COPINH – Los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando.
Los mensajes de texto y Whatsapp muestran que la conspiración contra Berta Cáceres involucró a los más altos rangos de la empresa cuya represa había estado protestando.
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| por Otros Mundos AC
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la defensa de los ríos en Puebla- A 25 de enero de 2020
Por Francisco López Bárcenas
El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.
Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.
En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.
Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.
La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.
Imagen: Lado B
Más información:
21 noviembre 2019
En la región de los Altos de Jalisco el agua se ha convertido en un recurso geoestratégico que viene siendo acaparado por las grandes empresas del Bajío. Las presas son el medio a través el cual se logra dicho control.
Tan sólo en el Río verde y sus afluentes, en donde ya hay presas construidas, existen varias en proyecto de las cuales dos se encuentran en construcción. Una de ellas es la presa El Zapotillo, que junto con el acueducto que pretende llevar agua a la ciudad de León, son obras financiadas por una asociación público-privada para saciar la sed de unos cuantos empresarios.
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En Río Grande do Sul, el gobernador derogó un decreto que instituía políticas fundamentales para el desarrollo de las poblaciones que padecen las severas consecuencias de los emprendimientos hidroeléctricos.
12 noviembre, 2019
Por Sergio Alvez * | El gobierno estadual de Río Grande do Sul, encabezado por el gobernador Eduardo Leite (PSDB), derogó el pasado 4 de noviembre, el Decreto 51.595/14, que instituía la Política de Desarrollo de las Regiones Afectadas por Emprendimientos Hidroeléctricos (PDRAEH) y la Política Estadual de Afectados por Emprendimientos Hidroeléctricos (PEAEH).
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28 de septiembre | 2018
En octubre de 1994, alrededor de mil indígenas Embera Katío navegaron en 42 balsas desde el Resguardo Karagaví en la cuenca alta del río Sinú hasta Lorica, en la Ciénaga Grande (Córdoba). Este hecho político para despedir a su río se llamaría: Do Wabura Dai Bia Ozhirada (Adiós río, el que hacía todos nuestros beneficios). Do Wabura fue la primera movilización embera para denunciar las implicaciones que tendría la construcción de la hidroeléctrica Urrá I, logrando así atraer la atención de la opinión pública y motivar la primera visita del Ministerio de Ambiente de Colombia a la zona, e instalar el 2 de noviembre de 1994 una Mesa entre instituciones y afectados.
Cansados de los incumplimientos del gobierno, cientos de Embera Katío y campesinos-pescadores del Sinú marcharon hacia Bogotá, el 29 de noviembre de 1999. Dos semanas les tomó recorrer 700 kilómetros para llegar a la capital, justo el mismo día que iniciaba el proceso de llenado de la represa. Por más de un año, los indígenas estuvieron asentados en el jardín frente al Ministerio de Ambiente visibilizando y denunciando las implicaciones que la construcción de la represa estaba teniendo sobre su vida y cultura. La movilización a Bogotá generó una sólida e importante solidaridad hacia este movimiento de defensa territorial.
En 1999, miembros de la Asociación de Pescadores, Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú (ASPROCIG), también afectados por Urrá 1, participaron en la audiencia regional de la Comisión Mundial de Represas en Brasil, posicionando las afectaciones provocadas aguas abajo por las represas. Hasta ese entonces, estas afectaciones eran poco reconocidas como daños derivados de estos proyectos.
En el año 2000, se realizó la Misión Internacional a los territorios de los pueblos indígenas Embera Katío que luchaban contra Urrá y Uwa que se oponían a un proyecto petrolero en Boyacá. La misión organizada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) contó con delegados y delegadas de International Rivers Network de EE.UU., Oilwatch International, World Rainforest Movement, Sobrevivencia de Paraguay, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos, el Congreso General Kuna de Panamá, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), el Movimiento de Afectados por las Presas de Brasil (MAB) y Coalición Ríos Vivos de Argentina.
Más de 15 años de lucha lograron juntar a indígenas, pescadores, campesinos, ambientalistas y defensores de derechos humanos, y llevar a decenas de países las denuncias de las afectaciones ocasionadas por las represas. Sin embargo la defensa del Sinú tendría un enorme costo de vidas de Embera Katío e intelectuales que fueron asesinados por los grupos paramilitares, como los indígenas Lucindo y Kimy Pernía Domicó y el profesor Alberto Alzate de la Universidad de Córdoba.
