Durante la represiva acción, fueron detenidas por Carabineros nueve personas, entre ellas dos adolescentes. Todas y todos denunciaron haber sido golpeados por personal policial, en conjunto a los guardias privados de la transnacional China Three Gorges Corporation, quienes incluso les atacaron utilizando perros.
Por Juan Contreras Jara – resumen.cl
Durante la jornada de este lunes vecinas y vecinos opositores al proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue fueron violentamente desalojados por Carabineros y guardias privados de la empresa, del borde del río Biobío. En el lugar mantenían un improvisado campamento en función de fiscalizar la actividad de China Three Gorges Corporation, transnacional que entre otros, pretende inundar 180 hectáreas de terreno del sector para su instalación.
Pese a la férrea defensa de la comunidad de Rucalhue y Quilaco al proyecto hidroeléctrico, que se ha materializado en el rechazo a través de la consulta ciudadana, la toma por cinco meses de las instalaciones de la empresa y el campamento en el borde del rio Biobío, la transnacional china continúa con la idea de materializar la central.
Sobre la violencia desplegada tanto por Carabineros como por los guardias privados, Álvaro Espinoza, parte del movimiento contra la construcción de la central hidroeléctrica en Rucalhue, comentó que, «llega Carabineros junto con la empresa, más de tres vehículos policiales y tres camionetas de la empresa. Se bajaron al rededor de 20 carabineros con cascos, lumas y acompañados por 10 guardias de la empresa con perros».
Hay que agregar que de las nueve personas detenidas, una de ellas fue reducida y golpeada por guardias de la empresa «y todo esto en presencia de Carabineros» acotaron. Espinoza agregó que «además de no haber ninguna orden, no dialogar y de venir acompañados por la empresa con perros, no había ninguna oficial de Carabinero y detuvieron a cinco mujeres, una de ellas menor de edad, por lo que el procedimiento fue absolutamente irregular».
Otra de las graves situaciones vividas durante el desalojo tiene que ver con la utilización de perros entrenados por parte de los guardias de la transnacional china, quienes luego de golpear y reducir en el suelo a uno de los manifestantes, «llevaron al perro y se lo pusieron en la cara para que se la lamiera, con la intención de intimidarlo», comentaron desde Rucalhue.
Pero la brutalidad policial no acabó con el desalojo de la ribera del río Biobío, lugar por lo demás considerado como bien nacional. Tras detener y trasladar a las y los manifestantes hasta la comisaría de Santa Bárbara, personal de Carabineros detuvo y golpeó en el suelo a un poblador que protestaba a las afueras del edificio institucional.
A esto hay que sumarle acciones de amedrentamiento que la comunidad atribuye también a la transnacional China Three Gorges Corporation. Una de ellas dice relación con constantes rondas de vigilancia con perros y la ejecución de disparos desde un vehículo que transitaba por el camino privado y cercado que mantiene la empresa en el predio donde pretende emplazar la central, una semana antes de la violencia desplegada este lunes.
El presente documento se ha elaborado a partir de la sistematización de 13 años de experiencia organizativa del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). La sistematización de la experiencia fue un acuerdo entre el movimiento y EDUCA organización que ha acompañado el proceso. Este proceso de defensa del río Verde cumplió 13 años de resistencia el 9 de junio de 2020.
En la actualidad, el COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización ha tenido la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la Costa y Sierra Sur del estado de Oaxaca frente a proyectos hidroeléctricos, además de otros proyectos extractivos.
El COPUDEVER ha promovido la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos. La sistematización, se realizó en el marco del proceso de acompañamiento denominado “¡A construir aprendizajes desde nuestras resistencias y luchas! Procesos de sistematización para aprender de nuestras experiencias políticas”. Este proceso ha sido convocado y acompañado por la Red Mesoamericana de Educación Popular (Red Alforja) en el segundo semestre de 2020.
En definitiva, el presente documento permitirá a EDUCA seguir acompañando al COPUDEVER, con propuestas y estrategias construidas colectivamente, propuestas que contribuyan a fortalecer al sujeto regional, con liderazgos colectivos y con capacidad de decisión.
Sabiendo que su esposo Bernardo Caal Xol está encerrado en condiciones deplorables, hacinado junto a hombres que cumplen condena por los delitos más violentos, Isabel Matzir teme constantemente por su vida.
“En las cárceles de Guatemala han aparecido muchas personas asesinadas”, cuenta por teléfono Matzir, una maestra de etnicidad maya kaqchikel de 40 años, a Amnistía Internacional. “Sabemos que pueden simular un motín, pueden disfrazar cualquier situación con tal de dañarlo”.
Caal se encuentra en prisión desde enero de 2018, en represalia por oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico al que las comunidades nunca dieron su consentimiento. Está pagando el precio de alzar la voz contra las empresas poderosas y las autoridades que hacen de forma sistemática un uso indebido del sistema de justicia de Guatemala para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
La preocupación por su seguridad no es infundada. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha contabilizado 11 asesinatos de activistas que se oponían a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, mientras que Global Witness ha clasificado el país como el séptimo más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.
Aun así, Caal se niega a ser silenciado. Con lápiz y papel como únicas armas, sigue resistiendo desde su celda, denunciando a todo aquel que considera cómplice de violar los derechos humanos de su pueblo, desde el jefe del Estado de Guatemala hasta el presidente del equipo de fútbol Real Madrid.
Preso de conciencia
Caal, respetado profesor y líder comunitario de 49 años, es el mayor de seis hermanos originarios del territorio maya q’eqchi’ de Santa María Cahabón, situado en la región septentrional de Alta Verapaz.
En 2015, las comunidades locales eligieron a Caal para que las representase en su disputa con OXEC, un proyecto hidroeléctrico que ha restringido el acceso de la población local a los ríos sagrados de Cahabón y Ox-eek’, en los que el pueblo q’eqchi’ se ha bañado y ha pescado durante generaciones. El acceso al agua es un motivo de preocupación habitual en las verdes y exuberantes colinas y pastos de Alta Verapaz, donde un censo de 2018 reveló que sólo un 28 % de la población disponía de agua corriente en su casa, mientras que el 42 % dependía del agua de lluvia, y los ríos, lagos y manantiales.
