Por 25 años, empresarios saquearon y contaminaron el río Laja. Todo frente a Conagua, Profepa y Semarnat. Hoy, los campesinos exigen rescatar su cuenca.
Texto: Raymundo Lucero Vázquez y Jesús Aguilar Balderas en Pie de Página
Fotos: Raymundo Lucero Vázquez
RÍO LAJAS.- Hace doscientos años, horas después del inicio de la Independencia, Miguel Hidalgo contó con su primera tropa. Esta tropa, harapienta e inexperta, estaba conformada por unos 8 mil hombres y mujeres de pueblos campesinos, rancherías y una multitud de peones de haciendas. Casi toda esta gente del pueblo vivía a la orilla de un río de aguas limpias y cristalinas que provenía de las montañas del norte de Guanajuato. Esta primera tropa marchó hacia Atotonilco, al sur de Dolores, para encontrarse con los grupos de otros pueblos, todos venidos de la cuenca del río Laja. Ahí, Hidalgo convirtió el lienzo de la Virgen de Guadalupe en su estandarte de guerra.
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre los proyectos de hidroeléctricas en Chiapas – A 2 de julio de 2020
La Corte de Arbitraje Internacional de Londres sentenció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que iban a construir la hidroeléctrica Chicoasén II, como indemnización porque la obra no han podido llevarse a cabo, derivado de inconformidades y protestas que se han presentado en la zona, entre ella la de propietarios de terrenos que fueron afectados por obras de la paraestatal.
El dictamen es derivado de la demanda de las empresas contra la CFE, por concepto de lo que consideraron, son «pérdidas» que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.
La CFE informó a través de un comunicado, que está evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.
Cabe recordar que en 2015, las empresas Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; Omega de Jorge Melgarejo; y la china Sinohydro, ganaron la licitación que lanzó la paraestatal, para construir la hidroeléctrica, en donde invertirían 386.4 millones de dólares.
Debido a las protestas, el proyecto fue cancelado en 2017, cuando tenía apenas un avance de alrededor de 17 por ciento. Los empresarios inversotes demandaron entonces a la CFE ante la corte londinense -de arbitraje entre empresas y gobiernos-. La corte emitió su sentencia esta semana, argumentando «falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo la obra».
Imagen:Carpeta con el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. Fotografía: Chiapas Parelelo
Chiapas alberga las regiones de mayor biodiversidad del país así como más del 30% del agua superficial del territorio mexicano con 92 mil hectómetros cúbicos, y una reserva de agua subterránea de 2,500 hectómetros cúbicos. Cuenta con 81 cuencashidrográficas.
Ya se iniciaron obras de muros de contención; invadirán y desalojarán sus tierras, alertan
La presa Boca del Cerro es una de las cinco planeadas en la cuenca que divide a México de Guatemala
Según la CFE, su construcción se proyecta para cuatro años y tendrá una cortina de 55.5 metros de altura
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada Domingo 10 de abril de 2016, p. 24
San Cristóbal de las Casas, Chis.
Representantes de más de 60 comunidades de siete municipios del norte y la selva de Chiapas y del Frente Petenero Contra Represas de Guatemala se pronunciaron contra la construcción de la presa hidroeléctrica binacional Boca del Cerro, en el río Usumacinta, pues señalaron que invadirá sus tierras y las comunidades serán desalojadas.
En un pronunciamiento divulgado este sábado, los casi 300 asistentes al cuarto Foro de resistencias y alternativas de los pueblos de la zona norte de Chiapas dijeron que ya se iniciaron los trabajos con la construcción de los muros de contención en ambos lados del Usumacinta, que divide a México de Guatemala, en una extensión de 40 kilómetros.
El encuentro, convocado por la Organización de la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo de la Región Norte, adherente de la Sexta declaración de la Selva Lacandona, se realizó el 6 y 7 de abril en el ejido Victórico Grajales, Palenque, Chiapas, uno de los municipios afectados junto con Tenosique, Tabasco, además de comunidades del departamento de El Petén, Guatemala.
