La coordinación Inkayaiñ Chol chol Lewfu convocó el día de ayer a un txawün/encuentro ciudadano en el río Chol chol, que contó con la participación de 31 comunidades mapuche, 3 organizaciones sociales, y 400 personas aproximadamente que firmaron su oposición al proyecto de Juan Sutil, el cual pretende crear tres embalses en el fundo Nilpe, interviniendo de esta forma los afluentes del río Chol chol. Según el derecho de libre determinación consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 3 y 4, es que nos hemos autoconvocado, para discutir y definir una posición frente a la amenaza que significa la implementación de un proyecto frutícola en la zona del fundo Nilpe que tiene contemplado la intervención del río Chol chol, en este sentido declaramos:
1- Que el río Chol chol junto a todos sus afluentes constituye un elemento esencial en el desarrollo cultural mapuche, en el aspecto económico, y social, considerando además que un número importante de APR se sostienen gracias al río. Así como también, que gracias a sus aguas se ha logrado sofocar las llamas de los desbastadores incendios que anualmente consumen superficies de las comunidades, casas y siembras. No se puede concebir la zona de Galvarino, Chol chol, Nueva Imperial y Carahue sin nuestro río.
2- Por el valor y la importancia cultural, social y económica es que nos oponemos al proyecto de las empresas de Juan Sutil y Hernán Garces, que buscan la plantación a gran escala de cerezos, y qué para lograr realizar la producción de esta fruta, requieren de cantidades indeterminadas de aguas, por lo que la construcción de tres embalses afectará de forma directa e irreversible el río de Chol chol, rompiendo el equilibrio ecológico, afectando además las aguas por el uso de químicos, todo lo que vendrá a repercutir y dañar la vida de todas las comunidades mapuche cercanas al río.
3- Denunciamos también las tramposas acciones de Juan Sutil que aprovechando la débil legislación medio ambiental, solo ha tramitado una declaración de impacto ambiental ya que según sus criterios el proyecto no alterara el río Chol chol ni las comunidades colindantes. Para este propósito a contado con la complicidad del alcalde actual de Galvarino y del constituyente Fuad Chahín. Por ello, exigimos que el señor Chahín sea inhabilitado para participar en cualquier votación que tenga que ver con los derechos del agua, ya que participó realizando proselitismo al proyecto, situación que es de público conocimiento.
4- Comenzaremos una profunda revisión acerca de los derechos de agua que han sido otorgados en el río Chol chol y todos sus afluentes, así como las mediciones de calidad de agua y todas las actividades agrícolas industrializadas que pueden estar vertiendo sustancias químicas a las aguas, determinar el origen de las abundantes algas que se encuentran en el río, así como la forma de revertir esta situación.
5- Además, señalar que ya somos zona de sacrificio por muchos años y la presencia de las plantaciones de pino y eucaliptus, han causado daño en nuestro ecosistema y sobre todo en las fuentes de aguas. Por tal razón, exigiremos a partir de hoy las medidas necesarias para detener el nefasto efecto de las innumerables plantaciones forestales en la zona, principalmente las empresas Mininco S.A, Bosques Arauco y Probosque, ya que han generado sequía, erosión de las tierras y una profunda alteración del medio principalmente por la extinción del bosque nativo. Estas empresas son las responsables no solo del daño ecológico, sino además del sistemático daño producido al pueblo mapuche que se traduce en pobreza, migración forzosa y discriminación.
6- Por ello y considerando sus importantes ganancias que son la contra parte de la región de la Araucanía, que es según todos los estudios la región más pobre de Chile, estas empresas han condenado a las familias mapuche a beber agua de camiones aljibes y a no poder hacer uso de sus suelos que una vez forestados no han podido reconvertir a suelos fértiles aptos para la siembra. Por tal razón, el Estado y las forestales tiene una responsabilidad en la reconversión de los suelos y se requiere un decreto que permita a las familias de pequeños agricultores empobrecidos, restituir sus suelos a través de una indemnización por daños y perjuicios.
7- Exigimos a las autoridades locales que se pronuncien y den a conocer su postura en relación al proyecto de Sutil, ya que ellos representan a la ciudadanía que democráticamente los ha elegido para gobernar. No es posible a estas alturas permanecer en silencio y ser cómplice de este ecocidio, que afectará a las comunidades mapuche más vulnerables y a toda la población urbana y rural que habita en las riberas del río.
8- Hacemos un llamado a las comunidades mapuche y organizaciones sociales, de diferentes territorios a informarse, autoconvocarse y manifestarse en contra de este proyecto ecocida y destructor de nuestro itxo fill mogen. La coordinadora Inkayaiñ Chol chol Lewfu tiene la disponibilidad de apoyar con material informativo los txawün o encuentros que se realicen en los territorios comprometidos con la defensa del río.No seremos un nuevo Petorca, debemos detener la ruta de la sequía que trae Sutil-Garces apoyados por el Estado y políticos locales entre ellos lamentablemente mapuche. El problema forestal ya es una catástrofe ambiental, no podemos esperar que se genere un nuevo holocausto ecológico.
Comunidades firmantes
1. Comunidad José Miguel Huaiquian (Atrenco)
2. Comunidad Federico Antinao (Cuyinco Alto)
3. Comunidad Pascual Painemilla (Rucapangue grande)
4. Comunidad Calvio Millan (Ailinco)
5. Comunidad Juan Ancaye (Piuchen)
6. Comunidad Huenul Llancal (Launache)
7. Comunidad Juan Curihuil (Copinche)
8. Comunidad Antonio Painemal (Carreriñe)
9. Comunidad Trif trifko (Trif trifko)
10. Comunidad Ramon Painemal (Coihue Painemal)
11. Comunidad José Nino (Rucapangue)
12. Comunidad José Luis Collio (Malalche Quilimanzano)
13. Comunidad Anselmo Quintriqueo (Repucura Central)
14. Comunidad Domingo Coñoepan 2 (Piuchen bajo)
15. Comunidad Manuel Cayunao (Coilaco)
16. Comunidad José Curinao (Arenas Blancas)
17. Comunidad Manuel Huenchunao (Pitraco Tosca)
18. Comunidad Rosario Morales (Carreriñe bajo)
19. Comunidad Benito Nain (Los duraznos)
20. Comunidad José Chanqueo (Rapahue)
21. Comunidad Miguel Lemunao (Pitraco tosca)
22. Comunidad Gabriel Chicahual (Coihue Curaco)
23. Comunidad Soto Calfuqueo (Los Boldos)
24. Comunidad Juan de Dios Huichaleo (Ñanculeo)
25. Comunidad Rayen Lafken (Picuta)
26. Comunidad Huenchul Alcaman
27. Comunidad Mulato Huenulef 2 (Rumulhue)
28. Comunidad Ramon Ancamil (Huiñoco)
29. Comunidad Juan Levio (Cuyinco bajo)
30. Comunidades en recuperación forrowe wallontumapu (Boroa)
31. Comunidad Malalkawe (Imperial)
32. Asociación Txawün pu zomo Painemal (Coihue Painemal)
33. Agrupación ambiental cultural (Nueva Imperial)
34. Organización Lonco wariache (Chol Chol urbano)
Campaña Ríos Salvajes busca involucrar a la ciudadanía sobre la importancia y la necesidad de proteger y restaurar los ríos chilenos profundamente alterados por la actividad humana.
Chile tiene más de 1200 grandes ríos escasamente protegidos, mientras vive su peor crisis hídrica producto de los efectos visibles del cambio climático y una mala gestión de las aguas, excesivamente permisiva con industrias como la agroalimentaria, forestal, minera e inmobiliaria y que promueve el desarrollo de represas e hidroeléctricas.
Por lo mismo es fundamental la Campaña Ríos Salvajes, que busca involucrar a la ciudadanía sobre la importancia y la necesidad de proteger y restaurar los ríos chilenos profundamente alterados por la actividad humana. De hecho, el país ha transitado desde una situación de privilegio hídrico a estar en el puesto 18 en la lista global de países con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico.
Actualmente, un tercio de las comunas del país se encuentra con decreto de escasez hídrica y el Estado debe abastecer de agua potable con camiones aljibe a, al menos, 400 mil personas en todo el país.
