Esta guía entrega una propuesta metodológica para el monitoreo comunitaria del agua. Aunque, en principio, la guía estará acompañada de una maleta con materiales para su uso, también puede ser usado de forma independiente para la construcción de estrategias de monitoreo para cuencas hidrográficas en diferentes territorios.
Nuestro ejercicio pedagógico popular, en los últimos años, ha construido conocimiento e incentivado prácticas entorno a los derechos de los pueblos y las comunidades a participar y decidir sobre el uso de los bienes comunes, construyendo colectivamente controles democráticos para su manejo. Bajo este horizonte, el presente documento entrega renovadas reflexiones e instrumentos para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en los territorios. La siguiente propuesta no habría tenido espacio para su maduración sin el diálogo abierto y honesto con compañeras y compañeros que durante años han participado en las escuelas del agua en diferentes departamentos de Colombia como el Meta, Cundinamarca, Santander, Nariño, Caquetá, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. A todos y todas ellas nuestro mayor agradecimiento.
Esta guía entrega una propuesta metodológica para el monitoreo comunitaria del agua. Aunque, en principio, la guía estará acompañada de una maleta con materiales para su uso, también puede ser usado de forma independiente para la construcción de estrategias de monitoreo para cuencas hidrográficas en diferentes territorios. En este sentido, compartimos las siguientes propuestas de prácticas con la certeza que su contenido sea utilizado creativamente por cada una de las comunidades y regiones donde sea leída.
Esperamos que esta guía para el monitoreo comunitario del agua incentive autonomías populares para la defensa de los bienes comunes y que aporte a las propuestas de un ordenamiento territorial alrededor del agua.
La ciudad de León, Guanajuato, deja sin tratamiento 259 millones de litros diarios de aguas residuales; cobra a usuarios por un servicio que no sirve y contamina cuando debería asegurar agua de calidad
Texto y fotos: Alonso Merino Lubetzky / PopLab
GUANAJUATO.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que se ha vanagloriado por años de ser «el mejor organismo de agua de México» cobra a los leoneses por un saneamiento inexistente y peligrosamente contaminante. Veinte años después de que prometió tratar las aguas tóxicas de la industria curtidora, millones de litros anuales del líquido son arrojados sin tratamiento al Río Turbio, el cual afluye al Río Lerma y, finalmente, desemboca en el Lago de Chapala en Jalisco. De resultas, SAPAL lleva dos décadas financiando un sistema municipal de tratamiento de agua que no sirve, haciendo uso de las contribuciones ciudadanas.
En un contexto de insuficiencia en el acceso a agua potable para una buena parte de la población, así como de un estrés hídrico en el Valle de León, el SAPAL mantiene las aguas de la ciudad en grados de insalubridad muy preocupantes: vierte a ríos y arroyos aguas residuales de la industria curtidora que no son tratadas en lo absoluto.
De acuerdo con la información presentada en la rueda de prensa “El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y la Industria Curtidora. Principales contaminadores de la Cuenca del Río Turbio”, ofrecida por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. el pasado 4 de agosto, el sistema municipal de aguas en León «no trata todas las aguas residuales que recibe la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero sí nos cobra el saneamiento».
La Planta fue inaugurada en septiembre del año 2000 con el objetivo de gestionar, tratar y sanear las aguas domésticas de León. Luego en 2009 se finalizaron las obras del llamado Módulo de Desbaste (MD) para gestionar, además, las aguas residuales de la industria curtidora. Sería un proceso de tratamiento distinto y con base en estándares específicos de saneamiento, ya que el agua que resulta de la curtiduría contiene componentes químicos de tipo industrial.
El MD fue inaugurado cuando la industria curtidora era reubicada hacia el suroeste de la ciudad, rumbo a la carretera a San Francisco Rincón, donde se ubica la planta de tratamiento. Ahí mismo, solo divididas por el Arroyo Hondo, la PTAR y el Módulo de Desbaste se conectan respectivamente al colector municipal e industrial de aguas residuales. La reubicación de una gran parte de las curtidurías en parques industriales fue pensada para estar apenas a unos metros de la planta y así facilitar la gestión de sus aguas residuales.