La hidroeléctrica binacional Boca del Cerro es una de las cinco presas planeadas en la cuenca que divide a México de Guatemala. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las obras se planean para cuatro años y tendrá una cortina de 55.5 metros de altura máxima.
La superficie total del embalse contempla mil 799 hectáreas, de ellas 707 corresponden al municipio de Tenosique y mil 92 al de Palenque.
Los asistentes al foro señalaron que el inicio de la obra provocará que en lo inmediato desaparezca la comunidad de San Carlos Boca del Cerro, Tenosique, pues se convertirá en oficinas y campamento de la empresa que construye la cortina de la represa.
Su preocupación, manifestaron, es porque además de todos los daños que les ocasionará la hidroeléctrica, el gobierno no nos indemnizará por nuestras tierras, aumentará el costo de la vida y desapareceremos como pueblos indígenas choles y tzeltales de la región.
Aseguraron que el gobierno federal les impone la represa y viola el artículo 2 de la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere a la autonomía de los pueblos originarios y su derecho a la consulta.
Por lo anterior, se comprometieron a aplicar un plan de trabajo para detener la construcción de la presa Boca del Cerro y se solidarizaron con las acciones de organizaciones hermanas que luchan por detener los proyectos mineros, carreteros, hidroeléctricos y expulsar de nuestras tierras a los grandes empresarios que quieran despojarnos de nuestras tierras.
Informaron que acordaron aplicar acciones que les permiten poner en práctica el control y cuidado de su territorio, pues dicho proyecto contaminará el río y la pesca.
También se pronunciaron en contra de la construcción de más represas proyectadas en territorio chiapaneco, porque afectarán la vida de los pueblos, y las ganancias que generarán servirán para enriquecer a las empresas extranjeras, resultado de la reforma energética, a costa del desalojo de nuestros pueblos y de nuestras tierras.
De paso exigieron justicia por el asesinato de la activista Berta Cáceres Flores, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y por el respeto de los derechos humanos y la vida de los que luchamos contra los megaproyectos y contra las represas, en México, Centroamérica y otros lugares del mundo.
El pasado 8 de diciembre, comunidades de diversos municipios de la Zona Costa y Sierra de Chiapas se manifestaron en Tapachula para defender sus territorios de la minería y las hidroeléctricas. A continuación se muestra el boletín de prensa y la declaración final firmada al final de la movilización. También el video de una entrevista a miembros del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas.
Boletín de prensa
Los ejidos, poblaciones y comunidades de nueve municipios de Chiapas refrendan su compromiso por defender su tierra y territorio de la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas.
A los medios de comunicación
A las organizaciones, movimientos y colectivos nacionales e internacionales:
Comunidades de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Tuzantán, Escuintla, Acacoyagua, Chicomuselo y Comalapa en el estado de Chiapas, que están viendo su territorio y sus ríos amenazados por diversos proyectos de represas, hidroeléctricas y explotación minera hemos decidido manifestarnos conjuntamente a través de sus delegados/as este 8 de diciembre del 2015 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para ratificar mediante un acta conjunta que declaramos nuestros ríos y territorios libres de represas y minas, exigiendo a los tres niveles de gobierno el respeto a nuestra decisión y escuchar La Voz del Pueblo.
