Les presentamos esta cápsula de 10 minutos, que es previa al video completo de 35 minutos que estará terminado en el mes de agosto del presente año 2012, producido por Koman Ilel y Otros Mundos Chiapas.
A mediados de septiembre del 2011, una caravana del MAPDER hizo un recorrido desde Nayarit hasta Pacuare, Costa Rica, para acudir al VI encuentro Mesoamericano de la REDLAR, en donde se escucharon las voces de las comunidades afectadas y amenazadas por las represas y la embestida de despojo y saqueo de las empresas transnacionales.
Este video es una pequeña muestra de lo que ocurrió; lo presentamos a casi un año de ese encuentro; próximamente compartiremos con ustedes un material audiovisual más completo que podrá ser usado en talleres de comunidades campesinas y ciudad, así como en la difusión de la REDLAR y movimientos de afectados por las presas de América Latina.
Redlar, la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua, es una iniciativa de organizaciones que se preocupan por el bienestar de sus comunidades y la soberanía sobre sus aguas.
«Discutimos, analizamos, compartimos e intercambiamos experiencias de luchas y resistencias en contra de las represas, la minería a cielo abierto, los monocultivos, la situación energética y la destrucción de territorios y cuencas, megaproyectos cuya imposición afecta los derechos de los pueblos, las economías locales y los ecosistemas de cada una de las cuencas y territorios que serian destruidos e impactados de manera irrecuperable.»
Costa Rica, del 22 al 25 de septiembre de 2011
A las compañeras y compañeros defensores del Pacuare, nuestra admiración por su valentía en la defensa de su río.
Reunidos en las márgenes del río Pacuare en Turrialba, Costa Rica, se llevó a cabo el VI Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR). Más de 200 personas de movimientos sociales y organizaciones de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y representantes de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania discutimos, analizamos, compartimos e intercambiamos experiencias de luchas y resistencias en contra de las represas, la minería a cielo abierto, los monocultivos, la situación energética y la destrucción de territorios y cuencas, megaproyectos cuya imposición afecta los derechos de los pueblos, las economías locales y los ecosistemas de cada una de las cuencas y territorios que serian destruidos e impactados de manera irrecuperable.
El objetivo central de VI Encuentro fue fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de movilización y gestión entre movimientos sociales y organizaciones mesoamericanas que defendemos nuestros ríos, derechos humanos, la naturaleza y la vida ante las amenazas de los megaproyectos de las empresas nacionales y trasnacionales impuestas por la sed de ganancia del capitalismo mundial. En el encuentro analizamos los avances y retrocesos de resistencia en contra de la construcción de represas en los distintos países, el intercambio de información y conocimientos permitió generar propuestas de las comunidades para enfrentar los planes nacionales del supuesto «desarrollo” que beneficia únicamente a las grandes empresas.
Nosotros decimos desarrollo ¿para qué y para quién? y afirmamos que no existe desarrollo, si el beneficio no es para los pueblos. El VI Foro Mesoamericano de la REDLAR, debatió sobre las energías alternativas y concluimos que éstas deben ser fuente que asegure la protección de la naturaleza y los derechos humanos en las comunidades.
Los gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el control de la energía eléctrica, el petróleo y todo tipo de industrias extractivas, son los mismos que saquean los recursos de nuestros territorios, los que buscan la privatización del agua y los que discuten falsas soluciones de «desarrollo” y sobre el cambio climático como el REDD+ sosteniendo engañosamente que las represas son mecanismos de desarrollo limpio (MDL). Esas empresas junto con los gobiernos de nuestros países siguen promoviendo el saqueo, el acaparamiento y compra de tierra e imponiendo proyectos con altos impactos sociales y ambientales.
La participación de los distintos países logró visibilizar nuestros movimientos de resistencia desde una visión mesoamericana y de conjunto, y las estrategias desarrolladas como las consultas comunitarias que han rechazado los proyectos. Todo ello nos permitió hacer propuestas de fondo sobre la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y llegar a acuerdos regionales para hacer frente a las alianzas entre empresarios y gobiernos que han ignorado la voz de las comunidades afectadas.