Los más altos tribunales guatemaltecos concluyeron que no se había consultado adecuadamente a las comunidades afectadas pero, a pesar de ello, permitieron que el proyecto siguiese adelante. Decididas a que se tuviese en cuenta su opinión, 195 comunidades locales llevaron a cabo su propia consulta, de forma simbólica, en 2017, en la cual 26.537 personas votaron en contra de OXEC, y sólo 12 lo hicieron a favor.
Caal empezó a recibir amenazas por su activismo y, más adelante, personal experto de la ONU denunció al sector privado por las campañas de difamación contra de Caal en prensa, televisión y redes sociales, en las que se le describía como un delincuente.
En enero de 2018 la policía detuvo a Caal por, supuestamente, retener y robar a cuatro empleados de Netzone, subcontrata de OXEC, durante una protesta en 2015. En noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por detención ilegítima y robo con agravantes.
Caal suele describir su situación como “tortura carcelaria”. Matzir asegura que, aunque la salud de su marido se ha deteriorado, las autoridades penitenciarias no le proporcionan una atención médica adecuada. Le ha sido imposible mantener la distancia social durante la pandemia y, en ocasiones, no se le ha permitido hacer ejercicio en el patio, y ni siquiera ver el sol durante meses. Personal experto de la ONU ha instado al gobierno de Guatemala a proteger la salud y la seguridad de Caal mientras esté encarcelado.
Las visitas se han restringido durante la pandemia, de manera que Matzir sólo ha podido verle esporádicamente. La hermana de Caal, María Josefina, tan solo ha podido dejar comida para él a los guardias que están en la entrada de la prisión, mientras que ni su madre, de edad avanzada, ni las dos hijas de Caal, de 12 y 14 años, han podido verlo. Tampoco puede llamar por teléfono desde la cárcel.
Matzir describe a su marido como un hombre honesto y trabajador, que disfruta de la lectura. Dice que es un padre ejemplar, a quien le gustaba enseñar a sus hijas a tocar la guitarra y contarles historias antes de dormir. “Las niñas extrañan a su papá”, añade. “Ha sido la experiencia más difícil que les ha tocado vivir”.
Incluso antes de la pandemia, era difícil para la familia hacer el trayecto de nueve horas hasta la prisión situada en la ciudad de Cobán. El coste de los autobuses, taxis, comidas y alojamiento, al que hay que sumar los medicamentos y los productos de limpieza e higiene para Caal, convierten la visita en un carísimo viaje de tres días.
Sometida a una presión económica cada vez mayor, Matzir ha tenido que dejar las clases que recibía antes del encarcelamiento de su marido, y adaptar su vida a su nuevo papel como principal sostén económico de la familia. “Tuve que reorganizar todo en cuanto a lo financiero, pues nos hemos quedado con muchas deudas. La colegiatura de las niñas, por ejemplo, se ha acumulado y hemos pospuesto unas cirugías que he necesitado”, señala. “Si antes dormíamos ocho horas, ahora dormimos cuatro, cinco si mucho… esto tendrá sus consecuencias más adelante, verdad, pero por lo pronto se da hasta el último gramo de energía que se tiene al día, y no hay otra opción”.
Otra amenaza al sagrado río
Caal dedica mucho de su tiempo entre rejas a escribir cartas. Entre otras personas, denuncia con frecuencia a Florentino Pérez, un multimillonario español más conocido por ser el presidente del Real Madrid.
Además de dirigir el club de fútbol más grande del mundo, Pérez también preside el gigante de la construcción ACS, cuya filial, Cobra, fue contratada para construir Renace, el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala, junto a un tramo del río Cahabón en el que viven aproximadamente 30.000 personas. Durante una visita a Guatemala 2014 para supervisar la construcción, Pérez regaló una camiseta del Real Madrid al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y calificó Renace como “un proyecto con una responsabilidad social ejemplar, con respeto a los demás, al medio ambiente y a las comunidades”.
Sin embargo, Caal afirma que el proyecto ha causado un daño terrible. En una carta escrita a mano desde la cárcel, acusa a Pérez de haber “atropellado los derechos de pueblos indígenas” por llenar el río de tuberías y desviar su curso sin consultar a las comunidades afectadas, “dejando sin el acceso al agua a miles de hermanos y hermanas del pueblo Maya Q’eqchi'”. En otra misiva, ruega a los aficionados del Real Madrid que pidan al presidente de su club “que deje en paz el sagrado Río Cahabón”.
El proyecto ha generado tensiones tanto a nivel local como internacional. Poco después de una protesta contra Renace en las puertas de la embajada de España en 2017, la Cámara de Comercio española instó a las autoridades de Guatemala a que dispersasen inmediatamente cualquier concentración, control de carretera o protesta que afectase a la libertad de circulación o a la propiedad empresarial o privada, y a que “de forma inmediata inicien las acciones, investigaciones y persecuciones penales (sic)” contra las personas responsables.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevase a cabo una consulta libre e informada a las comunidades; sin embargo, al igual que en el caso de OXEC, no suspendió el proyecto, a pesar de reconocer que se había violado el derecho de las comunidades a dar su consentimiento previo. Aunque Renace ha negado cualquier actuación indebida, un organismo público español ha revelado que el proyecto ha provocado “cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón… con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales”.
En abril de 2021, ACS anunció la venta de la mayor parte de su división industrial a la empresa francesa Vinci por casi 5 000 millones de dólares, pero manteniendo el 49 % de las acciones de una nueva empresa propiedad conjunta de ACS y Vinci. ACS y Cobra no han respondido a las solicitudes de comentarios de Amnistía Internacional.
“Florentino [Pérez] y estas empresas, no se llevan el río porque realmente necesitan del agua para poder sobrevivir ¿no? Para ellos solo es ganancia y acumulación de ganancias”, señala Matzir. “Sin embargo, acá en las comunidades se traduce en la vida o muerte de las personas, los animales, las plantas, todos quienes viven dentro y alrededor del río. Realmente es indignante que existan seres humanos que… destruyen todo a su paso con tal de generar ganancias, incluyendo la vida de las personas”.
