DEMANDAMOS AL GOBIERNO DE MÉXICO LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE PRESAS

14/03/2014

14 de marzo del 2014

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

A los medios de comunicación nacionales e internacionales y al pueblo en general:

El 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, es la fecha durante la cual, las comunidades y organizaciones afectadas por proyectos de represas en el mundo salen a la calle a demandar justicia a sus gobiernos, a las compañías constructoras y productoras de electricidad y a la sociedad en general. Según la Organización de las Naciones Unidas, unas 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo. En nuestro estado, las represas que fueron construidas en nombre del supuesto “desarrollo”, solo trajeron, como en muchas otras partes, mayor marginación a cientos de comunidades que vivían de la pesca y la agricultura.

Desde 1997, fecha en la que se organizó el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas (Curitiba, Brasil), hemos podido comprobar una y otra vez de manera sistemática, que los engaños con los que los gobiernos y compañías se apropian de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, siguen siendo los mismos. Además, es posible afirmar que en las comunidades, las tarifas de la electricidad son elevadísimas, mientras que grandes compañías reciben subsidios para no pagar. Vemos que el costo social y ambiental lo asumen los pueblos al tiempo que unos cuantos se enriquecen acaparando los bienes comunes y provocando daños a la gente y al medio ambiente.

En México, el Movimiento ha sido señalado en numerosas ocasiones de provocar la desestabilización. En los estados de Guerrero y Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias federales y estatales han acusado a las organizaciones que acompañan a las comunidades de estar del lado de los países ricos. En Veracruz, nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz fue asesinado un día antes de comenzar el Encuentro Nacional del MAPDER, en agosto del año pasado. En Chiapas, el proyecto Chicoasén II está causando división en las comunidades debido a que el gobierno organizó una asamblea ejidal fraudulenta, acarreando campesinos de otras comunidades el 17 de noviembre de 2013 para que votaran a favor de la construcción. En las regiones del Soconusco y Sierra, las autoridades federales han respondido con menosprecio a la declaración de territorios libres de minería y represas, llevada a cabo el 10 de diciembre del año pasado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía simplemente ignoraron la demanda de 47 comunidades de cancelar las represas y minas en esa región y se limitaron a contestar que están facultadas para autorizar dichos proyectos. Mientras, las familias afectadas por el llamado Tapón del Grijalva todavía esperan la indemnización por sus tierras y una vivienda digna que no se caiga a pedazos, como las casas que recibieron en la Ciudad Rural Nuevo San Juan de Grijalva. Y no sólo eso, cuando estas mismas familias salieron a las calles para manifestarse por la falta de justicia, hubieron detenidos que fueron trasladados a diferentes cárceles, como ha sido registrado en recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las amenazas, sobornos, órdenes de aprehensión y hasta asesinatos son el pan de cada día de quienes trabajan para proteger al medio ambiente y a sus familias.

Vemos pues que el desdén de las autoridades y compañías nos unen en la lucha por el respeto de nuestros derechos y del medio ambiente a escala local, regional e internacional. Es por esto que nos oponemos firmemente a las reformas estructurales aprobadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como al proyecto de reforma agraria que será analizado próximamente y todos los venideros. Estos cambios constitucionales traerán solamente más violaciones a los derechos humanos y más destrucción de nuestra madre tierra.

A pesar de este panorama, en todos los rincones del país se están haciendo sentir brotes de organización y resistencia de los pueblos originarios por rechazar estas amenazas a la vida. En el estado de Puebla, miles de campesinos se encuentran dando una lucha directa en contra de la construcción de los proyectos hidroeléctricos que pretenden imponer sobre el rio de Apulco, que nace en La Soledad, tierras Poblanas donde Carlos Slim pretende construir la mina de oro a cielo abierto más grande de América. También en Veracruz, las comunidades impulsan una dura lucha contra la instalación de represas en los ríos Pescados, La Antigua, Blanco, entre otros, realizando todo tipo de acciones pacíficas y de desobediencia civil, que a la fecha han logrado frenar en cierta forma la avalancha de represas de los 112 proyectos planeados, tan sólo para este estado.

La resistencia contra estos proyectos de muerte en todo el país ha sido peligrosa, debido a la impunidad con que operan empresas, gobierno y crimen organizado, pero también ha demostrado que es la única forma de bloquear proyectos millonarios y defender el medio ambiente y las comunidades.

