Comunicado del MAB | Cuenca del Río Doce: 6 anõs después, afectados continúam luchando por justicia

Publicada el 06/11/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

Comunicado del MAB | Cuenca del Río Doce: 6 anõs después, afectados continúam luchando por justicia

Luego de seis años de la ruptura de la represa de Samarco, controlada por la Vale y por BHP Billiton, en Mariana (estado de Minas Gerais), afectados reclaman construcción de viviendas devastadas, remoción del desecho de los ríos y responsabilización criminal de los involucrados por Movimiento de afectados por represas

Publicado 06/11/2021 – Atualizado 06/11/2021

Distrito de Paracatu, en Mariana, destruido por el barro de Samarco. Photo Media Ninja

En el reasentamiento de Bento Rodrigues, apenas 10 viviendas de 244 fueron finalizadas después de casi 6 años. No existe plazo para la conclusión. No fue hecha la remoción del desecho de las áreas afectadas y las comunidades están conviviendo con él sin ninguna orientación ni cuidados. De las 21 personas denunciadas criminalmente por el Ministerio Público Federal (MPF), sólo cinco aún se encuentran en el proceso de investigación de las muertes, inundación y crímenes ambientales.

Este 5 de noviembre de 2021, se completan seis años de la ruptura de la represa de desechos minerales de Fundão, de propiedad de Samarco Mineração S.A, controlada por Vale y por BHP Billiton, dos de las mayores empresas mineras del mundo en la producción de mineral de hierro.

Esta ruptura provocó el derrame de 48,3 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en la naturaleza, que recorrieron cerca de 650 Km desde Mariana (estado de Minas Gerais), hasta la desembocadura del río Doce, en el poblado de Regência, municipio Linhares (estado de Espírito Santo), esparciéndose por varias comunidades al norte y al sur de la desembocadura, contaminando buena parte del litoral capixaba. Afectó, por la secuencia, al arroyo Santarém, al río Gualaxo do Norte, al río Carmo y 100% del río Doce.

El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), en esta fecha, denuncia que la Vale continúa con todo el proceso en sus manos, inclusive siendo beneficiada por la actuación del Poder Judicial brasileño. A pesar de la gravedad de la situación, ya son más de 2 mil días sin reparación para los afectados. La impunidad es evidente. En la región, el lucro fue colocado por encima de la vida. El crimen se «renueva» cotidianamente en los lugares por donde pasa el lodo de injusticias.

Empresas cierran la puerta de entrada a la reparación

A pesar del pago en dinero para millares de afectados a través del Sistema Simplificado de Indemnización (Novel), pasados casi 6 años, las cláusulas del Acuerdo de Transacción y Ajuste de Conducta[i] (TTAC, por sus siglas en portugués) de 2016, no fueron completamente ejecutadas. De los 42 programas diseñados para la reparación, apenas 4 están en ejecución más avanzada, en los cuales hay mayor gasto de recursos. Son estos: a) registro de los afectados; b) el programa de indemnización; c) el programa de pago de ayuda financiera de emergencia y d) el programa de reconstrucción de villas.

Aún así, todavía hay, como mínimo, 60 mil registros sin finalización, lo que puede significar, aproximadamente, 200 mil personas esperando tener acceso a la puerta de la reparación. Para «resolver» el asunto, la Justicia Federal desfiguró el papel de la asesoría técnica, que tendría la tarea de acompañar este proceso, inclusive en su revisión completa para actualizar de forma correcta los registros de daños. En cambio, colocó un peritaje judicial vinculado al mercado financiero y sin cualquier conocimiento de la realidad social de la cuenca para revisar los registros. ¿Cómo hacer una reparación integral y justa si la puerta de entrada está cerrada para la mayoría de los afectados?

Agua y salud: derechos que el dinero no paga

Ruinas del Distrito de Paracatu, en Mariana (MG)

Hasta hoy, hay diversas comunidades con dificultad de acceso al agua. Muchas viviendas reciben agua de mala calidad, retiradas de pozos artesianos perforados por la Fundación Renova que presentan olor y coloración. La Justicia Federal reconoció, recientemente, el llamado «daño agua», que son R$ 2 mil por día en función del desabastecimiento provocado por el desecho mineral en el río, pero eso no resuelve la problemática profunda que tiene que ver con la calidad y confianza en aquello que llega a los grifos de millares de personas.

Como no fue hecha la remoción de los desechos minerales de las áreas afectadas, las comunidades están conviviendo con eso sin ninguna orientación ni cuidado. A lo largo de los años, sin ninguna respuesta u orientación de la Fundación Renova, las personas volvieron a usar la mayoría de las áreas afectadas alrededor de los ríos con plantaciones y pastaje. La recuperación del río es una reivindicación importante de los afectados a lo largo de la cuenca, para que puedan volver a hacer uso de él como fuente de renta, alimento y ocio. Sin embargo, no hay un plan claro para que eso suceda para las familias afectadas, con los plazos establecidos y con seguridad.

Como resultado, todavía existen diversos problemas de salud siendo relatados por la población, principalmente, de alergias respiratorias y de la piel. Para esas personas, no hay ninguna acción de la Fundación Renova que resuelva el problema. Los municipios afectados de la cuenca del río Doce elaboraron planes de acción en salud desde el 2019, pero apenas 2 (Mariana y Barra Longa) fueron aprobados por la Fundación Renova, para que la misma pueda financiar los costos. Del mismo modo, no existe la continuidad de los estudios de impacto a la salud por parte de la Renova, por lo que ya fue objeto de aplicación de multas por incumplimiento de acuerdo.

Vivienda y asesoría técnica: negación de lo básico

En cuanto a la reconstrucción de las comunidades afectadas hay una serie de incumplimientos de plazos, diversos de ellos establecidos por la propia empresa o por desición judicial. La última de ellas determinaba que, en febrero de 2021, deberían estar construidos los 3 reasentamientos propuestos en el plan de reparación. Los reasentamientos de Gesteira y Paracatu de Baixo no poseen ninguna de las 100 casas prometidas. En el reasentamiento de Bento Rodrigues sólo 10 viviendas de las 244 fueron finalizadas después de casi 6 años. No existe plazo para la conclusión de las obras.

En este contexto, la indemnización llegó a casi 50 mil personas por el Novel, pero el costo fue el de obligar a los afectados a dar «seguridad jurídica» a las mineras que tuvieron que renunciar a sus derechos, como la ayuda financiera de emergencia, y firmar una liquidación general de los daños. Al mismo tiempo, la forma de implementación del Novel prácticamente acabó con todo el sistema de participación colectiva organizada y centralizó la gestión en el individuo, que ahora transfiere el protagonismo para abogados particulares, algunos de estos quedando multimillonarios. Así, se creó un ambiente para desmovilizar tanto jurídica como políticamente el derecho a la asesoría técnica independiente. Y fue lo que la Justicia hizo.

Sólo Mariana, Barra Longa, río Doce y Santa Cruz do Escalvado tuvieron derecho a la asesoría técnica garantizada. Los otros afectados de los más de 40 municipios impactados fueron desatendidos. El día 4 de octubre, la Justicia Federal, atendiendo casi todos los pedidos de las empresas, acabó con el concepto y el objetivo inicial de la asesoría técnica, prohibiendo casi todas las tareas técnicas previstas inicialmente, que son derechos ya conquistados. En la decisión aparecen, al menos, 12 prohibiciones e impedimentos para el trabajo de los equipos. Y cualquier estudio pedido por la comunidad sólo será hecho si el juez lo autoriza después de consultar a las mineras en el proceso.

Para empeorar, la Justicia quiere dificultar el trabajo presencial de las entidades elegidas con las comunidades. Según la decisión «las Asesorías Técnicas deben PRIORIZAR la utilización de los medios de comunicación virtuales (plataformas digitales, revistas virtuales, “lives”, YouTube, WhatsApp), REDUCIENDO Y/O EXCLUYENDO, la utilización de instrumentos físicos de comunicación.»

¿Qué Justicia es esta que da con una mano y quita con la otra? Una Justicia que facilita el pago individual en dinero, al mismo tiempo que desmonta todo un proceso colectivo, dificulta estudios independientes, criminaliza los movimientos sociales, disemina desconfianzas infundadas en organizaciones sin fines de lucro, reconocidas por su trabajo junto a los afectados por represas y fortalece la posición de las mineras en la cuenca.

¡Seis años después, continuamos en lucha por la justicia!

Exigimos que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) demuestre que quiere hacer la justicia actuar en favor de los intereses de las víctimas y no de los criminales. La mesa de renegociación para un nuevo acuerdo «definitivo» entre gobiernos y empresas que está en curso con el involucramiento de varias instituciones necesita acoger verdaderamente los afectados, o será sólo un espacio más de difusión mediática de una iniciativa que resultará en ningún objetivo para la reparación de los daños colectivos en la cuenca, sino apenas fortalecer los intereses de las mineras. Audiencia Pública online no es participación. Queremos participar decidiendo conceptos y política, y teniendo derecho a instrumentos independientes de seguimiento, estudios y recolección de datos.