Alta Verapaz es una de las regiones más pobres de Guatemala, que registró el 75 % de los casos de mortalidad infantil por desnutrición de todo el país en 2021. Sin embargo, Matzir afirma que las autoridades “nunca lo vinculan al acceso al agua, al acceso a los peces, a los cangrejos, a los jutes, a todas las plantas que están dentro del río y que sirven de alimento y han servido por siempre de alimento para las familias y las comunidades que están en la cercanía del río. Cuando se quita un río no es solo quitar el agua, sino se quita esa posibilidad de alimento.”
Renace y OXEC afirman que han contribuido a reducir la desnutrición a través de sus programas de salud y desarrollo social.
Matzir también lamenta el tremendo golpe espiritual sufrido por el pueblo q’eqchi’ por los daños a sus ríos y colinas sagrados, y se cuestiona por qué las zonas donde se concentran las plantas hidroeléctricas son las que tienen un menor acceso a la electricidad de todo el país. “Es totalmente contradictorio. ¿A dónde se va esa energía? ¿y para quién es? ¿y las ganancias dónde quedan?”, pregunta. “Ellos dicen que ‘se está en contra del desarrollo’ pero la verdadera pregunta es ‘¿desarrollo para quién?'”.
Violencia paramilitar
La oposición a los proyectos hidroeléctricos en Guatemala ha demostrado ser letal. En enero de 2017, hombres armados dispararon a manifestantes pacíficos que estaban protestando contra el proyecto hidroeléctrico PDHSA (construido por Solel Boneh, la misma constructora israelí que levantó OXEC) en Ixquisis, en la zona norte de Guatemala.
Los agresores dispararon a Sebastián Alonso Juan, un defensor de los derechos de la tierra, cuando intentaba escapar. La familia de Alonso contó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajadores de la planta hidroeléctrica le golpearon en la cara y el cuello mientras agonizaba en el suelo. Estuvo horas sin recibir atención médica y falleció antes de llegar al hospital. Tanto medios de comunicación locales, grupos indígenas y observadores de derechos humanos han relacionado al personal de seguridad privado de la planta con el tiroteo, y algunos de ellos también hablan de la posible implicación de la policía. PDHSA y Solel Boneh no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.
Periodistas que cubren el impacto de las plantas hidroeléctricas en Guatemala también arriesgan represalias.
Rolanda García, una periodista indígena maya quiché, viajó a Santa María Cahabón en agosto de 2018 para informar sobre la tala ilegal, supuestamente relacionada con OXEC. Cuenta que, cuando estaba grabando su última entrevista con miembros de las comunidades afectadas, les abordó un grupo de leñadores blandiendo unos machetes.
“Me preguntaron que para qué quería tomar fotos y me exigieron que borrara las imágenes”, cuenta García a Amnistía Internacional. Ella y sus colegas creen que estos hombres eran trabajadores de OXEC; los hombres insultaron a sus colegas, empujaron a uno de ellos, y le robaron el trípode. “Cuestionaron sobre mi presencia en ese lugar, que según ellos son tierras de su patrón. Y al preguntarles quienes eran su patrón no me lo dijeron, pero sí dijeron que era un lugar privado”.
Los hombres aislaron a García y la persiguieron hasta un arroyo cercano, donde la arrinconaron durante 40 minutos, hasta que ella aceptó borrar sus fotos y grabaciones. Afirma que amenazaron con violarla y tirarla al río si se negaba. Días más tarde, OXEC negó tener responsabilidad alguna en el ataque y condenó “todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa”.
García dice que denunció el incidente a las autoridades, pero duda de que sus atacantes sean llevados ante la justicia algún día. “En Guatemala las leyes están a favor de la oligarquía terrateniente y empresarios porque son ellos los dueños de las empresas que operan en nuestros territorios”, afirma. “Por la construcción de la OXEC, han ocurrido muchas persecuciones contra dirigentes sociales, como Bernardo Caal Xol y otras personas que son invisibilizadas pero que ahora siguen siendo hostigadas desde sus territorios, además de los hostigamientos que sufrimos los periodistas que revelamos la voz de los afectados”.
Un ex subcontratista de OXEC y Renace cuenta a Amnistía Internacional que presenció cómo los hombres amenazaban a García con machetes. Este hombre, que ha pedido mantener el anonimato por motivos de seguridad, dice que trabajaba como soldador en los proyectos hidroeléctricos pero que, tras presenciar la destrucción social y medioambiental que éstos causaban en la zona, empezó a hacer campaña en su contra.
Acusa a OXEC de hacer falsas promesas, engañando a la población local para que vendiera sus tierras, y sobornando a otros con dinero en efectivo y láminas de acero con las que reforzar sus modestas casas.
“Destruyeron a la Madre Tierra y los cerros que son sagrados para nosotros” añade, antes de repetir las denuncias de García sobre el sistema jurídico. “La justicia en Guatemala está al revés. Los que tienen dinero hacen lo que quieran a los que no. Esto está pagando nuestro compañero Bernardo Caal Xol en la cárcel”.
El desmantelamiento del sistema de justicia
La indignación por el encarcelamiento de Caal ha coincidido con el descontento por la corrupción sistémica, el desmantelamiento de la independencia judicial y la erosión de las instituciones públicas en Guatemala.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, había logrado avances sin precedentes en los últimos años, entre ellos la implicación del entonces presidente Pérez Molina en un escándalo de corrupción que desencadenó manifestaciones masivas y, en último término, su dimisión y arresto en 2015. Sin embargo, los siguientes gobiernos han minado las iniciativas para luchar contra la impunidad, cancelando el mandato del CICIG en 2019 y acosando, difamando y criminalizando a activistas, periodistas, fiscales y jueces que denuncian o investigan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La creciente indignación de la opinión pública por la corrupción, la desigualdad económica y la respuesta del Estado a la pandemia estalló en una amplia huelga general en julio de 2021, después de que la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, destituyese al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Sandoval, que huyó del país debido a preocupaciones por su seguridad, había estado investigando el hallazgo de casi 16 millones de dólares estadounidenses en casa de un ex ministro de Infraestructuras, y las acusaciones de que empresarios rusos dejaban bolsas con dinero en efectivo en casa del presidente Alejandro Giammattei. El presidente niega las acusaciones.