Por todo lo anterior, en este día de lucha demandamos al gobierno de México la suspensión de todos los proyectos y concesiones hasta que las comunidades hayan sido consultadas, libre y previamente, así como el respeto a la voluntad de las mismas y a su derecho a la libre autodeterminación.

Atentamente,

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Chiapas y

Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Libertad a los presos políticos del país!

¡Castigo a los asesinos de Noé Vázquez Ortiz, Bety Cariño, Bernardo Vázquez, Mariano Abarca y demás luchadores sociales!

DEMANDAMOS AL GOBIERNO DE MÉXICO LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE PRESAS

La hidroeléctrica en Zongolica: entre el despojo y la esperanza

30/09/2013

Artículo sobre los impactos sociales, culturales y ambientales de la presa Proyecto Veracruz, a punto hoy de entrar en operación, en la Sierra de Zongolica

Bajar archivo PDF en: https://red-lar.org/wp-content/uploads/2020/08/HidroelectrZongolica_AlatorreHidalgoCampos_JornadaEcol.pdf

https://www.lavida.org.mx/documento/hidroel%C3%A9ctrica-en-zongolica-despojo-esperanza

Declaración de Amatlán de los Reyes

X Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER

Amatlán de los Reyes, Veracruz,  4 de agosto de 2013

Indignados, en alerta máxima y con el grito a una sola voz de justicia, bajo el acoso de un ostentoso operativo policial por el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz al inicio de nuestro encuentro y a quien dedicamos la celebración del Décimo Aniversario MAPDER, reunidos más de 300 defensoras y defensores de los ríos e invitados internacionales procedentes de siete países llevamos a cabo el Décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del 2 al 4 de agosto, en Amatlán de los Reyes, región de las altas montañas de Veracruz

Fuimos testigos de la grave situación que atraviesan los pueblos de Veracruz amenazados por la construcción de más de 100 proyectos hidroeléctricos con capital privado y bajo el esquema de abastecimiento energético para las empresas. Esto implica la privatización de los ríos y agudización de daños sociales y ambientales para las poblaciones locales y demás comunidades ribereñas. Tan solo en la región de las Grandes Montañas, existen 3 proyectos de su tipo, de los cuales uno se encuentra en fase final; nos referimos al Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, a cargo de la empresa Comexhidro, implantado en tres municipios de la Sierra y cuya afectación directa es a 5 mil personas. Dicho proyecto carece de permisos de la Conagua y de una consulta basada en el Convenio 169 de la OIT, para la protección de los derechos indígenas.

En Tlapacoyan-Jalacingo, fueron autorizados tres proyectos hidroeléctricos de 8 planeados para toda la cuenca, implicando desvío del caudal en 13 kilómetros, alteración biótica por desecamiento de 54 mil hectáreas en 7 municipios —Altotonga, Jalacingo, Tlapacoyan, Atzalan, Martínez de la Torre, San Rafael—, más dos de Puebla —Teziuhtlán y Hueytamalco— a cargo de la empresa Impulsa Generación Renovable y donde el comprador de la energía es Minera Autlán, con una afectación de 450 mil habitantes.

Las principales cuencas y ríos de Veracruz —Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Bobos-Nautla, Actopan y La Antigua— y sus 57 afluentes o ríos tributarios aparecen en los estudios hidroenergéticos que sirven de base para la promoción de cuando menos 112 “mini-hidroeléctricas” a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Prueba de ello es el Proyecto Multipropósitos Xalapa, ubicado en la cuenca de La Antigua, cuyos objetivos son, por un lado, el abastecimiento de agua para la ciudad de Xalapa a un costo muy elevado y pretendiendo subir el líquido más de 1200 m.s.n.m.; y por el otro lado, es la generación de energía a cargo de la transnacional brasileña Oderbrecht. Dicho proyecto ha desplazado ya a casi 5 mil habitantes de la comunidad de Barranca Grande y Villanueva en los municipios de Ixhuacán de los Reyes. Así mismo, la electricidad generada beneficiaría directamente la ampliación de la empresa cementera, la cual ya ha afectado severamente a la población del municipio de Apazapam. Este proyecto hidroeléctrico afectaría directa e indirectamente a casi 1 millón de personas.

