Les invitamos a la Conferencia de Prensa de las comunidades afectadas por la Presa El Zapotillo, en donde darán a conocer su postura sobre la situación actual del megaproyecto y compartirán el fallo del Amparo que han ganado por violaciones al derecho de petición por parte del Gobierno de Jalisco.
La conferencia se llevará a cabo mañana martes 22 de junio, a las 10 de la mañana, en el Hotel La Rotonda ubicado en calle Liceo 130, en el centro histórico de Guadalajara.
El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).
En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.
El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona, os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.
El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos. Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.
1.1 El discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo
En este apartado se reúnen los argumentos utilizados para justificar el emprendimiento de programas y proyectos de desarrollo en los dos periodos de gobierno mencionados y se señalan las presas que la federación ha reconocido como prioritarias.
Con los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) se rigen las políticas federales durante cada sexenio. En los correspondientes al periodo en estudio se observa que el discurso de la sustentabilidad ambiental fue asumido como un principio del desarrollo, por lo cual plantean el impulso de energías limpias y renovables a fin de atenuar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a los sectores hidráulico e hidroeléctrico, reiteran la importancia de avanzar en la gestión del recurso agua mediante el incremento de la eficacia en el manejo de las presas, lo que conllevaría (supuestamente) una mayor dotación del líquido a la población.
En el discurso oficial, uno de los argumentos más recurrentes para respaldar los proyectos de infraestructura hidráulica es la necesidad de proveer de recursos hídricos a determinadas poblaciones, apelando en algunos casos al derecho humano al agua. Tal intención se presenta como el eje de la gestión del agua en un contexto de creciente incorporación del sector privado en el manejo de los recursos hídricos e hidroeléctricos, recomendada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Conagua, 2014).
Esta transformación en el diseño y la gestión de la infraestructura hidráulica se manifiesta en políticas públicas que de manera reiterada esgrimen la imperiosa necesidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las distintas regiones de México de cara a un escenario global en constante dinamismo y en el que la competencia y el libre mercado son el único camino para el desarrollo. Se asume, por lo tanto, que el Estado mexicano debe seguir los lineamientos de corte neoliberal y tomar por sentado que “el rol que juegan los gobiernos debe ser para eliminar obstáculos, fomentar la orientación hacia mercados o sectores estratégicos, la desregulación y la coordinación entre diversos agentes y órdenes de gobierno” (pr, 2013: 17).
Otros documentos que aportan datos y elementos para comprender el discurso oficial son los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI), que incluyen la descripción de los principales proyectos en los rubros de infraestructura hidroagrícola y control de inundaciones. El PNI 2007-2012 (pr, 2007) destaca las presas:
1. El Cajón, Nayarit. 2. La Yesca, Nayarit. 3. Santa María, Sinaloa. 4. Picachos, Sinaloa. 5. El Carrizo, Jalisco. 6. El Naranjo, Jalisco. 7. Francisco J. Múgica, Michoacán. 8. El Yathé, Hidalgo.
En el PNI 2014-2018 (pr, 2014a, b y c) se subraya la supuesta necesidad de acordar inversiones conjuntas entre los sectores público y privado, e incluso se habla de una democratización del agua en la cual quedarían insertos los proyectos de infraestructura hidráulica. Asimismo, se pone énfasis en la región sureste, en la que se pretende aprovechar la abundancia de recursos naturales en un contexto de poco desarrollo de la infraestructura.
Los principales proyectos que señala el PNI 2014-2018 no coinciden del todo con los del PNI 2007-2012, pues indica los siguientes:
1. Nuevo Guerrero (La Parota), Guerrero. 2. Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, Oaxaca. 3. Las Cruces, Nayarit. 4. Central hidroeléctrica Chicoasén II, Chiapas. 5. Tenosique, Tabasco y Chiapas. 6. Presa de almacenamiento La Maroma, San Luis Potosí. 7. Chiapan (Angostura II), Chiapas. 8. La Yesca U1 y U2, Nayarit. 9. La Palma, Baja California Sur. 10. La Higuerilla (Alberto Andrés Alvarado Arámburo), Baja California Sur. 11. Piedras Azules, Chihuahua. 12. Rocheachi, Chihuahua. 13. El Yathé, Hidalgo. 14. Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para Jalisco y León. 15. La Laja, Guerrero. 16. Sistema Purgatorio-Arcediano, Jalisco. 17. Santa María, Sinaloa.
