El cambio climático obliga a tomar decisiones políticas para adaptarse y mitigar el impacto. En Mendoza apuestan a construir represas, pero la falta de financiamiento y de actualización de los estudios demoran los procesos. ¿Conviene ese camino?
Pablo Icardi domingo, 17 de octubre de 2021 · 09:18 https://b6035d29beeeabb75eb65321fec5a601.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Los ríos de Mendoza tendrán un año más de sequía, superando la década de escasez de agua. La provincia es vulnerable al cambio climático y hay dos palabras clave para el presente y el futuro: mitigación y adaptación. Pues Mendoza ha tomado un camino en materia hídrica: construir grandes reservorios de agua a través de represas en los ríos. Es la misma estrategia de antes, pero con nuevas dificultades. Se trata de obras costosas para contener ríos que cada vez traen menos agua. Portezuelo del Viento, Los Blancos, El Baqueano, Uspallata, Cordón del Plata. Esos son algunos de los proyectos que están en evaluación o por ejecutarse, aunque por ahora solo uno tiene financiamiento asegurado.
Aunque hay discusiones de alto nivel sobre la conveniencia o no de las grandes represas, sí existe consenso en que es una estrategia buena para aprovechamientos multipropósitos. Pero en la provincia hay otra variable más relacionada con lo humano y la gestión del recurso. Es decir, no alcanza sólo con construir una represa, sino todas las obras secundarias que se requiere y cómo se administran.
El ejemplo más tangible es Potrerillos. La represa va a cumplir 20 años y nunca se terminó el plan de gestión «aguas abajo» para, por ejemplo, amortiguar el impacto de las aguas claras, mejorar la gestión del riego y, sobre todo, de consumo humano en el área urbana. De hecho hoy la presión sobre el recurso disponible en el Gran Mendoza impacta más que la propia escasez. Los proyectos de regulación del Río Mendoza datan de 1920, recién en 2001 se inauguró el primer dique y los otros no se ejecutaron. El río trae menos agua, la población y las actividades humanas que presionan sobre ese recurso crecieron de manera enorme. En el pronóstico de escurrimiento para la temporada se prevé una disponibilidad de 820 hm3, pero hay que restarle 250 hm3 que ya están «comprometidos» por la presión urbana. Por eso la disponibilidad real es mayor y hay una «sequía extrema» de hecho.
Potrerillos es un dique chico, que almacena agua de manera estacional, es decir para una temporada de poca agua. «Si no estuviera el Dique la situación sería dramática», aseguran. Es decir, cumplió la primera parte de los objetivos. Pero incluso el propio Potrerillos ya tiene otros impactos, además de la presión, porque disminuyó su capacidad de almacenamiento en más de un 10% por los sedimentos. Originalmente tenía una capacidad de 452 hectómetros cúbicos. Y ahora no llega a los 390 hm3 en su llenado total.
Diques y demoras
Portezuelo del Viento es la «gran obra» que el Gobierno busca ejecutar. Tiene financiamiento asegurado, pero hay problemas técnicos para la adjudicación y otros inconvenientes ambientales, políticos y jurídicos que la pueden demorar. Portezuelo va a regular el Río Grande, un curso de agua subutilizado por Mendoza y que tiene pocas hectáreas afectadas. De hecho el principal uso tiene que ver más con las industrias extractivas (petróleo y minería). El volumen del embalse sería casi cuatro veces el de Potrerillos y se cree que podría beneficiar más a las provincias vecinas abasteciendo con un caudal constante al río Colorado. El Gobierno comenzó tímidamente a analizar la posibilidad de que, una vez hecho el dique, se ejecute el trasvase de agua al río Atuel para aprovechar mejor y nutrir a ese curso de agua que está exprimido.
Pero el Río Grande no está exento de los problemas estructurales. Este año será el que más impacto tendrá por la sequía y arrastra varias temporadas muy por debajo de su promedio. Está previsto que sufra una «sequía extrema» porque traerá solo el 40% de su volumen histórico.
Portezuelo generaría un enorme lago con más de 1000 hm3 de volumen.
El tema fue tomado por quienes buscan desalentar la realización de la obra por la relación «costo – beneficio»: creen que por el cambio climático, la represa tardará menos en llenarse y que podría producir menos energía de la calculada. No es un tema menor ese análisis pues el principal objetivo de Portezuelo es la generación de energía para venderla, que produzca regalías y que ese dinero sea usado para financiar otras represas. El círculo «virtuoso» que se prevé y que fue ejecutado en otras provincias, como San Juan. Suarez asegura que adjudicará la obra al único oferente (el consorcio Malal Hue), aunque luego deberá firmar el contrato y esperar que la Corte Suprema no frente nada ante las demandas de La Pampa. Todo indica que Suarez podría adjudicarla, pero no será quien la vea en ejecución.
