El programa Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz) es un espacio dedicado al análisis de las luchas sociales y los procesos de construcción de la paz que acontecen en nuestro país. En esta emisión, Alberto Solís entrevista en el estudio de Rompeviento a Rodolfo Chávez, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, que es parte del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), y a Daniel Vázquez, integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
Protestas de pobladores de Temacapulín, Jalisco. Foto: ProyectoAmbulante.org.
Por Omar Granados
7 de noviembre, 2012
Afectados de siete estadosdenunciaron violaciones a derechos humanos por la construcción de presas en sus comunidades de origen, un modelo actual de manejo de energía y aguaque excluye a comunidades y ciudadanos, según acusaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa sobre Devastación ambiental (@TPP_Presas_Mx).
Los afectados por doce presas en siete entidades de la república mexicana denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las distintas fases durante la imposición de esta clase de megaproyectos a comunidades rurales, campesinas e indígenas. El jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México escuchó y conoció las denuncias de los habitantes.
Durante esta sesión del TPP, la investigadora Mónica Olvera calculó que más de 185 mil personas han sufrido desplazamiento forzoso por la construcción de presas en México en los últimos 40 años. La preaudiencia duró lunes y martes, mientras que este miércoles 7 el jurado deliberará, el día jueves 8 se anunciará en Guadalajara el fallo del jurado interdisciplinario sobre los proyectos que están desarrollándose en Jalisco y, finalmente, el día 9, el fallo sobre los siete estados será presentado en la ciudad de México y entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe destacar que aunque el fallo no es vinculante, el TPP tiene un gran prestigio por su trabajo de décadas como tribunal de conciencia.
El TPP Capítulo México se enfoca en “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, tomando en cuenta la experiencia del Capítulo Colombia (2005- 2008). En nuestro país, las actividades iniciaron con el lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, en la UNAM y concluirán en 2014con una audiencia y veredicto finales. En la audiencia final se retomarán los fallos de todas las preaudiencias que se realicen durante los tres años que dure el juicio al estado mexicano, en torno a siete ejes: guerra sucia y derechos humanos, feminicidios, migrantes, derechos de los trabajadores, maíz y vida campesina, devastación ambiental y medios de comunicación.
La lucha por la tierra y el agua en ‘la pupila del cielo’
viernes 20 de julio de 2012
San Cristóbal Verapaz es uno de los epicentros de la resistencia maya a los megaproyectos en Guatemala. La lucha por la recuperación de la laguna Chichoj, la pelea contra la represa Entre Ríos o el temor por el avance de los monocultivos de palma africana fueron debatidos hace unas semanas en un encuentro sobre seguridad hídrica y gobernabilidad ambiental. Esta es la detallada crónica desde el terreno.
La mañana se levantó pronto. El centro recreativo El Petencito de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz, conocida como La Pupila del Cielo, rodeado por las aguas y humedales mansos de la laguna Chichoj, había sido restaurado para la ocasión. Sus paredes pintadas de blanco y varias coronas de flores engalanaban el lugar, una banda local animaba el ambiente. Comenzaban a llegar los invitados institucionales y de las comunidades q’eqchi y poqomchí llenando de voces y experiencias el local. Poco después, un olor a café y cacao, que daría paso a un espléndido Cacik de Pavo, emanaba de la improvisada cocina. Comenzaba así -y después de una invocación maya a los elementos- el Foro “Seguridad hídrica, cambio climático y gobernabilidad ambiental en los Pueblos Indígenas en Alta Verapaz”, organizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), en Guatemala.
En el Foro se buscaba avanzar con los compromisos asumidos por parte de las instituciones en la Audiencia de Antingua-2008 para salvar a la Laguna de Chichoj -que da vida a una de las regiones más pobres de Centroamérica- del deterioro causado por los vertidos químicos incontrolados de la industria y el sector agropecuario local, así como de las aguas negras sin tratar del municipio y de la expansión inmobiliaria que ha reducido la laguna a 1/3 de su superficie originaria. Asimismo, se escucharían nuevos casos, como el de la hidroeléctrica Entre Ríos, en el municipio de Lanquín, o la violenta expansión de monocultivo de palma africana en todo el departamento guatemalteco de Alta Verapaz.
