11/11/1998
Foto: arqhys.com
En los últimos cincuenta años se han construido 40.000 grandes represas en el mundo. En sus inicios, estas obras tenían poca o ninguna oposición puesto que los objetivos planteados (dotar de energía eléctrica, prevenir inundaciones y aprovisionamiento de agua) aparecían como plausibles y legítimos. Sin embargo, desde la década de los setenta se comienza a evidenciar las graves consecuencias ecológicas, sociales y económicas que ocasionan estas construcciones.
Millones de viviendas quedaron bajo el agua de los reservorios y millones de personas perdieron sus tierras, bosques y otros recursos esenciales para su subsistencia. Muchos fueron reubicados, pero otros se vieron obligados a emigrar a las grandes ciudades, donde se agudizaron los problemas de pobreza, desempleo, violencia y carencia de servicios básicos.
Ecosistemas arruinados, comunidades desarraigadas y economías locales destruidas, constituyen razones suficientes como para que los afectados/as se organicen, luchen y cuestionan este tipo de obras. Es que éstos, comenzaron a constatar que los propósitos originales, en muchos casos, se cumplieron solo a medias.
En América Latina, poblaciones campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras han sido impactados por las represas (o están a punto de serlo), como a continuación reseñamos.
Honduras y El Salvador
En la zona limítrofe entre El Salvador y Honduras se construye, a un costo de 1400 millones de dólares, la represa hidroeléctrica El Tigre para dotar de energía a los dos países. 14.000 familias deberán abandonar las tierras en las que han nacido y vivido por decenas de años, puesto que se tiene previsto inundar extensas áreas agrícolas y ganaderas.
Otro de los proyectos que se ejecuta en Honduras, el Patuca II, a cargo de la empresa Panda Patuca Power Company, afectará a la reserva indígena Tawahka y a la biósfera del Río Platano y a las comunidades del Corredor Biológico Mesoamericano, el que, por su riqueza natural, arqueológica, cultural y científica, ha sido declarado patrimonio de la humanidad.
Colombia
La represa hidroeléctrica de Urrá en el Departamento de Córdova, ubicada cerca a la costa del Caribe, afectará a tres mil indígenas Embera Katio que habitan en la cuenca alta del río Sinu.
Las comunidades indígenas no solo se quedarán sin su principal sustento alimenticio, la pesca, sino que perderán la comunicación fluvial con los centros de mercadeo. Con el llenado de las 7.400 hectáreas del embalse de Urrá, otras 10.000 personas de las orillas del medio y bajo Sinu que también viven de la pesca, perderán su principal fuente de ingresos.
En el financiamiento y construcción de esta represa tiene una fuerte incidencia el capital extranjero. En efecto, la empresa URRA S.A., de propiedad estatal -y próxima a ser privatizada- contrató a la firma sueca Skansa para la construcción y a la rusa Energomachiexport para dotación de la hidroeléctrica, en tanto que la financiación corrió a cargo del Nordik Investment Bank NIB de Suecia y del Export Develpment Corp. EDC de Canadá.
Los indígenas, tras la toma de la embajada sueca en 1996, lograron que la empresa URRA S.A., les reconociera, entre otras compensaciones, una participación en los ingresos por generación de energía eléctrica. Sin embargo, la empresa, por petición del Ministerio de Minas y Energía, se ha negado a cumplir el acuerdo, por lo que los indígenas interpusieron ante la Corte Constitucional una acción judicial de tutela para preservar sus derechos. Luego de conocer el caso, este organismo dispuso la suspensión provisional de la inundación del embalse.
La lucha indígena, que impulsa la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, se ha visto ensombrecida por la guerra sucia que protagonizan los grupos paramilitares: el 25 de agosto de 1998, luego de conocerse el fallo de la Corte, fue asesinado el anciano Alonso Domico Jarupia, líder de los Embera Katio. Igualmente, la sede la ONIC ha sido hostigada en forma permanente y sus asesores amenazados de muerte.
Chile
En Chile, las 6 represas en construcción en la cuenca superior del río Bío Bío, al sur del país, inundarán 22.000 hectáreas, provocando graves impactos en el ecosistema y en la vida económica, cultural y social de los 10.000 Mapuche-Pewenches que habitan la región.
Uno de estos proyectos, la central hidroeléctrica Pangue, ya ha sido ejecutada por intermedio de la empresa española ENDESA. Con el objeto de impedir la construcción de las otras cinco represas, los mapuches y grupos ecologistas llevan a cabo constantes movilizaciones y una campaña nacional e internacional con la que defienden «la madre tierra, la vida, la cultura, la flora, la fauna y el bien de la humanidad».
Argentina
«La destrucción del medio ambiente significa nuestra propia destrucción», es el lema de las comunidades que se oponen a la construcción de la represa hidroeléctrica Segunda Angostura en el Río Limay y Parque Nacional Nahuel Huapi, al sur de Argentina.
