HUÁNUCO. El fiscal especializado en material ambiental, César Gonzales, anunció que se formalizará una denuncia penal contra la empresa China CR-20, encargada de ejecutar las obras de la carretera Huánuco-La Unión. Esta sería responsable de un caso de contaminación con brea líquida del río Higueras, fuente de agua cruda que abastece a la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Huánuco.
El caso ha generado cortes de agua que han afectado a unas 120 000 personas de los distritos huanuqueños de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca. La denuncia también contemplará a los supervisores de la obra, los ingenieros ambientales y «a quienes resulten responsables de este delito ambiental», puesto que no es la primera vez que se contamina la principal fuente de agua de los huanuqueños, dijo el fiscal.
“Acá rodarían cabezas, porque ya fueron prevenidos y no puede ser una acción arbitraria por parte del Ministerio Público dado que fueron exhortados para que eviten pasivos ambientales y no lo hicieron por ello tienen que responder”, mencionó el fiscal especializado en materia ambiental.
La última alerta generó un corte en el servicio de agua desde las 7 de la mañana del martes 16 de noviembre y la reposición se hizo a las 3 a.m. del miércoles 17 de noviembre. El corte duró 18 horas, a pesar de que los reportes preliminares apuntaban a un corte de hasta tres días.
El Ministerio Público cuestionó que, a la fecha, la empresa prestadora del servicio no cuente con un sistema moderno para monitorear y se detecte la presencia de elementos contaminantes en tiempo real, ya que el río Higueras es la única fuente de captación de agua.
Lo que dijo Seda Huánuco
A través de su cuenta de Facebook, Seda Huánuco informó que el corte de agua se debía a la «presencia de elementos contaminantes por la empresa china» y detalló que la razón fue que «el agua de la lluvia torrencial» había arrastrado hacia el río «elementos contaminantes» que reciben el nombre de imprimante bituminoso.
En un video publicado en dicha cuenta, el ingeniero Edgar Laguna, gerente operacional de Seda Huánuco, dio su versión de los hechos desde el lugar de la posible contaminación.
«Se observa que (la empresa) han sobrepasado sus medidas de protección. Según los responsables, la lluvia ha sido tan intensa que las barreras que han puesto han sido insuficientes y parte de ese imprimante ha sido lavado hacia el curso del río», dijo.
Agregó que los operarios de CR-20 efectuaron la limpieza de «todos los restos que puedan haber para eliminar cualquier tipo descontaminación» y que limpiaron «desde el kilómetro 14 hasta la captación, que es el kilómetro 6, aproximadamente».
Leer más en: http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=023-18-SIS-CC
“Sentencia No. 023-18-SIS-CC- Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes – Pastaza”
– 24 de septiembre de 2020
MOTIVO: Iván Garzón Garzón y Mónica Freire Ortiz, presentaron una acción de incumplimiento en contra de la sentencia dictada el 14 de mayo de 2009, las 11:00, por la Corte Provincial de Justicia de Pastaza en el recurso de apelación, dentro de la acción de protección signada con el N.º 0042-2009, solicitaron que la Corte Constitucional señale que la mencionada sentencia es inejecutable.
DECISIÓN: 1. Declarar el incumplimiento de la sentencia dictada el 14 de mayo de 2009, por la Corte Provincial de Justicia de Pastaza dentro de la acción de protección Nº. 042-2009. 2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencia constitucional planteada. 3. Ante el evidente daño del ecosistema del río Alpayacu declarar la vulneración al derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 4. Como medidas de reparación integral se dispone los siguientes: 4.1. Que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera… disponga el inicio del procedimiento administrativo pertinente a efectos de establecer la responsabilidad de los servidores que estaban a cargo de otorgar permisos, licencias ambientales, permiso de uso de suelos, quienes por acción u omisión habrían permitido que la Granja Porcina La Isla, se instale y funcione desde el año 2006 hasta su cierre…4.2. Que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera, a través de su representante legal coordine conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca una campaña masiva de información dirigida a los propietarios de granjas avícolas, porcinas, agrícolas y establecimientos en general que se asienten en zonas cercanas al Río Alpayacu en el cantón de Mera para que realicen una campaña de difusión masiva sobre las ordenanzas existentes acerca de la regulación de estos establecimientos, les informen el trámite previsto para supervisar la actividad de dichos establecimientos y conjuntamente elaboren planes de remediación ambiental. …
La Asamblea de Pueblos en Resistencia de la cuenca Chapala-Santiago, en un esfuerzo colectivo se organizan ante los embates de la contaminación generada por los grandes capitales.