En el Encuentro analizamos el futuro inmediato de nuestros países que no será otro que el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales que afectarán sobre todo a los más pobres. Éstas son parte de la crisis sistémica a nivel mundial que se expresa en el proceso de acaparamiento por compra o saqueo de tierras; en el control por parte de los capitales de los procesos de generación de energía y privatización del agua; y en la crisis de Estados Unidos y Europa que arroja a sus empresas monopólicas a nuestros países.
Un aspecto de extrema gravedad es la militarización y la criminalización de la lucha social. Estamos frente a la amenaza permanente de una posible decisión del gobierno estadounidense de ejercer su dominación y explotación vía las fuerzas armadas. La Estrategia de Seguridad de América Central es el plan del Departamento de Estado frente a lo que calificó «la región más violenta del mundo” (Guatemala, Honduras, El Salvador junto con la frontera sur de México) «fuera de las zonas de guerra”. Es un plan para la «Seguridad Nacional” de los Estados Unidos, pero en realidad es la careta del dominio militar de E.U. sobre nuestros países. Debemos estar atentos para rechazar esos planes de injerencia y de intervención directa que comenzaron una nueva etapa con el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009, hecho que condenamos, igual que a la dictadura surgida del mismo.
La militarización se ha agudizado en México con la llamada «guerra de Calderón” supuestamente para combatir el crimen organizado que ya ocasionó 50,000 muertos, muchos de los cuales son víctimas inocentes. En Honduras en los últimos días han asesinado a más de 50 campesinos, 6 de los cuales acaban de ser asesinados por defender sus tierras en el bajo Aguán. En Guatemala, país que en pocos meses será gobernado, o por un prófugo de las masacres de las aldeas arrasadas, o por un mercenario de los que se enriquecieron en el tiempo de la represión y los despojos, el ejército acaba de perpetuar una masacre en el Petén. En Panamá la represión y asesinatos de los indígenas Naso y Ngnobe son la respuesta a la resistencia contra las represas. Toda esta situación se agrava por la expulsión de miles de mexicanos ycentroamericanos de sus países por los niveles de pobreza y marginación, quienes por la necesidad de cruzar hacia los Estados Unidos son víctimas de las mafias tanto de narcos como de agentes migratorios mexicanos, lo que ha llevado a extremos como las narcofosas y la masacre de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas.
En este encuentro también se dio a conocer la conformación del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo-minero (M4) como parte de la integración regional frente a esta nueva fase de despojo de nuestros bienes naturales, el modelo de acumulación que los gobiernos y empresas trasnacionales impulsan en el marco del Proyecto Mesoamérica antes Plan Puebla Panamá. En consecuencia se avanza con la integración de las luchas anti mineras y anti represas y demás megaproyectos que amenazan a nuestros pueblos.
El VI Encuentro Mesoamericano de la REDLAR exige a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que elimine de los Mecanismos de Desarrollo Limpio a todos los proyectos hidroeléctricos porque, como está debidamente comprobado, contaminan y destruyen la naturaleza contribuyendo al calentamiento global, a la vez que transgreden los derechos de los pueblos. Condenamos el uso de fondos públicos por parte de los bancos y corporaciones financieras internacionales para la construcción de hidroeléctricas en detrimento de la vida y la naturaleza.
Convocamos a la Jornada de Movilización contra represas y otros megaproyectos a realizarse simultáneamente en nuestros países del 12 al 16 de octubre de este año. Ratificamos el 14 de Marzo como el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos y los Pueblos.