Desde el 2011 el proyecto hidroeléctrico el Naranjal, amenaza el territorio de Amatlán de los Reyes y siete municipios de la región que afectaría a 30 mil personas. Se trata de una de las hidroeléctricas más importantes del estado que podría tener una capacidad instalada de 360 MW. Por las protestas de la población en la región se mantiene un clima de intimidación contra los opositores a la imposición de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Prueba de ello es el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz en esta región, donde uno de los hombres más ricos del país, Claudio X. González, y su socio Gerardo González Guajardo, pretenden construir la presa hidroeléctrica El Naranjal, a través de la empresa Constructo. Recordamos que la tenaz resistencia de las comunidades campesinas e indígenas potencialmente afectadas por el despojo de tierras en los municipios de Iztac, Fortín, Naranjal, Coetzala, Amatlán, Cuichapa y Omealca, obligó a que el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmara en junio de 2013 un Decreto de Área Natural Protegida Estatal que implicaría no construir ya el proyecto hidroeléctrico El Naranjal. La tardanza de su publicación en la Gaceta Oficial, derivó en más conflictos, atropellos, amenazas y muertes. Ante este escenario que viven los pueblos de Veracruz, el MAPDER repudia la violencia y exige el esclarecimiento inmediato del crimen de Noé Vázquez Ortiz, seguridad para su familia, para el niño testigo, para el Comité Defensa Verde Naturaleza para Siempre, así como para el pueblo de Amatlán de los Reyes. Estaremos atentos y realizaremos acciones inmediatas. Es evidente el gran nerviosismo de la empresa ante la posibilidad de que la hidroeléctrica no se construya. Exigimos cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal.

Aunado a esto, el MAPDER visitó el campamento que las comunidades amatlecas mantienen en defensa del río Atoyac y contra el proyecto Bandera Blanca, que busca la desviación del agua a la ciudad de Córdoba para fines industriales sin considerar la devastación ambiental y social que implica; lucha con la cual el MAPDER se solidariza.

Durante el Encuentro las comunidades afectadas por la imposición de proyectos de presas en el país, recordamos lo caminado en estos primeros diez años del MAPDER, nos reconocimos fortalecidos y conscientes de que gracias a él nos mantenemos unidos, articulados, que hemos detenido con mucho esfuerzo y tenacidad algunos proyectos de presas y que hemos colocado a nivel nacional la temática de presas y sus efectos sobre la cuenca de los ríos y las comunidades, proponiendo alternativas en el manejo del agua y la energía en México. Sin embargo, vemos con preocupación el incremento del número de proyectos de presas en el país, la agudización de la represión a las comunidades que resisten, la criminalización de la protesta, el hostigamiento, observamos el retroceso en el respeto a los derechos humanos. Resulta evidente que el modelo extractivista se ha fortalecido y que la imposición de proyectos de presas se multiplica, lo cual nos llama a mantener la alerta, la unión y a seguir en la acción en defensa de los ríos y de la Madre Tierra.

Ante la proyección y construcción de presas, parques eólicos y minas entre otros megaproyectos que implican destrucción y despojo, el MAPDER se pronuncia por el respeto al derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada y por la reparación integral de los daños físicos, morales y patrimoniales ocasionados por estas obras a ecosistemas y poblaciones afectadas. Que se respete la voluntad de los pueblos.

Después de nuestra Preaudiencia ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’, continuamos en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, preparándonos rumbo a la Audiencia final sobre el eje de Devastación Ambiental. Exigimos que el Estado mexicano dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Preaudiencia de Presas, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Siguiendo la recomendación del Jurado de la Preaudiencia sobre presas, el MAPDER impulsará un debate público sobre políticas y opciones energéticas, donde se contemplen tanto las formas de atender la demanda como la oferta de energía, considerando los patrones irresponsables de consumo, las pérdidas y las capacidades ociosas de las plantas energéticas; así como la revisión de las políticas relativas al control, uso y asignación del agua de la nación, que conduzcan a una política responsable de conservación y gestión integrada de los recursos hídricos.

Denunciamos que los nuevos titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no han dado respuesta a las solicitudes de reunión presentadas por el MAPDER; exigimos respuestas inmediatas.

Representantes de las comunidades y organizaciones presentes en el Décimo Encuentro Nacional MAPDER, construimos y consensamos colectivamente acciones y estrategias que desarrollamos a fin de fortalecer el movimiento, por lo cual

DECLARAMOS:
Exigimos la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, del estado de Guerrero. En diez años de lucha incansable, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) ha logrado la suspensión del mismo. Exigimos al Gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cumplimiento de los Acuerdos de Cacahuatepec. Al Ejército mexicano exigimos cese el hostigamiento al compañero Julián Blanco, del CECOP, dirigente en el ejido Los Huajes.

