Por La Voz de la Región – Jul 30, 2021
Colombia cuenta con gran riqueza en diversos bienes naturales como el agua. El desarrollo económico y social del país se ha centrado alrededor de las cuencas hídricas, y en el último siglo, estas cuencas han sido fuentes de generación de energía.
Con el objetivo de generar energía a partir de la corriente que se genera en grandes cuerpos de agua como los ríos, diversas empresas multinacionales intervienen territorios para la construcción de centrales hidroeléctricas, modificando de esta forma los espacios de las comunidades y, por consiguiente, afectando su vida y tradiciones.
Existen represas que tienen un aprovechamiento multipropósito, es decir, en las que se hace uso del agua para consumo, distritos de riego, pesca e incluso turismo y, existen otras unipropósito, que se utiliza sólo para la generación de energía.
Aunque se habla de algunos beneficios generados por la conversión de la energía potencial del agua almacenada en los embalses en energía eléctrica, las consecuencias negativas resultado de la imposición de hidroeléctricas, son aún mayores y afectan directamente la ‘Casa común’.
El río Magdalena al ser un río con alto caudal y diferentes alturas de profundidad por ubicarse en zonas altas y cañones, presenta condiciones para el desarrollo de represa, esto no quiere decir que sea lo mejor para las comunidades de las regiones donde se desarrollarían este tipo de proyectos y otros incluidos en el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena (PMA).
El (PMA) es consecuencia de la cooperación internacional entre Colombia y China, en 2011 se suscribe el “Convenio Interinstitucional de Ejecución del Proyecto de Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena” entre Cormagdalena, Hydrochina y Acción Social[1] y, en 2014 se realiza la entrega del proyecto de “Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena”,
Esta información no fue socializada ni concertada con las comunidades, únicamente fue conocida, resultado de la instauración de una acción de tutela, el Consejo de Estado en el año 2016, en razón de la violación de los derechos fundamentales de petición, participación efectiva y, acceso a información, ordeno la entrega del (PMA) a las organizaciones tutelantes.
El (PMA) plantea la explotación del potencial del río Magdalena, desde la cuenca entre San Agustín, en su nacimiento en pleno macizo colombiano y la desembocadura en el Caribe, en actividades como la generación de energía hidroeléctrica y la navegabilidad.
De acuerdo con Hydrochina, el plan maestro para el manejo y la utilización del río Magdalena incluye la construcción de al menos 15 hidroeléctricas de diferente capacidad a lo largo del río, de ellas 8 consideradas en el Huila. Si bien para el PMA, las represas ofrecen enormes oportunidades, se debe tener en cuenta los impactos negativos, que incrementan con la construcción en cascada de proyectos hidroeléctricos.
Las represas como la de El Quimbo, ocasionan grandes e irreversibles afectaciones. Respecto al ambiente, se destruye fauna y flora endémica, contribuyendo a la desaparición de ecosistemas; el empeoramiento en la calidad, salubridad y la pérdida de sedimentos de las aguas hace inviable la vida acuática; se incrementa el cambio climático y, los efectos sísmicos resultado de la inundación de áreas en presencia de fallas geológicas.
A nivel social, con la declaratoria de utilidad pública y el uso de la fuerza pública, se expropia, desplaza y despoja a las comunidades de sus hogares y, de sus medios de vida tradicionales, empobreciendo a las personas y fracturando el tejido social. Las condiciones posteriores, de reasentamiento, resultan inferiores a la situación en que se encontraban antes de la implementación de los proyectos, siendo inexistente la reparación integral y en dignidad.
Consecuencia de los cambios abruptos en los ecosistemas, el desplazamiento forzado y, las falencias en los reasentamientos, se producen afectaciones en la salud física y emocional de las comunidades, quienes además de perder sus actividades económicas de subsistencia, pierden sus lazos comunitarios y sus fuentes de alimentación.
Las vulneraciones enunciadas, evidencian que la autonomía de las comunidades locales se subyuga frente al interés nacional y transnacional que recae en este tipo de proyectos. Por cuanto, las posibilidades de gestión y defensa de sus territorios, mediante el ejercicio del derecho a la participación efectiva, se limitan a espacios formales de revictimización o, a la ausencia de atención a las exigencias de las comunidades.
Debido a estas situaciones que viven las comunidades afectadas por la implementación de proyectos minero energéticos, han buscado respaldo en instituciones y organizaciones para poder luchar por sus derechos, es el caso de la Iglesia Católica, ya que “es una Iglesia que camina con los pobres, y con las personas que necesitan una voz de aliento ante situaciones que han afectado sus derechos”, asegura Angie Reina, especialista nacional del proyecto.
¿Conoce las afectaciones que se ocasionan o pueden resultar de la presencia de proyectos hidroeléctricos? ¿Cuál es el mensaje desde las comunidades afectadas?
[1] Hoy Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia -APC