Cedida por la ong española Alianza por la Solidaridad-Action Aid, del líder Bernardo Caal Xol.

EFE Publicado por: Redacción EFEverde 19 julio, 2021 Madrid  

El defensor ambiental guatemalteco Bernardo Caal Xol, encarcelado por defender el río Cahabón, en el departamento Alto Verapaz, pide en una carta a diferentes organizaciones internacionales que se pronuncien sobre la la violación de los derechos humanos del pueblo maya q’eqchi por “el despojo del agua”, un caso que se suma a la larga lista de persecuciones a los activistas que se están produciendo en Centroamérica.

En defensa del agua

La misiva hecha pública desde la cárcel está dirigida a la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informa en un comunicado la organización no gubernamental española Alianza por la Solidaridad-Action Aid que trabaja, entre otros países, en Guatemala. 

En la carta, Caal Xol solicita a las diferentes entidades internacionales que se pronuncien sobre “la violación de derechos humanos de miles de niños, niñas, hombres y mujeres del pueblo maya q’eqchi’’ ante el despojo del derecho al agua del río Cahabón y sobre la prisión preventiva que ya he cumplido de 1.245 días, tan solo para amedrentar a los pueblos indígenas para el despojo del río” ante la construcción de hidroeléctricas en la región de Alta Verapaz, en el norte del país centroamericano.

Según Alianza por la Solidaridad-Action Aid, el caso de Bernardo Caal Xol se remonta a 2015, cuando el activista puso la primera denuncia contra la construcción del complejo hidroeléctrico sobre el río Oxec, afluente del río Cahabón, situado en territorio indígena, por vulnerar el derecho de consulta a los pueblos indígenas. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gobiernos están obligados a hacer una consulta previa a los pueblos indígenas antes de la realización de cualquier proyecto que pudiera afectar a las comunidades, a los recursos naturales o a su territorio. 

Multinacionales y obras públicas

Desde la ONG recuerdan que el caso de Bernardo Caal “es un claro ejemplo” de las dificultades de los pueblos indígenas y de sus líderes para denunciar a empresas nacionales y extranjeras que “vulneran sus derechos y destruyen sus recursos naturales en países donde ni sus gobiernos ni su judicatura se los garantizan, enfrentándose así a las presiones de poderosas compañías”. 

Una segunda denuncia se interpuso por apropiación y tala de un bosque en la misma región.

Caal Xol, docente y activista ambiental, se implicó en la denuncia contra la hidroeléctrica Renace, obra que realiza una subcontrata del grupo español Cobra (ACS), del empresario español Florentino Pérez.

La organización, según la nota, presentó una denuncia, asimismo, por “el incumplimiento” de los derechos humanos y ambientales de 29.000 indígenas mayas, a quienes se les “secuestró” el río Cahabón, limitándoles el accesos a la única fuente de agua para ellos.

Explica la ONG, que coincidiendo con estas denuncias y en medio de una campaña de descrédito contra su persona, Caal Xol -reconocido como “preso de conciencia” por Amnistía Internacional- fue acusado por trabajadores de una empresa subsidiaria “de delitos de robo y retención de trabajadores de la hidroeléctrica”, por lo que fue condenado en enero de 2018 a siete años y cuatro meses de prisión.

En  2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó realizar una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas por una hidroeléctrica del grupo español ACS.

Sin embargo, “hasta ahora, la empresa en cuestión no ha cumplido con los requerimientos judiciales de realizar una consulta y continúa con su actividad”.

El líder indígena lleva preso más de tres años “en base a indicios débiles”, y ha tardado dos años y medio en conseguir que su recurso llegara a sala de apelaciones de Alta Verapaz. La decisión puede aún tardar dos meses en llegar, asegura la ONG. 

Edgar de León, uno de los abogados de Caal, subraya que si finalmente “no fuera considerada su apelación, el caso podría llevarse a la Corte Constitucional del país centroamericano, pero todo ello supone invertir unos recursos económicos de los que su familia no dispone”. EFEverde

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