Con el Consejo Indígena Nayeri denunciamos que los gobiernos estatal de Nayarit, federal y municipales han violado los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas Nayeri y Wixárika de la cuenca del río San Pedro Mezquital, principalmente su derecho a la consulta previa, libre e informada, ante la amenaza de construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces por parte de la CFE. Asimismo denunciamos y rechazamos la actitud insidiosa de CFE y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que han negado la información sobre el proyecto Las Cruces a las comunidades afectadas y que han manipulado los procesos de toma de decisión en las comunidades indígenas de San Pedro Ixcatán y San Juan Corapan. Particularmente el hecho que el pasado 14 de abril el secretario de Gobierno del estado, el presidente municipal del Ruiz y la visitadora de la Procuraduría Agraria, hayan convocado y celebrado ilegalmente una supuesta Asamblea General de Comuneros de San Pedro Ixcatán, con el propósito de echar abajo los acuerdos de la Asamblea General de Comuneros del 7 de abril de este año, en que ésta comunidad negó a la CFE la anuencia para continuar los estudios de factibilidad del proyecto, valiéndose de engaño y chantaje al condicionar el acceso a sus habitantes a los programas gubernamentales y el ofrecimiento de diversas obra de supuesto beneficio a la comunidad.

Como MAPDER estamos enterados de la decisión tomada por el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de no inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y estamos preocupados por el nulo avance de las mesas de trabajo en cuanto a resultados y el cumplimiento de acuerdos y compromisos, así como la negativa a suspender temporalmente la presa El Zapotillo y entregar a la comunidad el proyecto técnico propuesto por el mismo gobernador para salvaguarda de las comunidades. Exigimos que el Gobernador de Jalisco suspenda de inmediato la presa El Zapotillo, cumpla su decisión de no inundar las comunidades afectadas por el proyecto y respete los Derechos Humanos y su territorio; exigimos cumpla y realice las diligencias necesarias ante el Gobierno Federal y la Conagua.

Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados a María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano en Jalisco.

Con el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (Copudever), de la Costa Chica de Oaxaca, denunciamos a la CFE por sus métodos de coacción a los municipios utilizando recursos públicos a cambio de permisos para terminar los estudios en el proyecto hidráulico Presa Paso de la Reyna y por la distribución de folletos que manipulan la información, mencionando que la obra beneficia al municipio de Tataltepec de Valdés. El Ejido Paso de la Reyna exige a la SEMARNAT frene los estudios ambientales. Pedimos la cancelación definitiva del proyecto Paso de la Reyna.

Tomamos la propuesta de los afectados por la Presa Cerro de Oro en Oaxaca de realizar una gran movilización que exija al Gobierno Federal cese la represión que sufre la población y solucione el caso que lleva más de 40 años pidiendo indemnización y conclusión de la infraestructura urbana a que se comprometió desde el año 1972.

El MAPDER exige respeto a la autodeterminación de las comunidades indígenas totonaca de Olintla y cesen las amenazas y hostigamiento de las autoridades municipales y empresa Grupo México, promotoras del proyecto hidroeléctrico-minero del cual exigimos cancelación definitiva en la Sierra Norte de Puebla.

Respaldamos a las organizaciones promotoras del foro Proyectos de Muerte y Territorio Nacional que exigen cese a las amenazas de muerte e intimidaciones a los pueblos y organizaciones que se encuentran en defensa del territorio contra hidroeléctricas y minas en Tetela, Ixtacamaxtitlán, Tzuapan, Quecholac y del estado de Puebla. Solicitamos se salvaguarde su integridad física y psicológica. Cancelación definitiva de hidroeléctricas, termoeléctricas y gasoductos, minas a cielo abierto y parques eólicos.