En la primera mesa del Foro se recordaron los compromisos asumidos en la Audiencia Guatemala. Estos, que fueron ratificados en 2008 por personajes del Jurado ético-científico del TLA como Augusto Willemsen, Philippe Texier o Alexandre Camanho de Assis, incluían el control del relleno de ripio del cuerpo de agua, la creación de un catastro y un reglamento de construcción municipal, la reubicación del matadero municipal ,la construcción de una planta de tratamiento, o la creación de una mesa de concertación ambiental.
A tres años de los acuerdos, y aludiendo al inmenso patrimonio natural de la región, Lesvia Mus, representante de Asoverapaz denunció la situación de corrupción y burocratización de algunas instancias de gobierno materializada en el no-funcionamiento de la planta de tratamiento construida por desvío de fondos, la paralización de las obras del matadero municipal por malentendidos burocráticos y “el robo que le hacen a la laguna algunos vecinos poderosos que mediante el uso de la fuerza ingresan material para ampliar sus propiedades”.
También señaló sin embargo, algunos avances positivos que se han dado en la recuperación de la Laguna, como la limpieza de 17.000 toneladas de hidrila gracias a una máquina cosechadora y personal del Ministerio de Medio Ambiente, así como los compromisos adquiridos por empresas “que antes eran enemigas” como la madedera, Extormi que “ha sembrado más de 400.000 árboles” en los derredores de la laguna, o la empresa BEPASA, beneficio de café, “que decidió no contaminar más la laguna y donar parte de los beneficios” y solicitó al congreso de la república la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo del que depende una donación internacional para limpiar la laguna.
En esta mesa, a la que asistió el Alcalde del Municipio de San Cristóbal Verapaz, la gobernación de Alta Verapaz, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación Verapaz, la municipalidad se comprometió a publicar el reglamento de construcción municipal y a continuar con las tasaciones de propiedad y la Contraloría General de Cuentas de la Nación a iniciar trámites para destrabar y clarificar los procesos, que se han dificultado más con el cambio de gobierno. De estos acuerdos verbales tomó nota el Tribunal Latinoamericano del Agua, cuyo presidente, Javier Bogantes subrayó la importancia vital, económica y religiosa de la laguna para la población y que indicó recientemente que se le estaba dando seguimiento.
Megaproyectos… ¿los acuerdos de paz en jaque?
En la segunda mesa del Foro, trabajadores de la municipalidad de Lanquín denunciaron que su salario había sido paralizado por el estado guatemalteco cuando se posicionaron en contra de la Hidroeléctrica Entre Ríos, que la empresa Corrientes del Río, S. A quiere construir en su localidad, según sus habitantes, con grave daño “para el equilibrio hidrológico de la cuenca, la actividad turística local y todos sus habitantes”. En este contexto, los trabajadores de la municipalidad de Lanquín denunciaron que la empresa “ha utilizado tráfico de influencias en su beneficio, así como la represión de las comunidades y del gobierno local” y que están dispuestos a una oposición firme junto con la comunidad. “Esto no es una situación aislada, las industrias transnacionales energéticas del gobierno de Guatemala impulsan proyectos que les van a generar ganancias, mientras que las poblaciones desposeídas buscan que se respete su cosmovisión, por lo que al no ser tomadas en cuenta por los proyectos hidroeléctricos se oponen a los mismos”, concluyeron, antes de entregar una petitoria formal al Tribunal Latinoamericano del Agua para su evaluación.
Por su parte, José Luis Cajal, del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala (IDEAR) y de la Coordinación de ONGs y Cooperativas (Congecoop), habitantes de la comunidad de Chinacolay y el jesuita Enrique Corral, de la Fundación Guillermo Torriello, hablaron de la grave situación de expansión del monocultivo de palma africana en el departamento, que se ha cobrado cientos de comunidades indígenas desplazadas, con el beneplácito del gobierno y el apoyo activo del Ejército.
“El IDEAR, el CONGECOOP y la Consejo Nacional de Áreas Protegidas, hicimos un estudio en seis municipios (Sayaxché, Ixcán, Fray, Chisec y Polochnic Valle y Sierra) donde quedan evidenciados mecanismos de despojo como la expansión de la palma a través del arrendamiento de fincas por más de 25 años y prácticas de agricultura por contrato en parcelas campesinas. En este contexto, el gobierno ha invertido millones de quetzales para subsidiar la tierra de palma africana, en un programa fue impulsado paradójicamente por el desaparecido programa “Prorural”, dentro del plan estratégico de “Seguridad Alimentaria 2009-2012”, algo incomprensible, pues la expansión de la palma africana va en precisamente en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria”- denunció Cajal, que presentó a los habitantes de Chinacolay que, en maya q’eqchi, hablaron de las dificultades que por más de 40 años han tenido para regularizar su tenencia de la tierra ante el Fondo de Tierras y como hoy son expulsados hacia el norte o forzados a trabajar como peones en pésimas condiciones laborales.
