Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho: MAB denuncia acuerdo sin participación de los afectados
La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 27/01/2021 – Atualizado 27/01/2021
“El único objetivo de la Vale es el lucro por encima de la vida. En la región de Brumadinho, la empresa, a cualquier costo, actúa con el propósito de no pagar por sus crímenes. Quiere evitar nuevos gastos en la reparación de los derechos violados. Al mismo tiempo, quiere continuar explotando minerales en Minas Gerais, enviándolos fuera del país sin pagar el mínimo de los impuestos”
Para conseguir tales objetivos, la Vale utiliza diversas estrategias, desde la subyugación de gobiernos, parlamentarios, el Poder Judicial, órganos del gobierno y demás estructuras jurídicas institucionales, hasta la desorganización de la población y el debilitamiento de su capacidad de lucha por medio de la cooptación de los afectados, afectadas y liderazgos populares, aunado a la constante divulgación de noticias falsas.
Existe también una estrategia ideológica de comunicación, con propagandas dirigidas a la sociedad y a los accionistas para ocultar la realidad del pueblo y burlar los hechos verdaderos.
La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros.
En la práctica, lo que la Vale está haciendo es, a través de su poder económico, controlar política e ideológicamente para dominar el territorio y con ello continuar garantizando altos lucros para el sistema financiero, para banqueros y fondos de inversiones internacionales; sus propietarios actuales.
La población de la cuenca del río Paraopeba y el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) fueron sorprendidas el día 22 de octubre de 2020, en el silencio de la noche, con la noticia de que la empresa Vale S.A., el gobierno del estado de Minas Gerais e instituciones de la Justicia estaban realizando un gran acuerdo clandestino que decidía el futuro de las indemnizaciones y la vida de los afectados en la región.
Este acuerdo es un escándalo, porque decide sobre el proceso de reparación, como resultado de la ruptura de la represa de Córrego do Feijão, en Brumadinho, de forma descarada, sin la participación de las personas afectadas y contando además con la protección del deber de sigilo jurídico bajo la decisión de juezes y fiscales.
El acuerdo global involucra a la Vale, el gobierno de Minas, las defensorías y ministerios públicos, además de la Fiscalía General de la Unión.
Inicialmente, contemplaba un proceso judicial por el valor total de R$ 54 mil millones que incumbía a dos demandas: una de R$ 26 mil millones, que corresponde a los daños económicos sufridos por el estado y otra de R$ 28 mil millones que corresponde a los daños morales y sociales colectivos; a la comunidad.
La empresa Vale propuso pagar un total de R$ 21 mil millones, siendo el “techo global” de pagos unos R$ 16,45 mil millones, que incluiría la realización de obras en Belo Horizonte, ubicada a 60 kilómetros de distancia de Brumadinho, R$ 3 mil millones previstos para la recuperación ambiental, además de los R$ 2,2 mil millones ya usados en indemnizaciones para cerca de 8 mil afectados. Una parcela mil millonaria también sería distribuida al Poder Judicial para que coordinasen acciones en el llamado “sector terciario”.
Esta propuesta de la empresa plantea un reducir para menos de la mitad del valor total de las dos demandas. El hecho concreto es que el acuerdo no permite la participación efectiva de los afectados y afectadas. O sea, las víctimas siguen excluidas, mientras que los señores dueños del poder quieren lucrarse por encima del crimen y de la vida de millares de afectados por la fechoría de la Vale.
Los afectados y afectadas reivindican que las discusiones sobre la reparación de daños no atienden las cuestiones de emergencia (pago de emergencia, suministro de agua, indemnizaciones, entre otros) que garantizarán las condiciones de vida hasta la reparación integral.
Los afectados no están contra el acuerdo, pero, tratándose de la vida del pueblo, deben ser protagonistas en cualquier acuerdo que trate sobre el futuro de sus vidas y de la definición de un valor justo en la reparación de daños, este debe ser un derecho asegurado; poder participar de las decisiones.
El acuerdo es una jugada de la empresa criminal, al colocar para un Estado financieramente fallido la posibilidad de recaudar algunos miles de millones a “nombre de los afectados”, que representan algunos pocos meses del lucro líquido de la empresa, a cambio de la condonación total del pasivo debido por la propia incompetencia en el manejo de la represa de la Mina Córrego do Feijão, en Brumadinho. Así la empresa deja de ser la responsable por la reparación de los derechos de las víctimas, pasando la responsabilidad al Estado.
Se nota que la justicia no se ha mostrado un instrumento efectivo para la reparación integral de los daños, del acceso a la justicia y que no garantiza los derechos de las víctimas.
El Poder Judicial poco conoce de los casos y las necesidades reales y urgentes de los afectados en las localidades. Además de eso, las mineras poseen un enorme aparato jurídico a través de sus innúmeros escritorios de abogacía.
Eso conduce a una fuerte incisión jurídica en recurrir a las decisiones, lo que permite que el aplazamiento de determinaciones definitivas privilegie a quien tiene las mejores condiciones, en este caso, las empresas. De esa forma, esto conlleva a la morosidad en la reparación tanto del medio ambiente como de las víctimas, pues las sobrecarga con un tiempo procesual muy largo.
Así como en la cuenca del río Doce, nuevamente un acuerdo fue construido sin la participación de la población afectada, bajo el pretexto de que la conciliación es la mejor y más rápida forma para la resolución del proceso.
Sin embargo, denunciamos aquí que la celeridad atiende solamente a los objetivos del gobierno del estado de Minas Gerais y de la empresa Vale, sin que eso garantice los derechos de los afectados, especialmente el derecho a la participación.”