Los y las afectadas por proyectos en nuestros países declaramos:
Costa Rica
Denunciamos que en Costa Rica, gobierno y empresarios, siguen difundiendo un discurso ambientalista mercantilizado para justificar el modelo de economía basado en todo tipo de facilidades para el capital transnacional y privado local, y en la firma de tratados de libre comercio e inversión que atentan irreparablemente contra la naturaleza y los derechos de los pueblos. Las comunidades costarricenses, indígenas, campesinas, costeras y otras, siguen defendiendo sus derechos y a la Tierra, ante hidroeléctricas, líneas de alta tensión, falsas soluciones ante el cambio climático, industrias petroleras, de gas, mineras, enclaves hoteleros, bioprospección que es en realidad biopiratería. Esos proyectos violentan los derechos de los pueblos y sus decisiones para administrar sus territorios, como en los casos de los plebiscitos en Turrialba y Jiménez ganados contra represas. Violentan también las mismas leyes nacionales y convenios internacionales como el 169 de la OIT. Nos pronunciamos contra todos esos proyectos y, particularmente, exigimos la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Demandamos que los ríos Chirripó y el Pacuare, y cualquier otro en territorio indígena costarricense, así como el Savegre, nunca sean represados y se conviertan en espacios para la verdadera conservación de la naturaleza y la cultura de los pueblos que los habitan.
Panamá
Condenamos al gobierno nacional quien en contubernio con empresas nacionales y trasnacionales realizan masacres, desalojos, persecución y violación de derechos humanos contra los pueblos, especialmente los originarios y campesinos cuando reclaman y defienden sus derechos y los recursos naturales. Condenamos cualquier intención de retomar la idea de nuevos embalses debido a la ampliación del Canal de Panamá y la salinización del Lago Gatún lo cual traería una catástrofe ambiental mundial. Denunciamos la dificultad que representa obtener información de dominio público.
Apoyamos las iniciativas legislativas de la Comarca Ngnobe Bugle para que no se permita el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos en su territorio, y para otras iniciativas de pueblos indígenas y ciudadanía en general. Impulsamos la soberanía alimentaria de los pueblos para independizarlos de los monopolios. Invitamos a internacionalizar jornadas de lucha y movilización para el 12 de octubre y el 14 de marzo de cada año.
Honduras
Rechazamos la construcción y amenaza de proyectos hidroeléctricos, tal es el caso de la represa Patuca III y las decenas de represas hidroeléctricas que se pretenden construir sobre los 72 ríos ya concesionados. Condenamos al Estado Hondureño por la violación a los derechos humanos contra la población que resiste al despojo de los bienes de la naturaleza de nuestro territorio. Anunciamos la movilización de nuestros pueblos durante el mes de octubre, destacando el 12 de octubre en el marco de la Jornada Mesoamericana.
Belice
Nuestra organización, The Belize Institute of Environmental Law and Policy, estamos luchando en contra de las represas por los problemas ambientales que provocan desde hace 12 años cuando se construyó la primera represa del país. Participamos en la coalición contra el petróleo, porque cada kilometro de Belice ha sido concesionado para la exploración y explotación de petróleo. Continuaremos la lucha en contra de las represas que están en construcción y las propuestas, así como de explotación de petróleo.
El Salvador
Exigimos al gobierno de El Salvador no continuar vulnerando el territorio nacional con la construcción de nuevas represas hidroeléctricas, la exploración y explotación minera. Demandamos la cancelación de los Proyectos Hidroeléctricos El Cimarrón y El Chaparral. El 16 de octubre Día Internacional de la Alimentación nos sumaremos a la Jornada Mesoamericana contra las Represas.
Guatemala
Exigimos la cancelación de todas las licencias y la construcción de megaproyectos en Guatemala y en Mesoamérica, porque estos proyectos no son prioridades ni resuelven las necesidades básicas de los pueblos, así como el respeto a los mecanismos de toma de decisiones de los pueblos originarios en defensa de sus territorios. Continuaremos fortaleciendo la lucha y resistencia de los pueblos mesoamericanos.