Lanzan una campaña de pequeños videos desde su palabra y visión de la problemática, sin intermediarios para parar la muerte y la enfermedad que está matando a la gente, la vida comunitaria y llevando al extremo la resistencia.
Huaxtla
Pequeño pueblo barranqueño afectado por la contaminación de los vertederos metropolitanos Hasar’s y Picachos ubicados al noreste de Zapopan, además de ser amenazado por nuevos proyectos energéticos de geotermia, y por la contaminación del río Santiago.
El Salto
Quizá hablamos del más claro ejemplo de lo que representa una zona de sacrificio en aras del crecimiento urbano-industrial. Las ganancias de unos pocos empresarios las hemos auspiciado nosotros, la gente del río, con la devastación de nuestro territorio, con la degradación de nuestra salud y con la vida de nuestros seres que nos han sido arrebatados por una muerte no elegida. Las descargas del corredor industrial de El Salto, las descargas domésticas de la cuenca de El Ahogado, los escurrimientos de pesticidas y la basura de buena parte del área metropolitana de Guadalajara que llega al vertedero Los Laureles, convergen en nuestro territorio para hacernos la guerra, para envenenarnos. Nuestros pueblos están en pie de lucha desde hace décadas y no descansaremos hasta que se haga justicia y hasta ver nuestro río vivo.
La ciudad de León, Guanajuato, deja sin tratamiento 259 millones de litros diarios de aguas residuales; cobra a usuarios por un servicio que no sirve y contamina cuando debería asegurar agua de calidad
Texto y fotos: Alonso Merino Lubetzky / PopLab
GUANAJUATO.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que se ha vanagloriado por años de ser «el mejor organismo de agua de México» cobra a los leoneses por un saneamiento inexistente y peligrosamente contaminante. Veinte años después de que prometió tratar las aguas tóxicas de la industria curtidora, millones de litros anuales del líquido son arrojados sin tratamiento al Río Turbio, el cual afluye al Río Lerma y, finalmente, desemboca en el Lago de Chapala en Jalisco. De resultas, SAPAL lleva dos décadas financiando un sistema municipal de tratamiento de agua que no sirve, haciendo uso de las contribuciones ciudadanas.
En un contexto de insuficiencia en el acceso a agua potable para una buena parte de la población, así como de un estrés hídrico en el Valle de León, el SAPAL mantiene las aguas de la ciudad en grados de insalubridad muy preocupantes: vierte a ríos y arroyos aguas residuales de la industria curtidora que no son tratadas en lo absoluto.
De acuerdo con la información presentada en la rueda de prensa “El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y la Industria Curtidora. Principales contaminadores de la Cuenca del Río Turbio”, ofrecida por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. el pasado 4 de agosto, el sistema municipal de aguas en León «no trata todas las aguas residuales que recibe la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero sí nos cobra el saneamiento».
La Planta fue inaugurada en septiembre del año 2000 con el objetivo de gestionar, tratar y sanear las aguas domésticas de León. Luego en 2009 se finalizaron las obras del llamado Módulo de Desbaste (MD) para gestionar, además, las aguas residuales de la industria curtidora. Sería un proceso de tratamiento distinto y con base en estándares específicos de saneamiento, ya que el agua que resulta de la curtiduría contiene componentes químicos de tipo industrial.
El MD fue inaugurado cuando la industria curtidora era reubicada hacia el suroeste de la ciudad, rumbo a la carretera a San Francisco Rincón, donde se ubica la planta de tratamiento. Ahí mismo, solo divididas por el Arroyo Hondo, la PTAR y el Módulo de Desbaste se conectan respectivamente al colector municipal e industrial de aguas residuales. La reubicación de una gran parte de las curtidurías en parques industriales fue pensada para estar apenas a unos metros de la planta y así facilitar la gestión de sus aguas residuales.