Así, en medio de este panorama, el pasado viernes 21 de enero se inauguró en la ciudad de Pucón el Mural “Protejamos los Ríos Salvajes”, actividad organizada por Patagonia Chile en conjunto con las ONGs LabSocial y Movimiento Arte Down.
“El mural Protejamos los Ríos Salvajes es un trabajo colaborativo e inclusivo, una forma de inspirar a las comunidades a actuar por la protección y restauración de los ríos de nuestro país”, explica Benjamín Carvallo, Brand & Community Manager de Patagonia Chile.
Por su parte, Francisca Mira, de la ONG LabSocial, comenta que “entre los valores transversales que tenemos en común con Patagonia está la sensibilización respecto al cuidado del medio ambiente, entendido como un desafío colectivo e histórico de alcance mundial para preservar nuestro ecosistema”.
Y agrega que “ArteDown Internacional es un Movimiento Artístico Inclusivo -perteneciente a LabSocial- que genera un espacio para que niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad puedan promover la inclusión a través del arte. Nos motiva generar un precedente con Patagonia, donde el trabajo colaborativo entre la preservación del ecosistema y la inclusión a través del arte, puedan fusionarse virtuosamente para mostrar que podemos co-crear un mundo más amable, comprometido e íntegro con las personas y la naturaleza”.
Es importante destacar que los ríos son vitales vital del ciclo del agua y fundamentales en la mitigación del cambio climático. Son ecosistemas dinámicos e integradores que suministran agua a los seres humanos, transportan nutrientes hacia los océanos, capturan carbono y nitrógeno, conectan humedales, turberas y suelo y aportan a la alta biodiversidad a zonas de desembocadura.
Actualmente, no existe en Chile una figura legal específica que proteja a los ríos de amenazas, o que ponga en valor y resguarde los atributos excepcionales de la inmensa variedad de torrentes de agua que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, “pese a que cuidarlos es algo de sentido común, porque somos un país seriamente afectado por la mega sequía, altamente vulnerable al cambio climático y con menos del 1% de los 1.251 grandes ríos parcialmente protegidos”, explica Álvaro Montaña, Geógrafo de Fundación Geute Conservación Sur e integrante de la campaña Ley de Ríos Salvajes.
En efecto, solo el 1% de los ríos nacionales se encuentra “protegido” a través de Reservas de Caudales y Santuarios de la Naturaleza, que son las únicas dos figuras de protección con que contamos en la actualidad. “Lamentablemente, ambas son insuficientes, ya que no protegen de manera integral los ríos, no prohíben expresamente ninguna actividad en ellos y tampoco incentivan la restauración”, agregan desde Fundación Geute.
Por lo anterior, y en busca de un marco legal orientado a una protección integral y eficaz, surgió la iniciativa de la Ley de Ríos Salvajes, impulsada por Fundación Geute Conservación Sur, ONG Ecosistemas, Fundación Terram e International Rivers. El proyecto busca la protección o restauración de ríos, y no está enfocado solo en ríos prístinos, sino que en todos aquellos que tengan un alto valor escénico, recreativo, geológico, histórico, cultural o ecológico.
En este sentido, Álvaro Montaña finaliza con la convicción de que “podemos trabajar para que la vida natural regrese a sus riberas y volvamos a tener un ecosistema saludable. Un río que vuelva a correr salvaje y que nos permita satisfacer nuestras necesidades de agua, pero de manera responsable y sustentable. Y se agradece si lo hacemos no sólo desde un marco legal, sino también desde una mirada artística e inclusiva”.
Con sus 77 km de extensión, el hermoso paisaje del río San Pedro, en el sur de Chile, esconde la lucha silenciosa de la región contra el ya avanzado proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica San Pedro, proyecto que está interrumpido desde 2009.
La animación de poco más de cinco minutos de la red Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represas (@riosanpedrosinrepresas) explica de manera didáctica todo el conflicto en el río y por qué los habitantes de la región deben rechazar la construcción a favor de la integridad de toda la cuenca. Clique aqui para assistir ao vídeo
“Através de este video, queremos que toda la ciudadanía sepa las razones por las que debemos rechazar el proyecto de la Central Hidroeléctrica San Pedro. Se trata de una amenaza para las personas que habitan las riberas del río, atenta contra la biodiversidad existente en la cuenca, pone en riesgo el suministro de agua potable para la ciudad de Valdivia y amenaza con terminar con el turismo local. Demandamos que el Servicio de Evaluación Ambiental rechace este proyecto.”, explican desde laFundación Plantae, ONG parte de la Mesa Ciudadana.
“El río San Pedro es conocido mundialmente por su rica ictiofauna y su importancia centenaria para las comunidades que dependen de él para sobrevivir. Vemos la construcción de la Central Hidroeléctrica San Pedro con alta preocupación debido a la evidencia de riesgo geológico y los catastróficos efectos de un posible terremoto, como ocurrió en los 60s,” dijo Monti Aguirre, Directora del Programa de América Latina de International Rivers.
Según la Fundación Plantae en Chile, estas son las principales amenazas que causaría la construcción de la Central Hidroeléctrica San Pedro:
1.Suministro de agua potable para la ciudad de Valdivia
Una de las plantas de agua potable de Valdivia se ubica aguas abajo del río San Pedro, en el sector de Collico en el río Calle-calle. Esta planta se está convirtiendo en la mayor fuente de agua potable de Valdivia. Lamentablemente, ya se ha visto afectada durante los últimos años por el cambio climático (aumento del nivel del mar y disminución de caudal del río), disminuyendo la cantidad y calidad del agua, implicando un mayor costo para las y los habitantes de la ciudad. La construcción de la Central Hidroeléctrica San Pedro podría hacer peligrar más aún el suministro de agua potable de Valdivia, ciudad que ya está afectada por años de sequía. La empresa sanitaria ha demostrado su preocupación por la problemática, mencionando explícitamente al proyecto hidroeléctrico de Colbún S.A. como amenaza para la provisión de agua de la ciudad.
Colbún S.A. propone en su último estudio de impacto ambiental aumentar en un 25% el consumo de agua del río San Pedro. ¿Cómo pretende Colbún asegurar el agua potable de las y los valdivianos, si el cambio climático llegó para quedarse, y la empresa pretende ocupar cada vez más agua para la generación eléctrica en un escenario de cada vez menos agua?
2.Paisaje y Turismo regional y local
El río Calle-Calle y río Valdivia nacen del río San Pedro. La economía basada en el turismo y la identidad local toman al río como eje de desarrollo. El turismo regional es una importante vía de ingresos, que ha crecido sostenidamente en el tiempo, alcanzando alrededor de 350 mil visitantes anuales en la Región de Los Ríos. Múltiples prestadores de servicios turísticos, de alimentación, alojamiento y transporte, se benefician de esto. Según cifras actualizadas de la Subsecretaría de Turismo, cada vez más personas se interesan por visitar la zona de lagos y ríos de la Región, por lo que cualquier afectación sobre estos atractivos turísticos, afectará la visitación y como consecuencia, la economía local y regional.
La represa en el río San Pedro, creará una zona de sacrificio ambiental, eliminando un ecosistema único en biodiversidad, belleza y paisaje, reemplazándolo por un ecosistema artificial y homogéneo, impactando el turismo, economía y bienestar regional.
El proyecto probablemente es de alta rentabilidad privada, pero ¿qué estudios respaldan la valoración o rentabilidad social del proyecto y el costo de oportunidad de realizarlo? Esto considerando que se destruirá el atractivo regional más importante para el desarrollo del turismo aventura en aguas blancas, kayak, rafting, pesca, y turismo de intereses especiales, cada vez más relevantes para los habitantes y visitantes de la localidad y la región, y de enorme potencialidad futura.
3.Riesgo de desastre, peligro para las personas y traumas psicológicos
Colbún S.A. pretende construir la Central Hidroeléctrica San Pedro en el geológicamente inestable valle del río San Pedro. En el mismo lugar donde, tras el terremoto de 1960 y anteriormente en 1575, las laderas del río San Pedro sucumbieron y bloquearon el cauce, amenazando durante meses la vida de las personas en la ciudad de Los Lagos, Valdivia y poblados ribereños, episodio conocido popularmente como “Riñihuazo”. A este riesgo por inestabilidad de laderas, se suma la influencia de actividad volcánica, dada por el volcán Mocho-choshuenco, considerado activo y que registra violentas erupciones, y una falla geológica potencialmente activa (Llecué) debajo del área del embalse. La comunidad científica internacional ha concluido que proyectos de embalse son capaces de producir terremotos artificiales, siendo a nivel mundial el tercer factor más relevante para su ocurrencia y el primero a nivel sudamericano.Es cuestionable entonces que la empresa no haya presentado públicamente una modelación hidráulica en caso de rompimiento de la represa. Esto llama la atención, ya que durante el “Riñihuazo”, y por el riesgo que constituía, se decidió dinamitar un puente, varias veces más pequeño que una represa.
