñanco (Águila Veloz) migró para asentarse en la ribera del Maullín. Don Luis, a quien su madre no registró con el apellido Leviñanco por la discriminación, relata:

“Los huilliche somos gente sin punto fijo, nos movemos por el territorio, navegando por el río. Hace cerca de veinte años que hemos recorrido distintos lugares del río Maullín. Vivimos del río y del lago (Leufu Maullín y Kalafken Hueñauca), de la pesca desde el bote y del buceo por apnea. En el lecho del río recolectamos camarones y palos, que sacamos para hacer leña. No talamos los árboles del lugar, sino que los podamos. Además nos dedicamos a la recolección de frutos de avellano, que salen desde la segunda semana de febrero hasta marzo. Hace ocho años nos asentamos en un sector del río, donde ahora vivimos y tenemos este problema. Antes era inhabitable. Nosotros construimos una ruka y levantamos un rehue (vivienda tradicional y sitio ceremonial respectivamente), con orientación de los espíritus. Construimos una casa, una huerta y un invernadero”.

Este es un sitio de significancia cultural de la comunidad huilliche porque el uso consuetudinario del territorio comprende también una dimensión sagrada, según explica el werken:

“Al construir nuestro hogar excavamos con herramientas manuales y encontramos muchos metawes (cántaros de estilo mapuche). Incluso hallamos una cantera de greda. Pero no seguimos excavando, porque son propiedad de la ñuke mapu y los kuyfi (la madre tierra y la gente antigua, respectivamente). Sólo pueden sacarse mediante ceremonia. Aquí todo es templo, las aguas tienen ngen (espíritus), el rehue es nuestra conexión. Este lugar es el mundo del agua: el río Maullín es un mallin, es decir un hualve, humedal y pantano. En esta ladera hay dos trayenkos (cascadas). No vemos el leufu (río) como una cosa, lo vemos como un ser vivo”.

Luis Navarro, werken de la comunidad Leviñanco ta leufu, cuenta que su abuela materna
llegó hace tres generaciones, proveniente de la isla de Chiloé para asentarse en la ribera
del Rio Maullín. Foto: Alex Vidal Brecas

El lof (comunidad) Leviñanco, compuesto por alrededor de 20 personas, reivindica la propiedad del lugar que habita junto a la ribera del río, en sus años de posesión efectiva y también en un documento de “reconocimiento de herencia ancestral mapuche”. En este texto otorgado en 2015 por la autoridad regional huilliche del Cacique de Rahue, se señala que los “mapuches somos dueños legítimos de nuestras tierras por herencia ancestral, porque nuestros antepasados son dueños del territorio Butawillimapu, fundamentado en el parlamento de paz” de las Canoas o Rahue de 1793.

Los caciques huilliches son reconocidos en la Ley Indígena N.º 19.253. Señala este Cacique que “por su antepasado doña María Delfina Leviñanco Unquen, reconozco heredero ancestral y dueño legítimo de sus tierras al peñi Luis Enrique Navarro Navarro”, para luego añadir que “el heredero ocupa con posesión material y posesión histórica 57 hectáreas de tierras” junto al río. Un peritaje antropológico realizado en 2019 por Víctor Venegas, docente de la Universidad de Los Lagos, indica que el werken Navarro “tiene una presentación por estas tierras ancestrales en Conadi” (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). El argumento de ancestralidad se sustenta en la historia del poblamiento huilliche en el Futawillimapu.

Calendarios y geografías del Futawillimapu

Junto a un estero afluente del río Maullín se encuentra Monte Verde, lugar donde se encontraron restos de un asentamiento humano de 14.800 años de antigüedad -de los más antiguos de América-, cuya evidencia sugiere que sus habitantes se movían por el río extrayendo e intercambiando recursos con otros pobladores del área. Antes de la conquista europea esta cuenca ya era hogar del pueblo junco, quienes junto a otros pueblos huilliches (gente del sur) ocupaban los valles y riberas de los ríos del Futawillimapu, conformando verdaderas “sociedades ribereñas”. El siglo XVI vería la conquista española y la posterior rebelión nativa, marcando por dos siglos al río Maullín como la frontera sur de los pueblos libres e insumisos del Futawillimapu y del Wallmapu mapuche. Desde sus fortificaciones los españoles realizaron malocas (sorpresivas internaciones militares) para tomar prisioneros y esclavizarlos, que causaron el despoblamiento parcial de esta zona fronteriza.

Para el huilliche la tierra tiene un sentido que va más allá de lo económico, diferente al
valor que el capitalismo extractivista le asigna. En la imagen, Cristóbal (22), miembro de la
comunidad descansa después de una jornada de pesca. Foto: Alex Vidal Brecas

A fines del siglo XVIII la victoriosa ofensiva militar española permitió disolver la frontera y recolonizar el Futawillimapu, logrando la apertura del camino entre Chiloé y Valdivia. La “pacificación” implicó el Parlamento y Tratado de las Canoas de 1793, donde los huilliches se subordinaron a la corona pero mantuvieron autonomía política. También cedieron territorios aunque conservaron la mayoría, incluyendo los territorios del río Maullín y del lago Llanquihue.

Los territorios y autonomía de los pueblos del Futawillimapu serán expoliados durante el siglo XIX, con su integración al naciente Estado chileno, desconociendo lo acordado en 1793. Los huilliches tuvieron problemas para obtener o registrar títulos de comisario, de merced o de juez y actas de posesión que certificasen su ocupación ancestral. El Estado declaró “tierra de nadie” grandes extensiones territoriales que los huilliches poseían mediante un patrón de ocupación semi nómade. Muchos territorios fueron incorporados como tierra fiscal, mucha de la cual se repartió desde mediados de siglo a colonos europeos, en un extenso “territorio de colonización” que incluía la cuenca del lago Llanquihue y el río Maullín.

Durante excavaciones miembros de la comunidad encontraron restos de alfarería, puntas
de flechas y artefactos líticos utilizados por antepasados que habitaron el lugar. Foto: Alex Vidal Brecas

La colonización implicó un paulatino despojo, compra-venta, apropiación, especulación y concentración de tierras, así como de certificación, radicación y reducción de territorios y comunidades huilliches. También implicó la quema de gigantescas extensiones de selva fría y el incremento en la explotación de milenarios bosques de alerce, cuyas tablas de fina madera se exportaban desde la Colonia.

En el siglo XX la pérdida territorial recluyó a los huilliches del Futawillimapu en pocas tierras reconocidas como indígenas, que defendieron ante el avance del latifundio y las forestales. Organizados en Juntas de Caciques y mediante Memoriales reclamaron territorio y autonomía. Recuperaron tierras y fueron desalojados, a veces con extrema violencia como en la matanza de Forrahue en 1912. Desterritorialización parcial, inquilinaje, migración urbana, proletarización y cambios identitarios son elementos de la incorporación subordinada de los pueblos huilliches a Chile. Es con el colonialismo interno cuando la estela de pueblos juncos y huilliches parece disolverse en las aguas del Maullín. Pero el Censo del 2017 indica que casi el 30% de la población de la comuna de Llanquihue señala pertenecer al pueblo mapuche, en Puerto Varas el 18%, en Los Muermos el 16%, en Puerto Montt el 21%, en Maullín el 21%. Todas son comunas (municipios) por donde pasa el río Maullín.

El río Maullín

El río Maullín (“cascada de lluvia” en lengua nativa) nace como desagüe natural del lago Llanquihue en la zona urbanizada de la comuna del mismo nombre. El lento y sinuoso fluir de sus aguas recorre con calma a través de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt y Los Muermos, para finalmente desembocar como un gigantesco estuario al Océano Pacífico en una zona rural de la comuna de Maullín. Son más de setenta kilómetros de variados paisajes de humedal, con bosques semi sumergidos, hualves, pantanos, turberas, totorales y marismas, con un salto de agua, pequeños rápidos y muchos remansos, que configuran ecosistemas de gran complejidad y biodiversidad. Viven aquí especies nativas, endémicas y migratorias: peces y anfibios, más de ciento cincuenta especies de aves silvestres, mamíferos como la nutria de río huillín, los felinos güiña y puma, el marsupial monito del monte y el ciervo pudú. Especies amenazadas o en peligro de extinción aquí encuentran un corredor biológico hídrico natural en el cual desarrollarse.