Partiendo de esta premisa, proponemos las siguientes acciones:

Derecho a la Asesoría Técnica Independiente, conforme al acuerdo firmado en 2017.
Modificaciones en el NOVEL, con el propósito de la li quidación final y de cierre del registro.
Fondo para proyectos colectivos de los afectados.
Fondo social para los afectados por represas de Minas Gerais y Espírito Santo.
Programa de Transferencia de Renta para combatir la pobreza agravada por la propia ruptura a lo largo de los años.
Nueva gobernanza, menos burocrática y más próxima de los territorios.
Acciones prioritarias para las mujeres y población afrodescendiente afectada.
Continuidad de los estudios ambientales y la no finalización de la agenda ambiental en este acuerdo.
El valor del acuerdo debe estar basado en el valor de R$ 155 mil millones de la acción inicial hecha por el Ministerio Público Federal (MPF).
Conquistas y avances en el acuerdo en Brumadinho como punto de partida de las negociaciones.

3 años de Brumadinho

En este año, caminamos en solidaridad y organización con la cuenca del río Paraopeba y con los afectados del crimen en Brumadinho, que el 25 de enero de 2022, completará 3 años. Nuestras luchas son las mismas. Nuestras agendas buscan el mismo objetivo y los violadores de nuestros derechos actúan de la misma manera. Compartimos el drama de ver la Justicia dejar impunes a los responsables de las más de 290 muertes en los dos crímenes. En el río Doce, de la acción de las 21 personas denunciadas criminalmente por el Ministerio Público Federal (MPF) solo cinco todavía se encuentran en el proceso que investiga las muertes, inundación y crímenes ambientales. La Justicia Federal entendió que las 19 muertes en 2015 no fueron homicidios.

Mientras tanto, en el Paraopeba, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), aceptó el argumento burocrático por la defensa de que la tragedia afectó sitios arqueológicos, que están bajo responsabilidad de la Unión. Por lo tanto, la competencia jurídica cambia y la acusación vuelve al punto de partida.

Somos las víctimas de crímenes bárbaros que están lejos de una correcta solución y también de una Justicia que está al servicio de aquellos para quienes el crimen compensa. Hoy, más que víctimas, somos también un pueblo en lucha dispuesto a colocar la vida por encima del lucro. De cabeza erguida, seguiremos movilizados, por un año más, para denunciar la violencia de las grandes corporaciones, la impunidad, la complicidad de los gobiernos y del Poder Judicial.

Anunciamos aquí, como afectados de las cuenca del Paraopeba, del río Doce y del litoral capixaba, que seguiremos en marcha, en lucha, hasta que nuestra región deje de sufrir de la «maldición de la abundancia» de agua, minerales, tierra, petróleo. Hasta que nuestras riquezas sean compartidas entre nosotros, pueblo brasileño, para que ningún infante despierte sin saber si tendrá comida o educación, hasta que seamos una patria soberana, independiente y de control popular capaz de garantizar todos los derechos y reparaciones plenas para todos y todas

*Traducción: Ciro Casique Silva

*Nombre original del documento en portugués: Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Comunicado del MAB | Cuenca del Río Doce: 6 anõs después, afectados continúam luchando por justicia

30 años del MAB, una mirada del economista y sociólogo Carlos Vainer

Publicada el 17/09/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

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30 años del MAB, una mirada del economista y sociólogo Carlos Vainer

El profesor de la UFRJ, Carlos Vainer, cuenta la historia de su relación de colaboración y aprendizaje mutuo con el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) desde que conoció la CRAB en Erechim (estado Rio Grande do Sul) hace 35 años

Publicado 15/09/2021 – Atualizado 15/09/2021

En 1971, con solo 22 años, fui liberado de la prisión de la dictadura militar y prohibido de entrar al país. Después del exilio en Chile, México y Francia, con la amnistía, regresé a Brasil e ingresé, en 1980, como profesor e investigador en el Programa de Posgraduación en Planificación Urbana y Regional, hoy Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Además de las clases y orientaciones, pasé a desarrollar una investigación sobre políticas migratorias en Brasil. Es decir, cómo, desde la independencia, el Estado brasileño concibió la distribución de las poblaciones en el territorio y cómo intervino para dirigir flujos, fijar o movilizar poblaciones.

Luego de estudiar por varios años cómo el Estado había impuesto sus concepciones de territorio y trabajo a migrantes extranjeros y trabajadores nacionales consideré que era hora de mirar la dimensión conflictiva de estos procesos y ver, en qué medida se desarrollaban resistencias y tentativas de contramovilidad o automovilidad (categorías tomadas del francés Jean-Paul de Gaudemar).

Alrededor de 1986, oí de colegas que estudiaban conflictos sociales en el campo, relacionados a la lucha de poblaciones que serían desplazadas forzosamente para dar lugar a la implantación de 25 grandes represas hidroeléctricas en la cuenca del río Uruguai. Era la Comisión Regional de Afectados por Represas del Alto Uruguai (CRAB, por sus siglas en portugués). Después de encontrar el nombre de un militante de la CRAB, con un colega gaucho, hice contacto y resolví conocer de cerca este movimiento. Entonces, yo y Federico Araújo, mi asistente de investigación para la época, fuimos para Porto Alegre, donde tomamos un autobús y desembarcamos en una mañana helada de 1987 en el terminal de Erechim, en el estado de Rio Grande do Sul.

Nuestro contacto nos había dicho que nos encontráramos con él en una iglesia, pues, en aquél día habría una asamblea de la CRAB. Y allá fuimos nosotros. Mientras las personas iban llegando con sus pancartas y ocupando el vasto salón de la iglesia, pudimos encontrar nuestro contacto y quedamos en conversar con él luego de terminar la asamblea, pues ésta ya iba a empezar.

Encuentro Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, realizado en Curitiba, en marzo de 1997

El inicio de una relación duradera en Erechim

Afuera pasábamos frío, pero dentro de la iglesia el ambiente era caliente. Inmediatamente, Frederico y yo descubriríamos que aquella era una asamblea de mayor importancia: luego de años de luchas, Eletrosul había reconocido la CRAB como legítima representante de los afectados por las represas de Itá y Machadinho y aceptaron negociar un acuerdo. En aquella asamblea, los términos negociados con la Eletrosul serían presentados a los afectados para discusión y aprobación. Ese fue el primer acuerdo hecho con los afectados por la implantación de represas antes de su construcción. Nosotros llegábamos a Erechim en un día histórico.

Luego de iniciada la asamblea, alguién se levantó y cuestionó la presencia de «agentes de Eletrosul», proponiendo que estas personas se retirasen. El argumento era simple e irrefutable: si los afectados no podían asistir a las reuniones internas de la empresa, ésta tampoco debería poder asistir a las reuniones de los afectados. Luego de una rápida discusión, la propuesta fue aprobada por aclamación. En consecuencia, seis personas se levantaron y salieron. Frederico y yo entonces fuimos fuzilados por centenas de ojos que esperaban que hiciéramos lo mismo; al final, nadie nos conocía y nuestra cara, nuestra manera, nuestras ropas lucían más como de gente de la ciudad que del campo.

Confieso que pasamos momentos delicados e incómodos, sin saber muy bien qué hacer. En cierto momento fui hasta la mesa para pedir a nuestro contacto que, tan pronto fuera posible, explicara quiénes éramos; investigadores de la universidad que querían conocer mejor el movimiento y oir a los afectados. Y así sucedió, haciendo con que aquellas miradas de desconfianza e, inclusivo rabia, se transformacen en miradas amigables y acojedoras. En el intervalo del café, muchos se aproximaron para contar el sufrimiento de sus comunidades y la lucha que libraban. Y así tuvo inicio una larga trayectoria de investigación sobre las luchas de los afectados por represas, sobre política energética, y sobre impactos sociales y ambientales producidos por represas.

Pero no fue solamente nuestra investigación la que empezó ese día victorioso de 1987. Allí también se dio inicio a una historia de 35 años de colaboración que fue más allá de las investigaciones. Creamos, como parte del ETTERN (Laboratorio Estado, Trabajo, Territorio y Naturaleza), la Asesoría Técnica y Educacional, Medio ambiente y Represas (ATEMAB, por sus siglas en portugués) dirigida a la asesoría técnica y a dar apoyo al esfuerzo incansable del MAB para formar su militancia. Tal vez mi persona y los demás colegas que participamos de esto hayamos enseñado alguna cosa, pero puedo asegurar que aprendimos mucho más de lo que enseñamos. Frederico, yo y otros estudiantes de la ATEMAB ayudamos a organizar y participamos de la reunión de la Región Sureste y del I Encuentro Nacional de Afectados por Represas, realizado del 19 al 21 de abril de 1989, en Goiânia. Y allá estábamos, también, con un amigo y compañero, el antropólogo Aurelio Vianna, del CEDI, en el I Congreso Nacional de Afectados por Represas, en marzo de 1991, que marcó la fundación oficial del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB).

En este congreso, quedó establecido que el 14 de marzo sería celebrado como el Día Nacional de Lucha contra las Represas. Después, esta fecha se transformó en el Día Internacional de Lucha contra las Represas, por los Ríos y por la Vida, de acuerdo con la deliberación del I Encuentro Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, realizado en Curitiba, en marzo de 1997.

