En tan solo 
(6) días inicia el juicio contra 8 defensores de Guapinol en Tocoa
El Tribunal que preside el caso ya ha demostrado que no es imparcial, ya que tiene un sesgo contra los defensores y su legitima lucha por la vida
¡Exigimos una verdadera justicia!
#GuapinolInocente
Por Duncan Tucker
Noticias November 15, 2021 11:24 pm
Sabiendo que su esposo Bernardo Caal Xol está encerrado en condiciones deplorables, hacinado junto a hombres que cumplen condena por los delitos más violentos, Isabel Matzir teme constantemente por su vida.
«En las cárceles de Guatemala han aparecido muchas personas asesinadas», cuenta por teléfono Matzir, una maestra de etnicidad maya kaqchikel de 40 años, a Amnistía Internacional. «Sabemos que pueden simular un motín, pueden disfrazar cualquier situación con tal de dañarlo».
Caal se encuentra en prisión desde enero de 2018, en represalia por oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico al que las comunidades nunca dieron su consentimiento. Está pagando el precio de alzar la voz contra las empresas poderosas y las autoridades que hacen de forma sistemática un uso indebido del sistema de justicia de Guatemala para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
La preocupación por su seguridad no es infundada. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha contabilizado 11 asesinatos de activistas que se oponían a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, mientras que Global Witness ha clasificado el país como el séptimo más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.
Aun así, Caal se niega a ser silenciado. Con lápiz y papel como únicas armas, sigue resistiendo desde su celda, denunciando a todo aquel que considera cómplice de violar los derechos humanos de su pueblo, desde el jefe del Estado de Guatemala hasta el presidente del equipo de fútbol Real Madrid.
Caal, respetado profesor y líder comunitario de 49 años, es el mayor de seis hermanos originarios del territorio maya q’eqchi’ de Santa María Cahabón, situado en la región septentrional de Alta Verapaz.
En 2015, las comunidades locales eligieron a Caal para que las representase en su disputa con OXEC, un proyecto hidroeléctrico que ha restringido el acceso de la población local a los ríos sagrados de Cahabón y Ox-eek’, en los que el pueblo q’eqchi’ se ha bañado y ha pescado durante generaciones. El acceso al agua es un motivo de preocupación habitual en las verdes y exuberantes colinas y pastos de Alta Verapaz, donde un censo de 2018 reveló que sólo un 28 % de la población disponía de agua corriente en su casa, mientras que el 42 % dependía del agua de lluvia, y los ríos, lagos y manantiales.
La planta hidroeléctrica OXEC pertenece a Energy Resources Capital Corp, una empresa registrada en Panamá, y fue construida por la empresa israelí Solel Boneh. Caal ha interpuesto varios recursos contra OXEC por, presuntamente, haber destruido 15 hectáreas de bosque y tres colinas sagradas, y por haber violado la legislación internacional que consagra el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier proyecto en sus territorios.
Isabel Matzir teme constantemente por la vida de su esposo, Bernardo Caal Xol, quien se encuentra en prisión desde enero de 2018 (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)
Los más altos tribunales guatemaltecos concluyeron que no se había consultado adecuadamente a las comunidades afectadas pero, a pesar de ello, permitieron que el proyecto siguiese adelante. Decididas a que se tuviese en cuenta su opinión, 195 comunidades locales llevaron a cabo su propia consulta, de forma simbólica, en 2017, en la cual 26.537 personas votaron en contra de OXEC, y sólo 12 lo hicieron a favor.
Caal empezó a recibir amenazas por su activismo y, más adelante, personal experto de la ONU denunció al sector privado por las campañas de difamación contra de Caal en prensa, televisión y redes sociales, en las que se le describía como un delincuente.
En enero de 2018 la policía detuvo a Caal por, supuestamente, retener y robar a cuatro empleados de Netzone, subcontrata de OXEC, durante una protesta en 2015. En noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por detención ilegítima y robo con agravantes.
