El día martes 24 de noviembre, realizamos el «Seminario para la protección de los ríos de la Patagonia», con el objetivo de dar a conocer el contexto de iniciativas asociadas a la protección de ríos en el mundo, el marco legal en el contexto nacional asociado a los ríos, las necesidades de avanzar en políticas públicas vinculantes en la materia y la divulgación de experiencias en la Patagonia.
TEMAS:
Contexto internacional de la protección de Ríos (Monti Aguirre) -Energía, agua y cambio climático: Desde lo regulatorio a lo constitucional (Marcelo Mena)
La conservación de los ríos desde las cumbres al mar: desafíos y oportunidades en el paisaje Patagónico (Dr. Brian Reid)
Ley de Ríos Salvajes: Una oportunidad para avanzar en la defensa de ríos en Chile (Macarena Soler)
EXPOSITORES:
Monti Aguirre, Coordinadora del Programa de America Latina, International Rivers
Dr. Brian Reid, Limnólogo, subdirector científico Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), y coordinador macrozona austral para la red de investigación en recursos hídricos.
Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del directorio de Fundación MERI
Macarena Soler, abogada por la Ley de ríos Salvajes y Ley de Filantropía ambiental, fundadora de Geute Conservación Sur, directora Puelo Patagonia.
Proteger en forma permanente los ríos que aún fluyen libremente debe ser una pieza central en el plan de acción climático de cada país. Chile puede liderar el camino. Esta columna fue publicada en The New York Times.
Macarena Soler, Monti Aguirre y Juan Pablo Orrego
9 ene 2020
Los ríos de la Patagonia chilena bajan como cascadas desde las escarpadas montañas nevadas, ganando velocidad entre las rocas y cerros ondulantes, y llenando el ambiente de impresionantes tonalidades turquesas, azules y verdes. El Puelo. El Baker. El Pascua. El Futaleufú. Todos ellos son tan impresionantes y únicos como los paisajes que recorren. Pero estos ríos, como muchos otros en todo el mundo, se han visto amenazados por proyectos que quieren represar sus aguas para abastecer de electricidad a las ciudades y/o a operaciones mineras ubicadas a grandes distancias. Solo un tercio de los 177 ríos más importantes del mundo siguen fluyendo libremente, y solo 21 ríos que tienen más de 1.000 kilómetros de longitud mantienen una conexión directa con el mar.
Si queremos detener el cambio climático global, impedir la intoxicación de las fuentes de agua dulce y hacer lo necesario por todos aquellos que dependen de los ríos para sobrevivir, debemos devolver más ríos a su estado natural.
Por décadas, los ríos han sido un tema de conversación tardía en las discusiones globales sobre cambio climático, como las que recién concluyeron en Madrid este mes. De hecho, nuevas corrientes de financiamiento climático, como la Iniciativa de Bonos Climáticos, pronto estarán disponibles para proyectos hidroeléctricos a gran escala. Si bien las energías renovables y su financiamiento son parte importante de las soluciones climáticas, las represas hidroeléctricas NO son la solución.
La hidroelectricidad no es una tecnología limpia y verde, como se suele creer. Los ríos ayudan a regular un ciclo de carbono global cada vez más volátil, transportando material orgánico en descomposición de la tierra al mar, donde se deposita en el lecho marino. Esto extrae cada año unos 200 millones de toneladas estimadas de carbono del aire.
El científico Philip Fearnside, integrante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, ha documentado que las grandes represas, sobre todo en ríos tropicales como el Amazonas, son verdaderas «fábricas de metano», emitiendo en algunos casos más gases de efecto invernadero que las centrales eléctricas a carbón. A principios de este mes en Madrid, 276 organizaciones de la sociedad civil que participaron en las conversaciones sobre cambio climático de las Naciones Unidas solicitaron que la Iniciativa de Bonos Climáticos excluya a las mega represas del financiamiento climático.
Las represas hidroeléctricas, cuando se construyen, inundan grandes áreas de vegetación, provocando descomposición y liberando dióxido de carbono, metano y óxido nitroso al ambiente. De hecho, consideradas en su conjunto, las represas hidroeléctricas emiten mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, comparable a la industria de la aviación, que emitió más de 900 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2018.