La construcción de una represa en este escenario de alto riesgo de desastres naturales que pueden implicar su ruptura o un tsunami en el embalse, genera incertidumbre sobre la seguridad de las personas, su salud mental y sus vidas. ¿Cómo es posible asegurar que eventos catastróficos no rompan la represa o un tsunami de embalse no pase sobre ella, si no se han presentado todos los estudios de evaluación de riesgos que los servicios públicos y la ciudadanía han solicitado? Se solicita una modelación de ambos escenarios (ruptura y tsunami) frente a terremotos de gran magnitud (iguales y mayores al de 1960), incluyendo entre otras cosas, el efecto del deslizamiento masivo de laderas sobre el embalse, y movimiento brusco y desestabilización del terreno que soporta la represa.
4.Biodiversidad y ecosistema
El río San Pedro es una fuente invaluable de biodiversidad y de belleza paisajística única. En sus aguas se encuentran especies de peces que solo habitan en esta cuenca, como el tollo de agua dulce (Diplomystes camposensis), y algunas especies que se encuentran en peligro de extinción, como el huillín (Lontra provocax), y el cuervo de pantano (Plegades chih). Elrío San Pedro-Calle Calle-Valdivia es un ecosistema interconectado, un corredor biológico binacional que une 11 lagos. Si se corta el corredor con una represa, inevitablemente habrá impactos ambientales aguas arriba y aguas abajo.
El valle del río San Pedro es Reserva de la Biósfera, y contiene tres sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad que incluyen el corredor ribereño y bosques aledaños, y un programa intermunicipal entre Los Lagos y Máfil de “Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro”.
Es fundamental trabajar para la conservación de esta biodiversidad, puesto que se encuentra más amenazada que nunca. El proyecto Central Hidroeléctrica río San Pedro se aprobó en 2008, hace 13 años, por lo que se encuentra obsoleto respecto al estado de conservación de las especies, muchas actualmente vulnerables o en peligro de extinción, y obsoleto respecto a las especies invasoras que pueden verse beneficiadas por la construcción del embalse. Desde el 2013 hay registros del alga invasora didymo en el río, además de la proliferación de salmónidos. Ambas especies se ven beneficiadas por la construcción de represas, y es un fenómeno que afectará sin precedentes a la flora y fauna nativa. ¿Cómo hará el titular para no afectar la biodiversidad que está mucho más amenazada que hace 13 años, y cómo hará para evitar la proliferación y propagación de especies invasoras que impactan negativamente a las especies nativas?
Foto principal: Río San Pedro – Crédito Pablo Lloncón – Fundación Plantae
La pugna entre los intereses conservacionistas y los impulsos productivistas están lejos de llegar a puntos medios de equilibrio. La innegable degradación del medio ambiente junto con el llamado mundial de cuidar de nuestro planeta en miras al bienestar de las futuras generaciones, entra en constante tensión con la instalación de varios proyectos -de diversas índoles- que ven la posibilidad de intervenir importantes espacios naturales con el fin de explotarlos.
Evidentemente la Central Hidroeléctrica San Pedro implicaría una enorme degradación de la biodiversidad y calidad de las aguas, ya que, interrumpiría el corredor biológico que conecta a 11 lagos ubicados entre Chile y Argentina El mismo conflicto, pero con diferentes matices, se presentan en varias regiones del territorio nacional. En el norte, la industria minera aprovecha los minerales y en el sur, las salmoneras, la piscicultura, las represas, entre otros, observan con ansias la posibilidad de hacer uso del agua para el desarrollo de la industria alimentaria o energética. Los conflictos socioambientales producto del desarrollo de estos proyectos es un denominador común. La región de Los Ríos, al ser un espacio geográfico rico en riquezas recursos naturales y de abundante fertilidad, es el escenario propicio para varias de estas tensiones.
En esta oportunidad, dedicaré esta columna a comentar el estado del arte del proyecto de la represa del río San Pedro. La central hidroeléctrica que busca emplazarse en el río San Pedro consistiría en un dique soportado por una muralla de 56 metros de altura, la cual generaría un área de inundación de 12,5 kilómetros. Este proyecto ha sido impulsado por varios años y la ciudadanía estoicamente y decididamente, ha resistido su instalación.
En primer lugar, el proyecto de la empresa Colbún cuenta con una serie de problemas estructurales. La represa se instalaría en la falla geológica Llecué, mismo lugar en donde ocurrió el desplazamiento de cimientos que produjo el Riñihuazo en el terremoto del 1960. Esto implica un riesgo de ruptura de la represa, lo que podría generar un gran aluvión que amenace la vida de todos los habitantes de la ladera del río San Pedro, afectando incluso a las y los valdivianos.
En segundo lugar, la instalación de la represa afectaría enormemente el desarrollo del turismo sustentable, específicamente a las empresas de kayaks, rafting y pesca deportiva que desarrollan su actividad en este lugar. Situación que no solo impacta económicamente a quienes se dedican a desarrollar estas actividades, sino que además privaría y eliminaría la posibilidad de generar los espacios de educación ambiental a los turistas que vienen a la región en búsqueda de actividad al aire libre y, por cierto, limitaría las actividades culturales y económicas que también desarrollan las comunidades indígenas.
Evidentemente la Central Hidroeléctrica San Pedro implicaría una enorme degradación de la biodiversidad y calidad de las aguas, ya que, interrumpiría el corredor biológico que conecta a 11 lagos ubicados entre Chile y Argentina. Esto amenaza y pone en riesgo a especies nativas y favorece las condiciones para la reproducción de aquellas invasoras.
En la actualidad el proyecto ingresado al Servicio Evaluación Ambiental se encuentra en una forzada nueva etapa de consulta ciudadana. Esta instancia obligatoria del proceso de evaluación ambiental, ha sido liderada por vecinos y vecinas de las comunas afectadas y por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Una determinada actividad productiva no puede poner en riesgo el equilibrio socio ambiental de toda la región. La Central San Pedro, al igual que otros proyectos eléctricos y de pisciculturas, no asegura las condiciones mínimas, ni tiene la visión del desarrollo sustentable compartida por comunidades y autoridades regionales. ¡Por eso decimos no a la represa San Pedro y a aquellos megaproyectos que siguen entendiendo el desarrollo de manera autorreferente, egoísta y sin respeto por ciudadanas y ciudadanos de la región!
[resumen.cl] La movilización contó con la amplia presencia de habitantes de la región del Biobío en defensa del río que pretende ser nuevamente intervenido con una central hidroeléctrica en Rucalhue a través de una filial del gigante hidroeléctrico China Three Gorges Corporation. Mientras, la conflictividad se mantiene latente en el territorio.
Desde la mañana de este sábado una gran cantidad de personas se convocó en la entrada de la comuna de Santa Bárbara ante el llamado de organizaciones socioambientales de la provincia del Biobío que se encuentran luchando contra la instalación del proyecto de central hidroeléctrica Rucalhue.
La manifestación se enmarca en las expresiones de resistencia a la intervención del río Biobío, el cual cuenta con previa presencia de icónicas centrales hidroeléctricas como Ralco, Pangue y Angostura, todas estas con una profunda carga de conflictividad social.
Ante esto «Biobío Libre» fue la consigna que acompañó a las comunidades durante toda la movilización, la cual contempló su paso por el conocido puente hacia la comuna de Quilaco.
La movilización se da tras el avance de las decisiones amedrentadoras contra los grupos en defensa del río Biobío, las cuales han sido lideradas por una empresa filial del gigante eléctrico China Three Gorges Corporation, propietaria de la hidroeléctrica más grande del mundo.
De esta forma, la masiva marcha en la provincia del Biobío viene a reafirmar el compromiso con la defensa irrestricta de los ecosistemas ante el avance de proyectos que no cuentan con el respaldo de las y los habitantes de los territorios, sumado a diversas irregularidades y amedrentamientos que ya han sido denunciados por la población.