Exigimos alto al hostigamiento del movimiento contra altas tarifas de electricidad en Chiapas, cancelación de proyectos hidroeléctricos recientemente anunciados en los ríos Usumacinta, Grijalva y Coatán, éste último en el municipio de Tapachula. Condenamos la actitud de traición del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo, por estar impulsando la privatización del Sistema Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), enviando la iniciativa al Congreso del Estado a espaldas de la sociedad; por lo que exigimos que se lleve a cabo un referendo para conocer la opinión de la sociedad tuxtleca. Exigimos indemnización justa para los afectados por el mal manejo de aguas en lo que se conoce como El Tapón del Río Grijalva. Exigimos la salida inmediata de la empresa Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V., que provocó la fractura de una de las paredes del Cañón del Sumidero en 3 kilómetros de largo, aproximadamente. Exigimos la liberación del profesor tsotsil Alberto Patishtán, preso injustamente desde el año 2000.

Rechazamos los proyectos hidroeléctricos Chakté, Itzantún, Chinin así como las presas proyectadas en ríos de Pipijiapan y 120 concesiones mineras que afectarían a ríos y pueblos del estado de Chiapas. Exigimos su cancelación definitiva.

El MAPDER se une a la exigencia de la comunidad de Las Abejas de Acteal, del municipio de Chenalhó, Chiapas, de justicia sobre el caso Acteal y rechazo a Ernesto Zedillo Ponce de León en su integración de la organización de Elders.

Nos pronunciamos en apoyo a los hermanos indígenas Guarijíos, del sur de Sonora, en resistencia a la Presa Pilares, Bicentenario, que impactaría a cinco comunidades. Exigimos cese la agresión y amenazas de muerte contra su Grupo de Apoyo, medidas de seguridad y freno a la imposición del proyecto.

Exigimos cese la sobreexplotación del agua en la Región Lagunera, centro norte de México, remediación de los daños ocasionados por el sistema de presas sobre la cuenca del río Nazas; solución verdadera de la contaminación del agua y sus daños sobre la salud de la población; cese la privatización del agua y freno al proyecto de explotación de gas shale o esquisto en la cuenca de Burgos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con los afectados por la Presa El Cajón, de Nayarit, exigimos al Gobierno Federal indemnización justa, retroactiva, dotación de terrenos, viviendas y servicios equivalentes a los despojados a los habitantes de El Ciruelo, municipio de Jala, apertura de fuentes de empleo, atención a la salud y acceso al agua en calidad y cantidad.

El MAPDER se une a la exigencia de cancelación de licencias de presas hidroeléctricas autorizadas sin el consentimiento de los pueblos en Guatemala, respeto a las consultas comunitarias así como retiro de las empresas Hidro Santa Cruz de Barillas, de la empresa Cinco M S.A., del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, así como de otras de la Xalbal Ixcán y del Usumacinta en el departamento del Petén.

Exigimos esclarecimiento del secuestro y asesinato de nuestro hermano Daniel Pedro Mateo, defensor de los derechos del pueblo Q’anjob’al.

El MAPDER se propone fortalecer la articulación entre afectados por las presas, establecer alianzas con movimientos de resistencia contra la minería, contra las altas tarifas eléctricas, contra las reformas estructurales, particularmente contra la Reforma Energética; asumir las propuestas emanadas del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, realizada recientemente en Santa María Zacatepec, Puebla, que consisten en realizar una Jornada Nacional de Lucha que inicia con una movilización nacional el 12 de septiembre contra la Reforma Energética, y el 12 de octubre por la defensa de los derechos de los pueblos.

Volvemos a nuestras regiones hermanadas y hermanados con el pueblo de Amatlán de los Reyes en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Presa El Naranjal y en defensa del Río Blanco, el agua, la producción en armonía con la naturaleza y un mundo justo y solidario.

Hacemos un llamado de alerta a la comunidad internacional sobre la situación de emergencia que atraviesan los pueblos en defensa de la vida, el agua y el territorio.

¡Justicia para Noé!
¡Justicia para los Pueblos!
¡Justicia para los Ríos!
¡Ríos para la Vida, No Para la Muerte!
Diez años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida

Dada en Amatlán de los Reyes, Veracruz, a 4 de agosto  de 2013


Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa

¿Qué pasara con nuestro río?

2 jul. 2013

Educa Oaxaca

Los pueblos mixtecos, chatinos y afromexicanos de la Costa de Oaxaca han emprendido una fuerte lucha contra las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad que ha proyectado la construcción de una presa hidroeléctrica sobre el Río Verde con una cortina de 195 metros, un kilómetro arriba de la comunidad Paso de la Reina.

El informe público recién presentado da cuenta de la resistencia de las comunidades organizadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). Río abajo fue construida en 1992 la presa derivadora Ricardo Flores Magón (cortina de 5 metros).