El 14 de marzo era una fecha muy importante para mí, ya que el 14 de marzo de 1987 nació mi hija Alice. Y como resultado de esta coincidencia, durante muchos años, por las actividades del MAB en esta fecha yo no estaba en casa, sino en algún lugar del país, en algún encuentro, en alguna comunidad de afectados. En casa bromeaban diciendo que yo debía tener una familia en Erechim… Y, en cierta medida, sí la tenía. La hija de Luiz e Ivanei Dalla Costa, militantes de la CRAB y del MAB, que es médica hoy día, cuando comenzó a hablar me llamaba de «abuelo».

Sí, me siento parte de esta familia. Una familia un poco diferente de las demás, porque no fue construida por lazos de sangre, sino por la unidad y solidaridad en la lucha. Una familia que no solo busca el bienestar de sus miembros, sino de todo el pueblo trabajador de los campos y de las ciudades. Una familia que lucha por la justicia social y ambiental, por una sociedad igualitaria, sin opresión de clase, de raza o de género. Una familia que crece con la lucha del pueblo. Una familia que nació poco a poco, en Itaipu, a las orillas de los ríos Tucuruí, São Francisco y Uruguai, pero que hoy está en todo el país. Una familia que es también colombiana, mexicana, salvadoreña, latinoamericana y se reune en el MAR (Movimiento de Afectados por Represas).

Muchos de los que conocí al inicio de esta historia ya no se encuentran entre nosotros, pero sus hijos y nietos continúan la lucha. A los que se fueron, a mis hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, primos y primas, compadres y comadres del MAB, felicidades por esos maravillosos años de lucha, de sufrimiento, es verdad, pero de esperanza siempre renovada.

30 años del MAB, una mirada del economista y sociólogo Carlos Vainer

EL MAB comemora 30 años de resistencia y lucha por proyecto energético que sirva al pueblo

Publicada el 15/09/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

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EL MAB comemora 30 años de resistencia y lucha por proyecto energético que sirva al pueblo

Afectados por represas organizan una serie de actividades a lo largo del mes para celebrar las tres décadas de existencia por Lu Sudré / Brasil de Fato

Publicado 15/09/2021 – Atualizado 15/09/2021

En marzo de 1991, hace 30 años, nacía el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), una unión nacional en defensa de millares de brasileños impactados directamente por construcciones de plantas hidroeléctricas, represas para desechos de minerales y otros emprendimientos dirigidos a la extracción de recursos naturales.

Para conmemorar el marco histórico, el MAB organiza una serie de acciones y eventos para las próximas semanas. Como resultado del Día Internacional de Lucha de las Mujeres, por ejemplo, un acto político y cultural virtual con mujeres de la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y de la Energía.

Este domingo, 14 de marzo, Día Internacional de los Afectados y Afectadas por Represas, acontecerá una Jornada de Luchas con actos y acciones simbólicas locales.

«Esos 30 años nos traen mucho simbolismo y desafíos, pero también es un marco en el que conmemoramos nuestras conquistas y victorias. Es necesario rescatar cuáles fueron esas conquistas y celebrar con todos y todas las que ayudaron al movimiento en esa trayectoria», afirma Nívea Diógenes, de la coordinación nacional del MAB.

Integrante del movimento desde 2006, ella cuenta que, organizados, los afectados ya pudieron frenar la construcción de plantas y garantizar alteraciones en proyectos para asegurar derechos a la población local. Frutos de una lucha cuyas raíces, en verdad, tienen mucho más de tres décadas.

Como recuerda Iury Paulino, también de la coordinación nacional del movimiento, las construcciones de represas para el suministro de energía para grandes proyectos industriales se tornó una estrategia del Estado brasileño a mediados de los años 1980, aún bajo la dictadura militar.

Pero, en nombre del desarrollo económico, enfatiza Paulino, los emprendimientos no tomaron en cuenta las consecuencias sociales y ambientales de la explotación, que, con el pasar de los años, expulsaron miles de personas de sus tierras y casas.

Registro do terceiro Congresso Nacional Do MAB em dezembro de 1996, em São Paulo / Foto: Acervo MAB

Fue en este contexto que los afectados reaccionaron y comenzaron a organizarse en comisiones regionales en defensa de la devolución de las tierras, reubicación y otros derechos como afectados, plantando la semilla de lo que se tornaría, años después, una articulación de carácter unificado y nacional.

«La trayectoria del MAB se remonta a todo ese proceso histórico de violaciones del modelo energético, de abandono de las poblaciones afectadas, de resistencia y organización teniendo en su raíz la resistencia a la dictadura militar», detalla Paulino, citando el contexto de la efervescencia de movimientos y partidos populares en ese momento.

Fueron realizados diversos encuentros y reuniones nacionales al final de la década de 1980, que antecedieron el 1º Congreso Nacional de los Afectados por Represas, finalizado el 14 de marzo de 1991.

«El MAB lucha por la reparación del daño y por la no construcción de represas de cualquier naturaleza donde sea inviable construir, porque sabemos que los daños son mucho mayores que los beneficios supuestamente producidos por esos emprendimientos», destaca el militante.

También retomando el histórico de la organización, Nívea Diógenes explica que las privatizaciones de las estatales durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, al inicio de los años 1990, impulsó todavía más la organización de los afectados.

Las privatizaciones cambiaron diametralmente el sector energético brasileño, intensificando las consecuencias sentidas por las comunidades locales.

«Con la privatización del sector, quien passa a controlar las empresas es el capital internacional. Quien da la última palabra es él. Somos un país soberano en términos de energía eléctrica, pero lo que se produce en relación a la energía no es para el pueblo brasileño, es para el capital», critica la dirigente.

«Hoy, la energía en Brasil es una mera mercancía. Es vendida a precios internacionales y quienes paga la cuenta son los brasilenõs con altas tarifas».

Por un otro proyecto

Desde el origen del MAB, los afectados actuan en tres frentes. El primero, de acuerdo con Iury Paulino, puede ser considerado como un frente sindical, ya que el principal foco de la organización es la defensa de las poblaciones afectadas por emprendimientos dañinos.

El segundo frente es el de la organización también como un movimiento político, ya que la formación política siempre fue un pilar central del MAB en la lucha por la transformación social.

El terceiro es la continua movilización por un modelo energético popular que permita la distribución de la riqueza entre los brasileños.

«El capital internacional siempre tuvo interés en la producción de energía aquí. El modelo energético brasileño es resultado de la explotación y del saqueo de los recursos naturales que tenemos para favorecer corporaciones, sobre todo las internacionales», dice Paulino.

Las bases que forjan ese proyecto son la soberanía, la participación y el control por parte de los ciudadanos. «Defendemos que la riqueza producida por la energía sirva al pueblo brasileño y no para atender demandas de accionistas del capital internacional. Y, para eso, necesitamos de control popular, que las personas digan de qué forma la energía debe ser producida, que puedan evaluar y definir la viabilidad de la construcción de un emprendimiento energético. Y, en el caso de que hayan impactos sociales y ambientales, la población pueda decir no», explica.

«¿Alguna vez pensaste si la riqueza generada con el petróleo, con las plantas hidroeléctricas y la producción de energía solar fuese distribuida al pueblo brasileño para construir viviendas y crear universidades? Esta es una dimensión que creemos central», proyecta el militante.

Mariana y Brumadinho

El MAB también estuvo presente y continúa dando apoyo a las familias afectadas por las dos mayores tragedias socioambientales de los últimos años en Brasil.

En noviembre de 2015, la ruptura de la represa de Fundão, de propiedad de Samarco (la Vale y BHP Billiton), en Mariana, en el estado Minas Gerais, expuso cuán dañino es el modelo de explotación actual.

Fueron 19 muertes, miles de personas sin hogar y sin agua potable, Más de cinco años después, la población del municipio aún convive con las consecuencias e impactos en la salud física y mental hasta hoy.

Más de 600 kilómetros del río Doce fueron destruidos, causando la muerte de peces y de la biodiversidad marina en el litoral de el estado Espírito Santo.

En 2019, la tragédia se repitió con la ruptura de la represa de la Vale en Córrego do Feijão, en Brumadinho (Minas Gerais), cuando 272 personas murieron enterradas por el barro tóxico. El río Paraopeba fue contaminado por los desechos minerales y todavía no se ha regenerado complemente.

El MAB fortaleció la organización de los afectados en la región y denunció, a nivel nacional e internacional, las muertes provocadas por el modelo predatorio de la minería y la condición de inseguridad de las represas en el país.

Según Iury Paulino, a lo largo de las décadas, el concepto de afectados por represas se amplió y actualmente engloba no solamente los afectados por plantas hidroeléctricas o por la minería, sino también a víctimas de las inundaciones en los centros urbanos.

«Ese modelo que vivimos, esa concepción de organización de sociedade, continuará generando víctimas. Continuará generando afectados por montón porque no hay compromiso social ni ambiental», denuncia.