Pero el represamiento de ríos no solo afecta a los ecosistemas, sino que también a las personas. Más de 60 millones de personas en países en vías de desarrollo dependen de lagos y ríos para su sustento. Se calcula que unas 80 millones de personas ya han sido desplazadas por proyectos de represas en todo el mundo. Las Naciones Unidas estiman que alrededor de un millón de especies de animales y plantas están siendo amenazadas de extinción, al menos en parte por la construcción de represas, la contaminación de ríos, alteración de su cauce para la agroindustria y la sobrepesca.
Por más de una década, los ambientalistas chilenos hemos luchado contra proyectos de represas en el país. En 2006, Endesa propuso construir cinco mega represas en la región de Aysén, una de las áreas menos poblada de nuestro país y una de las más prístinas, la cual alberga una de las mayores reservas de agua dulce del mundo fuera de la Antártica y Groenlandia: Campos de Hielo Norte y Sur.
Nos referimos al controvertido proyecto HidroAysén, que habría inundado alrededor de 6.070 hectáreas de bosques para transmitir energía a ciudades tan distantes como Santiago y para alimentar la industria del cobre, que representa el 10 por ciento del PIB de nuestro país. Pero ¿a qué costo?
Un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Chile señaló que no se requerían grandes proyectos de represas para satisfacer las futuras y crecientes necesidades de energía del país. Las comunidades amenazadas directamente por HidroAysén se organizaron, salieron a la calle miles de personas en diferentes ciudades con pancartas contra el proyecto, otras decenas de miles firmaron peticiones, y los ambientalistas desafiamos las represas presentando diferentes causas en tribunales.
A pesar del entusiasmo inicial del gobierno por dar luz verde a HidroAysén, el Comité de Ministros suspendió el proyecto en 2014, reconociendo los impactos significativos que tendría sobre una de las regiones más emblemáticas de Chile.
El movimiento actual para proteger los ríos libres de la Patagonia se apoya en la «Wild and Scenic Rivers Act» (Ley de ríos salvajes y escénicos) de los Estados Unidos, aprobada en 1968, la cual protege 13,413 millas de 226 ríos que fluyen libremente en 41 Estados y Puerto Rico.
Varias organizaciones chilenas estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley Ríos Salvajes, lo que sitúa a Chile a la vanguardia de los países que utilizan las protecciones fluviales como un medio para adaptarse y contrarrestar el cambio climático.
Nuestros esfuerzos también se han visto impulsados por acontecimientos recientes que han significado el otorgamiento de derechos legales a ríos en Nueva Zelanda y Bangladesh. Varias organizaciones internacionales, entre ellas Rivers Without Boundaries y World Heritage Watch, contribuyeron al informe «Heritage Dammed» (Patrimonio Embalsado), publicado en junio, el cual solicita que los ríos reciban el mismo reconocimiento y protección que los Sitios declarados como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Esto podría otorgarle a los ríos más preciados del mundo – entre ellos entre ellos el Nu-Salween y el Tigris – una protección legal permanente contra el represamiento, la contaminación y la alteración de sus cauces.
Es importante recalcar que los primeros países en participar en el boom de la construcción de represas han empezado a desmantelar o dejar parcialmente fuera de funcionamiento sus represas. En Estados Unidos se han removido más de 1.600 represas obsoletas. El actual plan quinquenal de desarrollo económico y social en China incluye un esfuerzo por reconectar ríos, revirtiendo años de construcción de represas sin control que contribuyeron a la desaparición de más de la mitad de los 50.000 ríos del país.
En Chile nos estamos organizando para proteger los ríos de un destino similar, ya que cambiarán irrevocablemente si el gobierno chileno no les otorga una protección legal permanente. Si la comunidad global se preocupa por el clima, entonces debemos hacerlo mucho mejor para proteger nuestros ríos.
* Macarena Soler es la fundadora de Geute Conservación Sur (@Fundacion_Geute). Monti Aguirre es la Coordinadora del Programa de International Rivers para Latinoamérica (@intlrivers). Juan Pablo Orrego es el presidente de Ecosistemas (@riosvivos) y en 1997 recibió el Goldman Environmental Prize.