Los impactos negativos que ha provocado preocupan enormemente a las comunidades, por esa razón el equipo de video del COPUDEVER realizó este video.

Más información: http://pasodelareina.org/

Informe Público «Paso de la Reina»: http://educaoaxaca.org/images/PASO_DE…

Declaratoria del Encuentro Regional Agrario Ambiental de Pueblos y Autoridades de la Costa y Cuenca del Río Verde de Oaxaca

El 31 de mayo de 2013, en Santa Rosa de Lima, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo Oaxaca nos reunimos autoridades agrarias, organizaciones y sociedad civil de las regiones costa e istmo en  el “ENCUENTRO REGIONAL  AGRARIO AMBIENTAL DE PUEBLOS Y AUTORIDADES DE LA COSTA Y CUENCA DEL RIO VERDE DE OAXACA”, con la finalidad de analizar y compartir nuestras problemáticas en torno a nuestros territorios, reflexionamos que:

Dentro del análisis que hemos realizado, encontramos que los programas como PROCEDE, FANAR después de varios años de su implementación generaron un retroceso en los derechos agrarios y sentaron las bases para la privatización de ejidos y comunidades. Esta política agraria de despojo y empobrecimiento del campo,  pretende ahora con la iniciativa presentada por Calderón  eliminar facultades  a la asamblea de ejidatarios, acelerar el dominio pleno de las tierras, pasar de la protección del derecho agrario al derecho civil, es decir, eliminar la propiedad social de la tierra y convertirla en objeto de enajenación, permitiendo que cualquier persona o empresa ajena pueda enajenar tierras.

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En Oaxaca se juega sucio para imponer la energía “limpia”

Por Adazahira Chávez | 11/02/2013 | México

Fuentes: desInformémonos

Los intereses políticos y económicos detrás de la construcción de generadores eólicos de energía son grandes, y sus acciones, ilegales, pero los pueblos se hacen fuertes para defender a sus territorios ancestrales del despojo.

Entre los comuneros que se oponen a la construcción del parque eólico en San Dionisio del Mar, “hay voluntad de luchar”, pese a que los enfrentamientos por el operativo policiaco estatal lanzado para romper su bloqueo los tiene con “nerviosismo” y “sentimientos encontrados”, relata Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

La primera semana de febrero, la solidaridad entre pescadores, campesinos y pobladores binnizá, ikoot y mestizos logró impedir el paso de más de 400 elementos de la policía estatal, que pretendían “ensangrentar al pueblo indígena de Álvaro Obregón, apoderarse de su campamento y custodiar a la empresa española Mareña Renovables que con golpes, sangre, violencia y amenazas pretenden despojar a los indígenas de sus territorios y lagunas de donde obtienen sus alimentos”, señala en un comunicado la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio.

En estos momentos hay un amparo vigente que impide la construcción de la obra, además de que los pobladores tienen instalado un plantón para impedir el acceso de la empresa a sus tierras. El 31 de enero, Mareña Renovables amenazó públicamente con llevarse la inversión si no se le otorgaban garantías jurídicas para establecerse en San Dionisio del Mar, y dijo que se quedaría “si se aplicaba la ley”. Esa misma noche, el operativo policiaco sin orden judicial pretendió romper la resistencia de los pobladores, a quienes la empresa y el gobierno insisten en tachar de “grupo minoritario”.

Los enfrentamientos se sucedieron hasta el 2 de febrero. Los ikoot y binnizá denunciaron golpes, detenciones, maltratos e insultos por parte de la Policía Estatal, que arremetió lo mismo contra hombres que contra mujeres y niños. Los elementos policiacos se retiraron de Álvaro Obregón el 3 de febrero, y si intentan regresar ellos o los empleados de la empresa, “no se les permitirá el paso de ninguna manera”, puntualiza Beas, que informa que el plantón sigue en pie.
Mareña Renovables contra los pueblos

En diez años de operaciones, las empresas eólicas construyeron en el Istmo, zona de fuertes vientos, 11 centrales generadoras de energía. Los pobladores de las tierras en las que se asentaron las siete empresas que gestionan los parques eólicos resienten el ruido y las afectaciones ambientales que ha traído esta industria.

Los comuneros ikoots y binnizá se oponen a que Mareña Renovables construya un parque eólico en sus territorios, que consideran sagrados y de donde obtienen sustento.