La lucha contra Urrá I será recordada como la más contundente oposición a una hidroeléctrica en Colombia. Aunque si bien no logró frenar el proyecto, sepultó las posibilidades de su segunda fase: Urrá II. En esos mismos años, se realizaron los Paneles por la Energía Sustentable en la que participaban afectados, ambientalistas y académicos, además se hicieron encuentros, talleres y debates que, poco a poco, fueron sumando y recogiendo las denuncias de los pueblos que ya habían sufrido la construcción de hidroeléctricas en otras regiones del país donde también se había resistido a las represas. De esta manera, empezaría a tejerse un fuerte entramado social que propiciaría la articulación de afectadas y afectados por las represas a nivel nacional.
Así se dio lugar en 2006 en el municipio de Buenos Aires (Cauca), a la constitución de la Red Nacional de Afectados por Represas, transvases y proyectos MDL, primera expresión nacional organizativa de los afectados de represas con la participación de procesos de los ríos Ranchería, Guatapurí, Anchichayá, Sinú, Salvajina y la Miel.
En septiembre de 2008, la Red Nacional que hacía parte de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas y por los Ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR) organizó en cabeza de Asprocig y Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia, el IV Encuentro Latinoamericano de la Redlar en Lorica, Córdoba. Como antesala del Encuentro se realizó una navegación por el río Sinú desde el resguardo Karagaví hasta la desembocadura en el Golfo de Morrosquillo para rendir homenaje a los cientos de indígenas Embera Katío que dieron su vida por la defensa del Río. Con más de 200 delegados nacionales e internacionales, el Encuentro debatió situaciones particulares y comunes de un modelo energético que se imponía en el continente a costa de la vida y las culturas de los pueblos ribereños.
En los años siguientes se fueron sumando otros procesos, primero el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí de Santander, luego la Asociación de Afectados por El Quimbo (Asoquimbo) del Huila y finalmente la Mesa por la Defensa del Territorio de Ituango de Antioquia, que posteriormente adoptó la denominación Ríos Vivos Antioquia. En este trasegar la Red se transformó y dio un gran paso al cambiar su nombre y estructura por la del Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios y Afectadxs por Represas – Movimiento Ríos Vivos.
Aquí hacemos un alto para homenajear el papel de las personas que forzaron en los inicios este proceso: Licifrey Ararat, Teresita Lasso, Tatiana Roa Avendaño, Iván Correa, Ever Grondona, Silvano Caicedo, Hildebrando Vélez, y resaltamos la labor de Juan Pablo Soler, que ha tejido con otras y otros latinoamericanos relaciones de hermanamiento durante muchos años para construir propuestas en torno a la libertad de los ríos y los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por represas.
Han pasado 6 años del I Encuentro Nacional del Movimiento Ríos Vivos, en Girardota (Antioquia) y “mucha agua ha pasado debajo del puente”. Ríos Vivos no sólo ha logrado posicionarse como un movimiento nacional que representa los afectados por las represas, también ha contribuido a la construcción del Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas (MAR). Ríos Vivos ha caminado defendiendo los derechos de los pueblos ribereños y visibilizando sus múltiples formas de vida y, denunciando las implicaciones que conllevan las represas.
El Movimiento Ríos Vivos ha logrado desenmascarar el imaginario de energía limpia de las megarepresas y las irregularidades asociadas a estos proyectos, le ha apostado a la construcción de propuestas de vida en los territorios y ha avanzado en iniciativas como las de transición energética y la memoria histórica ambiental.
Con esa historia de lucha y resistencia, el Movimiento Ríos Vivos se prepara para realizar en octubre, en la ciudad de Barrancabermeja, su II Encuentro Nacional con la participación de invitados de más de 15 países de América Latina y más de 300 delegados y delegadas de las regiones donde hace presencia en Colombia. Allí se espera reflexionar sobre los retos actuales de los afectados y las afectadas por las represas, avanzar en propuestas en torno a la transición energética y juntar fuerzas para enfrentar la agresiva política nacional minero-energética.
Esta es una invitación para sumarnos a la construcción histórica de este importante Encuentro.(CC) 2018 Radio Mundo Real
Panamá, los indígenas de la Comarca Ngäbe-Buglé han resistido ante las amenazas provocada por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco construido en el año de 2016. El proyecto Barro Blanco fue construido con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Alemán de Desarrollo (DEG) y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). Dicho proyecto será conectado al Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Leer más en http://avispa.org/panama/index.html
VER VIDEO EN: https://www.youtube.com/watch?v=lVOlqopa8mI&t=4s
Wed, 06/08/2016 –
Se podría perdonar que uno pensara que la abogada chilena Macarena Soler se coló a si misma.