Desde el año de 2012, también en Tapachula, se exigió a través de oficio a las autoridades la cancelación de cualquier tipo de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en la región. En este acto la autoridad municipal negó el conocimiento de proyectos de este tipo, pero hemos sido testigos de diversas intervenciones en nuestras comunidades y ejidos por parte de personal y maquinaria de empresas que pretenden hacer estudios, así como de que existen investigaciones de impacto ambiental para los proyectos hidroeléctricos de Chespal y Cuilco, con el fin de implementarnos sin informar o pedir consentimiento de la población, quienes somos los legal y legítimos dueños de estas tierras y por tanto los únicos facultados para decidir sobre su uso y destino,
Desde esa fecha y hasta ahora, las diversas comunidades preocupadas por las implicaciones que pueden tener estos proyectos en nuestra vida, nos hemos reunido ya por varios años en diferentes puntos de la región para compartir información, construir alianzas y tomar decisiones en conjunto. Así y con apoyo de diversas organizaciones hemos conocido acerca de afectaciones que provocan las minas y las represas a las comunidades y al medio ambiente y nos hemos consultado internamente como pueblos y ejidos, siendo el consentimiento libre, previo e informado un derecho fundamentado en la legislación nacional e internacional, decidiendo de forma libre y democrática, que no permitiremos la explotación minera ni el represamiento de ríos en nuestras comunidades y cuencas.
A través de los medios de comunicación y la entrada de personal y maquinaria en la zona sabemos que están proyectadas hidroeléctricas en los ríos Cuilco y Coatán, entre otras, y que existen diversas concesiones para la exploración minera, que ponen en riesgo nuestra seguridad, cultivos, salud y vida comunitaria. A su vez sabemos de muchos intentos de compra de terrenos y voluntades para la aceptación de estos proyectos, lo que está provocando división en las comunidades y posibles conflictos internos por lo que exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que escuchen y respeten LA VOZ DEL PUEBLO y cancelen definitivamente cualquier acuerdo, licencia, concesión o permiso que haya sido expedido para algún proyecto en estas comunidades, así como que nos den toda la información que tengan acerca de los avances e intenciones por parte de cualquier empresa o entidad gubernamental de intervenir en nuestro territorio.
Le pedimos al pueblo de México, a los medios de comunicación y a las organizaciones nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos que estén atentos, con el fin de que se respete nuestra voluntad de mantener los ríos y territorios de la región sin proyectos de extracción minera o generación de energía hidroeléctrica, los cuales no traen desarrollo, ni beneficio para las comunidades. Cuando tan solo PEDIMOS VIVIR BIEN.
Movimiento “La Voz del Pueblo”
Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio.
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos Chiapas A.C.
CI
Declaración final
III DECLARA ÓN DE TAPACHULA
POR TERRITORIOS LIBRES DE REPRESAS Y MINERÍA EN LA SIERRA MADRE del SUR Y LLANURA COSTERA DE CHIAPAS
Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México
8 de Diciembre de 2015
Al Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto
Al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
Al Presidente Municipal de Tapachula, Neftalí del Toro
A las demás autoridades de los tres niveles de gobierno
A las organizaciones nacionales e internacionales
Al Pueblo de México.
Siendo el 8 de Diciembre de 2015, reunidos en el Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México, los 40 ejidos, bienes comunales, comunidades y organizaciones sociales, campesinas e indígenas; representados por sus autoridades legales y legítimos de los núcleos agrarios, por sus delegados y delegadas provenientes de los municipios de Tuzantan, Huhuetan, Motocintla, Tapachula, Escuintla, Acacoyagua y Motozintla, Chicomuselo y Comalapa ; y acompañados por diversas organizaciones nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Una vez más confirmamos nuestra posición expresada desde la primer Declaración de la VOZ EL PUEBLO, difundida el 10 de diciembre de 2013, en este mismo Parque Central, donde exigimos que las autoridades federales, estatales y municipales escuchen y respeten la decisión de los ejidos, bienes comunales, comunidades, organizaciones y pueblos, y cancelen todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para construir estos proyectos que hayan otorgado sobre nuestras tierras y territorios.