A pesar de que Amnistía Internacional ha hallado irregularidades, negligencia y falta de pruebas en el caso contra Caal, y de que lo ha declarado preso de conciencia, en septiembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó el recurso de Caal contra su sentencia condenatoria. OXEC ha negado cualquier responsabilidad en su encarcelamiento.
Caal suele describir su situación como «tortura carcelaria». Matzir asegura que, aunque la salud de su marido se ha deteriorado, las autoridades penitenciarias no le proporcionan una atención médica adecuada. Le ha sido imposible mantener la distancia social durante la pandemia y, en ocasiones, no se le ha permitido hacer ejercicio en el patio, y ni siquiera ver el sol durante meses. Personal experto de la ONU ha instado al gobierno de Guatemala a proteger la salud y la seguridad de Caal mientras esté encarcelado.
Las visitas se han restringido durante la pandemia, de manera que Matzir sólo ha podido verle esporádicamente. La hermana de Caal, María Josefina, tan solo ha podido dejar comida para él a los guardias que están en la entrada de la prisión, mientras que ni su madre, de edad avanzada, ni las dos hijas de Caal, de 12 y 14 años, han podido verlo. Tampoco puede llamar por teléfono desde la cárcel.
Expertos de la ONU han advertido que la prisión donde Bernardo Caal está recluido está superpoblada y tiene una infraestructura, una alimentación y unos servicios sanitarios deficientes (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional).
Matzir describe a su marido como un hombre honesto y trabajador, que disfruta de la lectura. Dice que es un padre ejemplar, a quien le gustaba enseñar a sus hijas a tocar la guitarra y contarles historias antes de dormir. «Las niñas extrañan a su papá», añade. «Ha sido la experiencia más difícil que les ha tocado vivir».
Incluso antes de la pandemia, era difícil para la familia hacer el trayecto de nueve horas hasta la prisión situada en la ciudad de Cobán. El coste de los autobuses, taxis, comidas y alojamiento, al que hay que sumar los medicamentos y los productos de limpieza e higiene para Caal, convierten la visita en un carísimo viaje de tres días.
Sometida a una presión económica cada vez mayor, Matzir ha tenido que dejar las clases que recibía antes del encarcelamiento de su marido, y adaptar su vida a su nuevo papel como principal sostén económico de la familia. «Tuve que reorganizar todo en cuanto a lo financiero, pues nos hemos quedado con muchas deudas. La colegiatura de las niñas, por ejemplo, se ha acumulado y hemos pospuesto unas cirugías que he necesitado», señala. «Si antes dormíamos ocho horas, ahora dormimos cuatro, cinco si mucho… esto tendrá sus consecuencias más adelante, verdad, pero por lo pronto se da hasta el último gramo de energía que se tiene al día, y no hay otra opción».
Caal dedica mucho de su tiempo entre rejas a escribir cartas. Entre otras personas, denuncia con frecuencia a Florentino Pérez, un multimillonario español más conocido por ser el presidente del Real Madrid.
Además de dirigir el club de fútbol más grande del mundo, Pérez también preside el gigante de la construcción ACS, cuya filial, Cobra, fue contratada para construir Renace, el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala, junto a un tramo del río Cahabón en el que viven aproximadamente 30.000 personas. Durante una visita a Guatemala 2014 para supervisar la construcción, Pérez regaló una camiseta del Real Madrid al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y calificó Renace como «un proyecto con una responsabilidad social ejemplar, con respeto a los demás, al medio ambiente y a las comunidades».
Sin embargo, Caal afirma que el proyecto ha causado un daño terrible. En una carta escrita a mano desde la cárcel, acusa a Pérez de haber «atropellado los derechos de pueblos indígenas» por llenar el río de tuberías y desviar su curso sin consultar a las comunidades afectadas, «dejando sin el acceso al agua a miles de hermanos y hermanas del pueblo Maya Q’eqchi'». En otra misiva, ruega a los aficionados del Real Madrid que pidan al presidente de su club «que deje en paz el sagrado Río Cahabón».