México
Exigimos al gobierno mexicano la cancelación de los proyectos de presas: La Parota (Guerrero), Paso de la Reyna (Oaxaca), Las Cruces (Nayarit), las mini hidroeléctricas del estado de Veracruz particularmente El Naranjal, Zongolica y las del río Pescados, Itzantún (Chiapas), El Zapotillo (Jalisco). Demandamos la reparación de los daños de La Yesca (Jalisco y Nayarit), Arcediano (Jalisco), El Cajón (Nayarit) y Picachos (Sinaloa). En el caso de El Zapotillo denunciamos el avance ilegal del 34% de la obra y la adjudicación a una empresa española de la construcción del acueducto que llevaría el agua de Jalisco a León (Guanajuato).
Lucharemos por que todos los ríos de México sean ríos libres de represas. Invitamos a las distintas luchas de la región a articularnos como un solo cuerpo en defensa de nuestro territorio mesoamericano común y a la movilización nacional el 12 de octubre en el marco del octubre Azul.
¡Ríos para la vida: no para la muerte!! ¡¡Agua y energía: no son mercancía!! ¡¡Mesoamérica libre de represas!!
Delegaciones de comunidades campesinas e indígenas de Mesoamérica que enfrentan represas, líneas de transmisión, minerías, turismo de enclave y otros proyectos que afectan negativamente su vida y la naturaleza, realizarán el VI Foro regional en las comunidades del río Pacuare en setiembre del 2011.
La visión comercial para la explotación energética del agua en Mesoamérica, proyecta la construcción de hasta 406 represas, que producirían alrededor de 16.000 megavatios (Inventario de Infraestructura Mesoamericano, Conservation Strategy Fund, citado por León y Bonilla. 2008). Semejante propuesta es el más claro indicador de una visión mercantiliza de la vida que no respeta consideraciones de orden cultural, derechos de los pueblos, economías locales, ni los ecosistemas en cada una de las cuencas que serían destruidas e impactadas de manera irrecuperable. Queda claro que bajo esta noción de progreso, es imposible acercarse a la aspiración de la Comisión mundial de represas, en el sentido de que “…el “fin” que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa socialmente y ambientalmente sustentable” (Informe CRM. 2001).
En todo el mundo los proyectos hidroeléctricos son presentados como obras especializadas, pensadas, diseñas y construidas por grupos selectos de expertos, técnicos y científicos ajenos a las comunidades impactadas negativamente y hasta desaparecidas. Cada proyecto hidroeléctrico, PH, es asociado con “desarrollo” y se hace creer que es indispensable para el “progreso” del país y las comunidades en las que se construirá. Con este argumento muchas veces se logra ocultar los intereses empresariales detrás de las hidroeléctricas. Aun en proyectos estatales se ven favorecidos intereses corporativos pues muchos de los contratos para estudios previos, estudios de impacto ambiental, construcción, operación y distribución de electricidad, son adjudicados a empresas privadas locales o extranjeras. No menos cuestionable es la corrupción, tráfico de influencias y dudosos arreglos políticos para favorecer a empresarios ligados a los gobiernos.
Otra característica común de los PHs es que a las comunidades se les oculta la información que les daría la oportunidad real de saber qué es lo que se hará. La desinformación crea un estado de indefensión y siempre es la primera acción deliberada para que las comunidades no puedan ejercer una participación social efectiva frente a las hidroeléctricas, líneas de transmisión y otras obras asociadas. Es evidente que sin información no puede haber diálogo y mucho menos negociación sobre cualquier asunto de interés para las comunidades impactadas. Esto genera la línea de base para la manipulación y la exclusión, o para una participación funcional y controlada por los proyectistas.