Permanent protections for free-flowing rivers need to be a centerpiece of every country’s national climate action plan. Chile can lead the way.
Dec. 29, 2019
The Mogote River in the Aysén region of Chile.Credit…Marcos Zegers for The New York Times
Opinion
By Macarena Soler, Monti Aguirre and Juan Pablo Orrego
Ms. Soler is the founder of Geute Conservación Sur, Ms. Aguirre is the Latin America program coordinator of International Rivers and Mr. Orrego is the president of Ecosistemas.
The rivers of Chilean Patagonia cascade from snow-capped mountains through sheer rock facades and rolling hills, radiating bright turquoise, deep blues and vivid greens. The Puelo. The Pascua. The Futaleufú. Each is as breathtaking and unique as the landscape it quenches.
But these rivers, like many worldwide, have been threatened by dam projects that aim to provide power for distant cities and mining operations. Only one-third of the world’s 177 longest rivers remain free flowing, and just 21 rivers longer than 1,000 kilometers (621 miles) retain a direct connection to the sea.
If we are to arrest global climate change, prevent the toxifying of freshwater sources and do right by all those who depend on rivers for survival, we must return more rivers to their natural state.
For decades, rivers have been an afterthought in global climate talks, like the ones that concluded in Madrid this month. New streams of climate finance, like the Climate Bonds Initiative, may soon be available to large-scale hydropower projects. While renewable energy and its financing are an important part of climate solutions, hydropower dams are not the answer.
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Hydropower is not a clean, green technology. Rivers help regulate an increasingly volatile global carbon cycle by transporting decaying organic material from land to sea, where it settles on the ocean floor. This draws an estimated 200 million tons of carbon out of the air each year.Climate Fwd A new administration, an ongoing climate emergency — and a ton of news. Our newsletter will help you stay on top of it. Get it sent to your inbox.
As an Intergovernmental Panel on Climate Change scientist, Philip Fearnside, has documented, large dams, especially on tropical rivers like the Amazon, are “methane factories,” emitting in some cases more greenhouse gases than coal-fired power plants. This month in Madrid, 276 civil society groups attending the United Nations climate talks called on the Climate Bonds Initiative to exclude hydropower from climate financing.
Damming rivers affects both people and ecosystems. More than 60 million people in developing countries depend on lakes and rivers for their livelihoods. An estimated 80 million people have already been displaced by dam projects worldwide. The United Nations estimates that around one million animal and plant species are threatened with extinction, at least in part because of damming, river pollution, diversion for industrial agriculture and overfishing.
For more than a decade, Chilean environmentalists have been fighting dam projects. In 2006, the Chilean energy corporation Endesa proposed to build five major dams in the Aysén region, a sparsely populated area in the south of Chile that is home to one of the world’s largest ice fields outside of Antarctica and Greenland.
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This dam project, called HidroAysén, would have flooded nearly 15,000 acres of forests to transmit power to distant cities and to fuel the country’s copper industry, which accounts for as much as 10 percent of Chile’s G.D.P. But at what cost?
A 2009 study by the University of Chile found large dam projects unnecessary to meeting the country’s future and growing energy needs. Communities threatened by HidroAysén organized. Across Chile, thousands of people took to the streets in more than a dozen cities. Environmentalists challenged the proposed dams in courts.
In spite of the government’s initial eagerness to greenlight HidroAysén, the Committee of Ministers scuttled the project in 2014, in recognition of the significant impacts the project would have had on one of Chile’s most iconic regions.
The current movement to protect Patagonia’s free-flowing rivers stands on the shoulders of the United States Wild and Scenic Rivers Act, passed in 1968, which protects 13,413 free-flowing miles of 226 rivers in 41 states and Puerto Rico.
Several Chilean organizations are working on Ley Ríos Salvajes, a campaign to create a wild rivers law. This places Chile at the forefront of countries using river protections as a means of adapting to and offsetting climate change.
Our efforts are also buoyed by recent developments that have seen legal rights granted to rivers in New Zealand and Bangladesh. Many international organizations, among them Rivers Without Boundaries and World Heritage Watch, contributed to the “Heritage Dammed” report, published in June, which calls for rivers to receive the same recognition and protection as the UNESCO World Heritage Sites they nourish.