Memoria

El marco de los 30 años del MAB también es considerado por los afectados un momento para homenagear a aquellos que perdieron la vida en nombre de la lucha colectiva.

Entre ellas, Nilce de Souza Magalhães, conocida como Nicinha,pescadora y lidereza regional del MAB, afectada por la Central Hidroléctrica de Jiaru en el río Madeira, en el estado Rondônia. Ella desapareció el 07 de enero de 2016 y fue encontrada muerta 5 meses después. Lo mismo sucedió con Dilma Ferreira da Silva, militante del estado de Pará, afectada por la represa de la Central Hidroeléctrica de Tucuruí. Ella fue brutalmente asesinada el día 22 de marzo de 2019, dentro de su propia casa, como retaliación por su actuación política.

Dilma Ferreira Silva al lado de la entonces presidenta Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores), luego de reunirse con los afectados / Foto: Divulgación/MAB

Nívea Diógenes recuerda también la lucha de Berta Cáceres, lidereza del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica, en el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad indígena Lenca, durante años.

La empresa privada responsable por el proyecto, Desarrollos Energéticos S. A. (Desa), está vinculada a poderosas familias del país centroamericano y nunca ha abierto el diálogo en ningún momento con los indígenas.

En marzo de 2016, sicarios invadieron la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. Los ejecutores del crimen fueron sentenciados a penas de entre 30 y 50 años, pero quienes ordenaron la muerte siguen ilesos.

«Perdimos muchas compañeras que osaron luchar para defender los derechos colectivos. En nombre de ellas, reafirmamos nuestra lucha para que todos los afectados tengan los derechos garantizados», asegura la coordinadora nacional del MAB.

Nívea agrega que el protagonismo de las mujeres, todavía más vulneradas por el proyecto energético vigente, es central para el movimento. Así como la transmisión de los debates sobre energía, derechos humanos y ambientales, compartidos por militantes de generación a generación. «Hay muchos en el MAB que todavía no entienden la idea del MAB», dice ella, celebrando la renovación continua de la organización…

Calendario

La conmemoración de los 30 años del MAB con una extensa programacion de actividades y acciones políticas.

A lo largo de las próximas semanas, los afectados entregarán pautas a alcaldías y gobiernos relacionados a las cuestiones locales, así cmo presionarán el parlamento brasileño y el Poder Judicial para que hayan reuniones con las coordinaciones del MAB.

La aprobación de la Política Nacional de Derechos de las Poblaciones Afectadas por Represas, (PL 2788/19), actualmente congelada en el Senado, es otra demanda central del MAB para el próximo período, así como el fortalecimento de la reparación a los afectados de los crímenes de Mariana y Brumadinho.

Además de la jornada de luchas de este 14 de marzo, el próximo día 16, a las 7:00 pm, se dará a cabo un acto político y cultural virtual abierto al público para celebrar la historia del movimiento.

El día 22, Día Mundial del Agua y fecha que marca el asesinato de la afectada Dilma Ferreira, habrá también un acto político y religioso. Chequea la programación completa aquí.

En medio de la pandemia del coronavirus, el MAB también reinvindica la permanente inclusión de familias en las tarifas sociales de energía, a partir de subsidios, y la distribución de gas doméstico a precios justos.

Los afectados también levantan las banderas de vacunación amplia de la población brasileña y el regreso de la ayuda de emergencia de R$600

«Celebramos y festejamos esos 30 años de historia de luchas y conquistas del movimiento, así como nuestro legado como sujetos políticos para cambios sociales en Brasil. Reafirmamos que como movimiento social tenemos el compromiso de continuar la lucha junto a los afectados para construir una sociedad más justa e igualitaria», finaliza Nívea Diógenes.

Traducción: Ciro Casique Silva

EL MAB comemora 30 años de resistencia y lucha por proyecto energético que sirva al pueblo

Dos años sin Dilma Ferreira; conoce la trayectoria de la defensora del territorio amazónico

Publicada el 15/09/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

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Dos años sin Dilma Ferreira; conoce la trayectoria de la defensora del territorio amazónico

Conoce un poco de la historia de la militante del MAB brutalmente asesinada el 22 de marzo de 2019 por Movimento dos Atingidos por Barragens

Publicado 15/09/2021 – Atualizado 15/09/2021

Este 22 de marzo se completan dos años desde que perdimos a nuestra compañera Dilma Ferreira Silva, militante del MAB en Pará. En su homenaje, una pequeña biografía, originalmente publicada en la cartilla Nuestra lucha es por la vida, basta de impunidad!, editada por el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) en 2019.

«¡Las Marías somos nosotras! Nosotras somos las verdaderas Marías, guerreras, luchadoras que están ahí en el desafío de la lucha del día a día.» (Dilma Ferreira Silva, Encuentro Nacional de las Mujeres Afectadas por Represas, Brasilia, abril de 2011)

Dilma Ferreira Silva nació el 11 de febrero de 1972. Luchadora incansable, nunca se doblegó frente a las injusticias, ya que desde su lugar de nacimiento, en Esperantinópolis, en el estado de Maranhão, cultivó la esperanza; no esa del verbo esperar, sino esa del verbo esperanzar, tal qual nos enseñó Paulo Freire. Madre de una hija, tuvo como una de sus principales características la empatía con el sufrimiento de los más humildes. Fue una mujer llena de coraje en los momentos de lucha y al mismo tiempo bastante divertida.

En la búsqueda por mejores condiciones de vida para su familia y movida por las promesas de empleo devenidos de la construcción de las esclusas de la hidroeléctrica de Tucuruí, Dilma dejó Maranhão y se mudó para la ciudad del mismo nombre, en Pará. Fue a vivir en el barrio Palmares, una ocupación en la periferia, y pasó a enfrentar, en la propia piel, las contradicciones provocadas por la hidroeléctrica en el territorio: por un lado, la riqueza producida por una de las mayores plantas del país, por el otro, la miseria y la negación de derechos sufrida por los afectados, muchos de los cuales nunca tuvieron ningún derecho garantizado.

La hidroeléctrica de Tucuruí es uno de los tantos proyectos de infraestructura iniciados en la ditadura militar, en un momento en el que poco o nada se discutía acerca de las problemáticas de este tipo de «desarrollo». La planta pertenece a la estatal Eletronorte, es considerada la segunda más grande del país, con 8.370 MWh de potencia, y está localizada en el río Tocantis, a cerca de 300 km de distancia de Belém, capital del estado Pará.

Hasta hoy Tucuruí es un caso emblemático de violación de derechos humanos en la construcción de represas, conforme consta en el informe publicado por el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana sobre el tema, en 2010.

La lucha de Dilma

Dilma se comprometió con el MAB y pasó a denunciar las violaciones de los derechos de estas poblaciones históricamente negados por el Estado brasileño. En 2005, Dilma fue invitada a integrar la coordinación regional del MAB, en Tucuruí. Por destacarse en el trabajo junto a las familias afectadas, en especial con las mujeres, a partir de 2006 pasó a integrar también el colectivo de mujeres del movimiento.

La organización de los afectados en el MAB posiblitó algunas conquistas en la región, especialmente proyectos para generación de ingresos económicos. Dilma estuvo al frente del proceso de formación de una coperativa de creación y comercialización de peces. También organizaba la distribución de las cestas básicas para las familias que más necesitaban y colaboró con un proyecto de construcción de cisternas, conquistas de la lucha y de la organización del MAB en la región.

En 2011, Dilma Ferreira, como integrante de la coordinación del movimiento, participó del Encuentro Nacional de las Mujeres Afectadas por Represas, que reunió más de 500 mujeres en Brasilia. Fue allá que ella conoció su tocaya, la presidenta Dilma Rousseff. En la ocasión, Dilma Ferreira fue la responsable por entregar a la presidenta la agenda de reivindicaciones del movimiento, que pedía la creación de la Política Nacional de Derechos de los Afectados por Represas (PNAB, por sus siglas en portugués) y denunciaba los riesgos de la implantación de otra gran hidroeléctrica en la Amazonia, en Belo Monte. Esta agenda sigue sin ser atendida por el gobierno brasileño.

En el último período, Dilma vivía en el Asentamiento Salvador Allende, en la zona del municipio de Baião, también en el estado Pará. El asentamiento fue fruto de la ocupación de la Hacienda Piratininga por familias organizadas en la Vía Campesina. A partir de 2013, Dilma participó de ese proceso en la organización de las familias para garantizar esa conquista. Luego de hacerse efectivo el asentamiento, Dilma empezó a dedicarse al cultivo de la tierra y a la organización de un grupo de base del MAB en la localidad.

El crime: asesinaron nuestra compañera

Brasil carga consigo el peso de ser el país donde más defensores de derechos humanos son asesinados. En este contexto, es el mayor índice en relación a los militantes que ejercen un papel fundamental en la lucha por el derecho a la tierra, a la vivienda y al medio ambiente, y sobre todo en la Amazonia.

Dilma fue asesinada brutalmente en la madrugada del día 22 de marzo de 2019, dentro de su residencia, en el Asentamiento Salvador Allende, junto a su compañero, Claudionor Costa da Silva, y un amigo de la pareja, llamado Hilton Lopes.