La pesca artesanal de subsistencia constituye una de las actividades económicas de esta
comunidad. Foto: Alex Vidal Brecas

En el siglo XX el río Maullín sirvió como medio de transporte, lugar de pesca y recolección, soporte agrícola, ganadero e industrial, y últimamente como atractivo turístico. El habitar junto al río ha generado una identidad ribereña local que, en el último lustro, se volvió regional cuando el río enfrentó la amenaza de una central hidroeléctrica proyectada en sus aguas. Desde el nacimiento hasta la desembocadura, comunidades y organizaciones se han movilizado para defender y proteger su río. Hoy los ribereños valoran la ecología y el patrimonio del río, también los usos sustentables del mismo, para crear estrategias de conservación del río y su cuenca. 

En el año 2002 cerca de setenta y cinco mil hectáreas del impresionante paisaje fluvial fueron declaradas Sitio Prioritario de Conservación para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En el 2016 más de mil trescientas hectáreas de sus humedales fueron incorporadas a la Red Hemisférica de Aves Playeras, como sitio protegido a nivel mundial dada su relevancia para aves migratorias. Finalmente en el 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad declaró la creación del Santuario de la Naturaleza del Río Maullín, que comprende más de ocho mil hectáreas de sus humedales. Estas figuras de conservación territorial relevan el valor y dan protección legal a los ecosistemas del río.

En el interior de la ruka se puede apreciar un makuñ (manta) y la wenufoye (bandera). Foto: Alex Vidal Brecas

Expansión inmobiliaria sobre el río

La salud ecosistémica y biodiversidad del río tiene hoy un inesperado y paradojal correlato: el Maullín y sus riberas forman un atractivo paisaje natural que se mercantiliza en la explosiva especulación inmobiliaria que experimenta toda la región. El negocio de bienes raíces tiene en las “parcelas de agrado” una oferta que se valoriza cada día: “Bosques del Maullín”, “Ríos del Chucao”, “Condominio Bosque Río”, entre otros, son parcelaciones cuya publicidad resalta la prístina naturaleza circundante, la exclusividad del lugar y la alta plusvalía del inmueble.

Esto se realiza en base al Decreto Ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos, es decir que se encuentran fuera del límite urbano y tienen una aptitud agrícola, ganadera y forestal o se componen de bosque nativo. El decreto prohíbe cambiar el uso rural de los predios subdivididos, sin embargo en la práctica avanza la urbanización irregular de extensos territorios rurales en todo el país y la región, con nocivos efectos socioambientales descritos por urbanistas y ecólogos. Si antes el extractivismo regional tuvo como objeto a esclavos y alerces, hoy el extractivismo inmobiliario es un negocio particular que implica la destrucción de suelos, ecosistemas, paisajes, bienes comunes y formas de vida.

Las rukas (vivienda huilliche) donde habita la comunidad leviñanco ta leufu, fueron
construidas de forma cónica y base circular como las antiguas vivendas huilliche. Foto: Alex Vidal Brecas

El conflicto que aquí exponemos se inscribe en este proceso y se remonta a enero de 2019, cuando un proyecto inmobiliario se instaló en el predio de 50 hectáreas que el Lof Leviñanco reclama. Mediante un vídeo publicado en redes sociales, el werken Navarro denunció que estaban

“siendo amedrentados por unos latifundistas que llegaron de Santiago, ricos que han estado trabajando en temas de construcción de viviendas, que dicen que ahora otro ladrón de tierras les vendió nuestra tierra a ellos y que por eso ellos nos quieren desalojar […] nos ha amenazado de muerte sino salimos de este territorio. Si no le entregamos el río y la ribera del mismo […]

Vista del río Maullín que nace en la ciudad de Llanquihue al sur de Chile, recorre 85
kilómetros antes de desembocar en el océano Pacifico. Foto: Alex Vidal Brecas

Ante esa amenaza, nosotros decimos a este latifundista que puede irse donde quiera con su cagá de plata y con su cagá de amenazas. Nosotros no vamos a abandonar nuestra cultura, no vamos a abandonar nuestra espiritualidad […] Estas tierras son huilliches, y nuestra visión y nuestra tarea y nuestro trabajo y nuestra vida, se va a ir en mantener nuestra cultura y mantener nuestra espiritualidad, cueste lo que cueste”.

Toma de dron por la zona

Finalmente aquel proyecto no se realizó, pero el predio rural fue comprado en octubre de 2019 por la empresa de giro inmobiliario “Alto Maullín SpA”, para desarrollar el proyecto de parcelaciones “Alto Maullín Parque Natural Residencial”. Constituida en mayo de 2019, su gerente general y representante legal es Rolando Winkler Fuchslocher, sus accionistas a partes iguales son Inversiones Alma Sur SpA y Chacra 40 SpA, respectivamente representadas por Germán Egon Strauch y Rolando Winkler Fuchslocher.

Toma de dron por la zona

Rolando Winkler también es socio en Inmobiliaria e Inversiones Winkler & Nasler Limitada, también denominada Inmobiliaria Alto Los Colonos, que desarrolla el condominio del mismo nombre en la comuna de Frutillar, bajo el lema “Olvida el concepto de ‘nueva normalidad’, ven a construir tu propia realidad”. Son más de cien parcelas en venta, por un precio de noventa millones de pesos cada una. Tanto en la parcelación de Frutillar como en la de Llanquihue, Winkler trabaja junto a la empresa Südwind Gestión Inmobiliaria, corredora de propiedades cuyo representante es Walter Arnold Mueller. Las faenas de maquinaria en la parcelación Alto Maullín son hechas por la Constructora Stange Hermanos Limitada. Por otra parte Rolando Winkler es representante de Franquicias Gastronómicas PIM’S, dueña del Restaurant PIM’S en Puerto Varas.

Toma de dron por la zona

El desarrollo inmobiliario “Parque Natural Residencial” de Alto Maullín SpA, en las afueras de Llanquihue, consiste en la subdivisión y urbanización del predio rural. Son ochenta y siete parcelas que tienen desde quinientos metros cuadrados, puestas a la venta a un precio aproximado de ochenta y tres millones de pesos cada una. Se construye también infraestructura de caminos de doce metros de ancho, agua y electrificación subterránea, sistema de agua de pozo profundo, áreas comunes con plazas, jardines y miradores, ciclovía, entrada vigilada por guardia y portón automático. Su publicidad oferta “un estilo de vida natural” desarrollando “un concepto que se adapte totalmente a la naturaleza y futuro de nuestras familias”, acompañando el eslogan con fotografías de paisaje con ríos, bosques y montañas. Sin embargo el desarrollo del proyecto ha estado marcado por el conflicto socioambiental, la violencia hacia la familia Leviñanco y la destrucción del río Maullín.

Toma de dron por la zona

Violencia y destrucción en la ribera

Según archivos judiciales y testimonios recopilados, la disputa entre la inmobiliaria Alto Maullín SpA y el Lof Leviñanco Ta Leufu comenzó el 31 de julio de 2020, al iniciar la empresa los trabajos topográficos para realizar un camino al río desde lo alto del cerro hasta la ribera. Según relata Luis Navarro, Rolando Winkler y otra persona llegaron sin previo aviso y sin mascarilla hasta la ruca del lof Leviñanco, fotografiando a escondidas a su esposa, hijo e hija menor de edad. Cuando los encararon, señala el werken, recibieron burlas y amenazas. Por su parte, Winkler relata que él bajó al lugar, pero al constatar tala de árboles y una ruka volvió a la cima del cerro, donde dice que Navarro le amenazó y dio un puñetazo. Ambos acudieron a la subcomisaría de Llanquihue a presentar las respectivas denuncias.