En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (conagua, 2014) se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias que intervienen en el manejo del recurso agua, sin profundizar en proyectos específicos. Por su parte, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el lapso 2007-2016 (CFE, 2007) destaca la dimensión técnica de las obras. Un dato interesante de este documento es el reconocimiento de que en algunos casos surgen problemas sociales que complican e incluso retrasan el curso de los proyectos, como en La Parota, ahora renombrado Nuevo Guerrero.
Es importante señalar que el conjunto de estos documentos, que recogen el discurso oficial en cuanto a los proyectos de desarrollo, deja de lado las problemáticas que conllevan la construcción y la gestión de tales proyectos, lo cual es grave pues varios de éstos son de grandes dimensiones y requieren un gasto excesivo de recursos públicos por periodos prolongados.
Ante la omisión por parte del Estado mexicano de ofrecer información sistematizada y de fácil acceso sobre todas las características de las grandes presas, incluso de sus implicaciones sociales y ambientales negativas, se vuelve necesaria la generación de una metodología que posibilite encontrar y recopilar información útil y suficiente para analizar y diagnosticar tales problemáticas y, con ello, fortalecer los argumentos de denuncia de los procesos de desplazamiento desencadenados por esas obras
Protestas de pobladores de Temacapulín, Jalisco. Foto: ProyectoAmbulante.org.
Por Omar Granados
7 de noviembre, 2012
Afectados de siete estadosdenunciaron violaciones a derechos humanos por la construcción de presas en sus comunidades de origen, un modelo actual de manejo de energía y aguaque excluye a comunidades y ciudadanos, según acusaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa sobre Devastación ambiental (@TPP_Presas_Mx).
Los afectados por doce presas en siete entidades de la república mexicana denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las distintas fases durante la imposición de esta clase de megaproyectos a comunidades rurales, campesinas e indígenas. El jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México escuchó y conoció las denuncias de los habitantes.
Durante esta sesión del TPP, la investigadora Mónica Olvera calculó que más de 185 mil personas han sufrido desplazamiento forzoso por la construcción de presas en México en los últimos 40 años. La preaudiencia duró lunes y martes, mientras que este miércoles 7 el jurado deliberará, el día jueves 8 se anunciará en Guadalajara el fallo del jurado interdisciplinario sobre los proyectos que están desarrollándose en Jalisco y, finalmente, el día 9, el fallo sobre los siete estados será presentado en la ciudad de México y entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe destacar que aunque el fallo no es vinculante, el TPP tiene un gran prestigio por su trabajo de décadas como tribunal de conciencia.
El TPP Capítulo México se enfoca en “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, tomando en cuenta la experiencia del Capítulo Colombia (2005- 2008). En nuestro país, las actividades iniciaron con el lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, en la UNAM y concluirán en 2014con una audiencia y veredicto finales. En la audiencia final se retomarán los fallos de todas las preaudiencias que se realicen durante los tres años que dure el juicio al estado mexicano, en torno a siete ejes: guerra sucia y derechos humanos, feminicidios, migrantes, derechos de los trabajadores, maíz y vida campesina, devastación ambiental y medios de comunicación.
El día de hoy, 14 de marzo, se celebra el Día Internacional de la lucha contra las presas, por los ríos, el agua y la vida. Es por esto que el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) llevará a cabo varias actividades en distintos puntos del país, donde existen pueblos, comunidades y organizaciones que a diario luchan por la vigencia de los derechos humanos yendo en contra, sobre todo, de los grandes capitales que buscan invertir en los suelos mexicanos.
En Jalisco las actividades comenzaron la noche del 1 de marzo con el “Paseo Todos en Bici, Pedaleando por Temaca”, en Guadalajara, con más de 3 mil participantes exigiendo respeto a los derechos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y la cancelación definitiva de la presa El Zapotillo. Este 14 de marzo se realizará, también en Guadalajara, el foro “Denuncia pública de las irregularidades e ilegalidad del proyecto El Zapotillo”, en el que también se anunciará la pre audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que en junio se llevará a cabo en Temacapulín. Además, se tiene en marcha la actividad “Sábanas x Temaca”, que busca proteger la Basílica de la Virgen de los Remedios con una gran manta, bajo la consigna ¡No al desmantelamiento! A dichas actividades se incorporan integrantes de Mapder-Guanajuato, que prevén instalar más adelante la Exposición Fotográfica “Agua, Ríos y Pueblos”.
