“VIDAS BORRADAS. LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO POR PRESAS EN MÉXICO”

18 diciembre, 2018

Porcopudever

El texto que tienen en sus manos es el resultado de una investigación que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), Oxfam México y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), solicitaron al colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC). Este organismo internacional tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde 1981. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el n de contribuir a la tarea de supervisión del CDESC, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país.

En este contexto se definió ofrecer al organismo internacional información actualizada sobre las personas desalojadas entre 2006 y 2016 por las presas hidráulicas e hidroeléctricas. Para obtener los datos se emplearon fuentes oficiales, artículos de prensa y textos académicos. El resultado del análisis es contundente: en la mayoría de los casos de proyectos ya construidos, las personas desplazadas son borradas del mapa del “desarrollo”. Tan es así que existe algún tipo de información sólo de 5 de los 35 proyectos estudiados con mayor amplitud, es decir, de 14% del total, lo que implica la violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos relacionados de estas personas y convierte su desalojo en ilegal. Al revisar la información ofrecida, el CDESC definió emitir una recomendación específica al Estado mexicano sobre desalojos forzosos.