Toma de dron por la zona

Desde entonces y en el transcurso de los meses, se sucedieron una serie de escaramuzas. Navarro señala que “a medida que pasaron los meses, la gravedad de los avances de la inmobiliaria se fue incrementando”. Entonces junto a su familia comenzaron a difundir vídeos en redes sociales, denunciando los hechos y mostrando el avance de las máquinas sobre el bosque en la ladera del río. Por su parte, Winkler y sus trabajadores hicieron denuncias por amenazas de Navarro si iniciaban las obras, incluyendo una denuncia por retiro de los estacones que servían de guía para la apertura de caminos.

El 4 de agosto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la inmobiliaria presentó un recurso de protección a favor del representante de la empresa y sus trabajadores en contra de Luis Navarro (1645-2020). El 6 de agosto Navarro se comunicó con la oficina regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para requerir su intervención en el caso. Navarro acusó ser vulnerado en sus derechos, sufriendo junto a su familia del amedrentamiento de particulares a causa de su lucha por proteger su tierra ancestral. Argumentó que es un lugar de prácticas culturales mapuche, con patrimonio histórico y biodiversidad, que resultaría dañado por las obras proyectadas para abrir un camino y un embarcadero. El 31 de agosto el director regional de la Corporación derivó tal requerimiento al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando apoyo y asesoría para la comunidad Leviñanco. También escribió al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales solicitando asesoría para proteger el patrimonio histórico de esta comunidad huilliche. No hubo respuesta efectiva de parte de estos organismos del Estado.

Toma de dron por la zona

El 16 de septiembre el tribunal de Puerto Montt dictó sentencia en el recurso de protección presentado por la inmobiliaria, resolviendo que Navarro debía abstenerse de acercarse a Winkler y sus cuidadores, como también abstenerse de realizar en redes sociales publicaciones que afectasen su imagen y honra. Pero el tribunal no ordenó el desalojo, pues esta no era una causa sobre las tierras. Ese día las retroexcavadoras de la Constructora Stange Hermanos comenzaron a abrir el camino al río. Sin contar con los permisos ambientales necesarios para tal obra de urbanización en un Sitio Prioritario de Conservación. Según una denuncia del cuidador del fundo y del operario de retroexcavadora, Navarro se interpuso delante de la maquinaria, “manifestando que no se iba a dejar que trabajara la máquina hasta que esté resuelto por tribunales ya que él estaba en su sector que le corresponde y que son tierras patrimoniales” y “ancestrales”.

El 19 de septiembre Luis Navarro denunció faenas no autorizadas de retroexcavadora en su predio, mencionando la existencia de un litigio en tribunal civil con su vecino y posibles amenazas hacia su familia. Un mes después, en un correo electrónico dirigido al general de Carabineros de la Décima Zona y a la Subcomisaría de Llanquihue, Luis Navarro señalaba:

“me permito informar que el día de hoy 18 de noviembre del 2020 siendo las 11:15 horas, se ha llamado en reiteradas oportunidades de distintos teléfonos de la subcomisaría de Llanquihue, quienes no han respondido al llamado de los habitantes de la comunidad Leviñanco ta leufu, ubicada en la ladera del río Maullín, ante la emergencia ocurrida debido a que en el alto del cerro se encuentra una máquina, tipo excavadora, arrojando rocas de gran magnitud desde gran altura en dirección a las rukas y casas de la comunidad, produciéndose un riesgo inminente de que estas rocas caigan no solo en las viviendas, sino que golpeen a las personas, adultos y niños que habitan el lugar; se requiere presencia policial a fin de evitar heridos en el lugar, por lo que solicito su intervención”. En un correo posterior agrega: “es imperativo informar que el conductor de la retroexcavadora atacó con la máquina al cona [valiente, mocetón] de la comunidad, tratando de aplastarlo. Solicito su intervención para encomendar personal policial en el lugar.”

Toma de dron por la zona

Mientras se denunciaba ante Carabineros y Policía de Investigaciones, en la ladera del río aumentaba la intensidad de las faenas, con retroexcavadoras removiendo bosque nativo y grandes volúmenes de tierra. La Fiscalía y el Juzgado de Garantía de Puerto Varas desestimaban investigar reiteradas denuncias por destrucción ambiental y agresión a la comunidad (3353-2020, 3562-2020 y 346-2021). A principios de diciembre las retroexcavadoras “comenzaron a abrir caminos hacia el interior del bosque, en la parte superior de la colina, generando un socavón que se encuentra inmediatamente cerro arriba de donde se encuentra nuestro hogar y asentamiento”, exponía Luis Navarro en un recurso de amparo patrocinado por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 18 de diciembre de 2020 (345-2020, reingresado como Recurso de Protección 1950-2020). En el relato acompañando de imágenes, se explica el peligro y terror sufrido por la comunidad:

“A medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tamaño cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar. Si bien resultará evidente de las fotografías, me gustaría recalcar que cada una de estas piedras, debido a su tamaño, peso y además, la trayectoria e inclinación desde la cual se lanzan a gran velocidad, implican una amenaza real, objetiva y concreta, a la vida y seguridad de toda mi comunidad” […] “El pasado sábado 12 de diciembre, día en que cayeron gran cantidad de piedras en las cercanías de mi ruca, aproximadamente a las 22 horas […]”

Toma de dron por la zona

“El día lunes 14 de diciembre, según consignamos por un video que haremos llegar a SSI, tuvimos que evacuar con urgencia por vía acuática, llevándonos a nuestros perros, debido al terror de las piedras, tierra y troncos de árboles nativos que comenzaron a caer a nuestro alrededor, con inmenso estruendo, debido a nuevos avances de retroexcavadoras. En el minuto que comenzaron a caer las piedras, mi hija menor (de 9 años) y mi señora, se encontraban trabajando en el invernadero, que fue impactado por una piedra, sin causarles lesiones, pero sí inmenso terror”.

En la sede vecinal de Llanquihue, junto a su familia, el 22 de diciembre el werken explicaba: “tuvimos que desalojar, es inhabitable, el hombre sepultará las rukas”. Ante la violencia de los hechos e inacción de las instituciones del Estado, la familia difundió nuevos videos en redes sociales y el caso se volvió viral a mediados de diciembre. El werken Navarro explica el tono y las palabras usadas en sus grabaciones: “usamos la lengua como arma de lucha, estamos defendiendo la tierra de las retroexcavadoras que Winkler manda. Por eso mi actitud en los videos, necesitamos ubicar a Llanquihue en el mapa”.

Toma de dron por la zona

Aunque la viralización en redes sociales visibilizó la violencia contra la comunidad huilliche y la destrucción del río Maullín, en opinión de la comunidad el actuar de las distintas autoridades y organismos estatales ha sido negligente. Además la inmobiliaria ha presentado el caso como un conflicto de usurpación a un privado que le impide el dominio de su propiedad y ejercer su libertad de empresa, pero de acuerdo a la opinión de la comunidad huilliche, se trata de un problema de racismo, colonialismo y ecocidio que es histórico y estructural. “El newen (vitalidad, fuerza) del río está tocado con esta intervención” señalan desde el lof Leviñanco Ta Leufu. La ribera del río es la frontera de vida donde hoy el extractivismo abre sus caminos de muerte.

Toma de dron por la zona

Una denuncia ciudadana por elusión ambiental, vulneración a Sitio Prioritario y daño ambiental logró que a mediados de febrero el Tribunal Ambiental ordenara la paralización de las obras por 15 días hábiles, pero ¿qué pasará después? En la segunda entrega ahondaremos en los problemas estructurales, así como en los procesos judiciales, el grave daño ambiental y las repercusiones sociales actuales que está teniendo este conflicto territorial y socioambiental.


Fuentes consultadas

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Universidad de Chile, 2006, Elaboración de una primera linea biológica y social y talleres de discusión inicial con comunidades locáles y servicios públicos para el sitio priorizado “Maullín” en la Estrategia Regional de Conservación de Biodiversidad, Vicerectoría de Investigación y Desarrollo, CONAMA, Chile.

Urbina, María Ximena, 2009, La frontera de arriba en Chile colonial. Interacción hispano-indígena en el territorio entre Valdivia y Chiloé e imaginario de sus bordes geográficos, 1600-1800, Centro de Investigaciones Diego Barrros Arana, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Venegas Giacomozzi, Víctor Hugo, 2019, “Peritaje Antropológico 07/08/2019”, Osorno.