En este sentido, habló Enrique Corral, cuando denunció que “La institucionalidad agraria nacida de los Acuerdos de Paz del 96, que tanto costó, está siendo pervertida para facilitar la compra de los grandes finqueros en todo el país”, que “los que se resisten al desalojo son reprimidos violentamente como se vio hace un año en las 14 comunidades de Polochic desalojadas el año pasado”, que “las instituciones financieras del estado y las centroamericanos dan créditos sin ni siquiera verificar la calidad de las inversiones que atentan contra la vida de las comunidades, poniendo al estado al servicio de un grupo de poder ”.
“¿Donde está la conflictividad en el fondo?”- inquirió. “Si yo tengo un derecho irrenunciable al agua, a la vida, a mi identidad y el estado-el mediador del poder político- no me lo garantiza y yo no voy a renunciar ni a vivir, ni a comer, ni a mi identidad, va a haber conflicto. Mientras no se atiendan las consultas de buena fe y se las hagan vinculantes, mientras no se les pregunte qué modelo de desarrollo quieren, va a haber conflicto”, concluyó.
Las amenazas en México se multiplican y ahora son los indigenas Wixarikas y Náyeri, del estado de Nayarit, los que se han movilizado para defender el río San Pedro ante la construcción de una nueva hidroeléctrica y los proyectos turísticos y mineros que ponen en riesgo el territorio Wirikuta.
Indígenas movilizados en Wirikuta.
Hace unas semanas se celebró el Wirikuta Fest para salvar los sitios sagrados en el que participaron artistas reconocidos nacionales e internacionales.
Encabezados por el titular de la Comisión de Asuntos Indígenas del H. Congreso del Estado, diputado J. Santos Rentería de la Paz, un grupo de gobernadores huicholes y coras se manifestaron este martes por la mañana en céntrico hotel de Tepic, en contra de la pretendida construcción de la presa –Las Cruces- sobre el cauce del río San Pedro.
Al tiempo que se trataban de hermanos y de hermanas, dieron a conocer su compromiso de que “ante las diferentes decisiones tomadas por los gobiernos federal, del Estado y municipales por privatizar los recursos públicos, y más aún por aquellos recursos naturales que se encuentran en territorios posesión de pueblos indígenas y que han estado bajo su resguardo desde hace miles de años, por herencia y mandato de nuestras deidades, y por la relación con la madre naturaleza, nos hemos permitido conservar, cuidar y amar, como parte de nuestra formación y nuestra forma de vida”.
“Ante estas amenazas los pueblos Wixarikas y Náyeri, anunciamos hoy ante los medios de comunicación, que “nuestra unión es en defensa de nuestros territorios sagrados y la alianza con el Consejo Inter-comunitario por un río San Pedro Libre”
De esta manera fue el tajante ¡No! de los indígenas de Nayarit a la pretendida construcción de una nueva presa en el Estado; de un cuarto megaproyecto hidroeléctrico.
Ataviados con sus trajes multicolores de huichol; con una improvisación de palabra que asombraba y una mujer indígena que los acompañaba en el presídium, “compartimos nuestra preocupación, solidaridad y apoyo con el pueblo mestizo, por la afectación ambiental que el proyecto de Las Cruces tendría en marismas nacionales y en las poblaciones de los municipios de Santiago, Ruiz, Tuxpan, Acaponeta, Tecuala y Rosamorada, alterando considerablemente el entorno ambiental con grandes consecuencias económicas y sociales. Hacemos saber que de este proyecto hidroeléctrico, los pueblos indígenas no fuimos informados y mucho menos consultados previamente, en completa violación a nuestros derechos de consulta”.