De acuerdo con Acción Colectiva, el lunes 10 de julio recibieron una denuncia ciudadana respecto al vertido ilegal de aguas industriales que empresas de la curtiduría estaban arrojando sin ser tratadas al arroyo las Mulas, justo frente a la PTAR y al Módulo de Desbaste.
Dice la organización: «les sorprendió lo que encontraron», motivo por el cual convocaron a medios de comunicación y dirigen la presente información a la opinión pública.
Industrias arrojan tóxicos al agua de Guanajuato y Jalisco
A lo largo del arroyo Las Mulas, justo entre la planta de tratamiento y los parques industriales, la organización identificó cinco descargas ilegales de aguas tóxicas. A simple vista era posible apreciar cómo había sido reventado ilegalmente el colector industrial para dar libre paso a las aguas químicas de la industria hacia el arroyo y así evitar que llegaran al Módulo de Desbaste.
Estas aguas arrojadas al arroyo Las Mulas, sin filtros o tratamiento alguno, se mezclaban, por un lado, con el agua limpia de lluvia que lleva el afluente y se juntaban finalmente con el flujo del Arroyo Hondo.
Parques industriales
Dentro de los parques industriales de la zona se incluyen: Industrial San Crispín, Colonia Piscina con sus industrias curtidoras, Industrial Santa Crocce, Industrial San Jorge, Colonia Morelos con sus industrias curtidoras, Industrial Pamplona, Granja las Amalias colonia con industria y el Polígono Arroyo Hondo. Presuntamente, las industrias de la zona habrían roto el colector industrial, con complacencia del SAPAL.
Otro hallazgo de la organización civil es que el SAPAL no trata todas las aguas residuales que llegan a la Planta y desvía una parte importante del flujo del colector municipal directamente hacia el Arroyo Hondo. En principio la PTAR solo debería recibir aguas domésticas, sin embargo recibe también agua con componentes químicos de la industria que nunca fue reubicada, ampliamente distribuida por toda la ciudad.
«En épocas de lluvia, SAPAL llega a desviar a través de un canal de demasías hasta 3 mil litros por segundo (259 millones 200 mil litros de agua al día); agua sucia que SAPAL no trata y que vierte a los ríos y arroyos, pero que además nos cobra el tratamiento. En época de estiaje, cuando no hay lluvia y cuando hay sequía, SAPAL llega a desviar hasta 166.66 litros por segundo aproximadamente, lo que hace un total de 14 millones 400 mil litros de agua al día. Por lo tanto, podemos afirmar que los usuarios de SAPAL pagamos el saneamiento de esas aguas que finalmente no se tratan».
SAPAL no sólo solapa el vertido de agua industrial altamente tóxica, sin tratamiento, directamente a ríos y arroyos, sino que no sanea la totalidad del agua que llega a su planta municipal más importante, pero sí la cobra a las y los usuarios.
En el arroyo El Guaje, que desemboca también en el Arroyo Hondo, SAPAL dispone sus aguas finalmente tratadas.
Tenemos tres flujos de agua que se juntan en Arroyo Hondo: Las Mulas (contaminada por el colector industrial ilegalmente reventado), el canal de demasías (con el agua municipal no tratada desviada antes de ingresar a la PTAR) y el agua tratada arrojada a El Guaje. Después de ese recorrido, estas aguas tóxicas finalmente se conectan con el icónico Río de los Gómez, que afluye aguas abajo al Río Turbio y cuyo destino final es el Lago de Chapala a través del Río Lerma en Jalisco.
La multimillonaria planta de tratamientos de SAPAL, que cuesta tanto dinero a las y los leoneses, ha servido todos estos años para muy poco. Su objetivo es sanear y tratar aguas residuales que nunca pasan por las plantas y que, por el contrario, se vierten a ríos y arroyos considerados bienes nacionales. Son millones de litros tóxicos que dañan el medio ambiente y la salud de las personas.
Presa El Zapotillo
El proyecto de la Presa El Zapotillo señala que León enviaría el agua saneada de regreso a Jalisco; cosa para la que la ciudad del calzado no está lista.