Vergara, Jorge, “La ocupación de las tierras Huilliche y la violencia sobre el indígena (1880-1930). Una investigación preliminar”, en Nütram, Año VII, no 26. 29-47.

Vergara, Jorge, 2005, La herencia colonial del Leviatán. El Estado y los mapuche-huilliches (1750-1881), Tesis de doctorado en sociología, Universidad Libre de Berlín.

Zerán, María Pía, 2019, “Transformaciones socio-territoriales en la interfase periurbana de Puerto Varas. Desarrollo privado y planificación en el áera periurbana”, Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo XI, Barcelona, Santiago.

Causas judiciales

Juzgado de Garantía de Puerto Varas: 3220-2020, 3353-2020, 3562-2020, 3694-2020, 346-2021

Corte de Apelaciones de Puerto Montt: 1645-2020,  345-2020, 1950-2020, 8-2021

Para la humanidad “los derechos de la madre tierra” suponen ponerse “encima de ella”: Óscar Olivera, defensor ambiental

16 diciembre, 2020 Eric Sandoval

Medio ambiente | Zona de notas

“¿Quién le puede dar derechos a una Madre Tierra si nosotros somos sus hijos?”: Óscar Olivera, defensor ambiental.

Óscar Olivera Foronda, activista y miembro de la Fundación Abril y Red Vida en Bolivia invita a reflexionar sobre cómo son percibidos los llamados “derechos de la naturaleza”, y cómo es que nosotros y nosotras como habitantes de la tierra los empleamos. 

Por Eric Sandoval / @eric20san

“Cuando se habla de derechos a la madre tierra, me pone a reflexionar si nosotros como raza humana estamos permitidos darle derechos a la madre tierra, cuando ella es la que nos da permanente vida, ¿quién le puede dar derechos a una madre tierra si nosotros somos sus hijos?”, relató Óscar Olivera, quien fue parte de la lucha por la desprivatización del agua en Cochabamba, Bolivia en el año 2000 y sigue estando en resistencia bajo la consigna: “el pueblo puede vencer a los más poderosos”.

A pesar de que los gobiernos se esfuerzan por dotar de derechos a la Madre Tierra, a través de leyes y otros instrumentos reguladores, esto representa también un acto de perspectiva occidental del derecho, dijo Olivera Foronda, en el marco de la “Jornada de Celebración y Acción: Por Ríos Libres de Represas, Tóxicos y Extractivismo”, un evento organizado por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Movimiento Mexicano de Afectadxs por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y Colectivo de Abogadxs.

“Quien tiene derechos, tiene obligaciones, ¿qué obligación tiene la madre tierra con nosotros?, ninguna”, afirmó el defensor. Cuidarla, apreciarla, agradecer y mimarla como una madre, invitó Óscar, ya que en ella construimos nuestros hogares, escuelas, centros recreativos, además de que nos ofrece alimentos que se forman dentro de ella.

“Los derechos de la madre suponen ponerme encima de mi mamá”, mencionó Óscar.

En ese sentido, el activista también mencionó que la privatización significa la destrucción de nuestra memoria e historia, lo que es el factor más importante para que las nuevas generaciones puedan continuar con la lucha. Así mismo, Olivera Foronda mencionó la importancia de cuestionar el derecho humano al agua, ya que con ese precedente, se excluye el derecho que tienen todos los seres vivos al agua e, incluso, a la misma Madre Tierra.

“La llegada de la cotización del agua en la bolsa de valores de Wall Street representa una visión capitalista y mercantilista de algo que debe ser un bien común”, dijo Óscar.

Finalmente, mencionó que hacer justicia mediante vías legales y legítimas siempre será un gran paso, pero la solución siempre debe nacer en la movilización del pueblo ante una institucionalidad nefasta y contraria.

Eric Sandoval Más tapatío que la torta ahogada. Serio y comprometido con las distintas luchas sociales y con su labor periodística. Cubre conflictos ambientales, movimientos urbanos y personas desaparecidas. Ganador del Premio Jalisco de Periodismo 2019.

Should Rivers Have Same Legal Rights As Humans? A Growing Number Of Voices Say Yes

August 3, 2019

Ashley

Ashley Westerman Twitter

Bangladeshi commuters use boats to cross the Buriganga River in the capital Dhaka in 2018. In July, Bangladesh’s top court granted all the country’s rivers the same legal rights as humans. Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images

In early July, Bangladesh became the first country to grant all of its rivers the same legal status as humans. From now on, its rivers will be treated as living entities in a court of law. The landmark ruling by the Bangladeshi Supreme Court is meant to protect the world’s largest delta from further degradation from pollution, illegal dredging and human intrusion.

«In Bangladesh, the river is considered as our mother,» says Mohammad Abdul Matin, general secretary of Bangladesh Poribesh Andolon, a Dhaka-based environmental group. As Bangladesh sits where three major rivers converge and empty into the Bay of Bengal, nearly 100% of its land is delta land, he tells NPR.

Following the ruling, anyone accused of harming the rivers can be taken to court by the new, government-appointed National River Conservation Commission. They may be tried and delivered a verdict as if they had harmed their own mother, Matin says.

«The river is now considered by law, by code, a living entity, so you’ll have to face the consequence by law if you do anything that kills the river,» Matin says.

What is environmental personhood?

The river is now considered by law, by code, a living entity, so you’ll have to face the consequence by law if you do anything that kills the river.

Mohammad Abdul Matin, general secretary of Bangladesh Poribesh Andolon

Bangladesh follows a handful of countries that have subscribed to an idea known as environmental personhood. It was first highlighted in essays by University of Southern California law professor Christopher D. Stone, collected into a 1974 book titled Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. Stone argued that if an environmental entity is given «legal personality,» it cannot be owned and has the right to appear in court.

Traditionally, nature has been subject to a Western-conceived legal regime of property-based ownership, says Monti Aguirre with the environmental group International Rivers.

«That means … an owner has the right to modify their features, their natural features, or to destroy them all at will,» Aguirre says.

The idea of environmental personhood turns that paradigm on its head by recognizing that nature has rights and that those rights should be enforced by a court of law. It’s a philosophical idea, says Aguirre, with indigenous communities leading the charge.

«Many indigenous communities recognize nature as a subject with personhood deserving of protection and respect, rather than looking at it as a merchandise or commodity over which are property rights should be exercised,» she says.

And the movement is growing, she says, though with variations.

The Two-Way

A New Zealand River Now Has The Legal Rights Of A Human

In 2008, Ecuador became the first country to enshrine the legal rights of nature in its constitution. Bolivia passed a similar law in 2011. Meanwhile, New Zealand in 2017 became the first country to grant a specific river legal rights, followed by the Indian state of Uttarakhand. This year, the city of Toledo, Ohio, passed what is known as the Lake Erie Bill of Rights to protect its shores, making it one of several U.S. communities to have passed legislation recognizing the rights of nature.

Yet, the idea of what these laws hope to accomplish is where the similarities stop, as their legal bases and the range of socio-environmental and economic problems they’re meant to solve vary from country to country. Many of the laws have also been met with resistance from industry, farmers and river communities, who argue that giving nature personhood infringes on their rights and livelihoods.

A disjointed movement

This inconsistent patchwork of approaches has inevitably led to difficulties in enforcement, says Erin O’Donnell, an academic fellow at the University of Melbourne Law School in Australia.

«It becomes everybody’s responsibility and then, possibly, nobody’s responsibility,» she tells NPR. «So thequestion of enforcement then becomes who actually has the funding, usually, to run a lawsuit. Lawsuits are very expensive.»

In a 2018 study co-authored with Julia Talbot-Jones, O’Donnell shows that the onus of enforcement will fall on whoever is deemed the guardian of the waterway. And that can be anyone from a court-appointed body to the government itself — which may have chosen not to participate in environmentally friendly practices in the past — to nongovernmental organizations.

In Ecuador, says O’Donnell, the Global Alliance for Rights of Nature and others sued a construction company trying to build a road across the Vilcabamba River and initially won in court.

But when the construction company didn’t comply with the court’s ruling, «the NGO could not afford to run a second case,» says O’Donnell.