En Colima se desplegó la Jornada por el Derecho al Agua, del 17 de febrero al 17 de marzo, misma que consiste en conferencias, presentación de libros y ponencias, proyección de videos, mesas redondas, talleres, teatro, tianguis, premiación de concursos y la Exposición de Fotografía Internacional “Agua, Ríos y Pueblos”. Hoy se tendrá la conferencia “Situación de las Presas en México”, por Mónica Olvera, de Mapder y RMALC DF, así como la proyección del documental “Agua para la Vida”, de Notilibertas, ambas a las 18 horas.
En Guerrero, el Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) adelantó para el 11 de marzo su participación del día 14. Convocó a un evento para aquel día en Aguacaliente al que previó la asistencia del gobernador del estado para que firme los Acuerdos de Cacahuatepec, con la presencia del Arzobispo de Acapulco como invitado de calidad.
En San Cristóbal de las Casas, Otros Mundos Chiapas organizó el conversatorio “Represas, afectación e insustentabilidad” el 6 de marzo, dentro del Seminario Permanente de la Sustentabilidad. El día de hoy se hará una acción simbólica y cultural en la Plaza frente a la Catedral, con la toma de la foto con gente “No a Chicoasén 2 y dejemos libre el Usumacinta”, a las 17 horas. Al terminar habrá conferencia de prensa.
En Oaxaca, las comunidades que integran el Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde (Copudever) difundirán información sobre la afectación por las represas en los medios de comunicación que tienen a su alcance; además, realizarán pintas en piedras y bardas así como un video con motivo de la lucha contra las presas.
En Xalapa, la organización La Vida Anaa tendrá una charla hoy en la Facultad de Humanidades acerca del “Día Internacional contra las Presas, en defensa del agua y los ríos”, a las 18 horas.
Finalmente, una representación del Mapder asistirá al “Encuentro del Buen Vivir” que se realizará del 14 al 17 de marzo en Puebla, donde se busca abrir una mesa de discusión sobre represas. Además, se estarán teniendo distintas actividades en Nayarit, Tabasco, Sonora, el Estado de México y el Distrito Federal.
Mientras tanto, en Marsella, Francia, se prevé subrayar la importancia del día de lucha global contra las represas y en defensa de los ríos durante el Encuentro Alternativo Mundial del Agua.
Te hablan todos los días del narcotráfico y del ‘espectáculo de la violencia en México. Pero… ¿Sabes que hay una guerra invisible por el agua que pone en juego el futuro de este país? La sociedad civil organizada lucha contra los megaproyectos energéticos que amenazan al ecosistema y a las comunidades. La Parota, El Zapotillo, Cutzamala, Arcediano… trincheras de resistencia.
«No se consigue nada si no es a través de una sociedad civil organizada y con fuerza. La gente tiene que involucrarse, porque el Estado utiliza el derecho a su antojo. No hay límites en cuanto a la acción». Rodolfo Chávez (MAPDER)
Rodolfo Chávez es un tipo anacrónico, un nenúfar en medio de un trigal. Tiene voz de haberse bebido la vida a mordiscos. Cara de buena gente, gentileza de los años que esconde. No tiene móvil ni residencia estable, incompatibles con un paradero incierto incluso para su círculo más cercano. Habla reposado, como reconsiderando el rastro que deja cada palabra en el aire una vez pronunciada. Chato de alzada y de semblante familiar, de los de toda la vida, Chávez está casado para bien o para mal con la lucha: “En la acción nos va el futuro, por eso no hay que pensar en el miedo”.
Habla de La Parota, el proyecto hidroeléctrico vislumbrado por la Comisión Federal de Electricidad de México a principios de la década de los 70 para generar electricidad e impulsar el desarrollo económico del estado de Guerrero. “Todo mentira”, interrumpe el líder del Movimiento de Afectado por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), poniendo sobre la mesa los “25.000 comuneros y ejidatarios que quedarían desplazados, junto a los más de 75.000 campesinos afectados de forma indirecta”.
Los pobladores afectados no se sienten parte del desarrollo que promueve el Gobierno y no están dispuestos a perder su territorio ni el acceso al agua del río Papagayo.