De acuerdo con Acción Colectiva, el lunes 10 de julio recibieron una denuncia ciudadana respecto al vertido ilegal de aguas industriales que empresas de la curtiduría estaban arrojando sin ser tratadas al arroyo las Mulas, justo frente a la PTAR y al Módulo de Desbaste.
Dice la organización: «les sorprendió lo que encontraron», motivo por el cual convocaron a medios de comunicación y dirigen la presente información a la opinión pública.
Industrias arrojan tóxicos al agua de Guanajuato y Jalisco
A lo largo del arroyo Las Mulas, justo entre la planta de tratamiento y los parques industriales, la organización identificó cinco descargas ilegales de aguas tóxicas. A simple vista era posible apreciar cómo había sido reventado ilegalmente el colector industrial para dar libre paso a las aguas químicas de la industria hacia el arroyo y así evitar que llegaran al Módulo de Desbaste.
Estas aguas arrojadas al arroyo Las Mulas, sin filtros o tratamiento alguno, se mezclaban, por un lado, con el agua limpia de lluvia que lleva el afluente y se juntaban finalmente con el flujo del Arroyo Hondo.
Parques industriales
Dentro de los parques industriales de la zona se incluyen: Industrial San Crispín, Colonia Piscina con sus industrias curtidoras, Industrial Santa Crocce, Industrial San Jorge, Colonia Morelos con sus industrias curtidoras, Industrial Pamplona, Granja las Amalias colonia con industria y el Polígono Arroyo Hondo. Presuntamente, las industrias de la zona habrían roto el colector industrial, con complacencia del SAPAL.
Otro hallazgo de la organización civil es que el SAPAL no trata todas las aguas residuales que llegan a la Planta y desvía una parte importante del flujo del colector municipal directamente hacia el Arroyo Hondo. En principio la PTAR solo debería recibir aguas domésticas, sin embargo recibe también agua con componentes químicos de la industria que nunca fue reubicada, ampliamente distribuida por toda la ciudad.
«En épocas de lluvia, SAPAL llega a desviar a través de un canal de demasías hasta 3 mil litros por segundo (259 millones 200 mil litros de agua al día); agua sucia que SAPAL no trata y que vierte a los ríos y arroyos, pero que además nos cobra el tratamiento. En época de estiaje, cuando no hay lluvia y cuando hay sequía, SAPAL llega a desviar hasta 166.66 litros por segundo aproximadamente, lo que hace un total de 14 millones 400 mil litros de agua al día. Por lo tanto, podemos afirmar que los usuarios de SAPAL pagamos el saneamiento de esas aguas que finalmente no se tratan».
SAPAL no sólo solapa el vertido de agua industrial altamente tóxica, sin tratamiento, directamente a ríos y arroyos, sino que no sanea la totalidad del agua que llega a su planta municipal más importante, pero sí la cobra a las y los usuarios.
En el arroyo El Guaje, que desemboca también en el Arroyo Hondo, SAPAL dispone sus aguas finalmente tratadas.
Tenemos tres flujos de agua que se juntan en Arroyo Hondo: Las Mulas (contaminada por el colector industrial ilegalmente reventado), el canal de demasías (con el agua municipal no tratada desviada antes de ingresar a la PTAR) y el agua tratada arrojada a El Guaje. Después de ese recorrido, estas aguas tóxicas finalmente se conectan con el icónico Río de los Gómez, que afluye aguas abajo al Río Turbio y cuyo destino final es el Lago de Chapala a través del Río Lerma en Jalisco.
La multimillonaria planta de tratamientos de SAPAL, que cuesta tanto dinero a las y los leoneses, ha servido todos estos años para muy poco. Su objetivo es sanear y tratar aguas residuales que nunca pasan por las plantas y que, por el contrario, se vierten a ríos y arroyos considerados bienes nacionales. Son millones de litros tóxicos que dañan el medio ambiente y la salud de las personas.
Presa El Zapotillo
El proyecto de la Presa El Zapotillo señala que León enviaría el agua saneada de regreso a Jalisco; cosa para la que la ciudad del calzado no está lista.