Líderes indígenas encabezaron la huelga, secundada por amplios sectores de la sociedad que se unieron a sus demandas pidiendo la dimisión de Giammattei y una transformación total de la manera de gobernar la nación. Manifestantes indígenas bloquearon autopistas en muchas partes del país, mientras en la capital, los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron pintura a la policía desplegada para proteger los edificios gubernamentales.
En una carta enviada desde prisión, Caal daba las gracias a Sandoval “por ser una esperanza para combatir la corrupción que ha significado la muerte, hambre y pobreza para miles de guatemaltecos y guatemaltecas” y por demostrar que “sí es posible alcanzar la verdad y la justicia”.
Sandoval es el último de varios fiscales y jueces que se han visto obligados a abandonar Guatemala en los últimos años, entre ellos la primera fiscal general del país, Claudia Paz y Paz, que huyó en 2014 cuando las autoridades realizaron acusaciones infundadas en su contra, y congelaron sus cuentas bancarias durante un breve periodo de tiempo.
En una conversación con Amnistía Internacional desde Costa Rica, Paz y Paz alerta de que la erosión de la separación de poderes ha avivado aún más las persecuciones por motivos políticos y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos. “Hay una componenda, un arreglo entre la jefatura de ejecutivo, el legislativo, y tristemente del poder judicial, también. Y lo que más me preocupa es que los ciudadanos se quedan en absoluto estado de indefensión —tanto para que si se comete un crimen en su contra, este queda en la impunidad— como para los casos fraguados de criminalización que estamos viendo. Se inflan acusaciones, o se inventan acusaciones. Se fabrican y fraguan pruebas. Es muy, muy delicada la situación del país”.
Paz y Paz hizo historia al ser la primera funcionaria pública en enjuiciar los graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, que se prolongó durante décadas, entre ellos la acusación formal por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt. Señala que la criminalización es “un arma muy poderosa en contra de la disidencia porque implica la pérdida de la libertad, implica un riesgo gravísimo para la integridad física… es una forma de silenciar a las voces que denuncian la corrupción y la impunidad”.
Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, Paz y Paz cree que la presión y solidaridad internacionales pueden marcar la diferencia, citando por ejemplo las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios y ex funcionarios públicos guatemaltecos por actos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en Canadá, acusadas de cometer delitos violentos en Guatemala.
La ex fiscal también se declara esperanzada por “el trabajo excelente que hacen el periodismo independiente, también los pocos funcionarios honestos que quedan en el país”, así como por la reciente huelga nacional: “la movilización ciudadana es una voz muy, muy poderosa para frenar el autoritarismo que estamos viviendo actualmente en el país”.
Desde Guatemala, Matzir muestra la misma convicción. “La fuerza espiritual la tenemos muy, muy fundamentada de nuestros ancestros y nuestras ancestras que han estado luchando por siglos [para] mantener la dignidad, mantener la posibilidad, la esperanza de construir un mundo mejor, un mundo más justo para las siguientes generaciones”, afirma. “El pueblo maya ha enfrentado tantas situaciones y ahora nos corresponde continuar. Tenemos que mantener esa vela encendida para seguir defendiendo los derechos que nos corresponden”.
Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional. El caso de Bernardo Caal es parte de Escribe por los Derechos 2021, una campaña anual de Amnistía Internacional y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.
Decenas de indígenas Ngäbé Buglé que se oponían a la hidroeléctrica de Barro Blanco, en la provincia panameña de Chiquirí, resultaron heridos en un desalojo de la policía nacional.
Tras la represión, en la que hombres, mujeres y niños resultaron con graves lesiones, se ha cuestionado la actitud del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien participa de la COP26.
La obra hidroeléctrica de Barro Blanco ha recibido una permanente resistencia de las comunidades del pueblo Ngäbé Buglé, quienes desde un inicio cuestionan la falta de consulta de esta megaobra que impactará en sus territorios. https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fconapip.panama%2Fvideos%2F410121600571926%2F&show_text=0&width=560
Por otro lado, la policía panameña sostuvo que esta acción fue parte de un desalojo en el terreno de la hidroeléctrica Barro Blanco que había sido ocupado por personas que no tenían relación sin relación con la empresa.
Asimismo, reportó que miembros de sus filas resultaron heridos.
No obstante, tras la gravedad del hecho, la Defensoría del Pueblo de Panamá anunció que realizará investigaciones para identificar vulneraciones de derechos durante el desalojo.
“No se puede, bajo ningún criterio aceptar la utilización de exceso de fuerza así como de artefactos caseros que pongan en peligro [a] agentes del orden y de la propia comunidad incluyendo niños, niñas y adolescentes”, señala el comunicado.
Publicado originalmente en Servindi Este material periodístico es de libre acceso y reproducción. No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinformémonos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero si de ti. Apoya el periodismo independiente. Es tuyo.
Las mujeres del río Cauca han liderado el rechazo a Hidroituango, el mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia. Hace 3 años un derrumbe en un túnel casi colapsa la presa y obligó a desalojar a 100.000 personas río abajo. Algunas de las líderes que vivían en la ribera río arriba quedaron atrapadas y tuvieron que huir para no ahogarse por el llenado del embalse. Hoy siguen oponiéndose a la represa, en el país más peligroso para ser líder ambiental, y son testigos de un río que ya no existe como lo conocieron. Foto: Santiago Rodríguez
Angélica Mazo se cuelga de la baranda de la represa y mira el río que cae por el vertedero: el agua es arrojada a una caída de 225 metros y al chocar con el fondo levanta un estallido de vapor que deja sin hojas la montaña del frente, como si ardiera todo el tiempo. “¡Este sí es mi río!”, me dice.
Detrás nuestro, del otro lado de la presa, el Cauca es un embalse silencioso, verde e inmóvil que no se parece al río en el que ella aprendió a pescar y a recoger oro con una batea desde los 9 años. De este lado, en cambio, el movimiento le devuelve al agua su sonido y su color marrón, aunque algo más claro.
Aferrada a la baranda, Angélica repite el mismo gesto que hacía cuando era niña, cuando se sostenía del borde del puente Pescadero, ocho kilómetros al norte de allí, ahora sumergido por el embalse. “Me quedaba horas ahí, mirando la corriente del río y me preguntaba: de dónde viene, para dónde va, por qué no se acaba”.