Asimismo, la movilización contó con un gesto de apoyo político desde la región Metropolitana, donde un grupo de personas se manifestó en las cercanías de la Plaza de la Dignidad en defensa de Rucalhue.
En la movilización también se hicieron presentes distintas organizaciones para acompañar la visibilización de conflictos en la provincia del Biobío. Tal es el caso de vecinas y vecinos que se encuentran con conflictos ante el avance de gran cantidad de proyectos de parques eólicos donde se ha cuestionado el supuesto proceso de transición energética bajo el cual las empresas justificarían su presencia, enfatizando en las irregularidades que estas presentan, los efectos por su cercanía a las viviendas y la finalidad última de la producción energética.
El gigante chino en el Biobío: La criticada Central Rucalhue
Una amenaza latente es la que existe en Rucalhue, territorio ubicado entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, ante las intenciones de una empresa china de instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico que vendría a alterar el ya intervenido río Biobío. La comunidad local se opone a la empresa por los impactos socioambientales negativos a los ecosistemas y la población.
La conflictividad en el territorio ha sido sostenida luego que en la empresa China International Water and Electric Corporation, la cual es filial de la gigante China Three Gorges Corporation, ingresara una querella contra jóvenes que se han levantado en defensa del territorio, considerando entre estas acciones la instalación de un campamento en el lugar donde la empresa pretende instalar la hidroeléctrica, el cual fue desalojado a fines de julio tras cinco meses de ocupación.
Fotografía: Agrupación Juvenil Semillas del Lirquen Rucalhue
La querella en cuestión, donde la representación de la empresa judicialmente la tomó el abogado Eduardo Gaspar Soto Delgado, mientras que el representante legal de la empresa es Cai Yunpeng, forma parte de la lógica de criminalización sostenida durante la post-dictadura chilena en los procesos de resistencia en la provincia del Biobío, como lo fue el caso de los conflictos a partir de las centrales Ralco, Pangue y Angostura.
El proyecto de Central Rucalhue, que cuenta con su RCA aprobada desde 2016, pretende «una central hidroeléctrica de pasada con embalse, sin capacidad de regulación «donde el caudal entrante es igual al saliente de la central»».
En este sentido, «considera la materialización de una presa aguas abajo de la confluencia de los ríos Biobío y Quilme, generándose un embalse que tendrá 6,5 km aproximados de extensión por el río Biobío y 1,2 km por el río Quilme y su superficie total será de 139 hectáreas que incluyen 72 hectáreas de los cauces actuales de ambos ríos».
Proyecto Central Rucalhue | Fotografía: Web del proyecto
De igual forma, contempla «un área de protección del embalse, correspondiente a 28,5 hectáreas adicionales distribuidas en ambas riberas, sumado al embalse esto significan 167,5 hectáreas totales de las cuales un 42% son parte del actual cauce».
Avaluado en US$240 millones, el proyecto pretende generar una «potencia total instalada es de 90 MW y una generación media anual estimada de 465 GWh», siendo ampliamente cuestionado por las comunidades, quienes han acusado anteriormente al diputado y excandidato (autoproclamado) presidencial Pablo Vidal como quien generó lobby con la empresa para su eventual materialización.
Cientos de personas y comunidades mapuche acudieron a la convocatoria de manifestación luego que trascendiera la resolución del comité de ministros que le entregó luz verde al proyecto Central de paso El Rincón.
Desde Melipeuco Ríos Libres señalaron «Con un gran participación de la ciudadanía, se llevó a cabo una gran marcha el pasado viernes 18 de Junio, en rechazo a la Central de Paso El Rincón, en defensa del Río Truful Truful, como organización, agradecemos la asistencia y el apoyo a esta gran causa que hemos luchado muchos años, para el resguardo de nuestros recursos naturales y los espacios sagrados de nuestro pueblo Mapuche.»
Este proyecto data desde el año 2012 y tras varios años de resistencia en el 2018 el proyecto se votó en la comisión de evaluación ambiental, donde fue rechazado por unanimidad.
Compartimos la realización audiovisual de Samuel Linker Saravia:
Publicado originalmente en Radio Kurruf Este material periodístico es de libre acceso y reproducción. No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinformémonos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero si de ti. Apoya el periodismo independiente. Es tuyo.
“Somos el río”es un cortometraje documental que retrata la lucha de pobladores autoconvocados de la localidad de Rucalhue por la defensa del Río Bio Bio, quienes a través del bloqueo de la entrada a las obras de la represa Rucalhue impiden el avance de su construcción debido al impacto medioambiental que tendrá este megaproyecto. Este documental fue realizado colaborativamente por socias de la Cooperativa Trashumante Audiovisual; Javiera Moraga en la dirección, Isham Assis en producción, y Constanza Torres en cámara, y con la participación de la realizadora Nicole Kramm en Dirección de Fotografía, se suman además en la postproducción de imagen Ce Belliz y Yerko Yañez, en la post producción de sonido. Este proyecto nace por la fuerte convicción de lxs protagonistas y de sus realizadoras por evidenciar el ecocidio que avanza en el río Bio Bio y sus alrededores, ya que impacta directamente a las comunidades que habitan el territorio, y a sus ecosistemas. La zona lleva más de 20 años de intervención extractivista por empresas internacionales, amparadas por el estado chileno, sus aparatos administrativos y legislativos.
Empresa que buscaba instalar central de pasada en el sector de Pemehue desistió. Vocero de las organizaciones sociales que se opusieron señaló que se trata de un triunfo de la gente organizada.
RENAICO.- Después de 7 años de dar una pelea judicial, administrativa y con un fuerte movimiento social que buscaba evitar la construcción de una central de pasada en el Río Renaico, en el sector cordillerano de Pemehue, por las negativas consecuencias ambientales que traería, el viernes el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, notificó que la empresa Agua Viva, que buscaba ejecutar el proyecto, desistió de hacerlo.
DESDE EL 2013
Esta empresa había ingresado este proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en diciembre de 2013 para obtener su Resolución de Calificación Ambiental; a partir de ahí se comenzó a generar un movimiento social potente que buscó evitar la construcción de esta central de paso, en el cual participó gente de Renaico, Collipulli, Negrete, Angol y Mulchén, realizando también diversas acciones administrativas y judiciales, a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Collipulli.
Consultado el vocero del Colectivo Social Salvemos el Río Renaico y del Movimiento por la Defensa del Río Renaico, Nicolás Fuentes, planteó que mucha gente se opuso a esta central porque iba generar un desastre ambiental en la cuenca del río. Dijo que se pretendía instalar muy cerca de la Reserva Nacional Malleco y consideraba establecer un botadero cerca del Memorial que recuerda a detenidos desaparecidos en este sector.
Agregó que el proyecto planteaba talar 17 hectáreas de bosque nativo e inundar otras 4 hectáreas, porque aunque se vendía como una central de pasada, incluía la construcción de una represa que encajonaba el río. Dijo que al entubar el agua y devolverla al cauce 9 kilómetros más abajo, la misma tendría menos oxígeno y mayor temperatura, “por tanto iba a afectar a la flora y fauna que habita en el Río Renaico e iba generar un desastre ambiental”.
JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO
El 2017 el SEA aprobó la Resolución de Calificación Ambiental para este proyecto, ante lo cual sus detractores presentaron una reclamación ante el Consejo de Ministros encabezado por el director ejecutivo de este organismo, la cual fue rechazada el 2019; ahí la gente del Colectivo y del Movimiento presentaron una reclamación en contra del SEA ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, donde lo hicieron porque el proyecto se pretendían ejecutar en un territorio que es parte de La Araucanía y el Bio Bio.
Nicolás Fuentes dice que ocurría algo paradójico porque esta batalla judicial no era en contra de la empresa Agua Viva, sino del SEA por haber otorgado la calificación ambiental.
MÁS UN AÑO
Agrega que Agua Viva había renunciado al proyecto en febrero del 2020 al darse cuenta de que la comunidad sabía que no era una buena iniciativa y llevaba adelante una lucha social, judicial y administrativa para evitarla, agregando Fuentes que recién este viernes, después de más de un año, el SEA emitió la resolución exenta que pone fin al proyecto.