El proyecto ha generado tensiones tanto a nivel local como internacional. Poco después de una protesta contra Renace en las puertas de la embajada de España en 2017, la Cámara de Comercio española instó a las autoridades de Guatemala a que dispersasen inmediatamente cualquier concentración, control de carretera o protesta que afectase a la libertad de circulación o a la propiedad empresarial o privada, y a que «de forma inmediata inicien las acciones, investigaciones y persecuciones penales (sic)» contra las personas responsables.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevase a cabo una consulta libre e informada a las comunidades; sin embargo, al igual que en el caso de OXEC, no suspendió el proyecto, a pesar de reconocer que se había violado el derecho de las comunidades a dar su consentimiento previo. Aunque Renace ha negado cualquier actuación indebida, un organismo público español ha revelado que el proyecto ha provocado «cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón… con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales».
María Josefina Caal Xol, la hermana de Bernardo, lava su cara en el sagrado Río Cahabón, donde miembros del pueblo q’eqchi’ se han bañado y han pescado durante generaciones (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)
En abril de 2021, ACS anunció la venta de la mayor parte de su división industrial a la empresa francesa Vinci por casi 5 000 millones de dólares, pero manteniendo el 49 % de las acciones de una nueva empresa propiedad conjunta de ACS y Vinci. ACS y Cobra no han respondido a las solicitudes de comentarios de Amnistía Internacional.
«Florentino [Pérez] y estas empresas, no se llevan el río porque realmente necesitan del agua para poder sobrevivir ¿no? Para ellos solo es ganancia y acumulación de ganancias», señala Matzir. «Sin embargo, acá en las comunidades se traduce en la vida o muerte de las personas, los animales, las plantas, todos quienes viven dentro y alrededor del río. Realmente es indignante que existan seres humanos que… destruyen todo a su paso con tal de generar ganancias, incluyendo la vida de las personas».
Alta Verapaz es una de las regiones más pobres de Guatemala, que registró el 75 % de los casos de mortalidad infantil por desnutrición de todo el país en 2021. Sin embargo, Matzir afirma que las autoridades «nunca lo vinculan al acceso al agua, al acceso a los peces, a los cangrejos, a los jutes, a todas las plantas que están dentro del río y que sirven de alimento y han servido por siempre de alimento para las familias y las comunidades que están en la cercanía del río. Cuando se quita un río no es solo quitar el agua, sino se quita esa posibilidad de alimento.»
Renace y OXEC afirman que han contribuido a reducir la desnutrición a través de sus programas de salud y desarrollo social.
Matzir también lamenta el tremendo golpe espiritual sufrido por el pueblo q’eqchi’ por los daños a sus ríos y colinas sagrados, y se cuestiona por qué las zonas donde se concentran las plantas hidroeléctricas son las que tienen un menor acceso a la electricidad de todo el país. «Es totalmente contradictorio. ¿A dónde se va esa energía? ¿y para quién es? ¿y las ganancias dónde quedan?», pregunta. «Ellos dicen que ‘se está en contra del desarrollo’ pero la verdadera pregunta es ‘¿desarrollo para quién?'».
La oposición a los proyectos hidroeléctricos en Guatemala ha demostrado ser letal. En enero de 2017, hombres armados dispararon a manifestantes pacíficos que estaban protestando contra el proyecto hidroeléctrico PDHSA (construido por Solel Boneh, la misma constructora israelí que levantó OXEC) en Ixquisis, en la zona norte de Guatemala.
Los agresores dispararon a Sebastián Alonso Juan, un defensor de los derechos de la tierra, cuando intentaba escapar. La familia de Alonso contó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajadores de la planta hidroeléctrica le golpearon en la cara y el cuello mientras agonizaba en el suelo. Estuvo horas sin recibir atención médica y falleció antes de llegar al hospital. Tanto medios de comunicación locales, grupos indígenas y observadores de derechos humanos han relacionado al personal de seguridad privado de la planta con el tiroteo, y algunos de ellos también hablan de la posible implicación de la policía. PDHSA y Solel Boneh no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.