En una revisión casual de artículos de noticias en mayo, su nombre aparece repetidamente. Hela aquí, hablando como una abogada del movimiento chileno contra las represas No Alto Maipo. Pulse en otro enlace, y ahí está ella, defendiendo al pueblo indígena mapuche de la construcción de la represa en Rio Puelo.
Se la conoce como la fundadora de GEUTE Conservación Sur, una fundación sin fines de lucro que ha asumido la defensa legal de importantes ecosistemas chilenos. Y ella está a cargo del Comité de Defensa de la Patagonia, un organismo que coordina ONGs chilenas y extranjeras que se han unido para proteger la Patagonia.
El hecho es que, si hay una lucha por la naturaleza en Chile, Macarena Soler está en ella – y a ella le gusta así.
¿Por qué? Porque lo que está en juego es alto, y las protecciones ambientales en Chile aún son preocupantemente débiles. “Ningún Tribunal en Chile”, dice ella, “ha tenido la valentía de rechazar un proyecto de inversión para proteger una especie en peligro de extinción, o su hábitat”.
Ese es un hecho asombroso, y esta falta de valentía política está teniendo un gran impacto en la fauna silvestre local. Las especies están desapareciendo a un ritmo alarmante – alrededor de 100 veces más que el ritmo de la extinción natural – y Soler enumera las bajas: “Desaparecen los peces de agua dulce, como el bagre patagónico; algunos picaflores, como el picaflor de Arica; el zorro de Darwin; felinos salvajes; algunos anfibios; el huillín, o nutria de agua dulce, etc…..”
“Estamos exterminando a los demás habitantes de nuestro planeta,” dice simplemente. “Es un holocausto”.
Soler está comprometida con detener este holocausto. Pero su trabajo no es solo obstaculizado por cortes tímidas: ella también está claramente con el alcance limitado de las campañas internacionales respecto a las especies en peligro de extinción.
“Las personas se conmueven al ver el daño a las ballenas, a los delfines, a los osos polares”, dice. Pero esas especies son solo unas cuantas de las muchas que están actualmente amenazadas. A Soler le gustaría ver que sus compatriotas chilenos presten más atención a las especies que están más cerca de su hogar.
Ese tipo de compromiso público es clave para proteger a las especies y ecosistemas en peligro, según Soler. “Ninguna autoridad, ningún tribunal va a preocuparse de un asunto ambiental que no interesa a nadie”, dice. “La comunidad más cercana al problema ambiental es la que debe estar a la cabeza de cualquier campaña, es la defensa de su hogar, su territorio, su futuro y el de sus hijos el que está en juego.”
Un buen ejemplo es el ciervo huemul. “El huemul está en nuestro escudo nacional, y los chilenos simplemente no lo conocen, no saben que quedan apenas unas centenas de ellos. Por eso creemos que es un buen ejemplo del fracaso de nuestro país en materia de protección de la biodiversidad. Es vergonzoso”.
Al mismo tiempo, Soler dice, la situación es tan absurda que hace su presentación a los jueces, autoridades y empresas más fácil.
“Por eso siempre es un orgullo defender al huemul en alguna corte de justicia”, dice. “Es uno de nuestros clientes favoritos y estamos empeñados en que permanezca en el emblema patrio”.
Fue otro emblema chileno que condujo a Soler a la pelea de su vida: el estado sureño de la Patagonia.
Una región silvestre y remota de gran belleza, la Patagonia siempre ha tenido una cualidad semimítica en la imaginación chilena. Los primeros colonizadores europeos estaban convencidos que la región estaba habitada por una raza de gigantes, y las descripciones sobre ellos son abundantes. (Los investigadores ahora creen que estas personas eran Tehuelches, un grupo indígena que fue exterminado, pero cuyos miembros eran mucho más altos que el promedio de los europeos en este tiempo).
En 2011, el gobierno chileno – hambrienta por elevar la generación de energía eléctrica en el país – aprobó un megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia: HidroAysen. Concebida por dos empresas, Endesa y Colbun, el proyecto proponía construir cinco represas en dos ríos prístinos de la Patagonia: el Baker y el Pascua.
“HidroAysen fue como un tsunami”, dice ahora Soler, “una inmensa ola que amenazaba romperse sobre todos nosotros”.
De cualquier manera que se midan, los impactos del proyecto serían extremos. Las represas inundarían 15.000 acres de ecosistemas forestales raros y algunas de las tierras agrícolamente más productivas. Tan solo el proceso de construcción impactaría a seis parques nacionales, once reservas nacionales, 26 sitios de conservación prioritarios, 16 humedales y una cantidad de áreas de conservación de propiedad privada.