«Después de tantos años de estar pujando por El Zapotillo, el SAPAL no se encuentra ni cercanamente listo para poder cumplir las expectativas que su trabajo de saneamiento han generado para devolver agua limpia a Jalisco. Es decir, hay un engaño de parte del SAPAL al afirmar que están listos desde hace bastante tiempo para cumplir con sus compromisos y poder devolver el agua de El Zapotillo a Jalisco», dijo Gustavo Lozano en la rueda de prensa.
SAPAL lleva por lo menos 20 años vertiendo agua altamente contaminante en ríos y arroyos propiedad de la nación, pese a que ha prometido no hacerlo invirtiendo millones de pesos en contribuciones ciudadanas. ¿A dónde habrá ido, entonces, todo ese dinero?
¿A dónde va el dinero que se le paga al Sistema de Agua Potable?
De acuerdo con documentos públicos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste en conjunto tienen dos entradas por el norte, cada sección con una entrada de aguas que vienen respectivamente del colector municipal y del colector industrial. Los colectores son las alcantarillas que están en teoría divididas para que las aguas químicas de la industria no se mezclen con las aguas orgánicas domésticas.
Pese a que existen dos entradas de aguas con orígenes distintos (domésticos e industriales), sin embargo, sólo hay una salida de agua de la planta, que es la que arroja el agua al arroyo El Guaje.
Al interior de la PTAR hay dos tratamientos para el agua de origen doméstico: el primario y el secundario. La hipótesis que sostiene la organización es que las aguas tratadas con estos dos procesos se mezclan con el agua tratada del Módulo de Desbaste, puesto que no hay manera de que salgan separadas al haber una única salida.
Es decir, hay procesos de saneamiento diferenciados, pero finalmente esas aguas se juntan antes de liberarse. Acción Colectiva se pregunta para qué entonces tener procesos diferenciados si estos van a terminar juntándose.
Por otro lado, en 2018 SAPAL le informó a la SEMARNAT mediante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por la que solicitó la autorización del Proyecto No. 11GU2018UD133, que el Módulo de Desbaste era insuficiente para tratar las aguas industriales que recibía, por lo que cabe preguntar qué se hace entonces con el agua contaminante que no puede sanear:
«el Módulo de Desbaste tiene una capacidad actual de tratamiento de 150 litros por segundo. Sin embargo, debido al incremento e instalación de industrias nuevas, así como la conexión del polígono denominado Parque P.I.E.L [al sur de la planta], se hace necesaria la ampliación del Módulo de Desbaste en la PTAR de la Ciudad de León, con la finalidad de tener un sistema que dé saneamiento al total de las descargas de agua residual industrial generadas», dice el proyecto de SAPAL entregado a SEMARNAT.
Falta más. Acción Colectiva agrega información importante respecto al llamado Sitio Disposición Final de Lodos, donde la PTAR arroja los residuos sólidos que resultan del proceso de saneamiento. El agua llega a la planta acompañada de residuos de la curtiduría (grasa, pelaje, recortes de piel, entre muchos otros), así que estos son llevados al sitio de disposición final.
Según sus propios hallazgos vistos a vuelo de pájaro con un dron, el Sitio no está operando como lo estipula el Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de León, cuyo Artículo 136 se establece que el Departamento de Planta Municipal y Desbaste tendrá la obligación de: «operar, mantener y conservar el sitio final de disposición de lodos del proceso de tratamiento».
A decir de Acción Colectiva, su no operación constituye una afectación ambiental en sí misma, puesto que los lodos sin removerse contaminan el aire y pueden infiltrarse como lixiviados al subsuelo llegando también a aguas subterráneas.
Una inversión millonaria sin justificación
La PTAR y el Módulo de Desbaste son operados por la concesionaria ECOSYS III desde que se abrieron las plantas de tratamiento en el año 2000 y 2009. Es decir, que la empresa concesionaria tiene casi 20 años operando, cuyo contrato vence el 22 de septiembre de este año. Frente a ello el director de SAPAL ha dicho que esperan hacerse cargo de su operación y modernización una vez finalizadas las operaciones de ECOSYS III.