Los ríos son una fuente vital de agua en una región donde sólo el 28% de la población dispone de agua corriente en su casa (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)
Periodistas que cubren el impacto de las plantas hidroeléctricas en Guatemala también arriesgan represalias.
Rolanda García, una periodista indígena maya quiché, viajó a Santa María Cahabón en agosto de 2018 para informar sobre la tala ilegal, supuestamente relacionada con OXEC. Cuenta que, cuando estaba grabando su última entrevista con miembros de las comunidades afectadas, les abordó un grupo de leñadores blandiendo unos machetes.
«Me preguntaron que para qué quería tomar fotos y me exigieron que borrara las imágenes», cuenta García a Amnistía Internacional. Ella y sus colegas creen que estos hombres eran trabajadores de OXEC; los hombres insultaron a sus colegas, empujaron a uno de ellos, y le robaron el trípode. «Cuestionaron sobre mi presencia en ese lugar, que según ellos son tierras de su patrón. Y al preguntarles quienes eran su patrón no me lo dijeron, pero sí dijeron que era un lugar privado».
Los hombres aislaron a García y la persiguieron hasta un arroyo cercano, donde la arrinconaron durante 40 minutos, hasta que ella aceptó borrar sus fotos y grabaciones. Afirma que amenazaron con violarla y tirarla al río si se negaba. Días más tarde, OXEC negó tener responsabilidad alguna en el ataque y condenó «todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa».
García dice que denunció el incidente a las autoridades, pero duda de que sus atacantes sean llevados ante la justicia algún día. «En Guatemala las leyes están a favor de la oligarquía terrateniente y empresarios porque son ellos los dueños de las empresas que operan en nuestros territorios», afirma. «Por la construcción de la OXEC, han ocurrido muchas persecuciones contra dirigentes sociales, como Bernardo Caal Xol y otras personas que son invisibilizadas pero que ahora siguen siendo hostigadas desde sus territorios, además de los hostigamientos que sufrimos los periodistas que revelamos la voz de los afectados».
Un ex subcontratista de OXEC y Renace cuenta a Amnistía Internacional que presenció cómo los hombres amenazaban a García con machetes. Este hombre, que ha pedido mantener el anonimato por motivos de seguridad, dice que trabajaba como soldador en los proyectos hidroeléctricos pero que, tras presenciar la destrucción social y medioambiental que éstos causaban en la zona, empezó a hacer campaña en su contra.
Acusa a OXEC de hacer falsas promesas, engañando a la población local para que vendiera sus tierras, y sobornando a otros con dinero en efectivo y láminas de acero con las que reforzar sus modestas casas.
«Destruyeron a la Madre Tierra y los cerros que son sagrados para nosotros» añade, antes de repetir las denuncias de García sobre el sistema jurídico. «La justicia en Guatemala está al revés. Los que tienen dinero hacen lo que quieran a los que no. Esto está pagando nuestro compañero Bernardo Caal Xol en la cárcel».
La indignación por el encarcelamiento de Caal ha coincidido con el descontento por la corrupción sistémica, el desmantelamiento de la independencia judicial y la erosión de las instituciones públicas en Guatemala.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, había logrado avances sin precedentes en los últimos años, entre ellos la implicación del entonces presidente Pérez Molina en un escándalo de corrupción que desencadenó manifestaciones masivas y, en último término, su dimisión y arresto en 2015. Sin embargo, los siguientes gobiernos han minado las iniciativas para luchar contra la impunidad, cancelando el mandato del CICIG en 2019 y acosando, difamando y criminalizando a activistas, periodistas, fiscales y jueces que denuncian o investigan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La creciente indignación de la opinión pública por la corrupción, la desigualdad económica y la respuesta del Estado a la pandemia estalló en una amplia huelga general en julio de 2021, después de que la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, destituyese al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Sandoval, que huyó del país debido a preocupaciones por su seguridad, había estado investigando el hallazgo de casi 16 millones de dólares estadounidenses en casa de un ex ministro de Infraestructuras, y las acusaciones de que empresarios rusos dejaban bolsas con dinero en efectivo en casa del presidente Alejandro Giammattei. El presidente niega las acusaciones.