Los pueblos tenemos el derecho al BUEN VIVIR, de definir sobre nuestro destino y patrimonio de nuestras familias, el mejor uso de nuestras tierras y territorios para lograr las mejores condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Es de nuestro conocimiento que las autoridades federales, estatales y municipales de Chiapas establecen acuerdos de colaboración con las empresas para obtener autorización y permisos para la exploración de nuestras tierras y ríos con el fin de explotar minería y/o construir proyectos de hidroeléctricas en nuestro territorio. El modelo energético, de gestión del agua y de desarrollo que se pretende instalar en México, con las reformas estructurales y en particular la reforma energética amenaza nuestros pueblos, contamina y nos despoja de los bienes naturales que durante años hemos cuidado. Es por está razón que nos oponemos a los proyectos de la hidroeléctrica Chespal y Cuilco, así como a la explotación de la minería en la región.
Ante la oposición de proyectos extractivos en nuestro territorios proponemos organizarnos y vincularnos con otras luchas que también defienden sus derechos y bienes naturales del agua y la tierra, especialmente con nuestro compañeros de los municipios de Escuintla y Acacoyagua que viven las consecuencias de la contaminación por minería y quienes ahora emprenden una lucha por defender sus ríos y comunidades; saludamos a los compañeros de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas quienes el 30 de noviembre de este año también decretaron a sus municipios libres de presas y minerías. A nivel nacional nos unimos con todas las luchas de Jalisco, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Veracruz para oponernos a la construcción de presas y solidarizarnos para denunciar y evitar la criminalización y represión hacia las y los compañeros indígenas y campesinos que defendemos los derechos de los pueblos y la naturaleza.
LA VOZ DEL PUEBLO declaramos una vez más nuestros territorios libres de represas y minería, y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de cualquier conflicto que pretendan generar con el fin de dividir e imponer los proyectos de despojo a costa de la violación a nuestros derechos humanos.
Nos sumamos también a los reclamos de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
LA VOZ DEL PUEBLO
Acompañamos:
Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
En este día se realizan acciones en contra de las Presas en todo el mundo. En 1997 se realizó el Primer Encuentro de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, reunidos en Curitiba, Brasil.
En diversos lugares de la geografía de abajo, a nivel internacional, se realizaron manifestaciones y acciones para repudiar la creación de Presas y a la vez, informar por qué afectan mucho al los pueblos y al medio ambiente.
En San Cristóbal de las casas platicamos con dos compañeros y esto fue lo que nos dijeron…
El XII Encuentro Nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) se llevará a cabo a partir de mañana martes 10 de noviembre hasta el 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, anunció el comité organizativo durante una conferencia de prensa en Xalapa este lunes 9 de noviembre. «Somos un movimiento nacional donde se agrupan organizaciones, movimientos y luchas que están en defensa de los ríos y afectados por la construcción de presas de abastecimiento de agua e hidroeléctricas», dijo Libertad Díaz, miembro de la asociación civil chiapaneca Otros Mundos A.C. y de la coordinación del MAPDER.
«Cada año tenemos esta actividad donde los pueblos nos encontramos para analizar nuestro contexto político, planear estrategias que nos den pistas para enfrentar las violaciones a los derechos de los pueblos», añadió Libertad Díaz. La acompañaban en esta rueda de prensatres otros integrantes del MAPDER: dos miembros de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Rosalinda Hidalgo y Emilio Rodriguez, así como Alejo Ruíz, del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), anfitrión del encuentro.
Se analizarán la reforma energética y la propuesta de Ley de Aguas de la Conagua Durante el evento, al cual participarán organizaciones de México (Chiapas, Guerreo, Oaxaca, Nayarit, Puebla, Jalisco) y de otros países (Costa Rica, España), se analizarán las consecuencias de la reforma energética de 2014 y también la propuesta de reforma de la Ley de Aguas propuesta por la Comisión Nacional del Agua en marzo de este año y temporalmente enterrada por la Cámara de Diputados. «La imposición de las reformas energéticas en el país, que impulsan hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos, afectan directamente a los pueblos indígenas y campesinos desplazándolos de sus territorios, arrebatando su patrimonio, contaminando los ríos y destruyendo las cuencas hidrológicas», escribieron los organizadores en un boletín de prensa leído durante la conferencia (ver documento 1 abajo de esta nota).