Portezuelo costará, sin contar mayores costos, más de 1000 millones de dólares. Todo el plan de obras del Departamento General de Irrigación para mitigar el Cambio Climático está presupuestado en 280 millones de dólares aproximadamente.
Otro de los planes del Gobierno es la ejecución de la represa El Baqueano, en el río Diamante. Se trata de un curso de agua ya regulado por dos represas y cuyo nuevo proyecto está en estudio, pero sin financiamiento. El Diamante también está en caída en cuanto al volumen de agua y por eso la represa que se sumaría a Los Reyunos y Agua del Toro agregaría otro «reservorio». Claro, se redefine todo, pues los proyectos originales son de hace más de 40 años.
El Río Diamante tendría otro dique.
El Río Mendoza también tendría al menos un dique más (originalmente se pensó un sistema de tres embalses). El proyecto que desarrolla el Gobierno es la represa Uspallata, cerca de la villa homónima. Está en proceso de licitación el paquete de estudios ambientales y sociales para elaborar el proyecto que pondría el segundo embalse, con dimensiones mayores a las de Potrerillos y que serviría para contener parte de los sedimentos, además de generar energía y tener otro lago. Nuevamente el tema tiempos y financiamiento juega un papel clave: los proyectos datan de casi un siglo, aunque hace 40 años se estudió más profundamente. La realidad ambiental, principalmente hidrológica, era otra. Ahora se busca encarar nuevos estudios. La realización de esa obra es hoy una quimera por falta de recursos. El proyecto Los Blancos, en el Río Tunuyán superior, llegó a ser anunciado y hasta licitado. Pero no existe ni siquiera a nivel de proyecto aún. Mucho menos existen los recursos para hacerlo.
El último dique se inauguró hace 20 años, pero su funcionamiento pleno fue posterior y aún no se termina el plan de optimización. A ese ritmo, el sistema de adaptación al cambio climático y de aprovechamiento de los ríos para generar energía puede demorar más de lo que la necesidad demanda.
En Patagonia, el cambio climático presenta una amenaza directa para la salud humana y el medioambiente. Más de un 90% de los glaciares en esta región están retrocediendo,[1] las especies marinas en peligro de extinción están cambiando sus rangos de migración mientras el océano se calienta. En algunas comunidades rurales, la capa freática de aguas ha descendido tanto en sus niveles históricos, que el agua está siendo transportada en camiones hasta sus puertas.[2] Estos cada vez más escasos recursos, como los glaciares y ríos, necesitan legislación para protegerlos y regular usos que podrían acelerar sus pérdidas.
Pero quizás la mayor amenaza para los ríos de la Patagonia, está bajo el pretexto de las políticas sobre el cambio climático. Ésta es diseñada para favorecer la construcción de grandes represas en la región, con el fin de reducir las emisiones de carbono. Nuevos estudios cuestionan si Chile debe aceptar los proyectos como una solución al cambio climático, dado que un estudio de la Universidad de Stanford muestra que el país podría alcanzar 100% de energías renovables sin la construcción de una sola presa adicional. Pero las políticas actuales se basan en modelos de desarrollo antes que otras energías renovables como la eólica o solar, y bajo un régimen legal que data de la década de los 80, mucho antes que la mitigación del cambio climático era una prioridad universalmente reconocida. La consecuencia es que algunos grandes ríos de Patagonia continúan en riesgo, a pesar de la doble función que desempeñan como herramientas eficaces en la mitigación del cambio climático y como motores económicos de la región.