Las comunidades indígenas en Alta Verapaz no fueron consultadas de manera previa, libre y informada sobre los proyectos hidroeléctricos en sus territorios (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)
Líderes indígenas encabezaron la huelga, secundada por amplios sectores de la sociedad que se unieron a sus demandas pidiendo la dimisión de Giammattei y una transformación total de la manera de gobernar la nación. Manifestantes indígenas bloquearon autopistas en muchas partes del país, mientras en la capital, los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron pintura a la policía desplegada para proteger los edificios gubernamentales.
En una carta enviada desde prisión, Caal daba las gracias a Sandoval «por ser una esperanza para combatir la corrupción que ha significado la muerte, hambre y pobreza para miles de guatemaltecos y guatemaltecas» y por demostrar que «sí es posible alcanzar la verdad y la justicia».
Sandoval es el último de varios fiscales y jueces que se han visto obligados a abandonar Guatemala en los últimos años, entre ellos la primera fiscal general del país, Claudia Paz y Paz, que huyó en 2014 cuando las autoridades realizaron acusaciones infundadas en su contra, y congelaron sus cuentas bancarias durante un breve periodo de tiempo.
En una conversación con Amnistía Internacional desde Costa Rica, Paz y Paz alerta de que la erosión de la separación de poderes ha avivado aún más las persecuciones por motivos políticos y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos. «Hay una componenda, un arreglo entre la jefatura de ejecutivo, el legislativo, y tristemente del poder judicial, también. Y lo que más me preocupa es que los ciudadanos se quedan en absoluto estado de indefensión —tanto para que si se comete un crimen en su contra, este queda en la impunidad— como para los casos fraguados de criminalización que estamos viendo. Se inflan acusaciones, o se inventan acusaciones. Se fabrican y fraguan pruebas. Es muy, muy delicada la situación del país».
Paz y Paz hizo historia al ser la primera funcionaria pública en enjuiciar los graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, que se prolongó durante décadas, entre ellos la acusación formal por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt. Señala que la criminalización es «un arma muy poderosa en contra de la disidencia porque implica la pérdida de la libertad, implica un riesgo gravísimo para la integridad física… es una forma de silenciar a las voces que denuncian la corrupción y la impunidad».
Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, Paz y Paz cree que la presión y solidaridad internacionales pueden marcar la diferencia, citando por ejemplo las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios y ex funcionarios públicos guatemaltecos por actos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en Canadá, acusadas de cometer delitos violentos en Guatemala.
La ex fiscal también se declara esperanzada por «el trabajo excelente que hacen el periodismo independiente, también los pocos funcionarios honestos que quedan en el país», así como por la reciente huelga nacional: «la movilización ciudadana es una voz muy, muy poderosa para frenar el autoritarismo que estamos viviendo actualmente en el país».
Desde Guatemala, Matzir muestra la misma convicción. «La fuerza espiritual la tenemos muy, muy fundamentada de nuestros ancestros y nuestras ancestras que han estado luchando por siglos [para] mantener la dignidad, mantener la posibilidad, la esperanza de construir un mundo mejor, un mundo más justo para las siguientes generaciones», afirma. «El pueblo maya ha enfrentado tantas situaciones y ahora nos corresponde continuar. Tenemos que mantener esa vela encendida para seguir defendiendo los derechos que nos corresponden».
Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional. El caso de Bernardo Caal es parte de Escribe por los Derechos 2021, una campaña anual de Amnistía Internacional y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.
Este reportaje fue publicado originalmente en Newsweek en españolhttps://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/mayan-teacher-locked-up-defending-sacred-river/
Movida Global por los Ríos y los Pueblos
📌 El Concejo del Pueblo Maya desde Guatemala se une a la denuncia, contra el encuentro mundial de hidroelectricidad !