Repite el gesto, pero todo lo demás ha cambiado. Ella no es una niña, tiene 59 años; este no es el puente sino la cima de una represa; y el río, dice, ya no es el río, es el motor de la que sería la mayor central de energía de Colombia.
El proyecto hidroeléctrico Ituango, al occidente del país, en el departamento de Antioquia, debía entrar en operación hace tres años, en 2018, y generar el 17 por ciento de la demanda de energía nacional. Pero ese año un derrumbe en el túnel con el que desviaban el Cauca hizo que el embalse comenzara a llenarse antes de que terminaran la presa.
El agua contenida amenazó con desbordar el muro hasta donde estaba construido y romperlo. El riesgo de la avalancha, que habría arrasado a todos los municipios 256 kilómetros río abajo, obligó a la mayor evacuación de la historia de Colombia: 113.000 personas, cinco municipios vaciados de gente.
Se tomaron decisiones desesperadas para evitar el desastre. El agua fue desviada por la casa de máquinas —el sitio donde se genera la energía—, lo que causó pérdidas por 110 millones de dólares. El muro se terminó de urgencia en solo un mes para contener el agua que seguía subiendo. La peor parte de la crisis estuvo controlada en 2018, cuando el agua comenzó a salir por el vertedero, un canal a la derecha del muro. El río se seguirá evacuando por allí hasta que la obra esté lista y comience a generar energía en 2022.
Hidroituango. Foto: EPM
Sostenida de la baranda, Angélica mira esa cascada artificial. Pasó los últimos 10 años de su vida intentando evitar que se construyera la represa. Se queda un rato en silencio hasta que cambia de opinión: este no se parece a su río. “Antes no sonaba así, el ruido del agua se mezclaba con los golpes que daba contra las rocas y la arena”, dice.
Lo que extraña del Cauca no es solo su sonido, interrumpido por la quietud del embalse, sino su complejidad. La corriente que se quedaba mirando de niña, mientras se hacía las preguntas que uno se hace ante lo amado: de dónde viene, para dónde va, por qué no se acaba.
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La hidroeléctrica de Ituango fue bautizada con el nombre del primer ingeniero que imaginó la represa, José Tejada Saénz. En 1969, en el documento en el que planteó el proyecto, escribió sobre el cañón del río Cauca: “Ese lugar lo puso Dios ahí para que hubiera una hidroeléctrica”.
Durante cuatro décadas la obra fue poco más que eso, una curiosidad guardada en el cajón de algunos ingenieros que refinaron las anotaciones de Saénz. Ni los recursos ni las capacidades técnicas hacían pensar que pudiera realmente hacerse la represa. Hasta que, en 2007, el gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos trazó un plan de financiación, puso la hidroeléctrica en su plan de gobierno y en 2010 encargó la obra a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
“Lo que nos movió fue cumplir un sueño de Antioquia. Retomamos la tesis de un gran gerente de empresas públicas, Diego Cayo Restrepo, que dijo: ‘Antioquia, con tantas limitaciones que nos puso la naturaleza, a lo que se puede dedicar es a vender aguaceros’”, dijo Ramos en 2019, en una entrevista radial.
La historia de este departamento, el segundo más poblado de Colombia después de la capital, Bogotá, podría resumirse como la de una región que ha tratado de domar el mundo. Fue el primer sitio, en un país cruzado por tres cordilleras derivadas de los Andes, en el que se rompió la montaña para crear un túnel, La Quiebra, en 1929.
Hidroituango fue imaginado como un paso más en esa búsqueda por doblegar el paisaje. “No se vuelve a dar en el mundo un cañón de 70 kilómetros de extensión, tan cerrado, de pura roca, y tan inhabitado”, me dice el gobernador Ramos por teléfono.
Desde las alturas, el cañón del Cauca le podría parecer inhabitado. Pero basta con acercarse al río para distinguir a las personas que viven allí.
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Estela Posada —51 años, pescadora, barequera— sostiene frente a su pecho una batea, una vasija de madera, redonda y ancha que usaba para encontrar oro en el Cauca. En el centro está escrito su nombre y alrededor las fechas y los lugares de las cinco veces que fue desalojada del río mientras se construía la represa, entre 2011 y 2018.
Con cada desalojo hacía lo mismo: dejaba una marca en la batea y volvía a armar su casa un poco más arriba en el río. Pasó siete años desplazándose en contra de la corriente. “Me fueron arriando por la montaña hasta que al final me sacó el agua”, dice.
Estela Posada, líder de Ríos Vivos en Toledo. Foto: Juan Manuel Flórez
Estamos en la sede de Ríos Vivos, la organización a la que pertenece y que ha liderado la oposición a Hidroituango. La casa queda en el municipio de Toledo y eligieron construirla en una montaña con vista a la represa.
Con la batea en las manos, Estela repasa en voz alta las fechas de los desalojos. “Junio de 2011, Playa Capitán. Diciembre de 2011, Playa Nicura. Marzo de 2015, La Arenera. Febrero de 2017, Los Mangos. Mayo de 2018, Playa Guayacán”. Las fechas rodean su nombre como las horas de un reloj. Marcan los tiempos del avance de la obra, pero también los de su resistencia.
Las mujeres han sido quienes han liderado el rechazo a la represa. El barequeo, el oficio de encontrar oro en el río, era ejercido sobre todo por ellas. El río era un espacio común a cuya orilla vivían, sembraban, daban a luz y enterraban los cuerpos que bajaban flotando.
Por eso, dice Estela, intentaron evitar que lo inundaran. Ella fue quien lideró, en 2013, una caravana de 350 personas desde el puente Pescadero hasta la capital, Medellín, a 166 kilómetros de allí. Comenzó como una protesta por la captura de 12 miembros de Ríos Vivos en otra manifestación. Caminaron ocho horas hasta el municipio de San Andrés de Cuerquia, donde pasaron la noche.