La construcción estuvo parada hasta el sexenio del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), quien mediada su legislatura decidió poner en marcha su promesa electoral. El mandatario no contaba con la existencia de “los 5.000 compañeros” del MAPDER, que han hecho de La Parota su esencia del ser y el existir. Contra La Parota vive y por La Parota está dispuesto a morir Rodolfo Chávez, que ya pagó por cierto el hospedaje de las cárceles mexicanas: “Trataron de intimidarme pero no lo lograron”.
Lo narra con la pasión de quien cuenta su película de acción favorita, con los buenos a un lado y los malos al otro. El argumento incluye represión, machetes, escaramuzas y patrullas, bloqueos, sobornos, falsificación del padrón, carros anti-motines y tirachinas. También el secuestro de ingenieros. Incluso cinco muertes, “cuatro nuestras y una de ellos”. Los pobladores afectados no se sienten parte del desarrollo que promueve el Gobierno y no están dispuestos a perder su territorio ni el acceso al agua del río Papagayo. Aducen que las presas sólo benefician a las minorías locales, con graves perjuicios para el medio ambiente (modificaciones de los sistemas hidrológicos y de los ecosistemas) y para el tejido social (migración y desempleo).
“Todo para construir un gigantesco mercado del que se beneficiarán las grandes transnacionales, como Endesa, Unión Fenosa y demás»
El Gobierno federal insiste empero en su implementación, pues es parte del Proyecto Mesoamérica, antes conocido como Plan Puebla-Panamá (Ver El plan para explotar Latinoamérica). Se trata de un pasillo de inversión para facilitar el comercio internacional entre Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y los estados del sur de México. Y La Parota sería un generador que ilumina y aporta parte de la energía eléctrica que necesita el corredor. “Todo para construir un gigantesco mercado del que se beneficiarán las grandes transnacionales, como Endesa, Unión Fenosa y demás españolitas que están por acá, que son las que más ganan”, completa Chávez.
El MAPDER cierra este año con la celebración de su mayor victoria legal: la nulidad de la asamblea celebrada el 28 de abril de 2010, convocada por las autoridades para convencer a los pobladores. “Hicieron un llamamiento sorpresivo en La Concepción, un pueblo donde cuentan con mayoría. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota no pudo entrar pero impugnamos la cita. Y nos han dado la razón. Vamos ganando pequeñas batallas pero la guerra no está decidida. La Parota sigue siendo un lugar privilegiado para ellos”, confiesa inquieto Chávez. Las últimas noticias confirman sus palabras: La Parota sigue en la agenda de las autoridades.
Desaparición de poblaciones
Es el punto y seguido de un conflicto que “va para largo”, coinciden los expertos. Y no es el único, porque las protestas por el agua en México son perennes y tienen a las grandes infraestructuras como el arma bélica con capacidad de arrancar del suelo a miles de personas y eliminar para siempre pueblos enteros. Cuando las compuertas se abren, la presa explota y se lleva todo por delante, como si de un tsunami de agua dulce se tratara.
Puede suceder en Temacapulín, calificado por un informe arquitectónico como “un hito urbano histórico cuyo valor es de interés manifiesto”, y otros dos municipios del estado de Jalisco. Su destino depende de El Zapotillo, la represa proyectada por la Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) para captar agua y transportarla a lo largo de 140 kilómetros, con el objetivo de abastecer a la ciudad de León. Los planes, por cierto, han recibido las críticas de organismos internacionales y de derechos humanos.
«Con la experiencia de otras presas, en las que además las indemnizaciones no se pagan y los acuerdos no se cumplen, los gobernantes no tienen ninguna credibilidad”
Tras un enrevesado y contradictorio proceso de concesión, la CONAGUA ha informando mediante comunicados que dará atención social a los habitantes afectados, a quienes ofrece un nuevo desarrollo urbanizado con todos los servicios. “Nunca han trasladado a gente cuando han hecho una presa en México y ahora lo prometen. Con la experiencia de otras presas, en las que además las indemnizaciones no se pagan y los acuerdos no se cumplen, los gobernantes no tienen ninguna credibilidad”, contextualiza la activista Claudia Campero.
La población perjudicada es el eje de rotación de toda lucha; también la depositaria de su capacidad de victoria. En el caso de El Zapotillo, otra batalla del MAPDER, el Gobierno respondió a las protestas ciudadanas mediante la violencia, recuerda Rodolfo Chávez. “La capacidad que tienen de aislarte, de marginarte y masacrarte socialmente es increíble. Algunas comunidades han logrado avances, pero muchas han terminado divididas y con la población enfrentada. Es la victoria que genera las condiciones de la derrota”, reflexionan las investigadoras de FLACSO, Mª Luisa Torregrosa y Karina Kloster.