This could grant renewed protections for some of the world’s most cherished rivers — among them the Nu-Salween and the Tigris — permanent legal protection from damming, diversion and pollution.
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Countries that were the first to participate in a dam-building boom have started to dismantle or partly decommission their dams. In the United States, over 1,600 obsolete dams have been removed. The current five-year plan for economic and social development in China includes an effort to reconnect rivers, reversing years of unchecked dam construction that has contributed to the disappearance of more than half of the country’s 50,000 rivers.
Macarena Soler is the founder of Geute Conservación Sur (@Fundacion_Geute). Monti Aguirre is the Latin America program coordinator of International Rivers (@intlrivers). Juan Pablo Orrego is the president of Ecosistemas (@riosvivos) and a 1997 recipient of the Goldman Environmental Prize.
The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.
Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram.A version of this article appears in print on Dec. 30, 2019, Section A, Page 15 of the New York edition with the headline: Keep Our Rivers Flowing Freely
En Chile no existe un marco legal «orientado a la protección integral y eficaz» de sus recursos hídricos, aseguran las organizaciones ambientalistas impulsoras de la nueva ley. En este sentido, consideran que es urgente elaborar «una legislación que resguarde su valor natural, cultural y recreativo para el disfrute de las generaciones presentes y futuras (…) Esto no es una sutileza, es una necesidad”.
En Chile, menos del 1% de los ríos del país están protegidos, y para contrarrestar esa situación organizaciones ambientalistas lanzaron la propuesta llamada “Ley Ríos Salvajes” que tiene como objetivo la protección y restauración de los cauces y sus tramos en Chile, relevando su importancia sociocultural, ecológica, salvaje y turística.
La iniciativa, que busca promover en el país la participación política y pública en torno a la protección de los ríos, pretende «introducir herramientas de gestión orientadas a preservar, conservar y restaurar los ríos, sus recursos naturales, ecosistemas asociados y el patrimonio cultural del que forman parte; impulsando un desarrollo productivo y de servicios amigables con el medio ambiente», comentó Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur.
Actualmente, en Chile no existe legislación orientada a la protección integral y eficaz de los ríos. El cuerpo legal que, de cierta forma, trata de hacerlo es la Ley N.º 20.017 de 2005, que tiene como finalidad preservar el recurso para el abastecimiento de la población, por no existir otros medios para obtener agua.
Sin embargo, hasta la fecha solo 12 ríos de los 1251 del país, cuentan con “Reserva de Agua” por circunstancias excepcionales y por interés nacional, mediante el Decreto Supremo del Presidente de la República, según el inventario público de la Dirección General de Agua (DGA/2014).
“Ahora es el momento para generar una protección permanente de los ríos. Esto no es una sutileza, es una necesidad”, remarcan las organizaciones ambientales que proponen la Ley de Ríos Salvajes en Chile.
Un bien público
Para Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, avanzar hacia una protección legislativa «es un imperativo vital». “En nuestro país urge una ley integral y eficaz orientada a la protección específica de los ríos, en un contexto donde su situación es dramática. De norte a centro sur del país la mayoría de los ríos están en proceso de muerte bioecológica, donde todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de extinción, afectadas por una multiplicidad de sectores industriales, hidroeléctricos, de aguas servidas, con trasvases de cuencas a cuencas, entre otros», denunció.
En este sentido, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, comentó sobre la propuesta que “una ley de este tipo, que valora las aguas en sí mismas, agregándole una perspectiva ecológica, ecosistémica y de bien público, incorporaría a la legislación una visión sobre aguas que hoy no existe, la que normalmente se ha incorporado a los usos productivos tradicionales tales como minería, acuicultura, sector silvoagropecuario y energético».
Asimismo, en el contexto de las crisis ambientales a nivel mundial, la coordinadora para Latinoamérica de International Rivers, Monti Aguirre, comentó que «los movimientos para proteger los ríos a menudo son locales, pero las consecuencias de fallar en su protección son globales: desplazamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una calidad de agua paupérrima en el planeta».