Esa relación autoritaria se refuerza con el poderío económico que se despliega para una represa, y que posibilita desde la construcción de las obras como tapa del embalse, túnel, cada de máquinas, entre otras, hasta la “compra por necesidad” de las comunidades con caminos y pequeñas obras y arreglos de infraestructura, regalos de sacos de cemento, tarros de pintura, etc. No menos pesado para las comunidades es el cambio social generado por el aumento incontrolado del consumo local en hoteles, pequeños hospedajes y hasta casas, restaurantes, bares, la “explosión” de la prostitución, etc, durante la etapa constructiva. En todo caso, los negocios locales temporales, por más rentables que resulten para algunas personas, nunca compensan la descomposición social que la mayoría de las veces genera una hidroeléctrica, y que se prolongan indefinidamente. Los impactos negativos toman perfiles irrecuperables si se considera que el desarraigo por pérdida de terrenos, fincas, ya sea voluntariamente o por expropiaciones forzadas, convierten a familias y comunidades enteras, en poblaciones errantes y desamparadas. Otras comunidades que no necesariamente son impactas en la construcción de las represas, sufren sus impactos negativos y hasta el riesgo de desaparecer o migrar, dado que los ríos aguas debajo de una represa se convierten en focos de peligro inminentes y permanentes por los desfogues o apertura de compuertas. Los empresarios, ya sean públicos o privados, evaden su responsabilidad colocando simples rótulos que advierten sobre el peligro de crecidas “en cualquier momento”.
Si bien la electricidad es indispensable para la vida de la mayoría de las personas, el dilema es aceptar o no que todos los ríos sean represados. En este punto se contraponen 2 visiones: una es mercantilista y está basada en el crecimiento económico, el consumismo ilimitado y la acumulación de riqueza en pocas manos. La otra es una visión ética que concibe los ríos como elementos indispensables para la vida –social y natural- y promueve la planificación energética y de la hidroelectricidad en particular, sobre criterios técnicos, de responsabilidad y ética. En ese marco muchas comunidades impactadas negativamente por las represas están intentando tomar parte de la definición de cuál es el modelo energético que requerimos y podemos implementar; y dentro de este modelo, cuáles ríos pueden ser represados y cuáles no.
En muchos países la acción de las comunidades ante la imposición de proyectos se está convirtiendo en un ejercicio de participación efectiva, cuyos resultados se pueden resumir en la oposición a las represas en el río Pacuare. Según Martín Granados, un campesino de San Joaquín de Tuis, defensor del Pacuare “la represa sigue detenida gracias a que las comunidades no nos dejamos apabullar por el ICE –Instituto costarricense de electricidad- y los gobiernos. Si no nos hubiéramos plantado ya hubieran hecho lo que quieren, y mal hecho como lo estaban haciendo, abriendo trochas en las montañas a la par del río y metiéndose adonde fuera sin permisos y tratando de engañar a todo el mundo y en especial a los indígenas, que son la gente que más ocupan que les digan que sí”.
A las represas se suman las líneas de transmisión cuyos impactos también pueden ser letales para las comunidades y los ecosistemas. En todos los casos de PHs las líneas de transmisión locales, nacionales y regionales, tienen impactos ecológicos y sociales cuya magnitud llega a ser incluso igual de perniciosa a la construcción misma de los PHs. El mercado eléctrico centroamericano requiere la instalación de al menos 1.790 kilómetros de líneas de transmisión (http://www.eprsiepac.com/ruta_siepac_transmision_costa_rica.htm) y esto ha generado también un nuevo foco de tensión entre los proyectistas y las comunidades, pues ya muchas poblaciones se han enterados de los daños a la naturaleza y la salud humana, como aceleración de varios tipos de cáncer, que generan las líneas de alta tensión. Esto sucede mientras las autoridades gubernamentales, como el caso de Costa Rica, siguen sin atender los argumentos de las comunidades, como es el caso del cantón de Dota, basados en los argumentos científicos más actualizados.