Al tomar la palabra, el representante de Wirikuta, Maximino Muñoz, recordó que este martes se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, pero de manera contundente y un tanto autoritario, expresó: “Para nosotros, nuestros pueblos Wirikuta, Teimatúa, Tatei Aramara, Villantaá y el río San Pedro, representan no solo un espacio geográfico, sino una extensión de nuestra cosmovisión del mundo, ya que ahí se encuentra fundamentado el origen de nuestra existencia como pueblos originarios, por lo que rechazamos enérgicamente los proyectos de concesiones turísticas que fueron otorgadas en la Isla del Rey en San Blas, ya que el lugar sagrado de Aramara no se reduce a un Ririki (casa de oración). Rechazamos enérgicamente las concesiones mineras otorgadas en el territorio sagrado de Wirikuta; rechazamos enérgicamente la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces, que la Comisión Federal de Electricidad pretende construir sobre el río San Pedro. Estos proyectos atentan contra la ruta sagrada de la peregrinación y de los lugares sagrados que en ellos se encuentran, y rechazamos cualquier folcklorización de nuestra cultura como objeto de mercantilización turística”.
Para concluir con la rueda de prensa, convocada en el mismo momento, se hizo hincapié en hacer un llamado enérgico al Gobierno Federal a través del Presidente de la República y al Gobernador del Estado de Nayarit, para anular o revocar el proyecto hidráulico de Las Cruces, así como de las concesiones a empresas turísticas del territorio de Tatei Aramara; y las concesiones mineras otorgadas en Wirikuta, haciendo a la vez un llamado a los hermanos de los pueblos Mexicaneros y Tepehuanos a la unidad, con el fin de hacer valer los derechos indígenas reconocidos en los instrumentos legales.
Finalmente hicieron un llamado a los pueblos que aún no siendo indígenas, se identifican con las causas de los pueblos, y a los medios de comunicación se pidió una cobertura responsable y ética de información, y que se sensibilice a la población no indígena de sus demandas.
Otros Mundos AC- Amigos de la Tierra México, miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) participamos en el plantón para parar El Zapotillo:
Queremos dialogar: Paramos El Zapotillo porque no nos queda otra opción
Pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se oponen pacíficamente a la construcción de la presa El Zapotillo, que destruirá sus pueblos, sus tierras, su pasado y su cultura, por lo que desde hace años se están llevando a cabo campañas de solidaridad, encuentros y reuniones y han presentado diversos recursos legales. Las autoridades políticas han hecho oídos sordos, cuando no han tenido actitud de burla.
Los pobladores pertenecen al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y están acompañados solidariamente por compañeros y compañeras de este movimiento de otros Estados, pero no hay extranjeros.
Desde el lugar nos informan que han conseguido parar totalmente la obra hoy jueves, cerrando el último acceso, pero no han retenido a nadie, todo el mundo puede moverse libremente, por lo que no es cierto lo que algunos medios y autoridades están difundiendo para deslegitimar. Es un plantón pacífico y legítimo para hacer escuchar sus voces.
Se quiere un diálogo con las autoridades, pero respetando mínimos básicos, como son que haya distensión política sin acusaciones ni amenazas, no haya órdenes de aprehensión, no haya militares ni policías en la zona, que lleguen miembros de la Cruz Roja Internacional, observadores de derechos humanos, representantes de la Comisiones Estatal y Federal de Derechos Humanos, y que suspendan el decreto de expropiación de los terrenos y viviendas de la zona afectada.
Entre hoy y mañana se espera que haya este diálogo con las autoridades de Conagua.
Nos comentan que para evitar ser identificados y tengan represalias, mucha gente se tapa la cara con pañuelos cuando hay fotógrafos o se toman las placas de los vehículos, no es para nada más.
Se ha recibido la solidaridad de otros miembros del MAPDER de León, de Guadalajara, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, del centro del país, y se están recibiendo mensajes de apoyo de todo México y del mundo.
Además, la comunidad El Zapotillo ha cerrado el día de hoy jueves diversas carreteras y caminos en protesta por el incumplimiento de la empresa constructora de las promesas que hicieron en su día de proporcionar infraestructuras. Nunca cumplieron.
Repasamos el porqué de este cierre:
Desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) sabemos que las represas destruyen y afectan gravemente a tierras, territorios, personas, comunidades, culturas y medio ambiente. En el caso de El Zapotillo, acabaría con varias comunidades del municipio de Cañadas de Obregón, por lo que se hicieron campañas y reuniones para evitarla. Con mucha atención y solidaridad de la sociedad civil mexicana e internacional, pero sin soluciones de las autoridades políticas. También se plantearon recursos judiciales.