“No pude dormir nada. Solamente podía pensar en qué me había metido, cómo iba a responder por toda esa gente”, recuerda Estela. Seguía sin encontrar una respuesta en la mañana cuando, en la montaña de enfrente, vio bajar por la carretera varios buses de EPM que volvían de la obra. Organizó a una veintena de sus compañeros para cortarles el paso. Se tomaron ocho buses y cambiaron el rumbo: los detenidos habían sido liberados, pero decidieron seguir la caravana hasta Medellín, la capital.
El 19 de marzo de 2013, 350 campesinos y barequeros afectados por la hidroeléctrica entraron a la ciudad en buses de la empresa encargada de construirla. Lo hicieron sonando las bocinas. “Encargamos a un compañero en cada bus para que tocaran el pito. Cuando llegamos, nos bajamos, y les dijimos a los conductores: muchas gracias y hasta luego. Algunos estaban furiosos”, dice Estela riendo.
Se quedaron siete meses en el coliseo de la Universidad de Antioquia, reclamando negociar con el entonces gobernador, Sergio Fajardo. En el grupo también estaba Angélica, que dejó su casa en Briceño para vivir durante más de medio año en una carpa improvisada.
Pero en octubre, cansados y sin un acuerdo claro, regresaron a sus municipios. Un par de meses después, el 17 de febrero, la obra se volvió irreversible. EPM desvió el río Cauca por dos túneles excavados en la montaña, para secar el sector en el que iba a construir un muro de más de 200 metros para represar la corriente.
“Durante años se ha planeado este momento, pero nunca creímos que con la ingeniería esto pudiera ser una realidad. El Cauca parecía indomable”, dijo uno de los reporteros que dio la noticia.
Estela estaba en el Valle de Toledo, un corregimiento cerca de allí, y vio por televisión a un sacerdote que bendijo la obra antes de la detonación que sacó el río de su cauce. “No volví a creer en los curas. Ese día perdí la fe”.
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Acened Higuita, líder de Comunidades Setaa en Briceño. Foto: Santiago Rodríguez
Cuando Bernardo Torres se sumergía en el río, antes del llenado de la presa, sentía una fuerza que intentaba arrastrarlo. “Era como si el agua quisiera llevarlo a uno a otra parte, hacia abajo”, dice.
Su esposa, Acened Higuita —barequera y presidenta de la acción comunal de la vereda Nueva LLanada en Peque, 24 kilómetros río arriba de la represa— dice que esa fuerza fue la que causó la crisis en 2018. “Si usted represa un río tiene que atenerse a las consecuencias. Es como hacer una casa al lado de la quebrada. Uno invade su territorio, y en algún punto ella va a querer reclamarlo”, dice ella.
Toda agua que corre corre hacia el mar. El Cauca baja 1.350 kilómetros desde su nacimiento en el macizo colombiano para unirse con el río Magdalena, el más grande del país, y desembocar juntos 299 kilómetros más abajo en el mar Caribe.
El muro de Hidroituango es la mayor interrupción a ese recorrido. La presión que casi lo rompe en 2018 fue, en parte, el curso del agua intentando cumplirse.
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La primera señal que el río le dio a Estela del peligro fue su silencio. Le gustaba armar su casa cerca de la orilla para dormir arrullada por el sonido del agua. La madrugada del 8 de mayo de 2018 despertó en playa Guayacán, donde llevaba un año viviendo con su hijo de la pesca y el oro, y notó que no escuchaba la corriente.
Cuando se bajó de la cama el agua le llegaba a la rodilla. Sacó lo que pudo, con ayuda de su hijo, y subieron por la barranca. Allí notaron que no era una crecida normal; el agua no descendía.
Varios kilómetros más abajo, en la represa, el túnel de desviación del Cauca estaba colapsado por un derrumbe interno de la montaña. El agua que bajaba desde el macizo —2.500 metros cúbicos, el volumen de una piscina olímpica, cada segundo— comenzó a llenar el río Cauca con Estela y los otros barequeros dentro de él.
Solo con la vista, ella y su hijo no podían saber que el agua estaba subiendo. “Comenzamos a poner palitos en la orilla, como testigos. A los 10 minutos el agua los hacía flotar”, dice.
Incluso un movimiento tan violento como el llenado del cañón que contiene el Cauca no era visible ante la inmensidad de la montaña. Solo podía comprobarse dejando una señal que marcara el paso del tiempo.
Los barequeros como Estela saben de señales. Su trabajo consiste en leer las marcas de las orillas para encontrar el oro que está debajo. Barequear es, sobre todo, ser consciente del fondo del río. Y eso es justo lo que se pierde con las represas: el fondo, sepultado por el agua que llena el embalse, o atrapado en el muro de la presa, que retiene los sedimentos y deja que el río siga corriendo sin lo que llevaba adentro.
“Los sedimentos cargan los nutrientes, los alimentos para la vida que depende del río. Cargan la misma vida del río. Si uno se los quita, la dinámica se descompone”, dice Jorge Alberto Escobar, experto en mecánica de fluidos y encargado del estudio de la Universidad Javeriana sobre el impacto de la represa en el agua del Cauca.
Embalse de Hidroituango. Foto: Santiago Rodríguez
Junto a los sedimentos, en la represa también quedaron sumergidos los sitios a los que los barequeros les habían puesto nombre: la piedra de la ahogada, el puente Pescadero, el Asomadero. “Allá bautizábamos todo. Los caminos, las piedras, las curvas del río”, dice Estela.
Lo que ahogó el Cauca fue, también, el alfabeto que habían creado para nombrarlo.
Estela y su hijo huyeron del río por cinco días hasta que los arrinconó contra la montaña. Allí fueron rescatados por lanchas de EPM, pero antes de subirse guardaron en las montañas las cosas que habían rescatado para volver por ellas cuando bajara el agua. Pocas horas después el agua también las sumergió, junto con todos los nombres.
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Hace 30 años, cuando Acened Higuita tenía 15, su vereda se desprendió de la montaña una madrugada. Ella y sus vecinos huyeron del derrumbe, pero la vereda Llanada, en Peque, quedó deshabitada.
Acened dice que no fue un desastre natural. “Fue culpa de la erosión, porque cortamos muchos árboles. Llegó el día en el que la montaña se cansó y dijo: si ustedes no me cuidan, yo tampoco los voy a cuidar”. Reconstruyeron la vereda del otro lado de la montaña y la nombraron Nueva Llanada, “para que no desapareciera del todo”. Estamos allí, río arriba de la represa, en la casa de Acened, en el punto más alto antes de comenzar el descenso al río.