En todos los países los PHs y sus líneas de alta tensión siguen generando conflictos sociales por la carencias de consultas, violaciones de derechos y, en última instancia, la imposición, con costos incluso de vidas humanas, pues muchas personas defensoras de los ríos y la naturaleza, ha sido asesinadas, sin que, sospechosamente, la justicia de cada país haya determinado quiénes son los responsables directos. Los casos de Bety Cariño en México y de indígenas en Colombia y Panamá, son sólo ilustraciones de la violación de derechos humanos fundamentales de información, organización, socio-culturales y finalmente de la vida misma.
Debate, organización y alternativas energéticas
Para muchas comunidades los Foros Mesoamericanos son el único espacio público sin restricciones para exponer su situación y para obtener el apoyo de organizaciones nacionales y regionales. Para garantizar que el foro sea un espacio sin mediatización, hemos propuesto que el objetivo general del mismo sea “Fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de gestión entre organizaciones sociales de comunidades Mesoamericanas que defienden sus ríos, sus derechos humanos, la naturaleza y la vida, ante la amenaza de represas y otros megaproyectos”.
Durante el VI Foro se facilitarán espacios para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre comunidades que enfrentan procesos de construcción de represas en cualquier fase, se propiciará el intercambio de información y conocimiento de y entre las comunidades sobre los planes nacionales y regionales de construcción de represas y sus impactos ecológicos y sociales asociados, y se revisarán y evaluarán las oportunidades de organización que tienen las comunidades para la defensa de sus derechos. Igualmente importante en el foro será el objetivo de “Consolidar el debate regional sobre energías alternativas cuyas fuentes aseguren la protección de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos”. Sobre este último aspecto, es indispensable establecer que desde mucho antes de que el debate sobre posibles fuentes de energía alternativa y más o menos limpia, fuera tema de gobiernos, algunas agencias multilaterales y empresas transnacionales, ya era ampliamente discutido entre las organizaciones sociales. En general los gobiernos y las empresas energéticas, y sobre todo para las constructoras de represas, se han preocupado más por la propaganda que por las acciones concretas y sentido estricto, por establecer límites al crecimiento de la oferta y la demanda energética. Los mismos gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el aumento del ciclo petrolero y todo tipo de industrias extractivas, son los mismos que propician y discuten sobre las soluciones y fabrican y pagan el círculo mediático global y local sobre “desarrollo sostenible”. Entre otras creencias, científicamente comprobadas como falaces, los Phs son presentados como energía limpia y renovable, de tal forma que se siguen promoviendo sin atender sus negativos impactos sociales y ecológicos (ver entre muchas referencias Durán-Castro, Osvaldo “Represas y turismo en tres decretos contra Guanacaste”. www.ambientico.una.ac.cr, 197, febrero, 2010).
Nuevos debates y seguimiento
Durante la fase preparatoria del VI Redlar, que para PROAL-Amigos del Pacuare de Costa Rica inició desde la finalización del V Redlar-Boquete Panamá en abril del 2009, se ha perfilado un encuentro que permita abordar la amplia problemática que viven las comunidades, los impactos negativos en los ecosistemas, la urgencia de generar modelos y matrices energéticas que aseguren sustentabilidad y responsabilidad a largo plazo, las políticas, toma de decisiones, la participación de las comunidades en el contexto de la globalización y regionalización.
En síntesis, las organizaciones y comunidades participantes, tendrán la oportunidad de intercambiar sus vivencias y procesos de organización, informarse, compartir sus conocimientos y de generar propuestas, bajo los siguientes temas:
1. Derechos humanos y comunitarios ante los megaproyectos. Escenario global y visión mesoamericana. Derechos de los pueblos indígenas y legislación nacional.
2. Estrategias de participación social efectivas.
3. Megaproyectos en Mesoamérica: represas, líneas de transmisión, minería, petróleo, gas, falsas soluciones frente al cambio climático, marinas, etc.
4. Geopolítica de la naturaleza e inversiones en América Latina, acuerdos multilaterales, bilaterales y alianzas empresariales y gubernamentales.