«Después de tantos años de estar pujando por El Zapotillo, el SAPAL no se encuentra ni cercanamente listo para poder cumplir las expectativas que su trabajo de saneamiento han generado para devolver agua limpia a Jalisco. Es decir, hay un engaño de parte del SAPAL al afirmar que están listos desde hace bastante tiempo para cumplir con sus compromisos y poder devolver el agua de El Zapotillo a Jalisco», dijo Gustavo Lozano en la rueda de prensa.
SAPAL lleva por lo menos 20 años vertiendo agua altamente contaminante en ríos y arroyos propiedad de la nación, pese a que ha prometido no hacerlo invirtiendo millones de pesos en contribuciones ciudadanas. ¿A dónde habrá ido, entonces, todo ese dinero?
¿A dónde va el dinero que se le paga al Sistema de Agua Potable?
De acuerdo con documentos públicos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste en conjunto tienen dos entradas por el norte, cada sección con una entrada de aguas que vienen respectivamente del colector municipal y del colector industrial. Los colectores son las alcantarillas que están en teoría divididas para que las aguas químicas de la industria no se mezclen con las aguas orgánicas domésticas.
Pese a que existen dos entradas de aguas con orígenes distintos (domésticos e industriales), sin embargo, sólo hay una salida de agua de la planta, que es la que arroja el agua al arroyo El Guaje.
Al interior de la PTAR hay dos tratamientos para el agua de origen doméstico: el primario y el secundario. La hipótesis que sostiene la organización es que las aguas tratadas con estos dos procesos se mezclan con el agua tratada del Módulo de Desbaste, puesto que no hay manera de que salgan separadas al haber una única salida.
Es decir, hay procesos de saneamiento diferenciados, pero finalmente esas aguas se juntan antes de liberarse. Acción Colectiva se pregunta para qué entonces tener procesos diferenciados si estos van a terminar juntándose.
Por otro lado, en 2018 SAPAL le informó a la SEMARNAT mediante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por la que solicitó la autorización del Proyecto No. 11GU2018UD133, que el Módulo de Desbaste era insuficiente para tratar las aguas industriales que recibía, por lo que cabe preguntar qué se hace entonces con el agua contaminante que no puede sanear:
«el Módulo de Desbaste tiene una capacidad actual de tratamiento de 150 litros por segundo. Sin embargo, debido al incremento e instalación de industrias nuevas, así como la conexión del polígono denominado Parque P.I.E.L [al sur de la planta], se hace necesaria la ampliación del Módulo de Desbaste en la PTAR de la Ciudad de León, con la finalidad de tener un sistema que dé saneamiento al total de las descargas de agua residual industrial generadas», dice el proyecto de SAPAL entregado a SEMARNAT.
Falta más. Acción Colectiva agrega información importante respecto al llamado Sitio Disposición Final de Lodos, donde la PTAR arroja los residuos sólidos que resultan del proceso de saneamiento. El agua llega a la planta acompañada de residuos de la curtiduría (grasa, pelaje, recortes de piel, entre muchos otros), así que estos son llevados al sitio de disposición final.
Según sus propios hallazgos vistos a vuelo de pájaro con un dron, el Sitio no está operando como lo estipula el Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de León, cuyo Artículo 136 se establece que el Departamento de Planta Municipal y Desbaste tendrá la obligación de: «operar, mantener y conservar el sitio final de disposición de lodos del proceso de tratamiento».
A decir de Acción Colectiva, su no operación constituye una afectación ambiental en sí misma, puesto que los lodos sin removerse contaminan el aire y pueden infiltrarse como lixiviados al subsuelo llegando también a aguas subterráneas.
Una inversión millonaria sin justificación
La PTAR y el Módulo de Desbaste son operados por la concesionaria ECOSYS III desde que se abrieron las plantas de tratamiento en el año 2000 y 2009. Es decir, que la empresa concesionaria tiene casi 20 años operando, cuyo contrato vence el 22 de septiembre de este año. Frente a ello el director de SAPAL ha dicho que esperan hacerse cargo de su operación y modernización una vez finalizadas las operaciones de ECOSYS III.