A esa altura, el paisaje se observa como visto desde un mapa. Basta con señalar con el dedo para nombrar los municipios que tiene alrededor: Sabanalarga, Toledo, Briceño e Ituango.
Desde allí, en mayo de 2018, Acened vio como el Cauca se convertía en una represa. El cauce, que apenas se adivinaba por las curvas del cañón, comenzó a subir. Luego se quedó quieto, dejó de correr, y fue cambiando de color marrón a verde.
Bernardo, su esposo, con quien pasaba temporadas viviendo en la ribera, dice que las pocas veces en las que ha vuelto al río no ha reconocido a los peces. “Antes uno pescaba bocachico, dorada, bagre, barbudo. Ahora hay unos que uno no sabe ni cómo se llaman”.
“La vida que hay en el agua depende de cómo se mueve ese agua”, dice Jorge Escobar. En un embalse, con el cauce detenido, habitan peces distintos a los de un río común.
El monitoreo de fauna que hace la Universidad de Antioquia, en convenio con EPM, ha identificado 42 especies en el embalse y 108 abajo de la presa. De estas solo algunas coinciden arriba y abajo del muro. Otras, como el bocachico y las doradas, que subían desde la desembocadura del Magdalena, nadando contra la corriente del Cauca, están quedando detenidas en la represa.
A diferencia de Bernardo, Acened no volvió al río desde que se inundó. “Los primeros días mucha gente iba por curiosidad. Yo no. Me daría nostalgia no encontrar ninguno de los sitios en los que vivíamos”.
En sus temporadas en el Cauca estaban acostumbrados a desarmar sus ranchos de madera y plástico, y reconstruirlos en otra orilla donde hubiera oro: “Los barequeros cargamos con la casa al hombro”, dice. Parece desprendimiento, pero es lo contrario: es llevar, siempre, el hogar a cuestas.
Acened le enseñó a barequear a todas sus hijas menos a una: Mariángel, de 3 años, una nieta que ha criado en su casa y que nació cuando el Cauca ya era una represa.
“No conoció vivo al río”, dice. Luego imagina qué pasará cuando se acabe la vida útil de Hidroituango, en unos 50 años. “Entonces yo no voy a estar, pero va a estar ella”. Se queda mirándola un momento y agrega: “Le va a tocar vivir cosas que ni siquiera eligió”.
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Angélica Mazo, líder de Comunidades Setaa en Briceño. Foto: Santiago Rodríguez
La última vez que Angélica Mazo bajó al río, antes de la inundación, no sacó ni un gramo de oro. Se dedicó a recoger de la orilla semillas, piedras y caracoles, “esas casitas abandonadas al lado del agua”.
Luego las subió por la montaña hasta su casa en la vereda El Orejón, en Briceño. Durante el camino, sintió el peso y dudó. “¿Yo por qué estoy cargando todo esto?”. Pero se convenció de llevarlo hasta la cima.
En su casa armó un altar con los objetos que rescató del río. Los ordenó en una estantería en el salón principal. En el centro puso dos semillas en forma de corazón.
“Las encontré entre los caracoles. Nunca las he sembrado. ¿Qué tal que las entierre, crezcan y me quede sin mi corazón?”.
Bajo el embalse quedaron semillas, flores, frutos, árboles —1.839 hectáreas de bosque seco tropical—; puertas, techos, muros, veredas enteras, animales —los caracoles que como los barequeros llevaban su casa al hombro—; el puente Pescadero, la piedra de la Ahogada, el Asomadero, cada rincón nombrado, y el polvo de oro en el fondo del río.
Salvo los objetos de la estantería de Estela, no hay muchas señales de todo aquello que está sumergido. En ese sentido, el embalse se parece al pasado: ese inventario al que no tenemos acceso, del que no siempre hay evidencia, pero que sabemos que está ahí, abajo.
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Después de despedirme de Acened, bajo al Cauca en un viaje de tres horas en mula desde su casa. Adelante va Junior, que vive cerca y hace de guía. Mientras más descendemos, menos clara es la trocha, que comienza a confundirse con la maleza. Han pasado solo tres años desde la inundación, pero el camino al río ya es casi un camino abandonado.
Junior tiene que volver a abrirlo con un machete. A la derecha, a la otra orilla del embalse, pueden verse los trozos de montaña que están cediendo por la erosión. El agua represada, que oculta lo que hay en el fondo, a la vez expone la tierra, la debilita por debajo y hace que se desprenda.
Abajo, en la ribera, el agua está estática, no emite ningún sonido. Después del llenado, el Cauca se volvió en esa zona como un lago navegable, por el que los pescadores transportan informalmente civiles y, a veces, a grupos armados que los obligan a llevarlos: disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común (Farc) que retomaron las armas, y miembros el Clan del Golfo, un grupo residual de los paramilitares, que se disputan la zona.
Bajamos durante otros diez minutos hasta la orilla. Allí, ocultos tras la maleza, hay dos carteles de EPM. El primero, en voz de la empresa, dice: “Propiedad privada: aguas no aptas para actividades acuáticas y pesca”. El segundo, en voz del río, dice: “Cuidado. Soy el río Cauca y mis aguas podrían afectar tu salud”.
“Este reportaje es parte del proyecto ‘Defensoras del territorio’ de Climate Tracker y FES Transformación”.
Que la presa El Zapotillo no operará ni hoy, ni mañana ni nunca, es lo que daría certeza a los habitantes de las comunidades afectadas y que se tumbe, que se cancele, que se demuela la obra, es una de las alternativas más firmes que se han presentado entre las deliberaciones que toman los pobladores de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, según lo hizo saber el padre, Gabriel Espinoza, líder comunitario en la región.