No te lo pierdas! Ver video en:
20 de septiembre de 2021
Conozcamos más sobre el tema de las llamadas energías limpias desde la voz de Damaris Panamá, Mariana Rosales de Coecoceiba y Francisco Rocael Mateo de CPO.
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VIDEO EN: https://www.facebook.com/cpogt/videos/391042725997493
Expresamos nuestra profunda solidaridad con el Frente Petenero de Afectados por Represa por el fallecimiento del compañero William Merida, defensor del rio Usumacinta.
Bernardo Caal
📣 En Guatemala, así Conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2021.
Ríos desviados,Líderes asesinados, encarcelados.
Cedida por la ong española Alianza por la Solidaridad-Action Aid, del líder Bernardo Caal Xol.
EFE Publicado por: Redacción EFEverde 19 julio, 2021 Madrid
El defensor ambiental guatemalteco Bernardo Caal Xol, encarcelado por defender el río Cahabón, en el departamento Alto Verapaz, pide en una carta a diferentes organizaciones internacionales que se pronuncien sobre la la violación de los derechos humanos del pueblo maya q’eqchi por “el despojo del agua”, un caso que se suma a la larga lista de persecuciones a los activistas que se están produciendo en Centroamérica.
La misiva hecha pública desde la cárcel está dirigida a la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informa en un comunicado la organización no gubernamental española Alianza por la Solidaridad-Action Aid que trabaja, entre otros países, en Guatemala.
En la carta, Caal Xol solicita a las diferentes entidades internacionales que se pronuncien sobre “la violación de derechos humanos de miles de niños, niñas, hombres y mujeres del pueblo maya q’eqchi’’ ante el despojo del derecho al agua del río Cahabón y sobre la prisión preventiva que ya he cumplido de 1.245 días, tan solo para amedrentar a los pueblos indígenas para el despojo del río” ante la construcción de hidroeléctricas en la región de Alta Verapaz, en el norte del país centroamericano.
Según Alianza por la Solidaridad-Action Aid, el caso de Bernardo Caal Xol se remonta a 2015, cuando el activista puso la primera denuncia contra la construcción del complejo hidroeléctrico sobre el río Oxec, afluente del río Cahabón, situado en territorio indígena, por vulnerar el derecho de consulta a los pueblos indígenas.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gobiernos están obligados a hacer una consulta previa a los pueblos indígenas antes de la realización de cualquier proyecto que pudiera afectar a las comunidades, a los recursos naturales o a su territorio.
Desde la ONG recuerdan que el caso de Bernardo Caal “es un claro ejemplo” de las dificultades de los pueblos indígenas y de sus líderes para denunciar a empresas nacionales y extranjeras que “vulneran sus derechos y destruyen sus recursos naturales en países donde ni sus gobiernos ni su judicatura se los garantizan, enfrentándose así a las presiones de poderosas compañías”.
Una segunda denuncia se interpuso por apropiación y tala de un bosque en la misma región.
Caal Xol, docente y activista ambiental, se implicó en la denuncia contra la hidroeléctrica Renace, obra que realiza una subcontrata del grupo español Cobra (ACS), del empresario español Florentino Pérez.
La organización, según la nota, presentó una denuncia, asimismo, por “el incumplimiento” de los derechos humanos y ambientales de 29.000 indígenas mayas, a quienes se les “secuestró” el río Cahabón, limitándoles el accesos a la única fuente de agua para ellos.
Explica la ONG, que coincidiendo con estas denuncias y en medio de una campaña de descrédito contra su persona, Caal Xol -reconocido como “preso de conciencia” por Amnistía Internacional- fue acusado por trabajadores de una empresa subsidiaria “de delitos de robo y retención de trabajadores de la hidroeléctrica”, por lo que fue condenado en enero de 2018 a siete años y cuatro meses de prisión.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó realizar una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas por una hidroeléctrica del grupo español ACS.
Sin embargo, “hasta ahora, la empresa en cuestión no ha cumplido con los requerimientos judiciales de realizar una consulta y continúa con su actividad”.