Para lograr una entrada triunfal, el organismo de gestión del agua tiene pensado invertir 1,500 millones de pesos, cosa que también se afirmó en sesión ordinaria del Consejo Directivo de SAPAL el 29 de abril del 2020. En dicha sesión, celebrada públicamente vía transmisión en el Ayuntamiento se afirmó que la inversión es de gran importancia para la reactivación económica de León en el marco de la crisis sanitaria de la COVID-19. Según los consejeros, hay una inversión de 900 millones en licitaciones, obras públicas y asignaciones directas del SAPAL.
“Y a esto hay que agregarle -se dijo en la sesión- que vamos a invertir a partir de septiembre que tomemos la planta de tratamiento, más de 1,500 millones de pesos para reconstruir la planta de tratamiento, modernizarla, renovarla y comenzar a poner toda la estructura y la infraestructura de tubería morada que necesitamos para poder reusar el agua.”
SAPAL va a invertir 1,500 millones de pesos en reconstruir la PTAR. Como lo afirmó también su director, Enrique de Haro Maldonado en entrevista con Meganoticias el 16 de julio, diciendo que iban a hacer modificaciones a la planta después de que ejidatarios de Santa Rosa Plan de Ayala denunciaron públicamente la contaminación de sus tierras desde hace más de dos décadas. ¿Coincidencia?
Después de la denuncia de los ejidatarios, Enrique de Haro se deslindó diciendo que esperan a que acabe la concesión de ECOSYS III para tomar las riendas de la planta, puesto que – según dijo- su funcionamiento no era el adecuado. Con justicia Acción Colectiva se pregunta por qué, si sabían del mal funcionamiento de las plantas, SAPAL no rescindió a tiempo la concesión.
No obstante, hace menos de dos años, el 04 de septiembre de 2018, SAPAL le dijo a SEMARNAT en la MIA que la infraestructura del Módulo de Desbaste se encontraba «en buenas condiciones de operación». De acuerdo con las opiniones técnicas que ha recibido Acción Colectiva, una planta como la PTAR o el MD tienen una vida útil de hasta 35 años.
La organización se pregunta, entonces, por qué el cambio de postura: ¿por qué habría que reconstruir una planta que se supone todavía tiene una prolongada vida útil en menos de dos años? ¿Qué tipo de «reconstrucción» amerita un gasto de 1,500 millones de pesos del bolsillo de los leoneses cuando no hace mucho aseguraron que el Módulo de Desbaste funcionaba en óptimas condiciones?
SAPAL, un consejo que no representa los intereses ciudadanos
Apenas unas horas después de la rueda de prensa, SAPAL fijó postura en un comunicado oficial diciendo que «destinará una inversión sin precedentes para optimizar el tratamiento de aguas residuales». El boletín dice que «en el transcurso de los próximos 18 meses, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León destinará alrededor de mil 500 millones de pesos en la reconfiguración de sus plantas de tratamiento y la ampliación de su red de distribución de agua tratada».
En su propaganda SAPAL lleva el pecado: las y los ciudadanos de León han pagado un servicio que paradójicamente no está sirviendo. Puesto que pese a que el organismo de aguas sostiene que «el agua que sale de las plantas de tratamiento que opera SAPAL cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT» sabemos por la evidencia y declaraciones del organismo que millones de litros al año no son tratados porque la planta es insuficiente y otros más son arrojados ilegalmente al sistema hidrológico con plena anuencia de la paramunicipal.
Las decisiones de SAPAL se toman mediante un consejo en el que solo está representado el sector industrial y comercial de la sociedad desde hace por lo menos diez años, con consejeros que renuevan su presencia sólo cambiando la institución a la que representan. No existe, por otro lado, representación alguna de usuarios domésticos y agrícolas, así como tampoco hay presencia de una organización en defensa del derecho humano al agua, como refiere el reglamento del organismo desde 2017.
Tal parece que los consejeros de SAPAL sí se mandan solos y han ocultado información sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento que se supone dan un servicio de clase mundial. La sociedad leonesa tiene 20 años bebiendo, cultivando y utilizando agua altamente tóxica que nunca llega a sanearse, a pesar de que se confía en que este líquido vital es cien por ciento potable pagando mes con mes tarifas engañosas. El agua de SAPAL mata lentamente a familias enteras, ejidos y distritos agrícolas, ríos y arroyos propiedad de la nación.
