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Comunicado de la Asamblea del Consejo Regional Totonaco “Por la Defensa del Agua”

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IMDEC A.C.

Atzingo, Zacatlán, Puebla a 21 de marzo 2021.

COMUNICADO

A nuestros hermanos y hermanas que luchan por la defensa de la madre AGUA,

Al pueblo de México,

Al gobierno federal,

A los medios de información

Integrantes del Consejo Regional Totonaco que vivimos a lo largo del río Ajajalpan, reunidos en asamblea en el Totonacapan de la Sierra Norte de Puebla, unimos nuestras voces para denunciar con indignación, que nuestra Madre Agua está siendo vendida y brutalmente lastimada por grandes empresas algunas que ya operan y otras más que intentan imponernos proyectos de muerte mineros e hidroeléctricos en nuestro sagrado territorio.

Es injustificable que por concesiones de agua dadas por el gobierno federal años atrás, quienes habitamos en la parte media de la cuenca, hayamos tenido que sufrir hostigamiento, amenazas, denuncias penales  por nuestra decisión de impedir que se privatice el agua para construir la hidroeléctrica Puebla 1, que sólo beneficiaría a los millonarios dueños de Walmart, Suburbia, Vips.

Conagua ha entregado el agua como una vil mercancía a través de concesiones al mejor postor siendo responsable del sufrimiento de población por falta de agua, y que cuando tienen está contaminada. Tal es el caso de la minería de feldespatos de la transnacional Sibelco, minería que agrava la brutal deforestación en lo más alto de la cuenca del río Ajajalpan.

Este día que en muchas partes del mundo se celebra el Día Mundial del Agua, el Consejo Regional Totonaco, reafirmamos nuestra convicción de que el agua no es mercancía, el agua es sagrada, nos reconocemos como sus hijos e hijas y no permitiremos que desvíen otra vez el río.  

  1. Exigimos a los legisladores y legisladoras inmediata aprobación de la iniciativa popular de la Ley General de Aguas impulsada por la Coordinadora Agua para Todxs agua para la vida, a fin de evitar se prioricen los intereses privados de millonarios por sobre el derecho al agua y a la libre determinación de los pueblos; urge prohibir el uso del agua para la minería tóxica y el fracking, cerrar la puerta a la privatización y asegurarla  para la soberanía alimentaria. Urge fortalecer los sistemas comunitarios de agua para que en coordinación con las autoridades locales podamos cuidarla y protegerla mejor, tomando decisiones consensadas sobre su gestión.
  • Exigimos la cancelación de todos los permisos otorgados por el gobierno federal al proyecto hidroeléctrico Puebla 1, a fin de evitar violencia y confrontación en territorio totonaco. Exigimos suspender concesiones de agua a todas las empresas que violentan los derechos de los pueblos originarios.
  • Exhortamos al Poder Judicial que tiene bajo su responsabilidad dictar la sentencia del amparo 598/2016 que interpusimos comunidades totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, para que reconozca nuestros derechos como pueblos originarios a la libre determinación, a la tierra y territorio así como al medio ambiente sano y al agua. No podemos permitir que se pongan en riesgo nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos.
  •  Nos solidarizamos con los y las ejidatarias de Poxcuatzingo, Zacatlán que están luchando para frenar la devastación y el desabasto de agua que está provocando la extracción de feldespatos por la trasnacional Sibelco y que afecta a toda la cuenca del Ajajalpan.  No a la minería tóxica.

En este día, unimos nuestros corazones y fuerza con todas aquellas luchas en defensa del territorio y el agua en todo el país y  honramos a todos nuestros hermanos y hermanas que por defender la vida y el agua fueron asesinados. Exigimos se haga justicia por sus muertes y se castigue a los responsables. Basta ya de agresiones a los y las defensoras de la madre agua.

#FueraWalmart de la Sierra Norte de Puebla



👉Leer y descargar comunicado completo: http://www.imdec.net/comunicado-de-la-asamblea-del

Megaproyectos de muerte: la Termoeléctrica en Huexca ante la devastación ambiental de Morelos

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| por Otros Mundos AC

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada Morelos sobre la Termo Electrica – A 25 de septiembre de 2020

JOSEMANUEL LUNA…

La urbanización e industrialización del estado de Morelos ha resultado en una devastación socioambiental, la cual se ha agudizado con la prospección y desarrollo de una serie de megaproyectos presuntamente sustentables que han propiciado el desarrollo de cierto tipo de infraestructuras que acompañan, convalidan y retroalimentan la reconfiguración capitalista del territorio. Por ejemplo, la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado que se ha instalado en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que hoy día amenaza con sobreexplotar y contaminar los recursos hídricos subterráneos y superficiales del estado de Morelos.

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Sierra Norte de Puebla: Defensa del río Ajajalpan: un paso adelante

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Publicado el  | por Otros Mundos AC

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la defensa de los ríos en Puebla- A 25 de enero de 2020

Por Francisco López Bárcenas

El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.

Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.

En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.

Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.

La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.

Imagen: Lado B

Más información:

Sierra Norte de Puebla: Defensa del río Ajajalpan: un paso adelante

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| por Otros Mundos AC

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Por Francisco López Bárcenas

El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.

Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.

En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.

Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.

La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.

Imagen: Lado B

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