Esta publicación es el resultado de una investigación que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (hic-al) y Oxfam México, en diálogo con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder), solicitaron al colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (cdesc). Este organismo internacional tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI (que deberían haberse remitido en 2012) sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde 1981. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el fin de contribuir a la tarea de supervisión del cdesc, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país y en torno a los obstáculos y retrocesos que su ejercicio enfrenta, e incluso les propusiera recomendaciones para que las dirigieran al gobierno de México.
El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).
En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.
El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona, os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.
El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos. Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.
1.1 El discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo
En este apartado se reúnen los argumentos utilizados para justificar el emprendimiento de programas y proyectos de desarrollo en los dos periodos de gobierno mencionados y se señalan las presas que la federación ha reconocido como prioritarias.
Con los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) se rigen las políticas federales durante cada sexenio. En los correspondientes al periodo en estudio se observa que el discurso de la sustentabilidad ambiental fue asumido como un principio del desarrollo, por lo cual plantean el impulso de energías limpias y renovables a fin de atenuar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a los sectores hidráulico e hidroeléctrico, reiteran la importancia de avanzar en la gestión del recurso agua mediante el incremento de la eficacia en el manejo de las presas, lo que conllevaría (supuestamente) una mayor dotación del líquido a la población.
En el discurso oficial, uno de los argumentos más recurrentes para respaldar los proyectos de infraestructura hidráulica es la necesidad de proveer de recursos hídricos a determinadas poblaciones, apelando en algunos casos al derecho humano al agua. Tal intención se presenta como el eje de la gestión del agua en un contexto de creciente incorporación del sector privado en el manejo de los recursos hídricos e hidroeléctricos, recomendada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Conagua, 2014).
Esta transformación en el diseño y la gestión de la infraestructura hidráulica se manifiesta en políticas públicas que de manera reiterada esgrimen la imperiosa necesidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las distintas regiones de México de cara a un escenario global en constante dinamismo y en el que la competencia y el libre mercado son el único camino para el desarrollo. Se asume, por lo tanto, que el Estado mexicano debe seguir los lineamientos de corte neoliberal y tomar por sentado que “el rol que juegan los gobiernos debe ser para eliminar obstáculos, fomentar la orientación hacia mercados o sectores estratégicos, la desregulación y la coordinación entre diversos agentes y órdenes de gobierno” (pr, 2013: 17).
Otros documentos que aportan datos y elementos para comprender el discurso oficial son los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI), que incluyen la descripción de los principales proyectos en los rubros de infraestructura hidroagrícola y control de inundaciones. El PNI 2007-2012 (pr, 2007) destaca las presas:
1. El Cajón, Nayarit. 2. La Yesca, Nayarit. 3. Santa María, Sinaloa. 4. Picachos, Sinaloa. 5. El Carrizo, Jalisco. 6. El Naranjo, Jalisco. 7. Francisco J. Múgica, Michoacán. 8. El Yathé, Hidalgo.
En el PNI 2014-2018 (pr, 2014a, b y c) se subraya la supuesta necesidad de acordar inversiones conjuntas entre los sectores público y privado, e incluso se habla de una democratización del agua en la cual quedarían insertos los proyectos de infraestructura hidráulica. Asimismo, se pone énfasis en la región sureste, en la que se pretende aprovechar la abundancia de recursos naturales en un contexto de poco desarrollo de la infraestructura.
Los principales proyectos que señala el PNI 2014-2018 no coinciden del todo con los del PNI 2007-2012, pues indica los siguientes:
1. Nuevo Guerrero (La Parota), Guerrero. 2. Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, Oaxaca. 3. Las Cruces, Nayarit. 4. Central hidroeléctrica Chicoasén II, Chiapas. 5. Tenosique, Tabasco y Chiapas. 6. Presa de almacenamiento La Maroma, San Luis Potosí. 7. Chiapan (Angostura II), Chiapas. 8. La Yesca U1 y U2, Nayarit. 9. La Palma, Baja California Sur. 10. La Higuerilla (Alberto Andrés Alvarado Arámburo), Baja California Sur. 11. Piedras Azules, Chihuahua. 12. Rocheachi, Chihuahua. 13. El Yathé, Hidalgo. 14. Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para Jalisco y León. 15. La Laja, Guerrero. 16. Sistema Purgatorio-Arcediano, Jalisco. 17. Santa María, Sinaloa.
En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (conagua, 2014) se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias que intervienen en el manejo del recurso agua, sin profundizar en proyectos específicos. Por su parte, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el lapso 2007-2016 (CFE, 2007) destaca la dimensión técnica de las obras. Un dato interesante de este documento es el reconocimiento de que en algunos casos surgen problemas sociales que complican e incluso retrasan el curso de los proyectos, como en La Parota, ahora renombrado Nuevo Guerrero.
Es importante señalar que el conjunto de estos documentos, que recogen el discurso oficial en cuanto a los proyectos de desarrollo, deja de lado las problemáticas que conllevan la construcción y la gestión de tales proyectos, lo cual es grave pues varios de éstos son de grandes dimensiones y requieren un gasto excesivo de recursos públicos por periodos prolongados.
Ante la omisión por parte del Estado mexicano de ofrecer información sistematizada y de fácil acceso sobre todas las características de las grandes presas, incluso de sus implicaciones sociales y ambientales negativas, se vuelve necesaria la generación de una metodología que posibilite encontrar y recopilar información útil y suficiente para analizar y diagnosticar tales problemáticas y, con ello, fortalecer los argumentos de denuncia de los procesos de desplazamiento desencadenados por esas obras