El sospechoso de ser actor intelectual de las muertes es el hacendado Fernando Ferreira Rosa Filho, pero conocido como Fernandinho. Èl también es investigado por mandar a matar tres vigilantes que eran sus empleados y estaban insatisfechos con la realidad laboral a la cual Fernandinho los sometía. El crimen ocurrió en la víspera del asesinato de Dilma. Además de eso, dos meses antes, algunos campesinos dieron una entrevista al portal Amazônia Real y relataron que el acusado habría disparado contra un líder del Frente Nacional de Lutas de Campo e Terra. La víctima sobrevivió al ataque, pero el caso no fue investigado.

De acuerdo con las investigaciones y con los informes técnicos todavía en curso, Dilma fue amarrada, amordazada, torturada y se sospecha que también haya sido violada antes de tener su cuello cortado. Todos los indicios llevan a creer que el crimen practicado no fue simplemente una ejecución, sino un crimen de odio ejercido contra una mujer militante, que ocupaba legítimamente un terriorio de interés por parte del principal sospechoso.

El caso se tornó un enigma para el Estado y para los movimientos sociales por no haber noticias de conflicto agrario actualmente en la localidad, pues el asentamiento donde Dilma vivía ya había sido regularizado desde 2011. Aunque la tierra fuera pública, el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) pagó más de un millón de reais por 7.270,44 hectáreas al autoproclamado dueño. Sin embargo, diversos testigos denunciaron que el interés de Fernando Ferreira Rosa Filho era más específico: él tenía como objetivo construir una pista de aterrizaje clandestina para tráfico de drogas en el área del asentamiento.

Luego de la repercusión nacional e internacional del caso, el gobernandor de Pará, Helder Barbalho, ordenó la creación de una comisión de trabajo de la policia civil para investigar el caso. El delegado general Alberto Teixeira, a partir de lo que fue recogido en los informes policiales, cree que no era interesante para Fernandinho tener líderes sociales viviendo en las proximidades de su «negocio», así como también quería callar los empleados que amenazaban con poner una demanda en la Justicia del Trabajo.

La prisión de Fernandinho fue anunciada el día 26 de marzo, incluso antes de la captura de los ejecutores del crimen, cinco personas, de los cuales cuatro son hermanos. La rápida prisión del autor intelectual del crimen mostró que cuando hay voluntad política de los gobernantes, es posible resolver este tipo de crímenes. Los pistoleros contratados fueron Valdenir Farias Lima y los hermanos Marlon Alves, Cosme Francisco Alves, Alan Alves y Glaucimar Francisco Alves. Valdenir confesó haber participado en el crimen, así como también la participación de los hermanos y confirmó que el mandante de las muertes habría sido Fernandinho. De los ejecutores, dos están presos, dos fueron muertos y uno está forajido.

El asesinato de Dilma, Claudionor y Hilton es considerada la primera masacre por conflictos agrarios en el país en el año de 2019. El caso tuvo repercusión internacional y generó una ola de manifestaciones de solidaridad con la familia de Dilma y con el MAB. También dio luces sobre el aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos, sobre todo en la Amazonia, en una coyuntura en la cual el propio gobierno brasileño ha sugerido que los criminales podrán contar con la impunidad.

Una vida de lucha para que las aguas sean para la vida y no para la muerte

El asesinato del Dilma es otro triste momento en la historia del MAB, que justamente el día 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Es también un caso más de violencia en el campo, autorizada por el discurso de odio y por el desprecio del actual gobierno federal.

Para los militantes del MAB y defensores de los derechos humanos, el asesinato de otra compañera más significa que, hacer la lucha popular por el derecho del pueblo se trata de una invitación a la donación de la vida por la causa de los trabajadores.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por los derechos de los afectados, en defensa de la vida y contra la privatización del agua. No nos callarán. Seremos como el agua, por más grande que sean los muros, jamás conseguirán detener nuestra fuerza.

¡Dilma Ferreira, presente, presente, presente!

Traducción: Ciro Casique Silva

Dos años sin Dilma Ferreira; conoce la trayectoria de la defensora del territorio amazónico

Comunicado | Equinox Gold quiere criminalizar a quien lucha por el agua

Publicada el 23/07/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

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Comunicado | Equinox Gold quiere criminalizar a quien lucha por el agua

La minera Equinox Gold intenta prohibir a los afectados de realizar manifestaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana, en Maranhão; MAB repudia el intento de criminalización de la lucha por derechos en la región. por Movimento dos Atingidos por Barragens

Publicado 09/07/2021 – Atualizado 22/07/2021

El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), viene públicamente a repudiar la conducta de la empresa canadiense Equinox Gold que, por medio de acciones judiciales, a través del cercenamiento a la libertad de expresión y a la libre manifestación, pretende intimidar y criminalizar a la integrante del MAB, Dalila Alves Calisto, así como a los liderazgos locales, Jonias Pinheiro, Daiane Lima, Maria Valdiene Teixeira y Maria Aldineia Teixeira, defensores de los derechos humanos en Aurizona, distrito del municipio de Godofredo Viana, en el estado de Maranhão.

Lodo tóxico de la minera Equinox Gold que contaminó manantial de agua y que abastecía el distrito de Aurizona. Foto: Divulgación. — Lodo tóxico de la minera Equinox Gold que contaminó manantial de agua y que abastecía el distrito de Aurizona. Foto: Divulgación

En su demanda, la minera pide a la justicia del estado que prohiba a los afectados de realizar manifestaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana. La empresa acusa a las protestas realizadas por parte de los afectados y afectadas el día 28 de abril de 2021 como actos ilegales y arbitrarios que violan los derechos constitucionales de la misma. La protesta a la que la minera se refiere tuvo una duración de más de 36 horas y contó con decenas de personas, afectados de Aurizona, que se manifestaban reclamando a la empresa el acceso al agua potable, de forma regular y de calidad para las familias, y que fuera instaurada una mesa de negociación entre los afectados, el MAB, la Defensoría Pública, la Equinox Gold y los gobiernos municipal y estadual para discutir los problemas emergentes e históricos de la población de Aurizona, causados por la actuación de la minera en la región.

La interrupción en el abastecimento de agua en Aurizona se dio luego de la ruptura de la represa Lagoa do Pirocaua, el día 25 de marzo de este año, que generó serios impactos sociales y ambientales, entre ellos la contaminación del reservorio Juiz de Fora que abastecía toda la población del distrito. En el documento, la minera llega a acusar los propios manifestantes de estar bloqueando la entrega de agua a los habitantes de Aurizona, en el intento de culparlos por la falta de agua en la comunidad.

El derecho a la información y participación; ambiente saludable; a la libertad de reunión, asociación y expresión, que constan en el informe del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) de noviembre de 2010 [1], fueron sistemáticamente violados por Equinox Gold. Es inaceptable que la empresa permanezca impune frente a graves crímenes ambientales y denuncias de violaciones de derechos humanos. La lucha por el derecho al agua en Brasil no puede ser tratada como un crimen. Para el MAB está claro el intento de la minera de criminalizar la lucha popular y la organización de los afectados en la región.

El modelo vigente en Brasil de implementación de proyectos del capital, como es el caso de la minería, propicia de manera recurrente graves violaciones de derechos humanos y ataques a las poblaciones que luchan por mejorías, lo que refleja el contexto de violencia a la que los afectados y afectadas son sometidos en los territorios donde tales proyectos son desarrollados. En el caso de Aurizona, esa práctica de intimidar, criminalizar, descalificar y perseguir liderazgos locales ya es típica y sistemática por parte de Equinox Gold. Siempre que sucede algún tipo de protesta o manifestación en el distrito de Aurizona es común que la minera presente maniobras jurídicas para coaccionar e intimidar a líderes y liderezas con el propósito de frenar e impedir a la comunidad de ejercer sus derechos. Una de las liderezas que hace años sufre con ese contexto de criminalización es Daiane Lima, que está siendo indiciada en varias demandas presentadas por la empresa minera. Todos los procesos a los que Daiane responde en la justicia son relacionados a las luchas que siempre llevó a cabo por más derechos para Aurizona en detrimento de las actividades de Equinox Gold.

Desde la ruptura de la represa de la minera, diversos acuerdos fueron firmados por la empresa, que ésta sigue sin cumplirlos. Desde entonces, la mayoría de las residencias no tienen agua de forma permanente en los grifos. Hay días en los que no llega agua a las residencias y en otros casos el agua que llega posee una coloración negra y con un fuerte olor. Para el MAB esta acción de la minera Equinox Gold representa otro ataque más a la población de Aurizona, que ya sufre con la negación de empleos, explosiones que generan grietas en sus casas, con la ruptura de la represas y la falta de agua en la comunidad.