El líder indígena lleva preso más de tres años “en base a indicios débiles”, y ha tardado dos años y medio en conseguir que su recurso llegara a sala de apelaciones de Alta Verapaz. La decisión puede aún tardar dos meses en llegar, asegura la ONG.
Edgar de León, uno de los abogados de Caal, subraya que si finalmente “no fuera considerada su apelación, el caso podría llevarse a la Corte Constitucional del país centroamericano, pero todo ello supone invertir unos recursos económicos de los que su familia no dispone”. EFEverde
Canalizan y entuban nuestros ríos,causan muerte de miles de peces y otros seres vivos.Colocan seguridad armada para proteger lo que han robado a las Comunidades Q’eqchi’s.Llevo 1253 días de estar encarcelado a petición de las hidroeléctricas.
Bernardo Caal
15 junio, 2021 ZonaDocs
#AlianzaDeMedios
En Guatemala no solo es posible comprar un río, además defenderlo puede significar un proceso larguísimo de cárcel. Eso está sufriendo el líder comunitario Bernardo Caal Xol. En estas líneas, su caso y sus cartas con las que intenta defenderse, hacer correr la voz como las aguas que -enrejadas o no- jamás se quedan quietas
Apoyo y gestión de correspondencia: Familiares y compañeros de Bernardo Caal Xol / Bocado Lat
Fotos: Prensa Comunitaria y redes sociales de Bernardo Caal Xol
GUATEMALA.- Bernardo Caal Xol está preso por defender al río sagrado de su comunidad. Indígena maya q’eqchi’, líder comunitario y maestro, encabezó desde 2015 la resistencia de las comunidades de Santa María Cahabón a la construcción de la hidroeléctrica OXEC sobre los ríos Oxec y Cahabón. Un megaproyecto que es negocio de Florentino Pérez, poderoso empresario español y presidente del club de fútbol Real Madrid.
Al empresario español y a los intereses transnacionales incomodaban la organización comunitaria indígena tanto como su líder: el maestro Bernardo. Por eso el 15 de octubre de 2015 le acusaron de supuestos actos de violencia contra empleados de NETZONE S.A., contratista de OXEC. Tres años más tarde, el 9 de noviembre de 2018 lo condenaron a 7 años y 4 meses de prisión en un caso “que muestra los mismos patrones de criminalización contra defensores de derechos humanos que hemos documentado por años en el país”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora regional de Amnistía Internacional.
Organizaciones no gubernamentales lo dicen sin dudarlo: Bernardo Caal Xol es un preso de conciencia.
La justicia guatemalteca no escucha, retrasa las audiencias.
Los poderosos de su país garantizan la impunidad.
Bernardo Caal Xol sigue encarcelado. Le han robado más de 1200 días de vida mientras la empresa extranjera explota los ríos sagrados de Alta Verapaz como si fueran suyos.
Pero Bernardo, maestro, padre y líder maya q’eqchi’, aún tiene palabras. Desde la cárcel escribió una carta para este especial de Bocado. De puño y letra brinca muros de silencio, siembra esperanza.
24.04.2021
Soy Bernardo Caal Xol, del pueblo Maya Q’eqchi’, Guatemala, de 49 años de edad. Nací en las montañas del municipio de Cahabón, allí nací porque mis abuelos y abuelas andaban huyendo de la esclavitud que estaban siendo sometidos los indígenas en las fincas del café de los terratenientes extranjeros que habían despojado las tierras en el territorio Q’eqchi’. De la montaña al centro urbano, mis padres me trajeron para estudiar la primaria, allí empecé a hablar el castellano, estudié el nivel básico, luego me trasladé a la cabecera departamental de Cobán para estudiar para maestro. En el año 1995 volví a mi comunidad para trabajar como maestro con contrato con el Estado de Guatemala.
En el año 2015 con las comunidades empezamos a denunciar la presencia de empresas hidroeléctricas que empezaban a entubar el Río Ox-eek’ y Río Cahabón.
En el año 2016 visitamos todas las instancias del gobierno para hacer nuestras denuncias.