Es la segunda vez que la entidad gobernada por Javier Duarte (PRI) es la sede de un encuentro nacional del MAPDER: en 2013, el X encuentro se llevó a cabo en Amantlán de los Reyes, cuña de la lucha contra la presa El Naranjal. «No es casual que el evento se haga otra vez en Veracruz porque hay más de 100 proyectos hidroeléctricos en el estado y varios proyectos de fracking», dijo Rosalinda Hidalgo en referencia a la voluntad del gobierno de permitir la extracción de gas de lutita, un gas no convencional que se extrae mediante la técnica ultra contaminante de la fractura hidráulica, o fracking en inglés. «Siendo Veracruz el estado prioritario para la explotación del agua, petróleo y gas, es importante que las organizaciones y los movimientos que conformamos el MAPDER fortalezcamos las luchas del estado y generemos estrategias colectivas para la defensa y protección de los bienes naturales del país», escribieron los organizadores en su boletín.
Jalcomulco, «corazón de las resistencias por la defensa de los ríos»
La elección de la ciudad de Jalcomulco, «corazón de las resistencias por la defensa de los ríos» según los organizadores, no es casual tampoco. Allí se concentra la lucha de los defensores de la Cuenca de la Antigua, amenazada por varios proyectos. Uno de ellos, llamado «Propósitos Múltiples Xalapa» («que incluye una presa de 100 m. por 700 metros de ancho que inundaría 400 has. de territorio con importante biodiversidad en la región», precisa el boletín de prensa), se quiere imponer en el municipio sobre el río Pescados. Es promovido por el estado de Veracruz para abastecer en agua a la ciudad de Xalapa y llevado por la empresa brasileña Odebrecht, la que acaba de ganar un contrato de 30 años en el municipio de Veracruz para gestionar su sistema de agua potable junto con la empresa Aguas de Barcelona, filial de la francesa Suez Environnement.
Los opositores a la presa de Odebrecht lograron detener el proyecto hasta el día de hoy pero han sido criminalizados: en mayo de este año, fueron ilegalmente detenidos y recluidos tres ejidatarios de Jalcomulco e integrantes de PUCARL. Organizar el encuentro en este lugar es «un reconocimiento a la lucha en Jalcomulco», dijo Libertad Díaz durante la conferencia de prensa.Alegría en medio de la represión
Los organizadores hablaron del contexto de alta represión que reina en el estado de Veracruz. No se puede ignorar ya que en 2013, Noé Vasquéz Ortiz, quien participaba al encuentro en Amatlán de Los Reyes, fue asesinado el día de la inauguración. «Hemos tenido reuniones a nivel de la red para evitar cualquier tipo de atentado», dijo Rosalinda Hidalgo, precisando que como organizadores elaboraron una carta en la cual solicitaron «al gobierno de Veracruz, al gobierno federal y a las instancias responsables de vigilar los derechos humanos en México resguardar la reunión» del MAPDER. El documento fue firmado por cerca de 70 organizaciones y académicos de México y el mundo (ver documento 2).
Los organizadores quieren que «este encuentro (sea) una gran fiesta de conciencia alegría que tejera un manto de fuerza entre los activistas aquí presentes». Par los defensores de los ríos del estado de Chiapas, será la ocasión de vizibilizar sus luchas. Estarán presentes compañeros de 13 organizaciones y comunidades del estado: del Comité de Derechos Humanos de San Juan Bautista (Las Margaritas), del Comité de Derechos Humanos de la Región de Tulijá (Salto de Agua), de la Vicaria, del Comité de Derechos Humanos San Miguel Arcángel de la parroquia de Huixtán, del movimiento La Voz del Pueblo, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), del colectivo Chiapanecos en Defensa del Agua (Tuxtla Gutiérrez), del Centro de la Mujer Ixim Antsetik de Palenque, de la comunidad de Huitiupán, de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Chenalhó, de la Parroquia de San Juan Cancuc y de la asociación Otros Mundos A.C.