What’s more, the trans-boundary nature of rivers makes enforcement inherently difficult. This issue has come up in India, where the high court in Uttarakhand state in 2017 recognized the Ganges and Yamuna rivers as legal persons because of their «sacred and revered» status. The court named the state government as their guardians.

Soon after, the state government appealed to the Indian Supreme Court, arguing «that their responsibilities as guardians of the rivers were unclear because the rivers extended well beyond the border of Uttarakhand,» says O’Donnell. https://www.youtube.com/embed/DOgwpn3O_SI?rel=0

New Zealand media announces the settlement of the country’s longest-running case, in which the government recognizes the Te Awa Tupua, a river on the North Island, as an ancestor of the local Maori tribes, the Whanganui. Te Karere TVNZ YouTube

«So they felt they had a jurisdictional problem, and secondly, because of the way the court constructed legal personality in that case, they were extremely concerned that as guardians, they would be held responsible for the actions of the river,» O’Donnell says.

Trans-boundary issues are also a concern for the newly-minted Bangladesh law, as nature activists in Dhaka tell NPR that they know they can’t force neighboring countries, such as India, to comply with the new law.

There is, however, one place where legal rights were given to a river with buy-in from both the government and its people, O’Donnell says: New Zealand.

A spectrum of results

When New Zealand granted the Te Awa Tupua, a river on the North Island, the same legal status as a person, the government did so by recognizing it as an ancestor of the local Maori tribes, the Whanganui.

National

Ohio Grassroots Group Wants A Great Lake To Have Its Own Bill Of Rights

The Whanganui «have a famous saying which says in English, ‘The river flows from the mountain to the sea. I am the river. The river is me,’ » says Chris Finlayson, a former New Zealand attorney general who was in charge of negotiating with indigenous groups from 2008 to 2017.

As the law appoints two guardians to act on behalf of the river — one from the New Zealand government, the other from the Whanganui iwi, or Maori group — it is unique in that it legally binds the river to the tribe, Finlayson says.

In other words, harming the river is tantamount to harming the tribe itself. And while no lawsuits have been filed on behalf of the river since the legislation was passed, Finlayson says he can already see behavioral changes taking place. A local district council, for example, reached out to consult the river guardians ahead of introducing plans to build a bike path that would stretch over the river.

Finlayson says the most difficult part in passing the legislation was getting New Zealand’s European-descendant majority «to see the world through Maori eyes.»

«Maori make up 15% of the population,» Finlayson says. «And so the presence of the various stakeholders who have legitimate interests in the [Whanganui] river need to also be recognized.»

The struggle to achieve this paradigm shift is also taking place on the shores of Lake Erie, in Toledo, Ohio. Earlier this year, the city passed an ordinance that would allow the its citizens to sue on behalf of the lake, arguing that it had gotten so polluted, there was no choice.

The ordinance’s constitutionality was immediately challenged by a farm in a federal lawsuit. The farm argued the ordinance made it vulnerable «to massive liability» when it fertilizes its fields «because it can never guarantee that all runoff will be prevented from entering the Lake Erie watershed.» Then the state of Ohio joined that lawsuit, arguing it — not the citizens of Toledo — has the «legal responsibility» for environmental regulatory programs.

«What’s interesting is the state of Ohio intervening on behalf of the polluter, not on behalf of the people who passed the law,» says Tish O’Dell, the Ohio community organizer for the Community Environmental Legal Defense Fund.

The lawsuit is ongoing, though O’Dell predicts the ordinance will ultimately be overturned.

«But what I would say to people is it doesn’t matter what happens in the courts in Toledo with this case, because the genie has been let out of the bottle. And as hard as they want to try to put it back in, the people shouldn’t let them,» O’Dell says. «I mean, we have to change our environmental protection in this country and across the world, because obviously what we’re doing isn’t working.»

https://www.npr.org/2019/08/03/740604142/should-rivers-have-same-legal-rights-as-humans-a-growing-number-of-voices-say-ye

EXISTE UN PATRÓN DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN AMÉRICA LATINA”

Soniamara Maranho, de la Coordinación Nacional del Movimento dos Atingidos Por Barragens (MAB) volvió recientemente de Cuba, donde se realizó un encuentro del Movimiento de Afectados por Represas en América […]

Foto: Matheus Alves/ FAMA

Publicado 14/05/2018

Soniamara Maranho, de la Coordinación Nacional del Movimento dos Atingidos Por Barragens (MAB) volvió recientemente de Cuba, donde se realizó un encuentro del Movimiento de Afectados por Represas en América Latina (MAR). En esta entrevista, analiza la coyuntura latinoamericana y los desafíos de la construcción de la organización continental de los afectados por represas.

Recientemente el MAB estuvo en Cuba contribuyendo en una nueva instancia de construcción del Movimiento de Afectados por Represas en América Latina (MAR). ¿Cuál es la lectura del MAR sobre la coyuntura actual?

Estamos viviendo una coyuntura internacional de reorganización del sistema capitalista e imperialista. Y para que ese sistema se reorganice, éste precisa invertir principalmente en la cuestión financiera, con especulación de los bancos, de los accionistas y rentistas, de las bolsas de valores y paraísos fiscales. Estos actores precisan apropiarse de los recursos naturales de una base de alto lucro, desvalorizar el Estado y explotar todavía más la fuerza de trabajo de los trabajadores en todo el mundo. Hoy se están retirando derechos históricamente conquistados por esos trabajadores. Además, con el avance de la tecnología y la comunicación, la reproducción del valor para el capital se da de forma mucho más rápida, eficiente, y explotadora, y el agua y la energía son dos de los recursos más importantes para este desarrollo del capital.

Si miramos principalmente hacia Brasil y América Latina, es evidente que continuamos teniendo un escenario extraordinario de riquezas y bienes naturales, pero sin embargo con Estados vulnerables al servicio del gran capital. Varios de esos gobiernos surgieron después de los golpes que fueron orquestados por ese mismo capital, y esto los colocó en una posición mucho más beneficiosa para atacar lo más valioso: nuestra soberanía, democracia y derechos. Vivimos varios golpes en América Latina, que se dieron de diferentes formas, como en Honduras (dos veces), antes de las elecciones y en las propias elecciones con la burla del sentir popular, en Paraguay, Argentina y Brasil, entre otros. Hoy la guerra contra América Latina está declarada y acontece a través de diferentes mecanismos. Ya no es solamente armas e intervención militar. Es una guerra mediática, judicial y legislativa.

¿Y cómo se expresa esto en la disputa por los recursos en América Latina?

Vayamos al caso del agua. Sólo 2% del agua del mundo es potable. Y de esa agua potable disponible, solamente medio por ciento es accesible porque el resto es hielo, por lo tanto, 30% de esa agua a la que tenemos acceso está en América Latina y 12% en Brasil. Entonces, no por acaso ellos hicieron el Foro Mundial del Agua aquí en Brasilia. Fue para hacer presión para que empresarios y especuladores decidan el destino de nuestras aguas. El caso del petróleo también es bien claro. Si juntamos Venezuela y Brasil tenemos más de 700 billones de barriles de petróleo, eso da una Arabia Saudita. Y encima en el caso de Brasil tenemos el pré-sal –la mayor reserva de petróleo de nuestra historia- que está siendo entregada al gran capital por el golpista Temer. Respecto al potencial hídrico de América Latina, estamos con Brasil en primer lugar después Perú, Colombia, Argentina y Venezuela. Entonces, la guerra contra nuestros países tiene el simple objetivo de apropiarse de nuestras riquezas. Toda esa disputa está colocada hoy en los territorios, y es allí donde están la mayoría de los afectados. Por eso es que tomamos la decisión de organizar en todos los países movimientos nacionales con articulación internacional. En este sentido, en cuanto MAR vemos que existe en América Latina un cambio en las leyes que hasta el momento garantizaban algunos derechos a los afectados por represas, principalmente comunidades negras, indígenas, sitios arqueológicos, locales de turismo entre otros. No estamos en un momento de construcción de muchas represas, los capitalistas ahora están intentando cambiar esas leyes que hasta ahora colocaban algunos obstáculos para la construcción. En el próximo período es muy importante que el MAR esté bien organizado, porque vamos a sufrir una ofensiva mucho más agresiva del capital para apropiarse del agua, la energía y nuestros bienes naturales. Por eso, organizar a las poblaciones afectadas significa hoy garantizar la soberanía, la democracia y los derechos históricamente conquistados en nuestros países. Esas tres pautas, del Frente Brasil Popular aquí en Brasil, son también de carácter latinoamericano.