De París a la Patagonia
A finales de 2015, los líderes mundiales se reunieron en Francia y llegaron a un trato sobre el clima global conocido como el Acuerdo de París. Como parte de esto, 189 de 196 gobiernos asumieron compromisos específicos y mensurables para reducir las emisiones de carbono. Estas responsabilidades voluntarias, denominadas Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDCs, por sus siglas en inglés), difieren en cada país, siendo unas más ambiciosas que otras. El INDC de Chile se basa en un objetivo de intensidad de carbono, cuya misión es reducir las emisiones por PIB en un 30% por debajo de los niveles de 2007 para el año 2030, y trasladar la producción de energía a las energías renovables.[3] El plan tiene una clasificación de “insuficiente” por los investigadores de la Climate Action Tracker.[4]
El problema para Patagonia no es que estos recortes de emisión no sean suficientemente ambiciosos, sino que las políticas energéticas correspondientes observan a las grandes represas como si fueran la respuesta adecuada al cambio climático. En 2015, el Ministerio de Energía de Chile concluyó que el país podría alcanzar el 70% de energías renovables para el 2050, lo que ayudará a cumplir la meta de reducción de emisiones en un 30%. Mientras la cartera de Gobierno estudió diferentes escenarios, todos estos modelos suponen que grandes presas serían parte de la combinación. La mayoría de estos grandes proyectos se localizaría en el sur, donde poderosos ríos tienen supremacía y podrían hacer funcionar turbinas todo el año -aunque paulatinamente cada vez menos-. Una de las muchas consecuencias del cambio climático en la Patagonia, es un pronunciado decaimiento de las precipitaciones, lo cual debe tenerse en cuenta en cualquier discusión sobre el uso y manejo adecuado del agua.[5]El río Futaleufú.Jakub Sedivy
Para muchos, más preocupante que una política que prioriza a las grandes represas, es la que se está diseñando para otorgarle directrices a las empresas que buscan represar las cuencas hidrográficas. En 2014, el Ministerio de Energía encargó un estudio de mapeo de cuencas hidrográficas, actualmente en Fase II. El estudio evalúa las cuencas del Maipo (cercana a Santiago), y del Yelcho (que alberga el río Futaleufú, en la Patagonia). Éste último ha sido blanco de generación hidroeléctrica en el pasado. Estos casos han provocado alarma en las comunidades de estos lugares, donde los líderes locales se están uniendo para denunciar tanto al estudio como la confusión generada por tener un gobierno regional que apoya la conservación y el turismo, y un gobierno central que parece dar prioridad a las represas.
A esta política de mapeo de cuencas para la generación de energía, le precede el caso de HidroAysén. En 2014, a este controversial proyecto hidroeléctrico en la región de Aysén, en la Patagonia chilena, le fue invalidado el permiso. La desautorización vino tras años de campaña, que incluyó una investigación realizada por el Consejo para la Defensa de la Patagonia, coalición de organizaciones chilenas que sumó a asociados internacionales como el Consejo de Defensa de Recursos Naturales. Se desenmascaró el mito de que los chilenos deben aceptar las represas para mantener las luces encendidas. También provocó una respuesta del sector privado a buscar las garantías del Gobierno para futuros proyectos de presas, lo que resultó en el lanzamiento del estudio de mapeo de cuencas ese mismo año.
Antes del caso HidroAysén, era lógico que los políticos asumieran como conclusión inevitable que las grandes centrales hidroeléctricas jugarían un papel importante en el futuro de Chile. Durante muchos años, la pregunta que se hizo en este país no era si sus ríos serían represados, sino que cuál de ellos iba a ser el primero. En 2010, el entonces ministro de Energía anunció que la energía hidroeléctrica era “la principal riqueza en términos de recursos energéticos” del país.[6] Ahora que la conversación ha cambiado y otras tecnologías son a la vez rentables y competitivas en el mercado de la energía, los políticos pueden ser más ambiciosos para pedir la protección de los ríos de la Patagonia, y a la vez ser pro-desarrollo.
En última instancia, llegar al 100% de energías renovables sin nuevas represas requeriría cambios importantes en el marco normativos de Chile, que aún se beneficia de proyecto de desarrollo de gran embergadura, como las presas y plantas de carbón. El último debate es sobre revisiones a la Ley de Electricidad. Cuando esta ley fue aprobada en 1983, represas a gran escala fueron vistas como menos controversiales de lo que son hoy en día. Con tantos gigantescos ríos alimentados por glaciares, las represas hubieran sido la única forma de energía renovable factible para la implementación a gran escala. Un nuevo proyecto para revisar la ley está siendo criticado por promocionar proyectos con grandes infraestructuras, como las represas en Patagonia, a pesar de ser aclamada como una herramienta para promover Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como la eólica y la geotérmica.Mapa: Seis cuencas hidrográficas que están siendo priorizadas por el gobierno chileno.__title__
Según Juan Pablo Orrego, director del grupo ambiental con sede en Santiago, Ecosistemas, el proyecto de ley crearía zonas de desarrollo desde Santiago a Aysén, que él y otros llaman “zonas de sacrificio”. De acuerdo a Orrego, el proyecto haría más fácil construir líneas de transmisión para el transporte de energía generada desde la Patagonia a otras partes del país, o incluso a través de la frontera a la vecina Argentina. “Por extraño que parezca, el proyecto de ley está supuestamente diseñado para promover las ERNC, pero en realidad sólo promueve más mega represas”, dice Orrego.