Cuando se anunció la decisión de seguir adelante con HidroAysen, Chile estalló en protesta. Aliados de todo el mundo se unieron a la lucha. Y Macarena Soler, junto con el Comité de Defensa de la Patagonia, entraron en acción.
“Como todo abogado siempre quise ganar; sin duda ése anhelo está en la genética de todo abogado”, dice Soler. Pero hubiera sido demasiado ingenuo pensar que una victoria era inevitable, sostiene.
De hecho, la batalla legal en torno a HidroAysen mostró justamente cuán inadecuada es la legislación chilena cuando se trata de proteger a los ecosistemas y la biodiversidad cruciales. Soler dice que se hizo evidente cómo las corporaciones pueden forzar con facilidad decisiones que les son favorables pero que ignoran el interés público.
Pero en este caso, los ríos ganaron: En 2012, el proyecto fue suspendido, y el gobierno chileno lo canceló en 2014.
Le pregunté a Soler si ella tuvo una relación con los ríos cuando estaba creciendio. Ella admite que no la tuvo: “Me resulta muy difícil encontrar belleza en un lugar sin montañas”, dice. Pero añade, “Sin embargo, precisamente el caso de HidroAysen me hizo ver que el centro de la vida es el agua, son los ríos”.
Ella vive ahora en la Patagonia, en un intento de vivir a un ritmo más humano en vez de un ritmo impuesto por la tecnología. Desafortunadamente, ese ritmo “human” no ha sucedido enteramente, dice ella, “porque las amenazas que constantemente asedian a ésta tierra maravillosa nos obligan a trabajar 24/7”.
Finalmente, le pregunto por qué es tan apasionada por la conservación. Su respuesta es simple: “Porque de la conservación depende todo lo demás. Es así de simple, y así de complejo”.
“Nuestra biósfera,” dice, “es el resultado de millones de años de experimentos sucesivos que tienden a favorecer la vida, algunos de los cuales, nuestro conocimiento ha podido en alguna medida llegar a entender. Pero es infinito lo que aún no hemos conocido”.
“En muy poco tiempo, nuestra especie ha causado enormes cambios en la biósfera. Algunos llaman a nuestra era “el antropoceno”, con consecuencias desastrosas como el cambio climático, y la extinción masiva de especies. Podemos hablar y escribir eternamente sobre las causas de esto, y proponer muchísimas medidas…pero la conservación y la restauración son una respuesta obvia, que está a la vista de todos”.
Soler dice que está muy comprometida con esta lucha a largo plazo. Ella saca fuerza y esperanza de su socio abogado y amigo Manuel Passalcqua y su equipo, cuyo entusiasmo y compromiso a toda prueba “hacen que sea imposible desanimarse”.
Sin embargo, cuando le pregunto qué trabajo futuro la entusiasma más, su respuesta es inmediata: trabajar con gente joven.
Ella está lista para capacitar a una nueva generación de activistas serios, informados y profesionales “que cuestionen todo a su alrededor y que estén dispuestos a cambiar los paradigmas desde la firmeza de sus convicciones, pero siempre de modo pacífico”.
Ellos no podrían pedir un mejor modelo que Macarena Soler, una abogada y activista extraordinaria, y nuestra Guardiana del Río de junio.
Date: Wednesday, June 8, 2016
Plumas libres, 28 agosto, 2014
Xalapa, Ver. 28 de agosto 2014.- Isabel Cristina Zuleta del Movimiento Ríos Vivos de Colombia y Yaranai del Movimiento de afectados por las represas en Brasil, se unieron a la lucha que tienen colectivos como La Vida, Defensa Verde Naturaleza para Siempre y Pueblos Unidos de la Cuenca de La Antigua, contra la empresa brasileña Odebretch y la construcción de 12 presas e hidroeléctricas en los ríos del estado.
Los peruanos están enfrentando propuestas para la construcción de grandes represas en su territorio, las cuales traerían impactos fuertes e irreversibles. Este video comparte mayor información sobre este tema a través de verdaderas historias sobre las represas. Escuchamos de comunidades del Perú y de otros países que han vivido los impactos de las represas–como el desplazamiento forzado–y también de pueblos que se han resisitido a estos megaproyectos.
Una co-producción de International Accountability Project y International Rivers.
https://www.internationalrivers.org/es/resources/defensores-de-los-rios-8062