Ciudad de México | Desinformémonos. A raíz de la escalada de violencia en la comunidad de Paso de la Reyna en Oaxaca, donde cinco defensores del territorio fueron asesinados en lo que va del 2021, entre ellos los defensores del Río Verde, Fidel Heras Cruz y Jaime Jiménez, las autoridades comunitarias determinaron la reinstalación de un campamento comunitario como medida de seguridad.
“Nuestra petición de medidas de seguridad no ha sido atendida”, reclamaron las autoridades de la comunidad en un escrito dirigido a la defensoría de los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca.
Las autoridades comunitarias aseguraron que en el campamento verificarán la entrada y salida de personas ajenas a la comunidad, pues, “el riesgo a su integridad física es latente”.
Jaime Jiménez Ruiz, defensor de la tierra e integrante del movimiento por la defensa del Río Verde, fue acribillado por sujetos desconocidos el 28 de marzo. Menos de tres meses antes fue asesinado el defensor chatino Fidel Heras Cruz, presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna quien tenía una larga lucha dentro del Consejo de Pueblos Unidos para la Defensa del Río Verde (Copudever). Heras había sufrido amenazas por parte de grupos del poder caciquil en el territorio.
Durante marzo fueron asesinados Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, tres integrantes indígenas chatinos de la comunidad. La población de Paso de la Reyna ha denunciado que el asesinato de Fidel Heras sigue impune, pues no existen investigaciones en curso, y aseguran que esto ha permitido que nuevos hechos de violencia afecten el tejido social y la seguridad de esta comunidad de 500 habitantes.
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Este 7 de abril se cumplen ocho años del asesinato de Daniel Pedro Mateo, líder comunitario maya Q’anjob’al. Fue secuestrado el 7 de abril de 2013. Nueve días después fue encontrado sin vida y con señales de violencia en el área cercana de las instalaciones de la hidroeléctrica Hidro San Luis, propiedad de la empresa 5M, entre el límite del municipio de Barillas y Santa Eulalia.
Foto: Cortesía.
La población Q’anjob’al, al enterarse de la desaparición de Daniel Pedro Mateo, se organizó para efectuar la búsqueda en los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barrillas y San Pedro Soloma. La búsqueda duró varios días, hasta que encontraron su cuerpo en la aldea de Ya’ tzi’kin en Santa Eulalia.
Por su muerte fue condenado a 25 años de prisión Pedro Hermenegildo Jerónimo Juan por participar en el secuestro del líder comunitario, según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) de Huehuetenango.
Daniel Pedro Mateo fue un líder Q’anjob’al conocido como “Daniel Maya”. Destacó por su trabajo a favor de los derechos colectivos, el territorio y la madre naturaleza y por su oposición contra la explotación minera e hidroeléctrica en la región norte de Huehuetenango. Participó como candidato a alcalde municipal en su municipio con los partidos políticos Encuentro por Guatemala y por el movimiento político Winaq, en 2008 y 2011.
Foto: Cortesía.
Pedro Mateo fue integrante del Movimiento Social y promotor de la consulta comunitaria de buena fe que se realizó el 29 de agosto de 2006 en el municipio de Santa Eulalia.
Durante la celebración de la Semana Santa de 2013, Pedro Mateo convivió por última vez con su familia. Disfrutaron de comer pan con miel, atol, tamalitos y se tomaron fotografías que solo quedaran como un recuerdo de padre a hijos, según relata María Victoria Pedro Mateo, hija mayor de Pedro Mateo.
Después de su muerte algunos marimbistas y cantantes locales le dedicaron sones en memoria a la lucha de Daniel Pedro Mateo. También se han hecho pinturas para honrar su memoria. Después de ocho años, grupos sociales, colectivos y la población en general todavía piden justicia; que se dé con los responsables materiales e intelectuales de Daniel Pedro Mateo y sean sancionados conforme a la ley.
El grupo de marimba “los hijos de Jolom Konob’, le dedicó el son denominado homenaje a Daniel Maya. https://www.youtube.com/embed/qqQ74aPSk1M?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=1&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&
Mientras que “Maderas de mi pueblo”, le escribió “Homenaje a Daniel Pedro Mateo”: https://www.youtube.com/embed/2hxaDEGT1I0?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=1&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&
En la víspera del Día Mundial de Agua, otro ambientalista hondureño fue asesinado. Juan Carlos Cerros Escalante, líder comunitario y defensor de los bienes naturales. Desde el golpe de Estado comenzó a participar en la defensa del agua a nivel comunitario y regional ante la instalación de la hidroeléctrica hidroeléctrico “El Tornillito”, proyecto que amenaza con desaparecer a 10 comunidades de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.
La noche del domingo (21/03/21), cuando regresaba de casa de su madre junto a sus hijos, sujetos supuestamente vinculados a la Mara Salvatrucha MS, le infirieron unos 40 disparos acabando con su vida. De acuerdo a testimonio recopilado por Radio Progreso, la organización criminal MS pretende instalarse en las comunidades de la zona como una estrategia de control territorial, para impedir la organización ciudadana, facilitar el narcomenudeo y permitir la instalación de mega proyectos extractivos.
Juan Carlos era presidente del patronato de Nueva Granada y del Movimiento Indígena Lenca, pese que había recibido amenazas para que dejara el cargo. En 2018 recibió un atentando obligándolo a desplazarse forzosamente con su familia, pero en 2019 decidió regresar para seguir promoviendo la organización contra el proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, propiedad de la familia Larach.