“Somos el río”es un cortometraje documental que retrata la lucha de pobladores autoconvocados de la localidad de Rucalhue por la defensa del Río Bio Bio, quienes a través del bloqueo de la entrada a las obras de la represa Rucalhue impiden el avance de su construcción debido al impacto medioambiental que tendrá este megaproyecto. Este documental fue realizado colaborativamente por socias de la Cooperativa Trashumante Audiovisual; Javiera Moraga en la dirección, Isham Assis en producción, y Constanza Torres en cámara, y con la participación de la realizadora Nicole Kramm en Dirección de Fotografía, se suman además en la postproducción de imagen Ce Belliz y Yerko Yañez, en la post producción de sonido. Este proyecto nace por la fuerte convicción de lxs protagonistas y de sus realizadoras por evidenciar el ecocidio que avanza en el río Bio Bio y sus alrededores, ya que impacta directamente a las comunidades que habitan el territorio, y a sus ecosistemas. La zona lleva más de 20 años de intervención extractivista por empresas internacionales, amparadas por el estado chileno, sus aparatos administrativos y legislativos.
📰 Video. “Sangre de la Tierra” cuenta las historias de tres procesos de resistencia en contra de proyectos hidroeléctricos en México, Honduras y Guatemala.
“En la cosmovisión de muchos pueblos indígenas, los ríos son la sangre de la tierra. Para defender estos ríos y evitar que sean secuestrados por megaproyectos hidroeléctricos, centenares de personas son criminalizadas o asesinadas cada año”
El documental es una producción de Alba Films y la Fundación Luciérnaga para Entrepueblos y Brigades de Pau de Catalunya, con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que presenta las resistencias de tres territorios de la región mesoamericana (México, Honduras y Guatemala) ante la construcción de centrales hidroeléctricas.
Cada territorio se encuentra en una fase diferente del proceso de lucha: desde que se conoce la existencia del proyecto, hasta la oposición a la propia construcción, que comporta en muchas ocasiones la criminalización de líderes y liderezas.
La meta del documental es desmentir la imagen que las hidroeléctricas son únicamente productoras de energía limpia, poniendo la mirada en los efectos negativos que su construcción provoca sobre las comunidades (en su mayoría indígenas) y los territorios afectados. El documental quiere mostrar y llamar la atención sobre las repercusiones sociales, económicas y ambientales que tienen estos proyectos, sobre la falta de consulta previa, libre e informada a la cual obliga el Convenio 169 de la OIT y sobre la inexistencia de supuestos “beneficios” para las comunidades, puesto que la energía producida se destina a la exportación. “En México, Honduras y Guatemala cada año son asesinadas entre 50 y 60 personas defensoras del medio ambiente para luchar contra el saqueo de las tierras ancestrales de sus comunidades. Con la construcción de centrales hidroeléctricas, los ríos y el agua también se han convertido en objeto de despojo y han disparado la violencia y la criminalización. En esta guerra no declarada, son muchos los ejemplos de resistencia que muestran como esta mal llamada energía limpia también se puede teñir de sangre”
Créditos: En Santa Cruz Barillas conmemoraron 8 años de la Resistencia Pacífica Poza Verde. Foto Francisco Simón
Por Francisco Simón Francisco
En Santa Cruz Barillas la población Q’anjob’al del Movimiento de la Sociedad Civil conmemoró este sábado 10 de abril, 8 años de historia de lucha y de la Resistencia Pacífica Poza Verde, ante la llegada de la empresa Hidro Santa Cruz subsidiaria de la empresa transnacional Ecoener Hidralia, propiedad del empresario español Luis Castro Valdivia.
Foto Francisco Simón Francisco
Hidro Santa Cruz tenía a su cargo la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Q’anb’alam, que empezó a hacer de forma arbitraria, violenta y sin consulta. Tenía dos licencias autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) incumpliendo lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Foto Francisco Simón Francisco
La imposición de este megaproyecto, la población de Barillas recuerda que ocurrió en el 2012. Se hizo desconociendo la postura, opinión, realidad y necesidades de los comunitarios que habitan en el área, donde se pretendía ejecutar la construcción de esta hidroeléctrica. Además se hizo con un Estudio de Impacto Ambiental fraudulento.
Foto Francisco Simón Francisco
Esta situación los motivó a organizarse un 7 de abril de 2013 en resistencia de una forma pacífica, un plantón permanente que ocupa el lugar denominado Poza Verde para impedir la entrada de constructores, ingenieros y maquinarias de la citada empresa.
Durante los 8 años de resistencia, ocurrieron asesinatos, encarcelamientos, detenciones ilegales, persecución penal y la incursión de elementos de la Policía Nacional Civil y el ejército en contra de la población en resistencia que exigían que el Estado de Guatemala y las empresas atendieran sus demandas.
Foto Francisco Simón Francisco
No obstante, en diciembre de 2016 a través de un campo pagado Hidro Santa Cruz anunció su retiro en el país argumentando que había renunciado a los derechos otorgados por el Estado de Guatemala para la ejecución de su proyecto en Santa Cruz Barillas.
Esta empresa en lugar de llevar desarrollo a la región, generó en la sociedad un ambiente de conflictividad y división comunitaria con las lógicas de violencia, control y dinámicas de despojo, dejando en la población cicatrices de abusos y violación a los derechos humanos que alteraron sus condiciones de vida, relación, comunicación y participación política.
Francisco Simón Francisco
A 8 años de la resistencia, todavía hay personas con persecución política y órdenes de captura. La comunidad sigue exigiendo justicia y en defensa del territorio y los recursos naturales.
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS- ONU-DH MÉXICO.
A LOS ORGANISMOS CIVILES.
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.
AL PUEBLO EN GENERAL.
Pueblos y comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio y bienes naturales comunes manifestamos, que desde el 2006 nuestros pueblos y comunidades se han visto amenazados por la construcción de un megaproyecto denominado, Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina”.
En el 2007, pueblos y comunidades afectadas integramos el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y desde esa fecha hemos venido realizando diferentes actividades de denuncia pública y jurídica, de acuerdo a lo establecido y estipulado en las leyes nacionales y en los tratados internacionales como el Convenio 69 de la OIT. Además, hemos velado por nuestros derechos de manera y forma pacífica, sin violencia y sin afectar los derechos de terceros.
Isabel Matzir teme constantemente por la vida de su esposo, Bernardo Caal Xol, quien se encuentra en prisión desde enero de 2018 (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)
Cooperativa Trashumante Audiovisual