Estas medidas legislativas, que están en consonancia con una política energética pro-represas, van en contra de una nueva investigación que muestre mejores alternativas.
Nueva investigación
Desde una perspectiva global, Chile es tremendamente afortunado. Nuevos estudios muestran que el país no tiene que elegir entre el carbón -que contribuye al calentamiento global y tiene otros costes sociales y medioambientales- y las grandes represas, que traen sus propios problemas. Esta nueva investigación podría servir de base para la futura formulación de políticas para abordar el cambio climático, tanto por la preservación de los recursos de agua dulce, como la adopción de un planteamiento ambicioso para enverdecer la red.
En 2015, el Instituto NewClimate de Alemania analizó los beneficios perdidos de INDC de Chile. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Chile podría ahorrar $5,3 mil millones de dólares por año y crear unos 15 mil nuevos puestos de trabajo mediante la implementación de políticas energéticas que apunten al 100% de energías renovables, sin hacer falta de nuevas grandes centrales hidroeléctricas. El estudio fue presentado al Ministerio de Medio Ambiente de Chile a mediados de 2015, a través de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, una coalición chilena de más de 20 grupos de trabajo para informar a los formuladores de políticas sobre temas como la política energética y la justicia climática.[7]
Yendo más lejos, está del Proyecto de Soluciones de la Universidad de Stanford, una iniciativa mundial para catalogar el trabajo de la energía de cada país con el objetivo de determinar cómo el mundo puede cambiar por completo a 100% de energía limpia y renovable.[8] Según el análisis de Stanford, Chile puede alcanzar el 100% de energías renovables con sólo un 6,7% procedente de todas las formas de energía hidroeléctrica (y un grandioso 54% a partir de energía solar).[9] Estas cifras son muy diferentes al análisis del Ministerio de Energía, cuya hipótesis obtuvo muchas críticas por parte de quienes estaban en desacuerdo.Kayak en la seccion media de el Rio Fuy en Chile.Jakub Sedivy
En conjunto, estudios como los de Stanford y el Instituto muestran que los políticos podrían discutir formas para que Chile se convierta en un líder global al desarrollar políticas de conservación energética y de agua, que estén optimizadas para hacer frente al cambio climático. El director del proyecto de Stanford, profesor Mark Jacobson, destaca la necesidad de formular políticas informadamente. “Creo que la obtención de información en manos y mentes de gente, es la barrera más importante que hay que superar para crecer en la implementación a gran escala de las energías renovables”, dice.“[10] Se necesita una mejor planificación no sólo para la conservación sino también para buscar reducciones de emisiones más ambiciosas y ayudar al mundo a alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, según lo establecido por el Acuerdo de París.[11]
Dejar que corran los ríos de la Patagonia
En Chile, la protección de los ríos aún no se ha convertido en una prioridad nacional, pero la mentalidad está cambiando. Una solución es establecer una nueva legislación que protegería a los ríos debido a su valor natural o paisajístico. Este modelo ha funcionado en otros países, y podría ser una herramienta eficaz en Chile, donde varios ríos siguen fluyendo hacia el mar o tienen secciones que todavía están sin desarrollar. También podría ser incorporado en el plan nacional para la mitigación del cambio climático, propuesto por los investigadores de la Universidad de Chile Centro de Ciencia para el clima y la resistencia (CR2).[12]
Juan Pablo Orrego de Ecosistemas, argumenta la necesidad de aprobar reformas profundas que no estén sesgados a favor del gran desarrollo hidroeléctrico. “Las cuencas que desembocan en el mar son increíblemente importantes para el cambio climático. Sus estuarios producen los hábitats costeros que son ricos en fitoplancton, que actúan como sumideros de carbono enormes. Si buscan otras fuentes de energía renovable, de hecho estás luchando contra la realidad del cambio climático con sólo mantener los ríos salvajes”.Represa Ralco, en el río Bío Bío.Roberto Araya
Las preocupaciones de los defensores de las cuencas hidrográficas como Orrego, hacen eco de un consenso internacional, como se indica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un informe científico presentado durante las conversaciones de París detalla cómo los objetivos incluyen la gestión sostenible de los recursos hídricos. En concreto, el objetivo 6.6 se centra en “la protección y restauración de los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, lagos y acuíferos” el 2020..[13] Sin embargo, estos ecosistemas no pueden salvarse si países como Chile deciden que las grandes represas sigan siendo las respuestas al cambio climático. Y en marzo de 2016, la ONU excluyó presas hidroeléctricas de gran tamaño (definido igual que antes, de 50MWs) de sus cálculos globales de energías renovables. Aunque las razones que dio eran las dificultades de medición de grandes presas, ya que vienen en línea y la por la incertidumbre política, el movimiento es visto como un intento de reducir la definición de las energías renovables.[14] El debate internacional en relación con las grandes centrales hidroeléctricas es importante para los países, al momento de planificación para las reducciones de carbono.Represa Pangue, en el río Bío Bío.Álvaro Maurín
Queda por ver si las personas que diseñan la política nacional energética de Chile pueden ajustar. En enero de 2016, el mismo Comité de Ministros que invalidó el permiso de HidroAysén, confirmó la autorización concedida para construir proyecto hidroeléctrico de 640MW de Energía Austral en el patagónico Río Cuervo. Un mes antes, confirmaron el permiso para el proyecto Mediterraneo en el río Puelo (véase el mapa). En conjunto, estas aprobaciones sugieren una falta de voluntad política para revertir los planes que ya se encontraban en el lugar, a pesar de que estos ya no pueden ser relevantes o necesarios para cambiar a un objetivo 100% renovable.