La obra está en marcha y la pared de la presa crece ahogando el tiempo de reacción. Porque cada lucha tiene su compás. “Queda un margen de maniobra mínimo y si no se utiliza ya, el pueblo está condenado a desaparecer; porque no han podido reunir una resistencia significativa fuerte, que es lo que se necesita en estos casos. El Gobierno no entiende otras formas. Y tienen otro problema: la cortina está lejos del pueblo, por lo que simbólicamente es una lucha perdida”, añade Chávez.
Las mujeres dan un paso al frente
Acción directa e impacto mediático. Fue el método de lucha empleado por las indígenas mazahuas de los estados de México y Michoacán que, tras un año de enfrentamientos, decidieron liderar el movimiento contra el Sistema Cutzamala, que bombea agua a la Ciudad de México en lo que es una de las mayores obras hidráulicas de América Latina. El mecanismo, según el investigador de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) Arsenio González, forma parte de un complejo entramado de política e intereses cruzados, que incluye otras tres cuencas hidrográficas además de la del río Cutzamala. Los enfrentamientos nacidos a rebufo de esta trama han sido frecuentes desde los años 70, hasta el caso más reciente de las mazahuas.
Las autodenominadas ‘comandantas’ crearon el Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua
Todo estalló en 2003, cuando una presa del Sistema se desbordó e inundó los campos de cultivo. Las primeras chispas se produjeron ya con la construcción de la infraestructura que, según la investigadora Anahí Copitzy, significó la contaminación de ríos, la desecación de manantiales, la desaparición de la flora y la fauna, además de la aparición de enfermedades por el agua contaminada y la expropiación de terrenos con compensaciones injustas o inexistentes. La inundación fue, metáforas aparte, la gota que colmó el vaso. Motivó la entrada en escena de la acción directa, escoltada por reivindicaciones y atención mediática.
Las autodenominadas ‘comandantas’ crearon el Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua, al que adornaron con la vestimenta típica mazahua y con armas simbólicas como fusiles de madera, palos, machetes, y aperos. “Supieron vincular el componente de mujeres, el indígena y el ambientalista en la lucha por el derecho humano al agua potable”, apunta Copitzy, quien añade que lo realmente importante fue que estaban en un punto estratégico para la seguridad nacional, pues el sistema abastece al 25 por ciento de la población capitalina del país. Por eso, la retención de un camión con cloro y la amenaza de cerrar las válvulas fueron suficientes para que el Gobierno se sentara a negociar. Hubo una victoria parcial que no todos aceptaron, lo que dividió las posturas y resquebrajó la unidad interna del movimiento. “Es lo más común: que el Gobierno enfrente entre sí a la población”, apunta Rodolfo Chávez. Y es que, este conflicto también se ha cerrado con un punto y seguido.
Otra batalla es la de Guadalupe Lara. Una mujer, en este caso en singular, que lideró la lucha contra la presa de Arcediano, proyectada sobre el río Grande, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más poblada del país. Guadalupe Lara se negó a vender sus tierras y su gesto animó a otras organizaciones sociales y civiles. La presión provocó que finalmente no se lograra una declaración de impacto ambiental favorable. Así, Arcediano no se sumó a las más de 575 represas grandes que construidas sobre los ríos de México, ni Guadalupe Lara se ha sumado a las más de 167.000 personas desplazadas por estas infraestructuras en todo el país, según los datos de International Rivers Network. “La del agua no es una guerra a gran escala, algo demasiado futurista, sino conflictos de menor envergadura que han sufrido y sufren todos los estados mexicanos”, expone Kloster.
La gestión privada en el punto de mira
La principal característica de los conflictos sociales es su condición defensiva y la reivindicación de que el agua de una región debe quedarse en esa zona y beneficiar primero a la población local. Lo confirma la investigadora Mª Luisa Torregrosa: “Tiene que ver con las inequitativas políticas de distribución y uso del recurso, más que con la disponibilidad natural del agua”.