Para él fue el fuerte movimiento social y las acciones judiciales y administrativas las que llevaron a la empresa a renunciar. “Se genera una defensa extensa de organizaciones sociales y de comunidades mapuches que se movilizan, con movilizaciones populares, manifestaciones, con expresiones culturales, con una defensa jurídica, reclamación en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago y con algunos movimientos administrativos en algunos organismos de Estado, de ahí se gesta esta defensa hasta el día de ayer, donde finalmente, luego de ya siete años de manifestaciones, de reuniones, de expresiones artísticas, se gesta la renuncia de este proyecto”.
Foto de Portada: Alex Vidal Brecas – En el lugar la comunidad leviñanco ta leufu levantó un rewe (sitio ceremonial) donde realizan ceremonias y rogativas.
FedericoValdés Bize
Si caminamos por la región de Los Lagos al sur de Chile, escucharemos hablar del Futawillimapu: el “gran territorio del sur” de los pueblos originarios huilliche-mapuche. Anterior a la colonización española e integración al Estado chileno, es un territorio que persiste y se reinventa. Si ponemos atención, observaremos una constelación de luchas indígenas reivindicando tierras ancestrales y defendiendo territorios de vida ante el avance de proyectos extractivistas.
En estos territorios se enfrentan diferentes maneras de ser, estar y comprender el mundo. Para los proyectos empresariales se trata de espacios con recursos naturales y humanos para la acumulación privada de capital. Para los colectivos indígenas son lugares de subsistencia económica y usufructo, habitación, crianza y reunión social, memoria, creación cultural y conexión con lo sagrado. Son lugares de vida y de reproducción de sus mundos, territorialidades que defienden ante su acelerada destrucción.
Entre estas luchas de resistencia territorial veremos a la comunidad mapuche Weichan Mapu ante un proyecto eólico en las comunas de Frutillar y Puerto Octay. En la ciudad de Alerce encontraremos la defensa de los humedales urbanos frente a desarrollos inmobiliarios dada por la comunidad Pascual Huanel, el Lof Coñuecar, la Asociación Mapuche Lahuen, la Agrupación Ambiental y Cultural Futa Lawal Mapu y la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen. Esta última también ha dado lucha contra las salmoneras en Pargua, Calbuco. Cerca de Osorno presenciaremos la lucha de las comunidades Koyam Ke Che, Leufu Pilmaiquen Maihue, Nehuén Che y Mantilhue ante proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquen. También podremos escuchar a la Agrupación Mapuche Ecológica Artístico Cultural Weñauca manifestándose en Puerto Varas contra la contaminación del lago Llanquihue y un proyecto hidroeléctrico en el río Maullín.
También percibiremos a la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu, ubicada en las afueras de la ciudad de Llanquihue a orillas del río Maullín, defendiendo la tierra y el territorio ante la destrucción cometida por el proyecto inmobiliario de Alto Maullin Spa. Aunque violentada, invisibilizada y estigmatizada, esta comunidad resiste exponiendo sus cuerpos. Sobre su lucha por la vida trata este reportaje, que será publicado en dos partes.
ι PRIMERA PARTE ι
La comunidad huilliche “Águila Veloz del Río”
El werken (vocero) de la comunidad Leviñanco Ta Leufu (“Águila Veloz del Río”), Luis Navarro Navarro, está sentado en una esquina del amplio salón de la sede vecinal, ubicada en la ciudad de Llanquihue. Mientras su esposa e hijos entran y salen, saludan y escuchan en silencio, con rostros severos de tristeza y terror. Es 22 de diciembre de 2020 y hace unos días debieron abandonar su hogar ante el riesgo vital de gigantescas rocas que caían sobre su casa en la ribera del río, lanzadas por retroexcavadoras del proyecto inmobiliario Alto Maullín Spa. Desde entonces pernoctan en un barrio de esta sureña ciudad, localizada junto al lago del mismo nombre. Mientras nos enseña diversos documentos, que toma de una mesa repleta de carpetas, este hombre de 51 años dice “queremos contar esta historia, de cómo vivíamos y cómo queremos vivir”.
Hace tres generaciones y provenientes de la isla Caguach en Chiloé, más de cien kilómetros al sur, la familia Leviñanco (Águila Veloz) migró para asentarse en la ribera del Maullín. Don Luis, a quien su madre no registró con el apellido Leviñanco por la discriminación, relata:
“Los huilliche somos gente sin punto fijo, nos movemos por el territorio, navegando por el río. Hace cerca de veinte años que hemos recorrido distintos lugares del río Maullín. Vivimos del río y del lago (Leufu Maullín y Kalafken Hueñauca), de la pesca desde el bote y del buceo por apnea. En el lecho del río recolectamos camarones y palos, que sacamos para hacer leña. No talamos los árboles del lugar, sino que los podamos. Además nos dedicamos a la recolección de frutos de avellano, que salen desde la segunda semana de febrero hasta marzo. Hace ocho años nos asentamos en un sector del río, donde ahora vivimos y tenemos este problema. Antes era inhabitable. Nosotros construimos una ruka y levantamos un rehue (vivienda tradicional y sitio ceremonial respectivamente), con orientación de los espíritus. Construimos una casa, una huerta y un invernadero”.
Este es un sitio de significancia cultural de la comunidad huilliche porque el uso consuetudinario del territorio comprende también una dimensión sagrada, según explica el werken:
“Al construir nuestro hogar excavamos con herramientas manuales y encontramos muchos metawes (cántaros de estilo mapuche). Incluso hallamos una cantera de greda. Pero no seguimos excavando, porque son propiedad de la ñuke mapu y los kuyfi (la madre tierra y la gente antigua, respectivamente). Sólo pueden sacarse mediante ceremonia. Aquí todo es templo, las aguas tienen ngen (espíritus), el rehue es nuestra conexión. Este lugar es el mundo del agua: el río Maullín es un mallin, es decir un hualve, humedal y pantano. En esta ladera hay dos trayenkos (cascadas). No vemos el leufu (río) como una cosa, lo vemos como un ser vivo”.
El lof (comunidad) Leviñanco, compuesto por alrededor de 20 personas, reivindica la propiedad del lugar que habita junto a la ribera del río, en sus años de posesión efectiva y también en un documento de “reconocimiento de herencia ancestral mapuche”. En este texto otorgado en 2015 por la autoridad regional huilliche del Cacique de Rahue, se señala que los “mapuches somos dueños legítimos de nuestras tierras por herencia ancestral, porque nuestros antepasados son dueños del territorio Butawillimapu, fundamentado en el parlamento de paz” de las Canoas o Rahue de 1793.
Los caciques huilliches son reconocidos en la Ley Indígena N.º 19.253. Señala este Cacique que “por su antepasado doña María Delfina Leviñanco Unquen, reconozco heredero ancestral y dueño legítimo de sus tierras al peñi Luis Enrique Navarro Navarro”, para luego añadir que “el heredero ocupa con posesión material y posesión histórica 57 hectáreas de tierras” junto al río. Un peritaje antropológico realizado en 2019 por Víctor Venegas, docente de la Universidad de Los Lagos, indica que el werken Navarro “tiene una presentación por estas tierras ancestrales en Conadi” (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). El argumento de ancestralidad se sustenta en la historia del poblamiento huilliche en el Futawillimapu.
Calendarios y geografías del Futawillimapu
Junto a un estero afluente del río Maullín se encuentra Monte Verde, lugar donde se encontraron restos de un asentamiento humano de 14.800 años de antigüedad -de los más antiguos de América-, cuya evidencia sugiere que sus habitantes se movían por el río extrayendo e intercambiando recursos con otros pobladores del área. Antes de la conquista europea esta cuenca ya era hogar del pueblo junco, quienes junto a otros pueblos huilliches (gente del sur) ocupaban los valles y riberas de los ríos del Futawillimapu, conformando verdaderas “sociedades ribereñas”. El siglo XVI vería la conquista española y la posterior rebelión nativa, marcando por dos siglos al río Maullín como la frontera sur de los pueblos libres e insumisos del Futawillimapu y del Wallmapu mapuche. Desde sus fortificaciones los españoles realizaron malocas (sorpresivas internaciones militares) para tomar prisioneros y esclavizarlos, que causaron el despoblamiento parcial de esta zona fronteriza.