En términos económicos, los ríos de la Patagonia son importantes para las comunidades del interior que dependen del turismo y turismo aventura. Y ellos son críticos contra las comunidades costeras que se alimentan de los mismos ecosistemas marinos que actúan como sumideros de carbono. Estas comunidades necesitan nutrientes transportados al mar por los ríos sin obstáculos. De cara al futuro, una mejor información sobre la ubicación de estos ríos puede ayudar a informar al público y los responsables políticos sobre lo que está en juego si esta política de energía no se da vuelta.
En lugar de dejar que los ríos de la Patagonia sean represados, desviados o destruidos, las autoridades chilenas podrían incorporar la conservación de ríos como respuesta país al cambio climático. Si se hace, demostraría liderazgo en cuestiones climáticas. Revisando la política energética para excluir las grandes centrales hidroeléctricas como una prioridad, y estableciendo una ley de protección de ríos similar a la designación “ríos silvestres y escénicos” que ocurre en otros países, Chile podría convertirse en un líder global sobre el clima. Garantizaría la fluidez de sus ríos sin obstáculos, desde las montañas hasta el mar.
El autor, Patrick Lynch, es un abogado ambiental en Chile, y participa en el Mesa Ciudadana de Cambio Climático, lo que presenta estudios de energía renovable al gobierno chileno. Desde 2013 sirve como director internacional de Futaleufú Riverkeeper, una ONG basado en la Patagonia. Este artículo ha sido apoyado por un fondo especial de periodismo de EcoPatagonia, gracias a una alianza entre Patagon Journal y Earth Journalism Network. Más información: www.ecopatagonia.org
[5] http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2016/03/Propuesta-contenidos-PANCC-… See page 85. Projections for precipitation between 2031 and 2050 show a downward trend of between 5 and 15% between Copiapó and Aysén, with the drop more pronounced in the south, particularly between the Bío Bío watershed and the southern limit of the Los Lagos Region (e.g. the Yelcho watershed).
La crisis climática es un problema global que se acelera en todo el Planeta como una consecuencia de la crisis del capitalismo. Los Gases Efecto Invernadero (GEI) también impactan sobre la disponibilidad y accesibilidad del agua. Los países más desarrollados y sus grandes corporaciones multinacionales han hecho hasta lo imposible por evitar gastar dinero para incorporar tecnologías que eviten los GEI. No quieren renunciar a la acumulación de capital ni al estilo de vida. Han inventado la creación de supuestos Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para que, en vez de generar energía con combustibles fósiles que aceleran el calentamiento, lo haga con agua justificando así una ola de planes de construcción de represas por todos lados. Pero las represas son energía sucia. Desplaza población y la deja más empobrecida, deforesta aumentando los GEI, inunda bosques y capa forestal liberando CO2. Altera climas, rompe con ecosistemas, con maglares, con los pantanos, acaba con los acuíferos. Por todo ello, las represas son una de las causas de la Crisis Climática. Investigación, Guión y Redacción: Gustavo Castro Soto (Otros Mundos, AC) Ilustraciones: Nieves Capote Figueroa (a) Constanza. Diseño y Diagramación: Nieves Capote Figueroa (a) Constanza y Gustavo Castro Soto (Otros Mundos, AC) Tablas y Gráficos: Informe de la Comisión Mundial de Represas, año 2000 Mapas: Gian Carlo Delgado y archivos Otros Mundos AC Fotografías: International Rivers, Gustavo Castro Soto y archivo Otros Mundos AC Material realizado con el apoyo de Siemenpuu Fundation
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