Para lograr una entrada triunfal, el organismo de gestión del agua tiene pensado invertir 1,500 millones de pesos, cosa que también se afirmó en sesión ordinaria del Consejo Directivo de SAPAL el 29 de abril del 2020. En dicha sesión, celebrada públicamente vía transmisión en el Ayuntamiento se afirmó que la inversión es de gran importancia para la reactivación económica de León en el marco de la crisis sanitaria de la COVID-19. Según los consejeros, hay una inversión de 900 millones en licitaciones, obras públicas y asignaciones directas del SAPAL.
“Y a esto hay que agregarle -se dijo en la sesión- que vamos a invertir a partir de septiembre que tomemos la planta de tratamiento, más de 1,500 millones de pesos para reconstruir la planta de tratamiento, modernizarla, renovarla y comenzar a poner toda la estructura y la infraestructura de tubería morada que necesitamos para poder reusar el agua.”
SAPAL va a invertir 1,500 millones de pesos en reconstruir la PTAR. Como lo afirmó también su director, Enrique de Haro Maldonado en entrevista con Meganoticias el 16 de julio, diciendo que iban a hacer modificaciones a la planta después de que ejidatarios de Santa Rosa Plan de Ayala denunciaron públicamente la contaminación de sus tierras desde hace más de dos décadas. ¿Coincidencia?
Después de la denuncia de los ejidatarios, Enrique de Haro se deslindó diciendo que esperan a que acabe la concesión de ECOSYS III para tomar las riendas de la planta, puesto que – según dijo- su funcionamiento no era el adecuado. Con justicia Acción Colectiva se pregunta por qué, si sabían del mal funcionamiento de las plantas, SAPAL no rescindió a tiempo la concesión.
No obstante, hace menos de dos años, el 04 de septiembre de 2018, SAPAL le dijo a SEMARNAT en la MIA que la infraestructura del Módulo de Desbaste se encontraba «en buenas condiciones de operación». De acuerdo con las opiniones técnicas que ha recibido Acción Colectiva, una planta como la PTAR o el MD tienen una vida útil de hasta 35 años.
La organización se pregunta, entonces, por qué el cambio de postura: ¿por qué habría que reconstruir una planta que se supone todavía tiene una prolongada vida útil en menos de dos años? ¿Qué tipo de «reconstrucción» amerita un gasto de 1,500 millones de pesos del bolsillo de los leoneses cuando no hace mucho aseguraron que el Módulo de Desbaste funcionaba en óptimas condiciones?
SAPAL, un consejo que no representa los intereses ciudadanos
Apenas unas horas después de la rueda de prensa, SAPAL fijó postura en un comunicado oficial diciendo que «destinará una inversión sin precedentes para optimizar el tratamiento de aguas residuales». El boletín dice que «en el transcurso de los próximos 18 meses, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León destinará alrededor de mil 500 millones de pesos en la reconfiguración de sus plantas de tratamiento y la ampliación de su red de distribución de agua tratada».
En su propaganda SAPAL lleva el pecado: las y los ciudadanos de León han pagado un servicio que paradójicamente no está sirviendo. Puesto que pese a que el organismo de aguas sostiene que «el agua que sale de las plantas de tratamiento que opera SAPAL cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT» sabemos por la evidencia y declaraciones del organismo que millones de litros al año no son tratados porque la planta es insuficiente y otros más son arrojados ilegalmente al sistema hidrológico con plena anuencia de la paramunicipal.
Las decisiones de SAPAL se toman mediante un consejo en el que solo está representado el sector industrial y comercial de la sociedad desde hace por lo menos diez años, con consejeros que renuevan su presencia sólo cambiando la institución a la que representan. No existe, por otro lado, representación alguna de usuarios domésticos y agrícolas, así como tampoco hay presencia de una organización en defensa del derecho humano al agua, como refiere el reglamento del organismo desde 2017.
Tal parece que los consejeros de SAPAL sí se mandan solos y han ocultado información sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento que se supone dan un servicio de clase mundial. La sociedad leonesa tiene 20 años bebiendo, cultivando y utilizando agua altamente tóxica que nunca llega a sanearse, a pesar de que se confía en que este líquido vital es cien por ciento potable pagando mes con mes tarifas engañosas. El agua de SAPAL mata lentamente a familias enteras, ejidos y distritos agrícolas, ríos y arroyos propiedad de la nación.
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