Dado este complejo escenario global, es que las organizaciones ambientales consideran urgente tomar las medidas legislativas correspondientes para preservar «ríos saludables y agua limpia», como una «visión de cooperación más allá de las fronteras», describió Aguirre.
Menos del 1% de los ríos del país están protegidos; urge legislación que resguarde su valor natural, cultural y recreativo para el disfrute de generaciones presentes y futuras.
La propuesta de “Ley Ríos Salvajes” que impulsan organizaciones ambientales busca salvaguardar y restaurar el carácter especial de los ríos y tramos de ríos de Chile, sus valores: social, cultural, ecológico, salvaje, escénico y turístico, al mismo tiempo que reconoce su potencial para todos sus servicios, usos y desarrollo económico apropiado.
Inspirados en la “Ley de Ríos Salvajes y Escénicos” aprobada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1968 en Estados Unidos de Norte América (Ley Pública 90-542), buscan fomentar en el país la gestión fluvial que cruza las fronteras políticas y promueve la participación pública en el desarrollo de objetos para la protección.
Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur, sobre la iniciativa explicó “nuestro objetivo es promover una ley que introduzca herramientas de gestión orientadas a preservar, conservar y restaurar ríos y tramos de ríos, sus recursos naturales, ecosistemas asociados y el patrimonio cultural del que forman parte. Impulsando un desarrollo productivo y de servicios amigables con el medio ambiente. Los ríos cumplen funciones esenciales para la preservación de los ecosistemas, así como de la cultura e incluso de resguardo de valores espirituales. Son parte importante del paisaje y de la vida. Justamente por su belleza y riqueza natural es que buscamos que sean protegidos por el Estado de Chile”.
El cuidado de los afluentes es menester de diversos líderes de organizaciones que se dedican a la protección del medio ambiente, tal es el caso de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, quien sobre la propuesta comentó “una ley de este tipo, incorporaría a la legislación una visión sobre aguas que hoy no existe, la que normalmente se ha incorporado a los usos productivos tradicionales tales como minería, acuicultura, sector silvoagropecuario y energético; valorando las aguas en sí mismas, agregándole una perspectiva ecológica, ecosistémica y de bien público de las aguas continentales”.
En un contexto de calentamiento global la protección de las aguas cruza todas las fronteras. Monti Aguirre, coordinadora para Latinoamérica de International Rivers, se sumó a esta iniciativa y sobre el panorama global expuso “los movimientos para proteger los ríos a menudo son locales, pero las consecuencias de fallar en su protección son globales: desplazamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una calidad de agua paupérrima en el planeta. Ríos saludables con áreas de inundación intactas son nuestra mejor defensa en contra de las grandes inundaciones y sequías, consecuencias del cambio climático. Los ríos y el agua limpia nos presentan una visión de cooperación más allá de las fronteras”.
En Chile no existe legislación orientada a la protección integral y eficaz de los ríos. El cuerpo legal que, de cierta forma, trata de hacerlo es la Ley N.º 20.017 de 2005 que tiene como finalidad reservar el recurso para el abastecimiento de la población, por no existir otros medios para obtener agua. Pero hasta la fecha solo 12 ríos, de los 1251 del país, cuentan con “Reserva de Agua” por circunstancias excepcionales y por interés nacional, mediante Decreto Supremo del Presidente de la República, según el inventario público de la Dirección General de Agua (DGA/2014).
Para Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, la protección legislativa es un imperativo vital. “En nuestro país urge una ley integral y eficaz orientada a la protección específica de los ríos, en un contexto donde su situación es dramática. De norte a centro sur del país la mayoría de los ríos están en proceso de muerte bioecológica, donde todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de extinción, afectadas por una multiplicidad de sectores industriales minero, agroindustrial, hidroeléctrico, de aguas servidas, con trasvases de cuencas a cuencas, etc.”
“Debemos ver a las cuencas y ríos fluviales como los órganos vitales de la biósfera que entregan innumerables funciones ecosistémicas, que redundan en múltiples servicios ambientales para la humanidad” puntualizó Orrego.
“Ahora es el momento para generar una protección permanente de los ríos. Esto no es una sutileza, es una necesidad” finalizaron desde las organizaciones ambientales que proponen la Ley de Ríos Salvajes en Chile.