A fines del siglo XVIII la victoriosa ofensiva militar española permitió disolver la frontera y recolonizar el Futawillimapu, logrando la apertura del camino entre Chiloé y Valdivia. La “pacificación” implicó el Parlamento y Tratado de las Canoas de 1793, donde los huilliches se subordinaron a la corona pero mantuvieron autonomía política. También cedieron territorios aunque conservaron la mayoría, incluyendo los territorios del río Maullín y del lago Llanquihue.
Los territorios y autonomía de los pueblos del Futawillimapu serán expoliados durante el siglo XIX, con su integración al naciente Estado chileno, desconociendo lo acordado en 1793. Los huilliches tuvieron problemas para obtener o registrar títulos de comisario, de merced o de juez y actas de posesión que certificasen su ocupación ancestral. El Estado declaró “tierra de nadie” grandes extensiones territoriales que los huilliches poseían mediante un patrón de ocupación semi nómade. Muchos territorios fueron incorporados como tierra fiscal, mucha de la cual se repartió desde mediados de siglo a colonos europeos, en un extenso “territorio de colonización” que incluía la cuenca del lago Llanquihue y el río Maullín.
La colonización implicó un paulatino despojo, compra-venta, apropiación, especulación y concentración de tierras, así como de certificación, radicación y reducción de territorios y comunidades huilliches. También implicó la quema de gigantescas extensiones de selva fría y el incremento en la explotación de milenarios bosques de alerce, cuyas tablas de fina madera se exportaban desde la Colonia.
En el siglo XX la pérdida territorial recluyó a los huilliches del Futawillimapu en pocas tierras reconocidas como indígenas, que defendieron ante el avance del latifundio y las forestales. Organizados en Juntas de Caciques y mediante Memoriales reclamaron territorio y autonomía. Recuperaron tierras y fueron desalojados, a veces con extrema violencia como en la matanza de Forrahue en 1912. Desterritorialización parcial, inquilinaje, migración urbana, proletarización y cambios identitarios son elementos de la incorporación subordinada de los pueblos huilliches a Chile. Es con el colonialismo interno cuando la estela de pueblos juncos y huilliches parece disolverse en las aguas del Maullín. Pero el Censo del 2017 indica que casi el 30% de la población de la comuna de Llanquihue señala pertenecer al pueblo mapuche, en Puerto Varas el 18%, en Los Muermos el 16%, en Puerto Montt el 21%, en Maullín el 21%. Todas son comunas (municipios) por donde pasa el río Maullín.
El río Maullín
El río Maullín (“cascada de lluvia” en lengua nativa) nace como desagüe natural del lago Llanquihue en la zona urbanizada de la comuna del mismo nombre. El lento y sinuoso fluir de sus aguas recorre con calma a través de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt y Los Muermos, para finalmente desembocar como un gigantesco estuario al Océano Pacífico en una zona rural de la comuna de Maullín. Son más de setenta kilómetros de variados paisajes de humedal, con bosques semi sumergidos, hualves, pantanos, turberas, totorales y marismas, con un salto de agua, pequeños rápidos y muchos remansos, que configuran ecosistemas de gran complejidad y biodiversidad. Viven aquí especies nativas, endémicas y migratorias: peces y anfibios, más de ciento cincuenta especies de aves silvestres, mamíferos como la nutria de río huillín, los felinos güiña y puma, el marsupial monito del monte y el ciervo pudú. Especies amenazadas o en peligro de extinción aquí encuentran un corredor biológico hídrico natural en el cual desarrollarse.
En el siglo XX el río Maullín sirvió como medio de transporte, lugar de pesca y recolección, soporte agrícola, ganadero e industrial, y últimamente como atractivo turístico. El habitar junto al río ha generado una identidad ribereña local que, en el último lustro, se volvió regional cuando el río enfrentó la amenaza de una central hidroeléctrica proyectada en sus aguas. Desde el nacimiento hasta la desembocadura, comunidades y organizaciones se han movilizado para defender y proteger su río. Hoy los ribereños valoran la ecología y el patrimonio del río, también los usos sustentables del mismo, para crear estrategias de conservación del río y su cuenca.
En el año 2002 cerca de setenta y cinco mil hectáreas del impresionante paisaje fluvial fueron declaradas Sitio Prioritario de Conservación para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En el 2016 más de mil trescientas hectáreas de sus humedales fueron incorporadas a la Red Hemisférica de Aves Playeras, como sitio protegido a nivel mundial dada su relevancia para aves migratorias. Finalmente en el 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad declaró la creación del Santuario de la Naturaleza del Río Maullín, que comprende más de ocho mil hectáreas de sus humedales. Estas figuras de conservación territorial relevan el valor y dan protección legal a los ecosistemas del río.
Expansión inmobiliaria sobre el río
La salud ecosistémica y biodiversidad del río tiene hoy un inesperado y paradojal correlato: el Maullín y sus riberas forman un atractivo paisaje natural que se mercantiliza en la explosiva especulación inmobiliaria que experimenta toda la región. El negocio de bienes raíces tiene en las “parcelas de agrado” una oferta que se valoriza cada día: “Bosques del Maullín”, “Ríos del Chucao”, “Condominio Bosque Río”, entre otros, son parcelaciones cuya publicidad resalta la prístina naturaleza circundante, la exclusividad del lugar y la alta plusvalía del inmueble.
Esto se realiza en base al Decreto Ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos, es decir que se encuentran fuera del límite urbano y tienen una aptitud agrícola, ganadera y forestal o se componen de bosque nativo. El decreto prohíbe cambiar el uso rural de los predios subdivididos, sin embargo en la práctica avanza la urbanización irregular de extensos territorios rurales en todo el país y la región, con nocivos efectos socioambientales descritos por urbanistas y ecólogos. Si antes el extractivismo regional tuvo como objeto a esclavos y alerces, hoy el extractivismo inmobiliario es un negocio particular que implica la destrucción de suelos, ecosistemas, paisajes, bienes comunes y formas de vida.
El conflicto que aquí exponemos se inscribe en este proceso y se remonta a enero de 2019, cuando un proyecto inmobiliario se instaló en el predio de 50 hectáreas que el Lof Leviñanco reclama. Mediante un vídeo publicado en redes sociales, el werken Navarro denunció que estaban
“siendo amedrentados por unos latifundistas que llegaron de Santiago, ricos que han estado trabajando en temas de construcción de viviendas, que dicen que ahora otro ladrón de tierras les vendió nuestra tierra a ellos y que por eso ellos nos quieren desalojar […] nos ha amenazado de muerte sino salimos de este territorio. Si no le entregamos el río y la ribera del mismo […]
Ante esa amenaza, nosotros decimos a este latifundista que puede irse donde quiera con su cagá de plata y con su cagá de amenazas. Nosotros no vamos a abandonar nuestra cultura, no vamos a abandonar nuestra espiritualidad […] Estas tierras son huilliches, y nuestra visión y nuestra tarea y nuestro trabajo y nuestra vida, se va a ir en mantener nuestra cultura y mantener nuestra espiritualidad, cueste lo que cueste”.
Finalmente aquel proyecto no se realizó, pero el predio rural fue comprado en octubre de 2019 por la empresa de giro inmobiliario “Alto Maullín SpA”, para desarrollar el proyecto de parcelaciones “Alto Maullín Parque Natural Residencial”. Constituida en mayo de 2019, su gerente general y representante legal es Rolando Winkler Fuchslocher, sus accionistas a partes iguales son Inversiones Alma Sur SpA y Chacra 40 SpA, respectivamente representadas por Germán Egon Strauch y Rolando Winkler Fuchslocher.
Rolando Winkler también es socio en Inmobiliaria e Inversiones Winkler & Nasler Limitada, también denominada Inmobiliaria Alto Los Colonos, que desarrolla el condominio del mismo nombre en la comuna de Frutillar, bajo el lema “Olvida el concepto de ‘nueva normalidad’, ven a construir tu propia realidad”. Son más de cien parcelas en venta, por un precio de noventa millones de pesos cada una. Tanto en la parcelación de Frutillar como en la de Llanquihue, Winkler trabaja junto a la empresa Südwind Gestión Inmobiliaria, corredora de propiedades cuyo representante es Walter Arnold Mueller. Las faenas de maquinaria en la parcelación Alto Maullín son hechas por la Constructora Stange Hermanos Limitada. Por otra parte Rolando Winkler es representante de Franquicias Gastronómicas PIM’S, dueña del Restaurant PIM’S en Puerto Varas.