El proyecto de parque eólico de San Dionisio del Mar, sin haber pasado por el proceso de consulta previa libre e informada, pretende basarse en un contrato firmado en el 2004, con menos del 20 por ciento de asistentes a la asamblea de comuneros. Los dos estudios de impacto ambiental aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), denuncian los opositores, falsean información sobre los impactos en el frágil ecosistema.

Los pobladores cuentan con un amparo vigente que ordena la suspensión de la construcción del parque por las violaciones al derecho de consulta a los pueblos afectados por parte de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, acusada de la misma omisión en la concesión de impacto ambiental para la construcción del Acueducto Independencia en territorio yaqui, en el norte del país), la Secretaría de Energía y el Consejo Regulador de Energía. “Cualquier entrada de la empresa y cualquier custodia que le haga el gobierno es una violación a esta disposición”, señala Beas.

El gobierno estatal y la empresa se han valido también del presidente municipal priísta, Miguel López Castellanos, desconocido por la población, y de golpeadores y sicarios para amedrentar a los pobladores. “Varios activistas tuvimos que salir de la región, y tenemos preocupación porque son sicarios conocidos los que están tras las amenazas”, apunta Carlos Beas.

Detrás de la represión y el hostigamiento contra los pobladores “hay un agrupamiento entre Francisco López García y Elías Cortés, diputados priístas, caciques del mismo partido, la empresa y funcionarios del estado de Oaxaca”, acusa Carlos Beas, aunque el principal instigador es Jonathan Davies, presidente del consejo de Mareña Renovables, precisa.

“El gobierno es parte del problema, ya perdió su papel de mediador”, señala Beas, y agrega que parte de los grupos de choque que se crearon con personas ligadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al Partido de los Trabajadores. Además, “el gobierno ha utilizado a la policía como grupo de choque, como guardias blancas, para reprimir a la gente que está inconforme”, acusa el opositor.
Por las amenazas anteriores y los sucesos del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, los activistas solicitaron medidas cautelares para algunos de los amenazados, y Amnistía Internacional emitió una acción urgente llamando a resguardar la integridad física de los pobladores y activistas, a investigar las amenazas y a garantizar el proceso de consentimiento libre e informado de los pueblos.
La solidaridad

Después del violento operativo policiaco, Mareña Renovables dijo que estaba dispuesta a “negociar” con los pobladores si éstos deponían su “actitud violenta”. Beas precisa que “la violencia ha partido siempre de ellos, pero con estas declaraciones quieren rectificar el impacto que hubo en la opinión pública por los ataques tan violentos contra la población de Álvaro Obregón”. El integrante de la Ucizoni señala que no se ve una voluntad del gobierno o de la empresa para crear condiciones de distensión.
Sin embargo, los pueblos siguen adelante con su proceso de organización, indica Beas. “Aunque hay nerviosismo por las agresiones, hay un ambiente también de fiesta porque lograron expulsar a la policía y un gran espíritu de solidaridad entre las poblaciones afectadas por este proyecto”, agrega.

Las organizaciones locales llamaron a la realización de una caravana de solidaridad el 17 de febrero, cuya intención es “mantener el ánimo de las comunidades y llevar alimentos, porque las guardias que se hacen son prolongadas”, señala el luchador social.
“La movilización sigue, siguen reuniones, acciones legales y haremos denuncias dentro y fuera del país”, indica Carlos. Aunque están conscientes de que hay poderosos intereses detrás del proyecto y que no será fácil, sigue el proceso de defensa. En los pueblos, finaliza Beas, “hay voluntad de seguir la lucha”.
Comunicado de la Asamblea de Pueblos del Istmo ante la represión:  No nos robarán la rabia ni el viento Fuente: http://desinformemonos.org/2013/02/marena-renovables-juego-sucio/

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163652&titular=en-oaxaca-se-juega-sucio-para-imponer-la-energ%C3%ADa-%E2%80%9Climpia%E2%80%9D-

La lucha contra las presas y en defensa del territorio en Serapaz.

Rompeviento TV, 16/11/12

El programa Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz) es un espacio dedicado al análisis de las luchas sociales y los procesos de construcción de la paz que acontecen en nuestro país. En esta emisión, Alberto Solís entrevista en el estudio de Rompeviento a Rodolfo Chávez, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, que es parte del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), y a Daniel Vázquez, integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).