En la última semana fueron asesinados 4 militantes en Colombia a causa de la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango, la mayor del país…

Sí. Colombia es uno de los países que hoy está en un proceso de construcción de algunas hidroeléctricas. En el inicio del mes tuvimos el asesinato de nuestro compañero del Movimiento Ríos Vivos Hugo, que estaba pescando acompañado de su sobrino. Son mineros artesanales y pescadores afectados, con una fuerte relación con la comunidad y estaban organizando movilizaciones para exigir sus derechos. El pasado día 8, Alberto Torres también de Ríos Vivos, estaba tomando un café con el hermano y los dos fueron asesinados. Entonces, en menos de ocho días, cuatro personas fueron asesinadas en un país que no tiene una política nacional que garantice los derechos de los afectados por represas, que inclusive pierden su propia vida. Por eso, frente a este momento, pedimos protección para los militantes de Ríos Vivos, y estamos denunciando lo que está ocurriendo, exigiendo también que el Estado continúe buscando los cuerpos de los desaparecidos del conflicto armado en la región. Cuando no se tiene un Estado comprometido y leyes que discutan la importancia de los derechos de los afectados, y cuando no se respeta a los movimientos que colocan esa pauta, acaban ocurriendo cosas como ésta. Existe un patrón de violación de los derechos humanos en las construcciones de proyectos hidroeléctricos tanto en Brasil como en el toda América Latina.

¿Cuáles son los principales desafíos?

Nuestros principales desafíos están relacionados al fortalecimiento del MAR, de nuestros movimientos nacionales de afectados por represas y nuestra articulación política, debatiendo un proyecto energético popular para nuestros países. Esa construcción requiere pensar una alternativa al sistema capitalista, un proceso de redistribución de la riqueza producida por los trabajadores y trabajadoras, de re estatización de todo lo que era público y ya fue privatizado en los últimos años, y para eso al mismo tiempo es necesaria la construcción de una unidad muy fuerte e internacional, basada en la soberanía y autonomía popular.

Actualmente, como MAR estamos construyendo encuentros en todos nuestros países (14) encuentros estaduales, y hasta mayo del año que viene encuentros nacionales. En el final de 2019, en el marco de los tres años de formación del movimiento (que fue lanzado en Chapecó el 26 de setiembre de 2016) vamos a realizar un encuentro continental de los afectados por represas, debatiendo el nuevo proyecto energético popular y la construcción de una nueva sociedad. El desafío es llegar a 2020 con un gran encuentro internacional de afectados por represas y sus aliados estratégicos como trabajadores de los sectores de la energía y el agua que ayudan a construir la riqueza de nuestra América Latina y del mundo.

Temacapulín: postales de un pueblo que dijo NO

Texto: Jade Ramírez Cuevas Villanueva

Foto de portada: Héctor Guerrero. Fotos de Perfíles: Marco Von Borsten

10 de diciembre de 2017

Temacapulín: postales de un pueblo que dijo NO

Texto: Jade Ramírez Cuevas Villanueva

Foto de portada: Héctor Guerrero. Fotos de Perfíles: Marco Von Borsten

10 de diciembre de 2017

Este pequeño pueblo milenario de los Altos de Jalisco ha detenido, durante 12 años, un megaproyecto que involucra al gobierno federal y a dos gobiernos estatales, a los industriales de León, a una compañía del magnate Carlos Slim y a una empresa española privilegiada contra por el gobierno mexicano.

TEMACAPULÍN, JALISCO.- En esta región el viento sopla recuerdos de dos masacres: la Guerra del Mixtón, de los chinamecas que resistieron a la conquista, y siglos después, la Guerra Cristera, en la que los pobladores se negaron a renunciar a sus creencias.

Aquí, en los Altos de Jalisco, inició hace 12 años la defensa de una pequeña comunidad de su tierra frente a la construcción de la presa El Zapotillo, un megaproyecto de la Comisión Nacional del Agua para llevar el agua de la cuenca del río Verde a la zona industrial del Bajío, en Guanajuato.

Al principio la obra tuvo un presupuesto de 8 mil millones de pesos, pero con el tiempo se ha triplicado el costo de instalarse en un lugar donde la comunidad dice: «Aquí NO».

Porque Temacapulín catapultó a su favor la trascendencia de sus seis siglos de historia desde que se formó como asentamiento, de sus hijos ausentes –trabajadores expulsados como mano de obra e Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos-, y ha desarrollado una de las más peculiares luchas mexicanas de finales del siglo XX.

A su cruzada se le han hermanado todas las resistencias contra la imposición y el despojo en México: La Parota, Paso de la Reina, Chicoasen, La Yesca, El Cajón, los Yaquis contra el Acueducto, Atenco llevó sus machetes más de una ocasión hasta Temaca, los padres de Ayotzinapa encontraron una tarde de octubre paz y serenidad en los campos sembrados de Temacapulín, las mazahuas defensoras del agua, Tenacatita en lucha contra la privatización de las playas de Jalisco, los defensores de los manglares en Nayarit, los afectados por las presas en Veracruz, más 110 delegados indígenas y nativos de luchas en todo el mundo contra las represas que se reunieron en octubre de 2010, en el Temacapulín plural y multidiverso que les sirvió un vaso de leche tibia, antes de ir a cancelar la obra de manera simbólica.

Este es un repaso visual de algunos personajes que le han inyectado rabia a la defensa del pueblo, sentenciado a desaparecer bajo las aguas de un lago artificial. Y que le han ganado todas las batallas al gobierno federal, a los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, a FCC, la empresa del capital español que adquirió el magnate Carlos Slim, y a Abengoa, la compañía trasnacional que vive de especular con proyectos de desarrollo y que ha sido beneficiada con más de 50 contratos en México.

Del Río Verde ellos comen, riegan sus tierras. Al río lo viven en sus fiestas. Por eso lo defienden.

Resistencias

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Regiones

  1. CLOETE, COAHUILA
  2. AMECAMECA, EDO MEX
  3. HOPELCHÉN, CAMPECHE
  4. CARRIZALILLO, GUERRERO
  5. SALAVERNA, ZACATECAS
  6. PRESIDIO DE LOS REYES, NAYARIT
  7. SIERRA TARAHUMARA,CHIHUAHUA
  8. XALAPA, VERACRUZ
  9. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
  10. TEMACAPULÍN, JALISCO
  11. CIUDAD DE MÉXICO
  12. PAHUATLÁN, PUEBLA
  13. MEZQUITIC, JALISCO
  14. SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO
  15. SAN CRISANTO, YUCATÁN

Temas

  1. RESISTENCIAS DE MUJERES
  2. RESISTENCIAS DESDE LA FE
  3. TERRITORIOS LIBRES
  4. RESISTENCIAS LEGALES
  5. RESISTENCIAS HISTÓRICAS
  6. RESISTENCIAS INFORMATIVAS
  7. RESISTENCIAS URBANAS
  8. RESISTENCIAS CONTRA GIGANTES
  9. RESISTENCIAS EN ZONAS DE SILENCIO
  10. RESISTENCIAS INDÍGENAS
  11. RESISTENCIAS ARTÍSTICAS
  12. RESISTENCIAS A POLÍTICAS CONSERVACIONISTAS

Temacapulín: postales de un pueblo que dijo NO

Texto: Jade Ramírez Cuevas Villanueva

Foto de portada: Héctor Guerrero. Fotos de Perfíles: Marco Von Borsten

10 de diciembre de 2017

Este pequeño pueblo milenario de los Altos de Jalisco ha detenido, durante 12 años, un megaproyecto que involucra al gobierno federal y a dos gobiernos estatales, a los industriales de León, a una compañía del magnate Carlos Slim y a una empresa española privilegiada contra por el gobierno mexicano.