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La Comisión Nacional del Agua posibilita dar concesiones a discreción por internet para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos. Desde 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas, se han otorgado casi mil concesiones sin informar a las comunidades locales
Para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) el agua es un bien común, fundamental para la vida en todas sus expresiones, la reconoce como un elemento ordenador de los diversos territorios, y la considera un eje articulador de las diversas luchas por la justicia social y ambiental.
Desde hace varios años, las organizaciones de ATALC han trabajado por la defensa del agua como bien común, reconociendo que los pueblos deben controlar sus territorios, y reafirmando los derechos a la tierra y al agua. De esta forma, han expresado una vehemente oposición a todas las formas de privatización, mercantilización y financiarización del agua, que implica la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. De aquí que ATALC haya resistido a modelos impuestos por el capital corporativo y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que cuentan con la complicidad de los gobiernos de turno y tratados de libre comercio, que a través de asociaciones e inversiones promueven el acaparamiento de las aguas.
América Latina y el Caribe aloja una serie de países diversos, tanto en sus características geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que implica una estructura diferente de disponibilidad y manejo del líquido vital. La conflictividad por el agua en la región ha tenido un crecimiento sin precedentes durante los últimos años, hasta llegar a niveles de complejidad que generan diversos impactos en el ámbito político, en las economías de los países, y en la forma como se concibe lo social. Los conflictos por el agua en la región expresan la crisis de un sistema económico y político que paralelo a una crisis ambiental, climática y alimentaria, observan en la naturaleza, específicamente en el agua, una frontera para la creación de nuevos mercados en su insaciable búsqueda de acumulación. Con el avance de el modelo neoliberal, que en la actualidad se manifiesta con el desarrollo y emplazamiento de emprendimientos, en especial con la promoción de actividades extractivas y de gran envergadura, se implica el uso intensivo de los dones naturales -el agua en particular-, y se impacta sobre las condiciones de vida de las poblaciones y el ambiente.
El presente documento es un esfuerzo conjunto por parte de las organizaciones de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe para reflexionar y sistematizar los diferentes conflictos de agua que durante los últimos años padece la región. Presenta reflexiones sobre el papel del capital corporativo en la privatización de las aguas con la construcción de grandes infraestructuras y los impactos de actividades extractivas e industriales, además de modelos de desarrollo que acaparan las aguas de las comunidades locales, cuyo sustento depende de estos territorios y bienes comunes. En contraste, también se resalta horizontes y/o aspiraciones políticas y sociales de sectores defensores de la naturaleza que han promovido y generado alternativas, alianzas y renovadas posibilidades sustentables en su relación con las aguas en la región.
En este informe entregamos una serie de documentos para contribuir a una mirada amplia sobre la situación del agua en su relación con los conflictos ambientales en la región, y busca presentar propuestas desde los territorios para la construcción de sociedades sustentables. Esperamos que su lectura y comprensión fortalezca la construcción conjunta de conocimiento para la resistencia y la implementación de alternativas de los pueblos en su relación social, cultural, ancestral e histórica con las aguas.
Nicaragua está impulsando un plan de transformación de la Matriz Energética del país, ampliando proyectos hidroeléctricos y también varios de Geotermia y eólicos. El sector energético ha sido el que ha captado mayor cantidad de recursos provenientes de las Inversiones Extranjeras Directas. En 2010 representaron el 29.2% del total de inversiones realizadas en el país. Para 2011 se espera una inversión de US$362.9 millones, es decir el 34.9% del total de las inversiones estimadas[1]. Para el período 2011-2015, el monto total de la inversión energética es de US$1,433.5 millones.