La gestión es muchas veces la clave. Un terreno donde las compañías privadas acaparan cada vez más peso, a pesar de que el agua en México pertenezca a la nación, según dictamina la ley. La capital del estado de Coahuila, Saltillo, ha sufrido por ejemplo problemas en el abastecimiento municipal. La llegada de la empresa española Agbar (Aguas de Barcelona) sumó nuevos problemas a los ya existentes, denuncian los opositores. La actuación privada ha sido resumida en cuatro estrategias por la investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario Cindy McCulligh: cortar el agua a los usuarios que no pagan, subir las tarifas, sobreexplotar el agua, e inventar y calumniar.
“Nos enfrentamos ante un escenario donde se agudiza cada vez más la brecha que separa las estrategias para la gestión del recurso implementadas ‘desde arriba’ y las formas de lucha ‘de abajo»
La Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo abandera esta batalla. “Lo que hemos logrado en el ámbito nacional es que, donde sabemos que ha ido Aguas de Barcelona a ofrecer su servicio, también hemos ido a que nos oigan a nosotros, que sepan la otra cara de la moneda”, explica Gloria Tobón, directiva de la asociación, quien denuncia los muchos incumplimientos legales por parte de Aguas de Saltillo, la empresa concesionaria. Cuenta que no se publican los análisis de calidad ni se promueven campañas de cultura del agua, sobrepasándoselos límites legales de cobro a los hogares con bajos recursos.
Según expone Kloster, “nos enfrentamos ante un escenario donde se agudiza cada vez más la brecha que separa las estrategias para la gestión del recurso implementadas ‘desde arriba’ y las formas de lucha ‘de abajo’. Entre ambas existe una quiebra que pareciera no poder subsanarse exitosamente en tanto subsistan las políticas económicas y sociales actualmente existentes. Una de las formas más comunes de represión en México es el exterminio sistemático de los activistas sociales, por eso Rodolfo Chávez se cuida tanto”.
Luchas con victorias incompletas
Las escaramuzas se multiplican por todo México. No hay estado que no tenga su problemática azul. Una veces la lucha es de un colectivo, otras individual, otras de un municipio y a veces de varias poblaciones, como el caso conocido como ‘Los 13 pueblos de Morelos’. 13 comunidades que se unieron para evitar la construcción de unas 2.000 casas en su ancestral territorio, concretamente sobre el manantial que les abastece, amenazando así su disponibilidad de agua y poniendo en peligro de contaminación la ya existente. “La galopante, feroz y salvaje construcción de viviendas de interés social atenta contra el aire, la tierra y el agua de los habitantes del Estado de Morelos, así como su bienestar, sana convivencia y desarrollo”, argumentan. “En México la guerra [por el agua] ya comenzó”, dice el tráiler de una película que documenta el caso.
De nuevo la victoria es parcial, como si cada lucha fuera un calco de la anterior. Porque en Morelos sigue habiendo gente sin agua en sus hogares, ubicados a escasos metros de lujosas urbanizaciones con campos de golf incluidos. Todo en el mismo vistazo, como si la comparación enalteciera la desigualdad. Porque sigue habiendo nombres propios, singulares y plurales, que luchan por el derecho al agua. Los de Lidia, Gloria, Carlota y Marta, que viven en la comunidad Ampliación Tres de Mayo, en Alpuyeca, estado de Morelos, y han recurrido a los tribunales para denunciar que en México se incumple el derecho humano al agua. El final de su batalla está por escribir, pero de momento han ganado un amparo y el juez ha reconocido, por primera vez en la historia de México, que el derecho humano al agua forma parte del ordenamiento jurídico nacional.
Para Rodolfo Chávez dejar la lucha es morir
“No se consigue nada si no es a través de una sociedad civil organizada y con fuerza. La gente tiene que involucrarse, porque el Estado utiliza el derecho a su antojo. No hay límites en cuanto a la acción. Y menos en un país en el que no se respetan las leyes por parte del Gobierno. El uso de la fuerza no es la consigna pero estamos dispuestos a defender nuestro medio de vida, nuestra tierra”. Rodolfo Chávez retoma el discurso. Es la quintaesencia del guerrillero forjado a la antigua usanza, el hombre que entiende que no es cuestión de hablar sino de hacer. Para Rodolfo Chávez dejar la lucha es morir aunque, entre despiste y renuncio, deja creer que piensa en la posibilidad de un relevo. La despedida es en Salto del Agua, una estación de metro, como todas las del Distrito Federal, saturada de iguales entre los que diluye sin perder su anacronismo Rodolfo Chávez.