5. Ecología de los ríos y naturaleza.
6. Modelos energéticos sustentables y revisión de demanda energética real de los pueblos.
En el Foro Mesoamericano se prestará especial cuidado al seguimiento de algunos de los mayores conflictos sociales y ecológicos generados por megaproyectos:
En México los PHs La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca. Las Presas de abasto de agua Zapotillo y Arcediano, el campo eólico La Venta, y las luchas para resarcir a la población de El Cajón y Los Picachos.
En Guatemala los PH Xlalá, HidroXalbal, la minería a cielo abierto en San Marcos y la interminable lucha para resarcir y reinvindicar las víctimas de Chixoy.
En Honduras los megaproyectos de enclave turísticos Bahía de Tela, PH Patuca III, la Base militar Katski, la explotación petrolera de la plataforma marítima y los PHs El Tigre y Wancarque y otros en Atlántida y Valle de Sula. Las minerías Minas de oro en Comayagua y Montecillo.
El Salvador los PHs El Tigre, El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, la exploración minera en Texistepeque, Chalatenango, Cabañas y Morazán.
En Costa Rica los PH Diqués, la defensa del Pacuare y el Savegre, las líneas de alta tensión, las mimerías y todo tipos de proyectos invasores de los territorios indígenas, entre otros.
En Panamá, destrucción de la legislación de la autonomía de los pueblos, en un país con una vasta cultura originaria que incluye Gnobe, Buglere, Nasso, Emberá, Wounaan, Kuna, etc, y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Especial atención merece la situación en Bocas del Toro donde los PHs suman 15 de un total de 160 en todo el país, de los cuales 120 serían en Chiriquí. Panamá es un caso clarísimo de represión generada por PHs, pues según datos de organizaciones civiles, hasta 12 personas fueron asesinadas en junio del 2010.
En Colombia las represas Urrá 1 y 2 y la defensa de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, sistemáticamente desconocidos.
Un panorama global diseñado para el capital
Sin profundizar en el tema, debemos resumir que América Latina está viviendo un acelerado proceso de integración supeditada y desequilibrada en contra de las sociedades nacionales y de los pueblos en particular. Los recursos de la región como minerales, riqueza marina, biodiversidad y agua, están en la agenda de las principales empresas transnacionales y su control y apropiación están siendo facilitados a través de mecanismos como los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multinacionales. De acuerdo con Lourdes María Regueiro Bello, se trata de consolidar la “seguridad energética” de los Estados Unidos, en el marco de un modelo en el que los gobiernos de la región aceptan ceder soberanía, desregular y abrir mercados (2008. Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense. Visiones desde el Mercosur y el ALBA. CEA-CLACSO), y, debemos agregar, construir alianzas entre grupos de poder locales con mega-empresas transnacionales, descuidando cada vez más los intereses y necesidades de los pueblos impactados negativamente por proyectos de minería, turismo de enclave, explotación comercial de la biodiversidad, y explotación del agua en todas sus formas, incluidas las represas.
En el IV Encuentro REDLAR, en Lorica, Colombia en 2008, se había concluido que “Las políticas energéticas impulsadas por los diversos gobiernos de Latinoamérica se basan en la construcción de numerosos megaproyectos hidroeléctricos que responden a una estrategia de crecimiento y “desarrollo” económico, social y político excluyente, de despojo y destrucción del patrimonio natural y de la vida en general, sin tener en cuenta los graves impactos que estos causan sobre la vida de la gente, la cultura y el territorio”.
Hasta ahora ese panorama no ha cambiado. La estrategia de acumulación global y regional, sigue propiciando un modelo de desarrollo excluyente y ajeno a las necesidades de las poblaciones y destructivo de la naturaleza. En ese contexto es que las comunidades de Mesoamérica participantes en el VI Redlar, buscaremos consolidar espacios de trabajo y proponer alternativas que aseguren la satisfacción de demandas tan importantes como la energía, pero nunca al costo de destruir la Tierra y de violentar los derechos de las personas.