El Estado de Honduras otorgó a la empresa Hidroeléctrica El Volcán HIDROVOLCÁN, de Adolfo Carlos Larach, la concesión de un proyecto hidroeléctrico para la generación de 150 megas; es decir la mitad de lo que ofrece la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, mejor conocida como “El Cajón”. En otras palabras, El Tornillito será la segunda represa más grande del país.
Entre los municipios de Villanueva y Pimienta se ubicará la cortina y el plantel principal del proyecto, pero el embalse abarcará los municipios de San Antonio en Cortés y Chinda en Santa Bárbara. Significa que el ganado, cultivos y viviendas de esos dos municipios, de población indígena Lenca, se ahogarían y sus habitantes se verían obligados a desplazarse.
Juan Carlos lideró la Asociación de Comunidades Unidas Pro Desarrollo Social de la Biosfera del río Ulúa, logrando que en 2017 el municipio de Chinda se declarara libre de proyectos hidroeléctricos acarreándole amenazas de muerte. En 2018 fue acogido al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia por considerar que su situación de peligro era de gravedad.
En ese mismo año fue nominado junto otros reconocidos ambientalistas de Honduras al Premio Nacional Carlos Escaleras, por su destacada labor en defensa de las comunidades aledañas al río Ulúa.
Para la lideresa garífuna Miriam Miranda, en los últimos años Honduras se ha convertido en lugar peligroso para los defensores de derechos humanos y el ambiente. “Condenamos el asesinato de Juan Carlos Cerros, pero también reafirmamos nuestro compromiso de seguir en la lucha por el territorio”, dijo Miranda abrazando las comunidades campesinas e indígenas de Santa Bárbara y Cortés.
El Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS, realizó un plantón y conferencia de prensa para condenar el asesinato de defensor. “Juan Carlos es el artífice de la lucha ambiental en el departamento. Venía denunciado la instalación del proyecto hidroeléctrico y la deforestación en las comunidades”, dijo Nolvín Sabillón activista ambiental.
Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos condenan este asesinato y reconocen la labor en defensa de los derechos humanos y bienes naturales que ejercía Juan Carlos. Demandan justicia para las comunidades víctimas del proyecto hidroeléctrico El Tornillito, y castigo para los asesinos materiales e intelectuales de Juan Carlos Cerros, defensor de la biosfera del río Ulúa.
Tegucigalpa, Honduras.- Anoche fue asesinado en su propia casa el pastor evangélico Arnold Joaquín Morazán Erazo, un líder ambientalista que había sido procesado judicialmente por la empresa Los Pinares desde el año 2019.
La acusación contra Morazán Erazo fue por defender el Río Guapinol, ubicado en la comunidad del mismo nombre y perteneciente al municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona norte de Honduras, en un contexto de criminalización por la empresa minera Los Pinares propiedad del empresario Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
La conflictividad por la empresa minera ha causado que se genere una violencia singular en la región y sin que el Estado intervenga en favor de la comunidad. No obstante, el Estado de Honduras sí interviene a través del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad en el sentido de encarcelar a los defensores del ambiente y proceder a desalojos violentos.
Morazán Erazo es el segundo de los acusados en ser asesinado. El primero en caer en Guapinol fue Roberto Argueta, caso que aún no se esclarece.
Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo que se había otorgado en beneficio de cinco defensores ambientales y se ordenó el formal procesamiento en contra de ellos; además, hay ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
El defensor de derechos humanos Pedro Landa dijo este miércoles a Criterio.hn que lamenta el asesinato y envió sus condolencias a la familia de Arnold y al comité de defensa de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, pues este asesinato viene a enlutar y llenar de sangre una vez más una lucha digna y justa por los bienes naturales y, por supuesto, por la defensa a la vida.
“Este asesinato se da en el contexto en el que está en revisión del Poder Judicial las medidas que se les han otorgado de manera injusta a los defensoras y defensores del río Guapinol con el recurso de amparo presentado hace dos días por la parte defensora. También se da en el contexto internacional, cuando se dio un premio de parte del Parlamento Europeo en donde se reconoció a estos defensores de derechos humanos como héroes por la libertad de conciencia”, aseguró Landa.
Mientras en Europa se premia a la memoria de Berta Cáceres junto a los ambientalistas de Guapinol; en Honduras se les encarcela y se les asesina
La nominación de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores (asesinada el 3 de marzo de 2016) resultó finalista al premio del Parlamento Europeo, Sájarov 2020, que es otorgado a aquellos que en su vida se han dedicado a promover la libertad de conciencia, en medio de las adversidades subyacentes y las amenazas constantes a su integridad física.
Junto a Berta Cáceres también se resaltó a los defensores del río Guapinol, criminalizados y algunos encarcelados por ese fin. Los ganadores serán conocidos el próximo 22 de octubre.
El Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, bautizado así en honor del científico y disidente soviético Andréi Sájarov, fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades.
En el caso de la nominación a Berta Cáceres y los ambientalistas de Guapinol, el diputado del parlamento europeo, Miguel Urbán Crespo, fue quien solicitó a los eurodiputados acompañar la nominación de los hondureños, haciendo conciencia sobre la criminalización y ambiente de hostilidad que atraviesan en su propio país por causas justas. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016.
Informe Guapinol Resiste
El informe internacional Guapinol Resiste en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo a Criterio.hnel doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.
En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.
¿Quién es Lenir Pérez?
A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.
El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.
“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.
En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.
Industrias internacionales operan en Guapinol de forma ilegal
Según el informe Guapinol Resiste, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.
Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.
Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.
Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.