El Juzgado Primero de Distrito Auxiliar en Guadalajara, Jalisco, otorgó un amparo el 31 de enero de 2011, en el que concluyó que la construcción y planeación de la presa viola derechos de igualdad, medio ambiente adecuado, vivienda digna, información, consulta y propiedad.
La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco también coincidió con ese criterio en su recomendación 35/2009, en diciembre del año antepasado.
La respuesta es el pisoteo a la legalidad por parte de los funcionarios de la SEMARNAT, la CONAGUA y el CEA, que aún con fallos judiciales a favor de los habitantes de estos pueblos insisten en la construcción de la represa El Zapotillo, que llevan a cabo las trasnacionales españolas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Acciona Infraestructuras y Grupo Hermes, junto a la mexicana La Peninsular Compañía Constructora. Tendrán estas empresas la concesión del 100% de las ganancias para el uso, manejo y distribución del agua por 25 años, privatizando de esta manera este bien común, que es a su vez, un derecho.
Como recogen organizamos internacionales y convenios vinculantes, durante los días 7 y 8 de enero de este 2011 se llevó a cabo la Consulta Comunitaria y de Buena Fe en la comunidad de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, con el resultado de que el 98% de la población rechaza la construcción de la represa. Esta consulta debe ser respetada, en virtud del Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Declaraciones sobre el Desarrollo de Naciones Unidas.
Sin embargo, las instituciones responsables continúan con la construcción, a lo que se oponen los vecinos y vecinas quienes han tomado parte de las obras, de forma pacífica y legítima. NO HA QUEDADO DE OTRA QUE HACER CUMPLIR LAS LEYES PARANDO LA CONSTRUCCIÓN, PARA QUE ESCUCHEN Y ATIENDAN.
Desde hace ya tiempo hemos conocido y vivimos la legítima y pacífica lucha que están llevando a cabo con coraje y determinación en contra de la imposición de la presa El Zapotillo, encarando la sordera y desprecio al diálogo de las autoridades y las empresas que obtendrían el mayor beneficio si se les dejara llevar a cabo su proyecto de muerte.
Anahí Copitzy Gómez Fuentes, en La Jornada de hoy se preguntaba: “¿Por qué en México impera la cultura del conflicto y no del diálogo y de la solución? ¿Por qué el gobierno federal a través de sus instituciones, permite que los conflictos lleguen a niveles tan altos antes de permitir y posibilitar el diálogo con los afectados?”
Desde Otros Mundos AC – Amigos de la Tierra México podemos contestar a esta buena pregunta: los políticos están al servicio de las empresas no de las gentes y sus derechos, siempre maquillando todo con la palabra “desarrollo”, valiéndose del despojo, el desalojo, la destrucción y la muerte.
¿Cómo es posible que desde la Conagua expresen: “El bloqueo nos genera pérdidas millonarias, tanto para la empresa constructora como para el erario público” cuando está en juego la vida de cientos de personas, de pueblos enteros, de campos de cultivos, patrimonio histórico, cultura mexicana, de la misma ley? El billete es lo que les guía el camino a la Conagua, al Gobierno de Jalisco, al Gobierno de Guanajuato, al Gobierno federal de Calderón. Dinero por encima de la ley y los derechos. Ahora le toca a esta zona de Jalisco, igual que en muchas comunidades de Chiapas o Oaxaca lo viven diario, después intentarán seguir arrasando otras comunidades y Estados… pero no se lo vamos a poner fácil.
De esta lucha están al pendiente organismos y redes mexicanas, como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales de Jalisco (AREMOS), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Red de Género y Medio Ambiente (REGEMA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.), el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y muchas otras,
y las redes internacionales Amigos de la Tierra, Amnistía Internacional, Jubileo Sur, Convergencia de los Movimientos y de los pueblos de las Américas (COMPA), la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR), la Red Alforja, la Alianza GAIA, la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y más, todas ellas agrupan a miles y miles de personas que se solidarizan con esta lucha y piden que se pare la construcción.
EXIGIMOS RESPETO A LA CONSULTA POPULAR EN LAS POBLACIONES AFECTADAS
EXIGIMOS RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES
EXIGIMOS CANCELAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA EL ZAPOTILLO