[1] MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Violação dos Direitos Humanos na construção de barragens – síntesis del Informe de la Comisión Especial “Afectados por Represas” Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana. Disponible en: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/Violacao-dos-Direitos-Humanos-na-construcao-de-barragens.pdf

Traducción: Ciro Casique Silva

Comunicado | Equinox Gold quiere criminalizar a quien lucha por el agua

Evidencias comunes en la ruptura de represas, apagones en Brasil y en los Estados Unidos

Publicada el 14/07/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

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Evidencias comunes en la ruptura de represas, apagones en Brasil y en los Estados Unidos

Los desastres ambientales de grandes proporciones que han sucedido en los dos países evidencian las consecuencias de un modelo de actuación común de los agentes privados del mercado. por Caitlin Schroering do Comitê de Solidariedade ao Movimento dos Atingidos por Barragens nos EUA, Letícia Oliveira da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens

Publicado 14/07/2021 – Atualizado 14/07/2021

El municipio de Brumadinho cubierto por lodo tóxico después de la ruptura de la represa de la Vale. Foto: Bruno Ferrari

En abril de 2021, un lugar de almacenamiento de mina de fosfato amenazó con lixiviar material radioactivo hacia la Bahía de Tampa, en Florida; algunas semanas antes, una represa de mina de oro en Brasil se rompió, contaminando el lugar de abastecimiento de agua potable de 4.000 personas en el estado Maranhão. En febrero y marzo, habitantes de los estados Mississipi y Texas (EE.UU.) enfrentaron apagones de energía y falta de agua potable. En noviembre de 2020, en Brasil, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica por 3 semanas, que afectó a 765 mil personas, durante la pandemia de la Covid-19. En Brasil, desde el año 2000 ya ocurrieron por lo menos 12 rupturas en represas, lo que en promedio sería una ruptura de represas a cada 2 años. En el estado Minas Gerais, el segundo en producción del mineral de hierro del país, fueron 7 rupturas de represas de residuos mineros en 13 años.

A primera vista, esos sucesos no parecen relacionados. Profundizando un poco más, sin embargo, podemos constatar algunas evidencias comunes en estos acontecimientos de la realidad. El colapso de represas, desastres de minería, la falta de agua y los apagones de energía no son solo desastres «naturales», sino resultados provocados por la acción de los agentes privados del mercado. Esas situaciones son el resultado de centenas de años de imperialismo y colonialismo, seguidos por décadas de reformas neoliberales con privatizaciones, especulación financiera desenfrenada, y falta de responsabilización y reglamentación por parte de las empresas y de los gobiernos.

Finanzas globales y minería

Globalmente, 85% del fosfato extraído es usado para hacer fertilizantes; el estado americano de Florida actualmente es responsable por 25% de la producción mundial de fosfato. Una de las mayores fábricas de fertilizantes del mundo existe en Pool County, Florida, de propiedad de Mosaic, la mayor empresa privada de fosfato del mundo. Inclusive frente a una masiva oposición popular, el gobierno local aprovó la expansión de las operaciones de las plantas. Una de las razones de esa oposición es que las minas de fosfato y las fábricas de fertilizantes producen un residuo denominado fosfoyeso, que es radioactivo. Mientras la industria de fosfato continúa haciendo lobby para usar esos residuos para construcción y material de construcción de carreteras, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) no recomienda su uso porque lo considera un material peligroso para la salud. Entonces, la industria lo almacena. Uno de esos lugares de almacenamiento de residuos, Piney Point, se tornó noticia internacional al inicio de abril, cuando el reservatorio de almacenamiento estaba en riesgo de colapso, y equipos de trabajo bombearon millones de galones de esa agua contaminada (radioactiva) en la Bahía de Tampa, un área ambientalmente precaria.

Como relató un artículo en The Guardian, el lugar tiene una larga historia de polución, aunque los propietarios del lugar hayan cambiado a lo largo de los años. El gobernador de la Florida, Rick DeSantis, anunció que está haciendo una planificación para cerrar Piney Point y limpiar el área afectada por el emprendimiento y sus consecuencias. El gobierno todavía quiere responsabilizar la empresa HRK Holdings, empresa que ahora posee un local. Pero la población del sitio tiene dudas acerca de si esa planificación será de hecho cumplida por el gobierno. La HRK Holdings posee accionistas en común con la empresa canadiense Xemplar, que explota una mina de uranio en Namibia.

Agua, energía y minería poseen relaciones estrechas en la producción y en la propiedad controladora. Los fondos financieros internacionales BlackRock y Vanguard, por ejemplo, detentan acciones de Equinox Gold, con sede en Canadá y también de la Vale S.A.. Blackstone detenta acciones (es el segundo mayor titular) de la Energy Transfer (Texas), discutido abajo. El mismo sistema financiero y los mismos actores corporativos están en juego: falta de medidas internacionales para responsabilizar las corporaciones, mecanismos financieros que permiten que las empresas de fachada sean esencialmente apátridas y no presten cuentas a nadie, las tornan difícil de responsabilizar.

Brasil es el segundo productor de mineral de hierro del mundo y el principal comprador de Brasil es China. El mineral de hierro fue el tercer producto más exportado por Brasil en 2019. Los dos estados con mayor producción de mineral de hierro en el país son Pará y Minas Gerais. Ambos estados sufrieron con recientes rupturas de represas de residuos mineros. La empresa responsable por las últimas dos rupturas de represa en Minas Gerais es Vale. La Vale es la segunda mayor empresa minera del mundo, con sede en Brasil, pero con capital siendo negociado en las principales bolsas de valores del mundo. Más del 45% de los accionistas de Vale son internacionales, incluyendo algunas de las mayores empresas de manejo de inversiones del mundo, con sede en los Estados Unidos. Por ejemplo, BlackRock y Capital Group, cada una, detenta cerca del 5% de las acciones en Vale, y el grupo Vanguard también posee acciones en la misma. La Vale ejecuta una maniobra llamada de triangulación, que es realizada por otras empresas también, a modo de reducir el pago de impuestos. Ella vende su producción de mineral de hierro en Brasil a su subsidiaria en Suiza, a precios más bajos que los del mercado y con eso paga bajos valores de impuestos en Brasil. Después, la Vale de Suiza revende el mineral para China a precio de mercado. Con esa maniobra Vale dejó de pagar al Estado brasileño US$ 12,4 billones de 2009 a 2015

La explotación de oro por la empresa minera Aurizona Mineração que integra el grupo canadiense Equinox Gold, en Maranhão existe desde 2010, pero las investigaciones minerales en esa región datan de la década de 1970 y la minería ilegal de oro existe allí desde el siglo XIX. El nombre Aurizona que es también el nombre de la comunidad donde se ejecuta la explotación de oro, significa «zona del oro». La empresa ya registra una recurrencia de problemas en sus operaciones. En 2014 hubo filtración del material del área de la zona minera que provocó una mortandad de peces, en 2018 hubo un deslizamiento de la pila de estéril, bloqueando carreteras e impactando una región de manglares y ahora en marzo de 2021 ocurrió la ruptura de la represa que afectó el lago de Juiz de Fora. Este lago es usado por la población de la comunidad de Aurizona para su abastecimiento de agua. Con la ruptura de la represa las personas de la comunidad están sin acceso al agua. Las cerca de 4 mil personas consiguieron que la empresa les suministrara agua, pero el agua ha venido con olor y coloración fuertes. La Equinox Gold es fruto de la fusión de varias empresas canadienses como Luna Gold y Trek Mining y la misma también posee relaciones con Pan American Silver, a través del presidente de ambas empresas.

Esas rupturas son intrínsecas del modelo de minería vigente. En plena crisis del capitalismo, para recuperar y elevar sus tasas de lucro, las empresas aumentan la producción de mineral cuando el valor del mineral de hierro en el mercado internacional sufre caída y reducen gastos con la manutención de las estructuras de contención de residuos. Las empresas gastan aún menos con seguridad, para garantizar la continuidad de los exorbitantes lucros. Así, con el aumento de la producción de mineral se produce también el aumento de la producción de residuos y el colapso de las represas. Con eso, al final de cada ciclo de aumento y caída del valor internacional del hierro, hay una gran probabilidad de un nevo desastre. Todas la empresas responsables por los desastres son empresas privadas pero es la población y el medio ambiente quien sufre los daños. Las empresas continúan teniendo un aumento de sus lucros, como es el caso de la Vale, que en 2 años luego de su ruptura en Brumadinho, tuvo una valorización de 119,8% en sus acciones.

Los fracasos de la privatización y la desregulación

En febrero de 2021, una tempestad de invierno barrió Texas, dejando 4 millones de personas sin energía en uno de los períodos más fríos de la historia reciente. Este no fue apenas un desastre «natural». El estado de Texas tiene un mercado desregulado, en el que los defensores prometieron suministrar energía más confiable y barata; sin embargo, en vez de eso, desde la década de 2004, las personas en verdad pagaron US$ 28 billones más. Texas es el único estado no conectado a las redes en otros estados. Los apagones en Texas fueron causados por la desregulación y privatización —el sistema internacional del neoliberalismo, que es promovido como una solución para los males del mundo, cuando la verdad es que los perpetró. Mientras que las personas sufrieron, y algunas hasta murieron— durante la tempestad de invierno, los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles se lucraron. Y las tarifas, en pleno apagón, llegaron a ser más caras, llegando a US$ 19 mil/MWh en estos lugares, un paraíso para el capital financiero que controla y especula estos negocios.