Nicaragua estudia construir mini-hidroeléctricas. El gobierno anunció en 2008 que realizará estudios de factibilidad para construir minicentrales hidroeléctricas en la región del Caribe, que no es abastecida por la española Unión Fenosa. Los estudios serán financiados con 100,000 euros aportados por la Alianza de Energía y del Ambiente de Finlandia y Austria y una contraparte del gobierno de Managua[2]. Se empezaron a construir en el 2006 las pequeñas centrales hidroeléctricas de Bilampí, Matagalpa con 320 KW, la de Río Bravo, Matagalpa con 80 KW y la del Bote, en el Cuá, Jinotega de 900 KW. Participan en la expansión de estas pequeñas hidroeléctricas el PNUD, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y la contraparte gubernamental la Comisión Nacional de Energía[3].
El BCIE tiene previsto para el 2011 otorgar préstamos por 422 millones de dólares para desarrollar proyectos de energía, infraestructura y programas sociales[4]. Dentro de los proyectos de generación de energía se encuentran las hidroeléctricas Tumarín, El Barro, La Sirena-los Calpules e Hidropantasma.
HIDROELÉCTRICAS NICARAGUA
-Proyectos Cuenca Río Escondido -Hidroeléctrica Valentín: sobre el Río Rama en la Comarca Los Chorros del Municipio de Muelle de Los Bueyes, de la Región Autónoma del Atlántico Sur. La pantalla de concreto e de 69.80 metros de alto y 504 metros de longitud. Se planeó en un principio para 2012. -Hidroeléctrica Piedra Fina: se planea para 2013. El proyecto está localizado en el Río Plata afluente del Rama, en el Municipio del Rama de la Región Autónoma del Atlántico Sur, (RAAS) en la Comarca Piedra Fina. Presa de 75.0 mts de alto y 360 mts de longitud. Se presupuesta en 123.4 millones de dólares. -Hidroeléctrica Pajaritos: planeada par el 2012. Ubicada en el río Mico, en el Municipio deMuelle de Los Bueyes de la Región Autónoma del Atlántico Sur. Tendrá una presa de 71 mts de altura y 390 mtrs de longitud. Se presupuesta en más de 84 millones de dólares. -Hidroeléctrica El Consuelo: en el río Mico, Municipio de Muelle de los Bueyes. Está en estudio de prefactibilidad. -Hidroeléctrica Piedra Puntuda: en el río Mico, Municipio de Muelle de los Bueyes. En principio se tenía que elegir entre esta y la Hidroeléctrica la Estrella pues ambas eran inviables. La presa tiene una altura de 20.5 metros y costará cerca de los 20 millones de dólares. El gobierno otorgó el permiso en enero 2001 a la empresa Hidroeléctrica Piedra Puntuda S.A de capital canadiense y a la compañía Energía Tropical Sostenible Cerro Frío S.A.
La crisis climática es un problema global que se acelera en todo el Planeta como una consecuencia de la crisis del capitalismo. Los Gases Efecto Invernadero (GEI) también impactan sobre la disponibilidad y accesibilidad del agua. Los países más desarrollados y sus grandes corporaciones multinacionales han hecho hasta lo imposible por evitar gastar dinero para incorporar tecnologías que eviten los GEI. No quieren renunciar a la acumulación de capital ni al estilo de vida. Han inventado la creación de supuestos Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para que, en vez de generar energía con combustibles fósiles que aceleran el calentamiento, lo haga con agua justificando así una ola de planes de construcción de represas por todos lados. Pero las represas son energía sucia. Desplaza población y la deja más empobrecida, deforesta aumentando los GEI, inunda bosques y capa forestal liberando CO2. Altera climas, rompe con ecosistemas, con maglares, con los pantanos, acaba con los acuíferos. Por todo ello, las represas son una de las causas de la Crisis Climática. Investigación, Guión y Redacción: Gustavo Castro Soto (Otros Mundos, AC) Ilustraciones: Nieves Capote Figueroa (a) Constanza. Diseño y Diagramación: Nieves Capote Figueroa (a) Constanza y Gustavo Castro Soto (Otros Mundos, AC) Tablas y Gráficos: Informe de la Comisión Mundial de Represas, año 2000 Mapas: Gian Carlo Delgado y archivos Otros Mundos AC Fotografías: International Rivers, Gustavo Castro Soto y archivo Otros Mundos AC Material realizado con el apoyo de Siemenpuu Fundation
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