Bertha Zúñiga Cáceres y Miguel Urbán Crespo
La lucha contra el cambio climático empieza defendiendo a quienes luchan por los bienes comunes y de la naturaleza.
Foto cortesía del Premio Ambiental Goldman
En ocasión de la nominación de Berta Cáceres y los presos políticos de Guapinol para el Premio Sakharov del Parlamento Europeo.
Honduras es uno de los países más desiguales de América Latina y el Caribe, con una elevada exposición al cambio climático que afecta, sobre todo, a la población más vulnerable. De hecho, el cambio climático es la tercera causa de emigración del país, después del hambre y de la violencia. Además, en los últimos años hemos podido ver cómo el país se ha transformado en el laboratorio neoliberal de Centroamérica, constituyendo un Estado socialmente fallido y un gobierno corrupto que ha dado carta blanca a las grandes corporaciones y al narcotráfico.
Se trata de un modelo que ha profundizado en el neoliberalismo por la vía del capital extractivo transnacional en alianza con el capital nacional y que se basa en la mercantilización del territorio, la liberalización de los recursos naturales y la destrucción del tejido social y comunitario que se oponga a ello. Todo acompañado de marcos jurídicos e institucionales al servicio de los intereses privados y que ha generado un cóctel explosivo que ha convertido Honduras en uno de los países más peligrosos para las y los defensores de derechos humanos y el medio ambiente.
Los pueblos originarios y las organizaciones sociales siguen resistiendo a proyectos extractivistas que agotan los recursos naturales de sus territorios ancestrales y, en el caso de Honduras, hemos podido asistir con preocupación a cómo el Estado y los poderes económicos han construido un aparato de hostigamiento y de persecución social que actúa en la impunidad. Las constantes agresiones, desapariciones y asesinatos a periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias (algunos con medidas cautelares) ocurridas en los últimos años constatan un sistema social fracturado donde las caravanas migrantes se han convertido en otra expresión de la denuncia y protesta social. Una expresión que es sólo la punta del iceberg de un sistema social injusto y un modelo económico desigual. A pesar de la fuerte presencia policial y militar, y del propio COVID-19, una nueva caravana de migrantes hondureños salió el primero de octubre desde San Pedro Sula, llevando consigo al menos tres mil voces de hondureños y hondureñas exigiendo dignidad.
Casos como el asesinato de Berta Cacéres y el encarcelamiento de los líderes comunitarios en defensa del Río Guapinol no son aislados: en Honduras, solo en 2019 se han registrado por lo menos 1115 ataques en contra de 449 defensoras y defensores de los derechos humanos. Previsiblemente, el hostigamiento y persecución continuará. De hecho, el año pasado fueron otorgadas no menos de 137 concesiones mineras y de producción de hidrocarburo en territorios indígenas, bajo la complacencia gubernamental, que desde el golpe militar de 2009 ha aprobado paquetes legislativos para legalizar el extractivismo, la aprobación de una nueva ley de minería y la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación, la construcción de represas y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), convirtiéndose estas zonas en la máxima expresión de esta distopía neoliberal. La primera ZEDE se ha ubicado en Crawfish Rock, Islas de la Bahía, epicentro de la industria turística, desplazando a comunidades garífunas afrodescendientes de la zona norte del país.
Y es que el clima de impunidad frente a estos hechos es tal que uno de los treinta y dos líderes comunitarios criminalizados por defender el Río Guapinol, Joaquín Morazán, fue asesinado justo dos días después que el Parlamento Europeo eligiese a Berta Cáceres y los defensores de Guapinol como finalistas al premio Shakarov. Con el asesinato de Joaquín, ya son dos defensores del Guapinol asesinados en menos de dos años, mientras otros ocho continúan presos, otros cinco judicialmente son perseguidos y la comunidad Guapinol es asediada. Estos líderes comunitarios han sido categorizados entre los criminales más peligrosos del país cuando el gobierno de Honduras concedió a la empresa Inversiones los Pinares la licencia para construir una mina de óxido de hierro en el Parque Nacional Montaña de Botaderos.
El crimen imputado se remonta a agosto de 2018, cuando las comunidades afectadas habían levantado el campamento «Por el Agua y la Vida» en señal de protesta en una de las vías de acceso a la mina. El campamento fue desalojado violentamente por las fuerzas de seguridad hondureña y los líderes comunitarios han sido criminalizados y encarcelados por representar la resistencia de la comunidad y la lucha para evitar que expropien sus territorios y contaminen el río Guapinol.
Berta Cáceres, lideresa Lenca, ambientalista, feminista, anticapitalista, coordinadora cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue criminalizada, amenazada y finalmente asesinada en 2016. Todo esto se enmarca en un contexto donde las amenazas al COPINH y a la comunidad Río Blanco, donde se localizaría el proyecto hidroeléctrico contra el que Berta luchó, también continúan a día de hoy. Nuevamente, la militarización y represión se repiten como herramientas de control social para favorecer los intereses del capital privado.
Ni la comunidad internacional ni el Parlamento Europeo pueden seguir haciendo oídos sordos a lo que pasa en Honduras, país convertido en un laboratorio neoliberal y un infierno para los defensores de los bienes comunes y de la naturaleza. Por eso mismo, la Izquierda en el Parlamento Europeo (GUE/NGL) seguirá promoviendo a Berta Cáceres y los defensores de Guapinol como finalistas para el Premio Sakharov. Este premio es un reconocimiento a las personas y organizaciones que luchan para defender los derechos fundamentales y los procesos organizativos comunitarios para defender el territorio, no solo en Honduras sino en el conjunto de América Latina.
Hay que señalar que el Estado hondureño tiene toda la responsabilidad sobre esta situación y no podemos menos que exigir justicia para Joaquín, Berta, los presos políticos de Guapinol. Nuestras vidas y las vidas de quienes defienden nuestros recursos valen más que los beneficios de las empresas mineras. ¿Qué tipo de sistema es aquel que alienta esa injusticia y represión? ¿Quiénes son los verdaderos criminales? Es inaceptable que en pleno 2020 las comunidades continúen siendo hostigadas por el Estado y las empresas extractivas por defender algo tan básico como el derecho humano al agua. Aunque suene muy básico, es momento de reafirmar aquello de asumir siempre y como nuestras las injusticias acaecidas en cualquier lugar, a cualquier orilla del océano.
El Parlamento Europeo ha declarado la emergencia climática mundial que acelera un proceso de desastre ambiental reconociéndola como la mayor amenaza a la que se está enfrentando la humanidad. El COPINH y las comunidades de Guapinol llevan mucho tiempo –mucho antes de que el Parlamento Europeo reconociera la emergencia climática– advirtiendo que no hay un «planeta B» y que hace falta cambiar el modelo económico si de verdad queremos proteger la tierra y los recursos naturales. Berta lo resumía de manera contundente: «¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!».
Defender la tierra es luchar contra las políticas extractivas que el capitalismo internacional ha impuesto en Centroamérica. Hoy más que nunca, entonces, es importante reconocer y defender a quienes se oponen a este modelo. Un modelo socialmente agotado, económicamente injusto y medioambientalmente voraz, ante el que defender a quienes luchan por justicia ambiental constituye un deber. Con esta candidatura decimos que Berta vive y Guapinol resiste.
Miguel Urbán Crespo. Eurodiputado, militante de Anticapitalistas y cofundador de PODEMOS.
Bertha Zúñiga Cáceres. Ambientalista, feminista y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