Aunque la tempestad de invierno y la caída de energía en Texas recibiesen atención nacional e internacional, menos atención fue atraída hacia los efectos del mismo frente de invierno en Mississippi. Debido a las caídas de energía en la capital de Mississippi, Jackson, los habitantes quedaron sin agua por un mes entero. Más de 82% de los residentes de Jackson son negros, el racismo y la falta de inversión del gobierno conllevaron a esta situación. Nuevamente: un desastre «natural» no es la raíz del problema. En vez de eso, una crisis de infraestructura alimentada por décadas de desregulación, austeridad y reformas neoliberales, junto con el racismo histórico y estructural, son la causa raíz. Más de US$ 743 billones son necesarios para reparar la infraestructura hídrica obsoleta en los Estados Unidos. El presidente Biden propuso un paquete de infraestructura de US$ 2 trillones para eliminar las tuberías de plomo y mejorar «la salud de los infantes y de las comunidades negras de nuestro país», de acuerdo con la página web de la Casa Blanca. Aunque ésta sea una buena noticia, también debemos ser cautelosos: hay esfuerzos (inclusive por parte de los demócratas) de usar este proyecto de ley para conceder licencia a la industria privada y promover las «alianzas público-privadas», que a su vez se probaron desastrozas para el pueblo, en cualquier país en el que ocurrieron.

Los Estados son cómplices de las empresas en esas violaciones de derechos, una vez que son ellos los responsables por fiscalizar las actividades de éstas. Pero el Estado bajo el dominio de la doctrina neoliberal sufre lo que llamamos de captura corporativa que no es más que la influencia directa que las empresas ejercen en las decisiones que deben ser tomadas por el poder público. La captura completa de las agencias reguladoras es la prueba de eso. Eso ocurre porque en la sociedad actual las grandes empresas tienen más poder que los Estados y negocian con ellas lo que ellos podrían dejar de ganar si actuaran contra los intereses de las empresas. En Brasil, los intereses de las empresas hacen que el Estado no se organice para fiscalizar las represas. No hay estructuras adecuadas y tampoco disponibilización de recursos necesarios para el área de fiscalización. La Agencia Nacional de Minería (ANM) debe fiscalizar 816 represas pero posee sólo un tercio de los técnicos necesarios para ejecutar las inspecciones en las estructuras y su presupuesto viene disminuyendo a cada año. Hoy, en Brasil son más de 45 represas en riesgo extremo, sin estabilidad probada. De ellas, 42 están en el estado Minas Gerais. En los EE.UU., la regulación de seguridad de represas también es dejada a los estados y no es regulada federalmente.

En Brasil, en 2021, la población sufrió con un gran racionamiento de energía eléctrica en todo el país. Ese apagón, como fue llamado, fue resultado del modelo neoliberal que fue implementado en el país en los años anteriores y que privatizó las empresas de energía, así como, redujo la planificación y la inversión del Estado hacia el sector eléctrico. El resultado fue un colapso nacional. En 2020, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica. La empresa responsable era la española Isolux que cambió de nombre en 2019 para Gemini Energy, y no consiguió encontrar una solución para el problema de la falta de energía. Una estructura que debería tener una vida útil de 30 años, colapsó en menos de 10 años bajo control privado. Quien actuó para resolver la crisis energética en Amapá fue Eletrobrás, empresa estatal que el gobierno de Bolsonaro quiere privatizar. Bajo esa misma política neoliberal, el estado de São Paulo, en 2014, sufrió con la falta de agua debido a la lógica de la tasa de lucros máxima, en el menor tiempo y de gasto mínimo para garantizar la calidad del servicio. No es sólo falta de planificación y de inversión del gobierno en el sector, es la esencia de la lógica privada en los servicios públicos. Mientras la población racionaba agua en São Paulo, cerca de 500 grupos privados eran privilegiados con bajos precios para el agua, por la Compañía de Saneamiento del estado de São Paulo (Sabesp), entre ellos industrias, centros comerciales, condominios y grandes hoteles. En Brasil, el sector del agua y saneamiento es formado en su mayoría por empresas estatales (90%), pero la privatización se avecina con el aumento de las alianzas público-privadas en esa área.

Las fuentes de energia eléctrica en Brasil son en su mayoría (64%) de fuente hídrica. Esa fuente de energía es una de las que presenta menor costo de producción pero el precio pagado por el consumidor brasileño es uno de los más altos del mundo. Las altas tarifas de agua y energía son otra característica y consecuencia de la privatización. Para empeorar, el gobierno pretende privatizar lo que resta, efectivar la privatización de Eletrobrás que es la empresa estatal de energía del país. Hoy las hidroeléctricas de Eletrobrás venden energía a R$ 65,00 por Megawatt/hora, siguiendo las reglas de precios de mercado. Ese aumento en el valor de venta de energía será cobrado en las cuentas de los consumidores finales.

Todas esas situaciones muestran como bienes naturales que deberían estar al servicio de la población están, a decir verdad, siendo apropiados por las empresas privadas y siendo usados como mercancía para generación de lucro. Apagones, desastres en la minería, falta de agua, entre otros, no son eventos naturales. Todas esas situaciones relacionadas al agua, a la energía y a la minería tienen como origen el control privado de las empresas, formado por el capital financiero que dicta cuáles son las prioridades de las mismas: presentar altas tasas lucros para sus accionistas, altos rendimientos para los bancos y grupos financieros que invierten en ellas, siendo que muchos de esos grupos son comunes entre las empresas. Quien sufre con la prioridad de lucro de las empresas es la población más pobre, principalmente porque necesita pagar las altas tarifas, recibe servicios de baja calidad y ejecutados sin seguridad, que afectan áreas adyacentes y provocan contaminación ambiental. Los gobiernos aceptan esas situaciones y no consiguen fiscalizar ni castigar al estar orientados por una política neoliberal que estimula la relación corrupta entre estados y empresas. Es el Estado siendo capturado por el capital para servir a las empresas, como un agente al servicio de la clase dominante.

Mala para la mayoría del pueblo, esta realidad es común en los Estados Unidos, en Brasil y en el mundo. Cabe, entonces, a los afectados por esa realidad organizarse colectivamente para enfrentar todo ese aparato que se propone destruir sus formas de vida en nombre del capital.

Traducción: Ciro Casique Silva

Evidencias comunes en la ruptura de represas, apagones en Brasil y en los Estados Unidos

Brasil quiere reactivar construcción del complejo hidroeléctrico más grande de América latina

Publicada el 23/04/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

MAB lo retwitteó
Radio Mundo Real – RMR

Bolsonaro quiere reactivar construcción del Complejo hidroeléctrico más grande de América Latina. El Movimiento de Afectados por Represas @MAB_Brasil
advierte que unas 20 mil personas de Argentina y Brasil serían afectadas a ambos lados del río Uruguay.

Entrevistas 23 de abril | 2021

Brasil quiere reactivar construcción del complejo hidroeléctrico más grande de América latina

Movimiento de Afectados por Represas (MAB) advierte que unas 20 mil personas de Argentina y Brasil serían afectadas a ambos lados del río Uruguay.

El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) está en alerta ante la posible reactivación del proyecto hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí, que desarrollarían la empresa Eletrobras junto a Ebisa de Argentina.

De realizarse, el proyecto se convertiría en el complejo hidroeléctrico más grande de América Latina, con una presa construida a cada lado del río Uruguay, afectando a 35 municipios entre Argentina y Brasil, lo que implicaría a unas 12.600 personas -según cálculos oficiales- o a más de 20 mil personas, según cálculos del MAB.

Nos comunicamos con Tatiane Paulino de la coordinación nacional del MAB en Río Grade do Sul para analizar los impactos y afectaciones que podría provocar este proyecto si se reactivara.

«Enfrentamos dos virus en Brasil: la COVID-19 y el negacionismo de Bolsonaro -dijo la activista-. El país pasa por una crisis económica, más de 19 millones de personas tienen hambre… y en este contexto van a reactivar un proyecto hidroeléctrico que implicaría expulsar a miles de personas de los municipios donde viven, sin haber sido consultadas previamente sobre qué opinan del proyecto ni haberles brindado información de a dónde podrían ir a vivir. Además, la construcción de estas megarepresas implica inundar 60 hectáreas del Parque Turvo y unas 90 mil hectáreas en total serían afectadas, entre ambos países».

EL PROYECTO

El proyecto hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí se remonta a los años 70, cuando Argentina y Brasil estaban viviendo dictaduras. Desde entonces pasó por varios avances, contratiempos y resistencias.

La propuesta que se maneja actualmente es de 2010, basada en los Estudios de Inventario Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Uruguay realizados por las empresas Eletrobras de Brasil y Ebisa de Argentina. Supone la construcción de la presa de Panambí con una altura de 130 metros, que inundaría unas 60 hectáreas del Parque Estatal de Turvo, que alberga especies animales en peligro de extinción, como el jaguar, el tapir, el puma, el águila arpía, entre otras especies de fauna y flora.