TEMACAPULÍN, JALISCO.- En esta región el viento sopla recuerdos de dos masacres: la Guerra del Mixtón, de los chinamecas que resistieron a la conquista, y siglos después, la Guerra Cristera, en la que los pobladores se negaron a renunciar a sus creencias.

Aquí, en los Altos de Jalisco, inició hace 12 años la defensa de una pequeña comunidad de su tierra frente a la construcción de la presa El Zapotillo, un megaproyecto de la Comisión Nacional del Agua para llevar el agua de la cuenca del río Verde a la zona industrial del Bajío, en Guanajuato.

Al principio la obra tuvo un presupuesto de 8 mil millones de pesos, pero con el tiempo se ha triplicado el costo de instalarse en un lugar donde la comunidad dice: «Aquí NO».

Porque Temacapulín catapultó a su favor la trascendencia de sus seis siglos de historia desde que se formó como asentamiento, de sus hijos ausentes –trabajadores expulsados como mano de obra e Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos-, y ha desarrollado una de las más peculiares luchas mexicanas de finales del siglo XX.

A su cruzada se le han hermanado todas las resistencias contra la imposición y el despojo en México: La Parota, Paso de la Reina, Chicoasen, La Yesca, El Cajón, los Yaquis contra el Acueducto, Atenco llevó sus machetes más de una ocasión hasta Temaca, los padres de Ayotzinapa encontraron una tarde de octubre paz y serenidad en los campos sembrados de Temacapulín, las mazahuas defensoras del agua, Tenacatita en lucha contra la privatización de las playas de Jalisco, los defensores de los manglares en Nayarit, los afectados por las presas en Veracruz, más 110 delegados indígenas y nativos de luchas en todo el mundo contra las represas que se reunieron en octubre de 2010, en el Temacapulín plural y multidiverso que les sirvió un vaso de leche tibia, antes de ir a cancelar la obra de manera simbólica.

Este es un repaso visual de algunos personajes que le han inyectado rabia a la defensa del pueblo, sentenciado a desaparecer bajo las aguas de un lago artificial. Y que le han ganado todas las batallas al gobierno federal, a los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, a FCC, la empresa del capital español que adquirió el magnate Carlos Slim, y a Abengoa, la compañía trasnacional que vive de especular con proyectos de desarrollo y que ha sido beneficiada con más de 50 contratos en México.

Del Río Verde ellos comen, riegan sus tierras. Al río lo viven en sus fiestas. Por eso lo defienden.

Da click en las imagenes para consultar las postales

María Felix

Marichuy García

Las de la caseta

Las Álvarez

Guadalupe Íñiguez

Chabela, la bisabuela de la lucha

Gabriel Espinoza

Los abogados

Poncho Íñiguez

Lauro y los viejos

Esteban Jaúregui

Hijos ausentes

https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/temacapulin-postales-de-un-pueblo-que-dijo-no.php

¿Por qué la obsesión de Latinoamérica por las represas?

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La era de la construcción de grandes represas no ha llegado a su fin, pero el progreso tecnológico y las economías de escala ahora ofrecen a los gobiernos alternativas que hace 20 años no existían.

Durante abril de 2014, las lluvias fueron monumentales. Para principios de mayo, los operadores de la represa de 219 MW Cachoeira Caldeirão, que estaba construyéndose en el remoto estado de Amapá en Brasil, sabían que los niveles del río Araguari se encontraban peligrosamente altos. Si no se retiraba algo de agua de inmediato, la represa entera podría colapsarse. No habría ningún peligro para la población porque toda la escorrentía sería absorbida por otras dos represas río abajo, pensaba la compañía de energía hidráulica.

Las comunicaciones fallaron y nadie advirtió al pequeño pueblo de Ferreira Gomes, situado en las orillas del Araguari a casi 50km de distancia.

El 7 de mayo, siente horas después de que un torrente de millones de galones de agua saliera del casetón temporal, el Aguario subió cinco metros. Ferreira Gomes se inundó; algunos edificios públicos fueron arrasados, más de mil hogares y otros edificios quedaron bajo el agua y miles de personas fueron evacuadas.

Hoy en día quedan pocos rastros de esa inundación en Ferreira Gomes y, vista desde el aire, la reserva de la represa de 30km cuadrados, rodeada de exuberante selva tropical ecuatorial, parece bastante natural. Pero el accidente fue para Moroni Remuyna y muchos otros habitantes la prueba de que las grandes represas son peligrosas para la población y el medio ambiente, y que no traen desarrollo.

“La historia de la construcción de represas ha sido de incompetencia, avaricia, ilegalidad y brutalidad,” dice Remuyna.

Él trabaja con el Movimiento de los Afectados por las Represas (Movimento dos Atingidos por Barragens), una ONG brasileña comunitaria que se opone a las represas inadecuadas. Dice que la primera represa que se construyó en el Araguari fue también la primera en la cuenca del Amazonas. “Fue en 1979. A las personas se le prometió compensación cuando se vieron forzados a desplazarse, pero nadie recibió nada.

“En 2010 construyeron una segunda represa más grande sobre el río. Hubo más deforestación y muerte masiva de los peces. Más gente se vio obligada a desplazarse y el río nunca se ha recuperado ecológicamente. Ahora estamos peor que antes,” Remuyna dijo a The Guardian a principios de este año.

“Las autoridades dijeron que sólo 350 personas fueron afectadas en Ferreira Gomes pero fueron miles. Mucha gente nunca recibió ninguna compensación después de la inundación. El gobierno nos prometió desarrollo económico, pero destruyeron los medios de subsistencia.”

Fiebre por la energía

El daño ocasionado por la construcción de represas al medio ambiente y a las comunidades que habitan a las orillas del Araguari se ha repetido en toda Latinoamérica a lo largo de los pasados 40 años, a medida que los países se apresuraron a industrializarse y generar energía para las ciudades.

Con 256 grandes represas construídas o en fase de planeación, Brasil genera casi 65% de su electricidad con energía hidráulica. El país es la sede de tres de las represas más grandes del mundo, incluyendo el proyecto Itaipu de 14,000MW sobre el río Paraná, en la frontera con Paraguay.

Los demás países se están incorporando a la tendencia. De las 412 represas en construcción, construídas o propuestas en 2015 en la cuenca del Amazonas, 77 fueron en Perú, 55 en Ecuador, 14 en Bolivia, seis en Venezuela y dos en Guyana. Mientras tanto, Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Honduras están construyendo grandes represas.

Los beneficios de las represas están comprobados, de acuerdo con la International Hydropower Association (IHA) con sede en Londres, la cual afirma que las represas ahora crean aproximadamente el 65% de la electricidad generada en el continente. En conjunto, los países sudamericanos instalaron alrededor de 10GW de energía hidráulica en 2016, casi tanta como China.

“Más de 1,200GW de energía hidráulica renovable se encuentra ahora en operación en Sudamérica – lo suficiente para proveer energía limpia a más de un billón de personas. Pero existe el potencial para desarrollar tres veces más,” dice el más reciente reporte sobre el estado de la energía hidráulica del mundo [pdf] de la asociación.
Crece la inestabilidad en Latinoamérica por la falta del agua

“Necesitamos más energía hidráulica en la red, ya que desempeña un papel como una fuente de generación flexible y sostenible. También la necesitamos para desempeñar el papel muchas veces poco reconocido de almacenamiento de energía,” dijo Ken Adams el presidente de la IHA en una junta de gobiernos y constructores de represas en Adis Abeba a principios de mayo.

“Una mejor energía hidráulica es una forma importante de cumplir las metas sostenibles de energía acordadas por todos los países, y la ambición del acuerdo de París sobre el medio ambiente. Ofrece energía asequible, más limpia y más confiable, así como almacenamiento,” dijo Rachel Kyte, directora anterior de medio ambiente del Banco Mundial y actual directora de Sustainable Energy for All (SE4All).