Este proyecto implicaría la desaparición del río Limay, desde su nacimiento hasta Segunda Angostura, y la transformación de los lagos naturales Nahuel Huapi, el Moreno y El Correntoso en embalses artificiales. De ponerse en marcha este proyecto, provocaría cambios en la flora y fauna, y en los patrones de comportamiento de las aguas subterráneas, de la erosión y acumulación de sedimentos.
Además de ello, la represa afectaría a las localidades de Bariloche, Villa La Angostura y Dina Huapi, que viven casi exclusivamente del turismo, ya que no solo se degradarían sino que desaparecerían las «materias primas» de la industria turística, es decir el valor paisajístico, el ambiente inalterado por el hombre y las áreas de pesca deportiva, que son precisamente los principales atractivos de la región.
Quienes se oponen a esta represa aducen que ésta no se justifica desde el punto de vista económico, pues aportaría niveles mínimos de energía al país, calculados en menos del 1% del consumo nacional.
Brasil
Actualmente se construyen 50 grandes hidroeléctricas, que afectan a 50.000 familias. El Estado brasileño tiene previsto ejecutar, hasta el año 2015, 494 nuevas hidroeléctricas, lo que provocará la expulsión de 250.000 familias.
La construcción de los grandes complejos hidroeléctricos se inició en Brasil en la década de los 70 con la finalidad de generar energía para el rápido proceso de industrialización. En ese entonces, se consideró necesario la expropiación de grandes áreas, y en un tiempo relativamente corto, poblaciones enteras fueron obligadas a abandonar sus viviendas, sus tierras y sus trabajos. Desde entonces, se han agudizado los conflictos sociales como la migración y el desempleo, fenómenos que ha ido acompañados con un proceso de pérdida de identidad y de las raíces culturales.
A medida que avanzaban las grandes construcciones, los afectados comenzaron a organizarse y a luchar. Las acciones regionales que se inician a comienzos los setenta, dieron un salto adelante en 1989, al conformarse una instancia de articulación nacional denominada Movimiento de Afectados por las Represas, MAB.
El MAB, desde entonces, ha conseguido algunos logros como la suspensión de la construcción de algunas represas, indemnizaciones justas y reasentamientos en nuevas áreas, en condiciones aceptables para vivir y producir.
Represas y capital
Los problemas relacionados con las represas se agravan con la propagación en todo el planeta de las políticas neoliberales y privatizadores que solo tienen en cuenta la «eficiencia» y los altos niveles de rentabilidad del capital internacional involucrado en las hidroeléctricas, ignorando las consideraciones de orden ecológico, social y étnico.
Mientras en los países desarrollados se toma conciencia sobre la naturaleza destructiva de las represas y disminuye su ejecución, en el sur del planeta estas obras continúan viento en popa. Cada año de los noventa, se construyeron en promedio 260 represas. «Un importante motivo -señala el MAB- para la construcción de las grandes represas en una escala tan grande es que los principales financistas mundiales (las agencias multi y bilaterales) continúan promoviéndolas como un espectáculo económico para los países en desarrollo y apenas se acuerdan de las evidencias de su pobre rendimiento. A despecho de los millones de dólares que invierten en las represas, estas agencias jamás hicieron un estudio completo y eficiente de los efectos ecológicos, económicos y sociales de las represas que financian».
Sociedad civil y Banco Mundial
ONGs ambientalistas, en reuniones llevadas a cabo en 1988, 1990 y 1992, plantearon la necesidad de hacer evaluaciones independientes y demandaron del Banco Mundial la moratoria de los financiamientos para este tipo de obras.
De igual forma, representantes de los pueblos afectados por las represas de 20 países, convocados por el MAB, se reunieron en marzo de 1997 en Curitiva, Brasil. Al término de este evento exigieron una moratoria en la construcción de las represas y el establecimiento de una comisión internacional que permita una evaluación y revisión de los grandes proyectos.
Las críticas de la sociedad civil condujeron a que el Banco Mundial iniciara, en 1995, una evaluación de las grandes represas financiadas por el Banco. En 1997, conformó una comisión mundial compuesta por 11 miembros, de los cuales 4 representaban a los pueblos afectados. El MAB, que en principio estuvo participando en estas reuniones, se retiró aduciendo que el interés del Banco Mundial era legitimar, con los criterios de la sociedad civil, las grandes construcciones, y que la comisión internacional, sin la participación de los pueblos afectados, estaba destinada al fracaso.
En el plano propositivo, el MAB señala que «hay muchas evidencias que sugieren que las necesidades supuestamente resueltas por las grandes represas, pueden ser satisfechas por otros medios. El agua para las áreas secas e inclinadas puede ser provista en forma más rápida, barata y equilibrada por pequeñas empresas que usen técnicas tradicionales o modernas, y aún que combinen ambas. Todos los países tienen un alto potencial de energía que puede ser optimizado a través del ahorro y la eficiencia. Los costos de la energía reaprovechada, especialmente del viento y el sol, que actualmente se está usando mucho para varios usos y áreas son menores que la hidroelectricidad». Buenos argumentos para reafirmar que, en el caso de las represas, el fin no justifica los medios.
Publicado en el Servicio Informativo Nº 283, ALAI, 11-11-1998, Quito.
https://www.alainet.org/es/active/199