El desarrollo inmobiliario “Parque Natural Residencial” de Alto Maullín SpA, en las afueras de Llanquihue, consiste en la subdivisión y urbanización del predio rural. Son ochenta y siete parcelas que tienen desde quinientos metros cuadrados, puestas a la venta a un precio aproximado de ochenta y tres millones de pesos cada una. Se construye también infraestructura de caminos de doce metros de ancho, agua y electrificación subterránea, sistema de agua de pozo profundo, áreas comunes con plazas, jardines y miradores, ciclovía, entrada vigilada por guardia y portón automático. Su publicidad oferta “un estilo de vida natural” desarrollando “un concepto que se adapte totalmente a la naturaleza y futuro de nuestras familias”, acompañando el eslogan con fotografías de paisaje con ríos, bosques y montañas. Sin embargo el desarrollo del proyecto ha estado marcado por el conflicto socioambiental, la violencia hacia la familia Leviñanco y la destrucción del río Maullín.
Violencia y destrucción en la ribera
Según archivos judiciales y testimonios recopilados, la disputa entre la inmobiliaria Alto Maullín SpA y el Lof Leviñanco Ta Leufu comenzó el 31 de julio de 2020, al iniciar la empresa los trabajos topográficos para realizar un camino al río desde lo alto del cerro hasta la ribera. Según relata Luis Navarro, Rolando Winkler y otra persona llegaron sin previo aviso y sin mascarilla hasta la ruca del lof Leviñanco, fotografiando a escondidas a su esposa, hijo e hija menor de edad. Cuando los encararon, señala el werken, recibieron burlas y amenazas. Por su parte, Winkler relata que él bajó al lugar, pero al constatar tala de árboles y una ruka volvió a la cima del cerro, donde dice que Navarro le amenazó y dio un puñetazo. Ambos acudieron a la subcomisaría de Llanquihue a presentar las respectivas denuncias.
Desde entonces y en el transcurso de los meses, se sucedieron una serie de escaramuzas. Navarro señala que “a medida que pasaron los meses, la gravedad de los avances de la inmobiliaria se fue incrementando”. Entonces junto a su familia comenzaron a difundir vídeos en redes sociales, denunciando los hechos y mostrando el avance de las máquinas sobre el bosque en la ladera del río. Por su parte, Winkler y sus trabajadores hicieron denuncias por amenazas de Navarro si iniciaban las obras, incluyendo una denuncia por retiro de los estacones que servían de guía para la apertura de caminos.
El 4 de agosto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la inmobiliaria presentó un recurso de protección a favor del representante de la empresa y sus trabajadores en contra de Luis Navarro (1645-2020). El 6 de agosto Navarro se comunicó con la oficina regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para requerir su intervención en el caso. Navarro acusó ser vulnerado en sus derechos, sufriendo junto a su familia del amedrentamiento de particulares a causa de su lucha por proteger su tierra ancestral. Argumentó que es un lugar de prácticas culturales mapuche, con patrimonio histórico y biodiversidad, que resultaría dañado por las obras proyectadas para abrir un camino y un embarcadero. El 31 de agosto el director regional de la Corporación derivó tal requerimiento al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando apoyo y asesoría para la comunidad Leviñanco. También escribió al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales solicitando asesoría para proteger el patrimonio histórico de esta comunidad huilliche. No hubo respuesta efectiva de parte de estos organismos del Estado.
El 16 de septiembre el tribunal de Puerto Montt dictó sentencia en el recurso de protección presentado por la inmobiliaria, resolviendo que Navarro debía abstenerse de acercarse a Winkler y sus cuidadores, como también abstenerse de realizar en redes sociales publicaciones que afectasen su imagen y honra. Pero el tribunal no ordenó el desalojo, pues esta no era una causa sobre las tierras. Ese día las retroexcavadoras de la Constructora Stange Hermanos comenzaron a abrir el camino al río. Sin contar con los permisos ambientales necesarios para tal obra de urbanización en un Sitio Prioritario de Conservación. Según una denuncia del cuidador del fundo y del operario de retroexcavadora, Navarro se interpuso delante de la maquinaria, “manifestando que no se iba a dejar que trabajara la máquina hasta que esté resuelto por tribunales ya que él estaba en su sector que le corresponde y que son tierras patrimoniales” y “ancestrales”.
El 19 de septiembre Luis Navarro denunció faenas no autorizadas de retroexcavadora en su predio, mencionando la existencia de un litigio en tribunal civil con su vecino y posibles amenazas hacia su familia. Un mes después, en un correo electrónico dirigido al general de Carabineros de la Décima Zona y a la Subcomisaría de Llanquihue, Luis Navarro señalaba:
“me permito informar que el día de hoy 18 de noviembre del 2020 siendo las 11:15 horas, se ha llamado en reiteradas oportunidades de distintos teléfonos de la subcomisaría de Llanquihue, quienes no han respondido al llamado de los habitantes de la comunidad Leviñanco ta leufu, ubicada en la ladera del río Maullín, ante la emergencia ocurrida debido a que en el alto del cerro se encuentra una máquina, tipo excavadora, arrojando rocas de gran magnitud desde gran altura en dirección a las rukas y casas de la comunidad, produciéndose un riesgo inminente de que estas rocas caigan no solo en las viviendas, sino que golpeen a las personas, adultos y niños que habitan el lugar; se requiere presencia policial a fin de evitar heridos en el lugar, por lo que solicito su intervención”. En un correo posterior agrega: “es imperativo informar que el conductor de la retroexcavadora atacó con la máquina al cona [valiente, mocetón] de la comunidad, tratando de aplastarlo. Solicito su intervención para encomendar personal policial en el lugar.”
Mientras se denunciaba ante Carabineros y Policía de Investigaciones, en la ladera del río aumentaba la intensidad de las faenas, con retroexcavadoras removiendo bosque nativo y grandes volúmenes de tierra. La Fiscalía y el Juzgado de Garantía de Puerto Varas desestimaban investigar reiteradas denuncias por destrucción ambiental y agresión a la comunidad (3353-2020, 3562-2020 y 346-2021). A principios de diciembre las retroexcavadoras “comenzaron a abrir caminos hacia el interior del bosque, en la parte superior de la colina, generando un socavón que se encuentra inmediatamente cerro arriba de donde se encuentra nuestro hogar y asentamiento”, exponía Luis Navarro en un recurso de amparo patrocinado por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 18 de diciembre de 2020 (345-2020, reingresado como Recurso de Protección 1950-2020). En el relato acompañando de imágenes, se explica el peligro y terror sufrido por la comunidad:
“A medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tamaño cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar. Si bien resultará evidente de las fotografías, me gustaría recalcar que cada una de estas piedras, debido a su tamaño, peso y además, la trayectoria e inclinación desde la cual se lanzan a gran velocidad, implican una amenaza real, objetiva y concreta, a la vida y seguridad de toda mi comunidad” […] “El pasado sábado 12 de diciembre, día en que cayeron gran cantidad de piedras en las cercanías de mi ruca, aproximadamente a las 22 horas […]”
“El día lunes 14 de diciembre, según consignamos por un video que haremos llegar a SSI, tuvimos que evacuar con urgencia por vía acuática, llevándonos a nuestros perros, debido al terror de las piedras, tierra y troncos de árboles nativos que comenzaron a caer a nuestro alrededor, con inmenso estruendo, debido a nuevos avances de retroexcavadoras. En el minuto que comenzaron a caer las piedras, mi hija menor (de 9 años) y mi señora, se encontraban trabajando en el invernadero, que fue impactado por una piedra, sin causarles lesiones, pero sí inmenso terror”.
En la sede vecinal de Llanquihue, junto a su familia, el 22 de diciembre el werken explicaba: “tuvimos que desalojar, es inhabitable, el hombre sepultará las rukas”. Ante la violencia de los hechos e inacción de las instituciones del Estado, la familia difundió nuevos videos en redes sociales y el caso se volvió viral a mediados de diciembre. El werken Navarro explica el tono y las palabras usadas en sus grabaciones: “usamos la lengua como arma de lucha, estamos defendiendo la tierra de las retroexcavadoras que Winkler manda. Por eso mi actitud en los videos, necesitamos ubicar a Llanquihue en el mapa”.
