8 enero, 2019
Esta publicación es el resultado de una investigación que la Oficina para América
Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (hic-al) y Oxfam México, en diálogo con el
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder), solicitaron al
colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (cdesc). Este organismo
internacional tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI (que deberían haberse remitido
en 2012) sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde
1981. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de la sociedad
civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el fin de contribuir a la tarea de
supervisión del cdesc, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país y en torno a los obstáculos y
retrocesos que su ejercicio enfrenta, e incluso les propusiera recomendaciones para que las dirigieran
al gobierno de México.