En el año 2017 las hidroeléctricas Oxec S.A. que funcionan dentro de la comprensión municipal de Cahabón Alta Verapaz, fueron suspendidas por los máximos órganos de justicia en Guatemala. Al mismo tiempo iniciaba una persecución, difamación y calumnia en mi contra en distintos medios de comunicación, ocasionaban un descrédito total en mi persona, el mismo año se me giraron dos órdenes de Captura por parte de un juez en Cobán Alta Verapaz.
El 30 de enero en 2018 me presenté a una de las audiencias judiciales, allí se me capturó, estoy encarcelado actualmente. Las hidroeléctricas Oxec S.A. a través de la empresa sub contratada Netzone, me acusan de Robo Agravado y detenciones ilegales. Todos los testigos en mi contra son empleados de las hidroeléctricas Oxec S.A. Tres años y tres meses llevo de estar encarcelado, no ha finalizado el proceso porque la justicia utiliza las tácticas dilatorias con la finalidad de mantenerme encarcelado.
El pueblo Q’eqchi’ sigue luchando y resistiendo por el Río Cahabón y Río Ox-eek’.
El Río Cahabón es un rio Sagrado para mi pueblo, el Popol Vuh, libro sagrado de los Mayas, hace constar que este río es el escenario de Hunahpú e Ixbalanqué, los gemelos de la mitología de nuestro libro.
Sobre el Río Cahabón han construido varias hidroeléctricas, desviándolo, entubándolo por varios kilómetros, 50km aprox. En esos cincuenta kilómetros las familias Q’eqchi’s no tienen acceso al agua. La mayoría de estas hidroeléctricas fueron construidas por la empresa “cobra” de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid de España.
Los máximos órganos de justicia en Guatemala, reconocieron que no hubo consultas previas, pero ordenaron que las empresas siguieran operando sobre el río.
¡La lucha sigue…!
📰 Video. “Sangre de la Tierra” cuenta las historias de tres procesos de resistencia en contra de proyectos hidroeléctricos en México, Honduras y Guatemala.
👉https://www.entrepueblos.org/publicaciones/la-sangre-de-la-tierra/
“En la cosmovisión de muchos pueblos indígenas, los ríos son la sangre de la tierra. Para defender estos ríos y evitar que sean secuestrados por megaproyectos hidroeléctricos, centenares de personas son criminalizadas o asesinadas cada año”
El documental es una producción de Alba Films y la Fundación Luciérnaga para Entrepueblos y Brigades de Pau de Catalunya, con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que presenta las resistencias de tres territorios de la región mesoamericana (México, Honduras y Guatemala) ante la construcción de centrales hidroeléctricas.
Cada territorio se encuentra en una fase diferente del proceso de lucha: desde que se conoce la existencia del proyecto, hasta la oposición a la propia construcción, que comporta en muchas ocasiones la criminalización de líderes y liderezas.
La meta del documental es desmentir la imagen que las hidroeléctricas son únicamente productoras de energía limpia, poniendo la mirada en los efectos negativos que su construcción provoca sobre las comunidades (en su mayoría indígenas) y los territorios afectados. El documental quiere mostrar y llamar la atención sobre las repercusiones sociales, económicas y ambientales que tienen estos proyectos, sobre la falta de consulta previa, libre e informada a la cual obliga el Convenio 169 de la OIT y sobre la inexistencia de supuestos “beneficios” para las comunidades, puesto que la energía producida se destina a la exportación.
“En México, Honduras y Guatemala cada año son asesinadas entre 50 y 60 personas defensoras del medio ambiente para luchar contra el saqueo de las tierras ancestrales de sus comunidades. Con la construcción de centrales hidroeléctricas, los ríos y el agua también se han convertido en objeto de despojo y han disparado la violencia y la criminalización.
En esta guerra no declarada, son muchos los ejemplos de resistencia que muestran como esta mal llamada energía limpia también se puede teñir de sangre”
DIRECCIÓN: Félix Zurita de Higes