Aunque la viralización en redes sociales visibilizó la violencia contra la comunidad huilliche y la destrucción del río Maullín, en opinión de la comunidad el actuar de las distintas autoridades y organismos estatales ha sido negligente. Además la inmobiliaria ha presentado el caso como un conflicto de usurpación a un privado que le impide el dominio de su propiedad y ejercer su libertad de empresa, pero de acuerdo a la opinión de la comunidad huilliche, se trata de un problema de racismo, colonialismo y ecocidio que es histórico y estructural. “El newen (vitalidad, fuerza) del río está tocado con esta intervención” señalan desde el lof Leviñanco Ta Leufu. La ribera del río es la frontera de vida donde hoy el extractivismo abre sus caminos de muerte.
Una denuncia ciudadana por elusión ambiental, vulneración a Sitio Prioritario y daño ambiental logró que a mediados de febrero el Tribunal Ambiental ordenara la paralización de las obras por 15 días hábiles, pero ¿qué pasará después? En la segunda entrega ahondaremos en los problemas estructurales, así como en los procesos judiciales, el grave daño ambiental y las repercusiones sociales actuales que está teniendo este conflicto territorial y socioambiental.
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Causas judiciales
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Corte de Apelaciones de Puerto Montt: 1645-2020, 345-2020, 1950-2020, 8-2021
Proteger en forma permanente los ríos que aún fluyen libremente debe ser una pieza central en el plan de acción climático de cada país. Chile puede liderar el camino. Esta columna fue publicada en The New York Times.
Macarena Soler, Monti Aguirre y Juan Pablo Orrego
9 ene 2020
Los ríos de la Patagonia chilena bajan como cascadas desde las escarpadas montañas nevadas, ganando velocidad entre las rocas y cerros ondulantes, y llenando el ambiente de impresionantes tonalidades turquesas, azules y verdes. El Puelo. El Baker. El Pascua. El Futaleufú. Todos ellos son tan impresionantes y únicos como los paisajes que recorren. Pero estos ríos, como muchos otros en todo el mundo, se han visto amenazados por proyectos que quieren represar sus aguas para abastecer de electricidad a las ciudades y/o a operaciones mineras ubicadas a grandes distancias. Solo un tercio de los 177 ríos más importantes del mundo siguen fluyendo libremente, y solo 21 ríos que tienen más de 1.000 kilómetros de longitud mantienen una conexión directa con el mar.
Si queremos detener el cambio climático global, impedir la intoxicación de las fuentes de agua dulce y hacer lo necesario por todos aquellos que dependen de los ríos para sobrevivir, debemos devolver más ríos a su estado natural.
Por décadas, los ríos han sido un tema de conversación tardía en las discusiones globales sobre cambio climático, como las que recién concluyeron en Madrid este mes. De hecho, nuevas corrientes de financiamiento climático, como la Iniciativa de Bonos Climáticos, pronto estarán disponibles para proyectos hidroeléctricos a gran escala. Si bien las energías renovables y su financiamiento son parte importante de las soluciones climáticas, las represas hidroeléctricas NO son la solución.
La hidroelectricidad no es una tecnología limpia y verde, como se suele creer. Los ríos ayudan a regular un ciclo de carbono global cada vez más volátil, transportando material orgánico en descomposición de la tierra al mar, donde se deposita en el lecho marino. Esto extrae cada año unos 200 millones de toneladas estimadas de carbono del aire.
El científico Philip Fearnside, integrante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, ha documentado que las grandes represas, sobre todo en ríos tropicales como el Amazonas, son verdaderas «fábricas de metano», emitiendo en algunos casos más gases de efecto invernadero que las centrales eléctricas a carbón. A principios de este mes en Madrid, 276 organizaciones de la sociedad civil que participaron en las conversaciones sobre cambio climático de las Naciones Unidas solicitaron que la Iniciativa de Bonos Climáticos excluya a las mega represas del financiamiento climático.
Las represas hidroeléctricas, cuando se construyen, inundan grandes áreas de vegetación, provocando descomposición y liberando dióxido de carbono, metano y óxido nitroso al ambiente. De hecho, consideradas en su conjunto, las represas hidroeléctricas emiten mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, comparable a la industria de la aviación, que emitió más de 900 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2018.
Pero el represamiento de ríos no solo afecta a los ecosistemas, sino que también a las personas. Más de 60 millones de personas en países en vías de desarrollo dependen de lagos y ríos para su sustento. Se calcula que unas 80 millones de personas ya han sido desplazadas por proyectos de represas en todo el mundo. Las Naciones Unidas estiman que alrededor de un millón de especies de animales y plantas están siendo amenazadas de extinción, al menos en parte por la construcción de represas, la contaminación de ríos, alteración de su cauce para la agroindustria y la sobrepesca.
Por más de una década, los ambientalistas chilenos hemos luchado contra proyectos de represas en el país. En 2006, Endesa propuso construir cinco mega represas en la región de Aysén, una de las áreas menos poblada de nuestro país y una de las más prístinas, la cual alberga una de las mayores reservas de agua dulce del mundo fuera de la Antártica y Groenlandia: Campos de Hielo Norte y Sur.
Nos referimos al controvertido proyecto HidroAysén, que habría inundado alrededor de 6.070 hectáreas de bosques para transmitir energía a ciudades tan distantes como Santiago y para alimentar la industria del cobre, que representa el 10 por ciento del PIB de nuestro país. Pero ¿a qué costo?
Un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Chile señaló que no se requerían grandes proyectos de represas para satisfacer las futuras y crecientes necesidades de energía del país. Las comunidades amenazadas directamente por HidroAysén se organizaron, salieron a la calle miles de personas en diferentes ciudades con pancartas contra el proyecto, otras decenas de miles firmaron peticiones, y los ambientalistas desafiamos las represas presentando diferentes causas en tribunales.
A pesar del entusiasmo inicial del gobierno por dar luz verde a HidroAysén, el Comité de Ministros suspendió el proyecto en 2014, reconociendo los impactos significativos que tendría sobre una de las regiones más emblemáticas de Chile.
El movimiento actual para proteger los ríos libres de la Patagonia se apoya en la «Wild and Scenic Rivers Act» (Ley de ríos salvajes y escénicos) de los Estados Unidos, aprobada en 1968, la cual protege 13,413 millas de 226 ríos que fluyen libremente en 41 Estados y Puerto Rico.
Varias organizaciones chilenas estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley Ríos Salvajes, lo que sitúa a Chile a la vanguardia de los países que utilizan las protecciones fluviales como un medio para adaptarse y contrarrestar el cambio climático.
Nuestros esfuerzos también se han visto impulsados por acontecimientos recientes que han significado el otorgamiento de derechos legales a ríos en Nueva Zelanda y Bangladesh. Varias organizaciones internacionales, entre ellas Rivers Without Boundaries y World Heritage Watch, contribuyeron al informe «Heritage Dammed» (Patrimonio Embalsado), publicado en junio, el cual solicita que los ríos reciban el mismo reconocimiento y protección que los Sitios declarados como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Esto podría otorgarle a los ríos más preciados del mundo – entre ellos entre ellos el Nu-Salween y el Tigris – una protección legal permanente contra el represamiento, la contaminación y la alteración de sus cauces.
Es importante recalcar que los primeros países en participar en el boom de la construcción de represas han empezado a desmantelar o dejar parcialmente fuera de funcionamiento sus represas. En Estados Unidos se han removido más de 1.600 represas obsoletas. El actual plan quinquenal de desarrollo económico y social en China incluye un esfuerzo por reconectar ríos, revirtiendo años de construcción de represas sin control que contribuyeron a la desaparición de más de la mitad de los 50.000 ríos del país.
En Chile nos estamos organizando para proteger los ríos de un destino similar, ya que cambiarán irrevocablemente si el gobierno chileno no les otorga una protección legal permanente. Si la comunidad global se preocupa por el clima, entonces debemos hacerlo mucho mejor para proteger nuestros ríos.
* Macarena Soler es la fundadora de Geute Conservación Sur (@Fundacion_Geute). Monti Aguirre es la Coordinadora del Programa de International Rivers para Latinoamérica (@intlrivers). Juan Pablo Orrego es el presidente de Ecosistemas (@riosvivos) y en 1997 recibió el Goldman Environmental Prize.