Durante mucho tiempo, las grandes represas en Sudamérica han sido vistas como símbolos de orgullo nacional, y evidencia de progreso económico. Los políticos, tales como Rafael Correa de Ecuador, señalaron que los pasados 50 años de construcción han reducido la pobreza, ayudado a cumplir una insaciable demanda de electricidad y agua limpia, y permitido que los países se industrialicen y urbanicen de manera rápida y económica. Las zonas remotas del continente han sido abiertas a la minería y la agricultura, y la energía hidráulica limpia es la manera más eficiente de proporcionar seguridad energética, almacenar agua requerida de manera crítica y controlar el flujo de los ríos.

Monumentos a la desigualdad social

Pero en un debate intenso y polarizado que ha arreciado durante más de 25 años, y los críticos de las grandes represas en Latinoamérica argumentan que muchas de éstas son monumentos a la injusticia, la corrupción política y la desigualdad social.

Los críticos, incluyendo Bianca Jagger, dicen que se trata de una industria que no es obligada a rendir cuentas; que es apoyada por los gobiernos para arrasar con las leyes medioambientales y de derechos humanos, e ignorar evidencias de daño ecológico; que ha trabajado con dictadores y gobiernos corruptos para destruír grandes estrechos de bosques y destruír modos de subsistencia, penalizando a la gente que vive en las regiones vírgenes donde los ríos son los más apropiados para ser represados.

En lugar de proporcionar energía limpia, las represas incrementaron las emisiones climáticas debido a los bosques inundados, y llevan a la corrupción, afirma International Rivers, el grupo para la protección de los ríos más acérrimo del mundo.

“Los ríos son vistos por los gobiernos sólo como un recurso, no como una fuente de modos de subsistencia,” afirma Kate Horner, la directora del grupo. “En estos mega-proyectos entran enormes cantidades de dinero y muchas veces hay implicaciones de corrupción. Casi nunca hay rendición de cuentas por la violencia e intimidación que muchas veces acompaña a la construcción de las represas.

“El desplazamiento de las personas ha sido vasto, comparable al desplazamiento inducido por los conflictos armados. Pero no hay la misma respuesta humanitaria. La compensación muchas veces no se paga. Los estados y gobiernos son responsables, pero a las compañías no se les debería permitir beneficiarse.”

La construcción de las represas ha estado fuertemente implicada en el actual escándalo de corrupción de Brasil. El año pasado, los ejecutivos de una de las compañías de construcción más grandes atestiguaron la existencia de un cartel de importantes compañías, políticos influyentes y altos mandatarios de gobierno que habían manipulado licitaciones, participado en extorsiones y ofrecido sobornos para llevar a cabo grandes proyectos de represas.

En otros lugares, algunas compañías chinas han construído docenas de grandes represas para gobiernos latinoamericanos a cambio de petróleo y acceso a minerales y alimentos. Pero, afirman los críticos, los acuerdos son turbios, las compañías no rinden cuentas y a los operadores muchas veces se les dan lagunas legislativas para evitar los requisitos de protección a los peces, la vida silvestre y la calidad del agua.

Constructores de represas en dificultades

La oposición mundial a las grandes represas llegó a su cúspide en la década de 1990 cuando proyectos gigantes chinos y latinoamericanos, tales como las represas Tres Gargantas, Narmada y Yacyretá, se convirtieron en el blanco de los ecologistas internacionales. Esto llevó a un exhaustivo estudio lidereado por el Banco Mundial, que concluyó en 2000 que mientras que las grandes represas eran importantes para el desarrollo, “en demasiados casos se había pagado un precio inaceptable y muchas veces innecesario para asegurar esos beneficios.” Desde entonces, los constructores han replanteado a las represas como la panacea del cambio climático y como una manera de resolver el reto del almacenamiento de energía.

Una nueva oleada de construcción y oposición ha comenzado ahora en Latinoamérica, pero los abusos contra los derechos humanos y el asesinato de activistas, como la ganadora del premio Goldman Berta Cáceres, ha enfocado nuevamente la atención en los modos en que las represas pueden afectar a los grupos indígenas.

La decisión de Brasil de desarrollar una serie de enormes represas vinculadas sobre los ríos Xingu, Teles Pires y Juruena se ha vuelto un problema internacional. Otras en los ríos Araguaia y Tocantins impactarían a 11 grupos étnicos.

“Pocos pueblos indígenas llegan a recuperarse de la perturbación económica y psicológica causada por el desplazamiento,” afirma William Fisher, profesor de desarrollo internacional en la Universidad de Clark. “El desplazamiento muchas veces corta los fuertes lazos espirituales y culturales con la tierra y amenaza los vínculos comunitarios y las prácticas culturales que mantienen unidas a estas sociedades.”

Los constructores de las represas se ven cada vez en más dificultades. El cambio climático incrementa la necesidad de energía renovable, pero debido a que la energía hidráulica es utilizada ampliamente para enfriar las centrales eléctricas, cualquier reducción en el caudal del río causado por las sequías termina por contribuír a la crisis energética. Una vez construídas, la operación de las plantas solares es más barata que las plantas de energía térmica.

En 2014, Chile canceló cinco represas en la región de la Patagonia bajo gran presión del público, y aprobó 700MW de nuevos parques solares y eólicos. Los trabajos de la represa del Belo Monte en Brasil se han detenido y grandes proyectos en Perú y Honduras han sido abandonados después de las protestas.

La era de la construcción de grandes represas no ha llegado a su fin, pero el progreso tecnológico y las economías de escala ahora ofrecen a los gobiernos alternativas que hace 20 años no existían. En lugares como la Patagonia y el desierto de Atacama, Sudamérica posee algunos de los mejores parques eólicos y solares del mundo. Represas más pequeñas y mejor diseñadas, y energía geotérmica y marina, están siendo discutidas actualmente.

Quedan muy pocos ríos silvestres en Latinoamérica y muchos que ya han sido represados probablemente se verán incautados una y otra vez. En el estado de Amapá, la gente de Ferreiro Gomes teme que el Araguari se vería reducido aún más. “Hay propuestas para construír otra, posiblemente dos represas más en el Araguari,” dice Remuyna. “Esto significaría el fin del río y de la pesca como la conocemos. ¿Hasta cuándo acabará esto?

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Fuente: Guardian.com

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/may/23/por-que-la-obsesion-de-latinoamerica-por-las-represas

Proyectos hidráulicos violan derechos y la ley, denuncian afectados ante el TPP

Protestas de pobladores de Temacapulín, Jalisco. Foto: ProyectoAmbulante.org.

Por Omar Granados

7 de noviembre, 2012

Afectados de siete estados denunciaron violaciones a derechos humanos por la construcción de presas en sus comunidades de origen, un modelo actual de manejo de energía y agua que excluye a comunidades y ciudadanos, según acusaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa sobre Devastación ambiental (@TPP_Presas_Mx).

Los afectados por doce presas en siete entidades de la república mexicana denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las distintas fases durante la imposición de esta clase de megaproyectos a comunidades rurales, campesinas e indígenas. El jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México escuchó y conoció las denuncias de los habitantes.

Durante esta sesión del TPP, la investigadora Mónica Olvera calculó que más de 185 mil personas han sufrido desplazamiento forzoso por la construcción de presas en México en los últimos 40 años. La preaudiencia duró lunes y martes, mientras que este miércoles 7 el jurado deliberará, el día jueves 8 se anunciará en Guadalajara el fallo del jurado interdisciplinario sobre los proyectos que están desarrollándose en Jalisco y, finalmente, el día 9, el fallo sobre los siete estados será presentado en la ciudad de México y entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe destacar que aunque el fallo no es vinculante, el TPP tiene un gran prestigio por su trabajo de décadas como tribunal de conciencia.

El TPP Capítulo México se enfoca en “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, tomando en cuenta la experiencia del Capítulo Colombia (2005- 2008). En nuestro país, las actividades iniciaron con el lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, en la UNAM y concluirán en 2014 con una audiencia y veredicto finales. En la audiencia final se retomarán los fallos de todas las preaudiencias que se realicen durante los tres años que dure el juicio al estado mexicano, en torno a siete ejes: guerra sucia y derechos humanos, feminicidios, migrantes, derechos de los trabajadores, maíz y vida campesina, devastación ambiental y medios de comunicación.

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