Con ese dato, la Justicia decidió frenar la construcción, respondiendo a una acción civil pública presentada por los Ministerios Públicos de Santa Rosa y del Estado de Rio Grande do Sul contra el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) y Eletrobrás. Entre 2015 y 2017 varios tribunales ordenaron frenar los estudios de impacto ambiental y se ordenó al IBAMA que «se abstenga de seguir adelante con el proceso de concesión de licencias ambientales para construir la central eléctrica de Panambi o cualquier otra que implique un daño directo o indirecto al Parque Estatal de Turvo».

Pero el próximo miércoles 28 de abril la situación podría cambiar, ya que el IBAMA y Eletrobrás presentaron un recurso en el tribunal TRF4 de Porto Alegre para reanudar los estudios de impacto ambiental en la presa de Panambí. «Si se aprueba la reanudación de los estudios esto significará un aval para la construcción del complejo hidroeléctrico binacional», advierten desde el MAB.

«La gente no fue consultada por estos proyectos y vive con mucha angustia e incertidumbre lo que podría pasar con ellos si se aprueba la construcción de la hidroeléctrica», dijo Tatiane Paulino, recordando que miles de personas se dedican a la pesca artesanal y a la agricultura.

Las mega represas serían construidas en el río Uruguay, en la frontera entre Brasil y Argentina, entre el estado de Rio Grande do Sul (BR) y las provincias argentinas de Corrientes y Misiones. El proyecto incluye dos presas: la de Garabi ubicada desde los municipios de Garruchos (BR y ARG), afecta a 8 municipios brasileños y 7 argentinos. La presa de Panambi se encuentra en los municipios de Alecrim (BR) y Panambi (ARG), llegando a 11 municipios brasileños y 9 argentinos.

«Todos los días hay nuevos proyectos de privatización en Brasil, como éste que retoma la privatización de Eletrobras a través del proyecto hidroeléctrico binacional», advirtió la coordinadora del MAB.

Mientras siguen sin desarrollarse políticas que garanticen los derechos de afectados por represas, «hay una connivencia entre el gobierno y el estado de Río Grande do Sul para garantizar todos los medios legales para desarrollar la construcción del proyecto con Eletrobrás. Las autoridades están discutiendo una nueva ley ambiental en el Estado de RS para autorizar la reducción del Parque Turvo y justificar así la construcción de la hidroeléctrica».

Brasil quiere reactivar construcción del complejo hidroeléctrico más grande de América latina

Publicada el 28/03/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

COPINH

📌 #JusticiaParaBerta | Proyección en el Congreso Nacional en Brasilia en homenaje a los 30 años del MAB y a #BertaCáceres asesinada en 2016 y Dilma Ferreira, afectada por Tucuruí en Pará, ambas asesinadas en la lucha en defensa del agua y los ríos MAB_Brasil

📌 O Congresso Nacional em Brasília recebe uma projeção em homenagem aos 30 anos do MAB e as militantes Berta Cáceres, assassinada em 2016 e Dilma Ferreira, atingida por Tucuruí no Pará, também assassinada em 2019, ambas mortas na luta em defesa da água e dos rios

Fotos: @thisabino

Nota | Luego del acuerdo acerca de Brumadinho entre la Vale y el gobierno del estado Minas Gerais, el MAB recurrirá al Supremo Tribunal Federal

Publicada el 05/02/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho: MAB denuncia acuerdo sin participación de los afectados

Publicada el 27/01/2021 | por Redlar | Dejar un comentario

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Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho: MAB denuncia acuerdo sin participación de los afectados

La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros por Movimento dos Atingidos por Barragens

Publicado 27/01/2021 – Atualizado 27/01/2021

“El único objetivo de la Vale es el lucro por encima de la vida. En la región de Brumadinho, la empresa, a cualquier costo, actúa con el propósito de no pagar por sus crímenes. Quiere evitar nuevos gastos en la reparación de los derechos violados. Al mismo tiempo, quiere continuar explotando minerales en Minas Gerais, enviándolos fuera del país sin pagar el mínimo de los impuestos”

Para conseguir tales objetivos, la Vale utiliza diversas estrategias, desde la subyugación de gobiernos, parlamentarios, el Poder Judicial, órganos del gobierno y demás estructuras jurídicas institucionales, hasta la desorganización de la población y el debilitamiento de su capacidad de lucha por medio de la cooptación de los afectados, afectadas y liderazgos populares, aunado a la constante divulgación de noticias falsas.

Existe también una estrategia ideológica de comunicación, con propagandas dirigidas a la sociedad y a los accionistas para ocultar la realidad del pueblo y burlar los hechos verdaderos.

En la práctica, lo que la Vale está haciendo es, a través de su poder económico, controlar política e ideológicamente para dominar el territorio y con ello continuar garantizando altos lucros para el sistema financiero, para banqueros y fondos de inversiones internacionales; sus propietarios actuales.

La población de la cuenca del río Paraopeba y el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) fueron sorprendidas el día 22 de octubre de 2020, en el silencio de la noche, con la noticia de que la empresa Vale S.A., el gobierno del estado de Minas Gerais e instituciones de la Justicia estaban realizando un gran acuerdo clandestino que decidía el futuro de las indemnizaciones y la vida de los afectados en la región.

Este acuerdo es un escándalo, porque decide sobre el proceso de reparación, como resultado de la ruptura de la represa de Córrego do Feijão, en Brumadinho, de forma descarada, sin la participación de las personas afectadas y contando además con la protección del deber de sigilo jurídico bajo la decisión de juezes y fiscales.

El acuerdo global involucra a la Vale, el gobierno de Minas, las defensorías y ministerios públicos, además de la Fiscalía General de la Unión.

Inicialmente, contemplaba un proceso judicial por el valor total de R$ 54 mil millones que incumbía a dos demandas: una de R$ 26 mil millones, que corresponde a los daños económicos sufridos por el estado y otra de R$ 28 mil millones que corresponde a los daños morales y sociales colectivos; a la comunidad.

La empresa Vale propuso pagar un total de R$ 21 mil millones, siendo el “techo global” de pagos unos R$ 16,45 mil millones, que incluiría la realización de obras en Belo Horizonte, ubicada a 60 kilómetros de distancia de Brumadinho, R$ 3 mil millones previstos para la recuperación ambiental, además de los R$ 2,2 mil millones ya usados en indemnizaciones para cerca de 8 mil afectados. Una parcela mil millonaria también sería distribuida al Poder Judicial para que coordinasen acciones en el llamado “sector terciario”.

Esta propuesta de la empresa plantea un reducir para menos de la mitad del valor total de las dos demandas. El hecho concreto es que el acuerdo no permite la participación efectiva de los afectados y afectadas. O sea, las víctimas siguen excluidas, mientras que los señores dueños del poder quieren lucrarse por encima del crimen y de la vida de millares de afectados por la fechoría de la Vale.

Los afectados y afectadas reivindican que las discusiones sobre la reparación de daños no atienden las cuestiones de emergencia (pago de emergencia, suministro de agua, indemnizaciones, entre otros) que garantizarán las condiciones de vida hasta la reparación integral.

Los afectados no están contra el acuerdo, pero, tratándose de la vida del pueblo, deben ser protagonistas en cualquier acuerdo que trate sobre el futuro de sus vidas y de la definición de un valor justo en la reparación de daños, este debe ser un derecho asegurado; poder participar de las decisiones.

El acuerdo es una jugada de la empresa criminal, al colocar para un Estado financieramente fallido la posibilidad de recaudar algunos miles de millones a “nombre de los afectados”, que representan algunos pocos meses del lucro líquido de la empresa, a cambio de la condonación total del pasivo debido por la propia incompetencia en el manejo de la represa de la Mina Córrego do Feijão, en Brumadinho. Así la empresa deja de ser la responsable por la reparación de los derechos de las víctimas, pasando la responsabilidad al Estado.

Se nota que la justicia no se ha mostrado un instrumento efectivo para la reparación integral de los daños, del acceso a la justicia y que no garantiza los derechos de las víctimas.

El Poder Judicial poco conoce de los casos y las necesidades reales y urgentes de los afectados en las localidades. Además de eso, las mineras poseen un enorme aparato jurídico a través de sus innúmeros escritorios de abogacía.

Eso conduce a una fuerte incisión jurídica en recurrir a las decisiones, lo que permite que el aplazamiento de determinaciones definitivas privilegie a quien tiene las mejores condiciones, en este caso, las empresas. De esa forma, esto conlleva a la morosidad en la reparación tanto del medio ambiente como de las víctimas, pues las sobrecarga con un tiempo procesual muy largo.

Así como en la cuenca del río Doce, nuevamente un acuerdo fue construido sin la participación de la población afectada, bajo el pretexto de que la conciliación es la mejor y más rápida forma para la resolución del proceso.

Sin embargo, denunciamos aquí que la celeridad atiende solamente a los objetivos del gobierno del estado de Minas Gerais y de la empresa Vale, sin que eso garantice los derechos de los afectados, especialmente el derecho a la participación.”

Traducción: Ciro Casique Silva

Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho: MAB denuncia acuerdo sin participación de los afectados