El lugar de construcción del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, en el departamento colombiano de Antioquia, es hoy en día el principal foco de contagio de Covid-19 en este departamento.
Con 234 casos activos, supera a la ciudad Medellín, que tienen 225, según el reporte la Secretaría de Salud.
La empresa constructora EPM practicó pruebas a los 3 mil 710 empleados que hay en Hidroituango. Además, ayer se registró el primer caso de Covid-19 en Puerto Valdivia, “el pueblo que destruyó Hidroituango y que sigue sin hospital pero con iglesia”, denuncia el Movimiento Ríos Vivos.
El Movimiento Ríos Vivos critica que no se detienen las obras a pesar del brote y alerta que hay despidos de trabajadores enfermos y además decenas de trabajadores “están renunciando por temor [al Covid-19] y son abandonados a su suerte en las vías de la región”.
Por eso Ríos Vivos exige “parar por completo todos los frentes del trabajo de la obra” y dispersar los trabajadores en las instalaciones de la construcción. También recuerda que siguen la criminalización de la defensa del territorio y las amenazas por parte del crímen organizado a comunidades y trabajadores de la polémica megaobra, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con participación de empresas europeas como Siemens, Munich RE, Hannover RE, Kaeser Compresores, BBVA, Banco Santander, entre otras.
Declaración del II Encuentro Nacional del Movimiento en Defensa de los Territorio y contra represas – Movimiento Ríos Vivos
En Barrancabermeja, Santander, frente a nuestro gran río Magdalena, nuestro Yuma, arribamos desde nuestra regiones cargados de alegría, cantos, consignas, alimentos locales y banderas, comunidades indígenas, campesinas, pescadoras, afrocolombianas, barequeras, paleras, artesanas, para la realización del II Encuentro Nacional del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos.
Durante los días 8 al 12 de octubre de 2018, sesionamos más de 400 personas entre niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres delegados de los procesos regionales del Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Santander, Bajo Sinú, Chocó y Sur de Bolívar y el acompañamiento de delegados nacionales de otros procesos sociales y ambientales. Exaltamos la presencia y acompañamiento de 30 delegados internacionales de 14 países latinoamericanos que hacen parte del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica – MAR. Saludamos el acompañamiento permanente de Swefor y PAS/PWS y la hospitalidad de la Unión Sindical Obrera – USO, a quien agradecemos su incondicional apoyo para la buena realización de nuestro Encuentro.
Con espíritu fraterno y unitario debatimos junto a organizaciones aliadas nuestra propuesta de transición energética, que busca enfrentar la crisis ambiental y social nacional y planetaria, así como nuestros ejercicios de memoria histórica ambiental, loS cuales nos permitieron recordar el dolor profundo que han sufrido las comunidades por los proyectos hidroeléctricos, pero también la riqueza de sus luchas y de su fuerza para mantenerse en el territorio.
A través de debates, ferias, talleres, intercambios, música, cantos y arte pudimos avanzar en nuestras reflexiones y llegar a las siguientes conclusiones:
La profundización del modelo extractivista, concebido como reprimarización de la economía basada en la extracción intensiva de los bienes comunes y ligado a la especulación financiera transnacional está conllevando a la mercantilización y privatización de dichos bienes, al control político y social por parte de empresas transnacionales, la criminalización de nuestros lideres y liderezas sociales y, la militarización de la vida comunitaria.
Reafirmamos y decimos con contundencia que las represas y los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas – PCH en cascada no generan energía limpia, por el contrario son causantes de irreparables daños ambientales y territoriales. Durante las últimas cinco décadas, las represas han causado el despojo y el desplazamiento a miles de personas, que siguen sin ser compensadas y reparadas. El desvío y embalsamiento de aguas para la generación de energía impone cambios en el uso del suelo y en las vocaciones productivas, pérdida de autonomía y soberanía alimentaria y viola los derechos humanos. En la mayoría de los casos, se realizan sin diagnósticos ambientales de alternativas y sin apropiados diagnósticos sociales, no garantiza una participación pública real, provoca impactos ambientales irreversibles, revictimiza a la población víctima del conflicto armado y viola sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades afectadas. Los proyectos de PCHs en Caldas, Quindio y Chocó, se imponen de forma irregular, sin participación ciudadana y sin considerar los impactos que provoca.
Rechazamos el reconocimiento de las represas como Mecanismos de Desarrollo Limpio-MDL, estas no sólo producen los daños ya mencionados, sino que también emiten gases de efecto invernadero y destruyen ecosistemas y biomas importantes que garantizan los ciclos de vida. Afirmamos que el sistema energético es centralizado, despilfarrador, injusto e ineficiente, incentiva el consumo sobre el ahorro y prioriza los nuevos megaproyectos, trasvases y pequeñas centrales hidroeléctrica en cascada, mercantilizando las aguas y privatizando los territorios.
Denunciamos que la expansión energética colombiana, que se proyecta generar más de 74.000 MW a costa de sacrificar nuestros ríos y quebradas, y que incluye proyectos termoeléctricos y grandes proyecto de renovables, no está destinada para resolver las necesidades de la gente sino las demandas del modelo minero – energético mientras gran parte de la población sigue sin acceso por las altas tarifas del servicio energético.
Condenamos y rechazamos la sentencia de la Corte Constitucional que desconoce el proceso democrático y legitimo de los pobladores de Cumaral que rechazó los proyectos petroleros en su territorio y, pone en jaque las demás consultas populares. Esta sentencia significa un retroceso y contraviene la Sentencia T-445/16 de la misma Corte y el reciente fallo del Consejo de Estado que determinó que los municipios no sólo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares. El Consejo de Estado reconoce que las consultas “son viables porque son una expresión de la democracia participativa”.
Exigimos reparación y verdad para todas las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. Ocultar la verdad por parte de sus promotores y consultores ha conllevado a la agudización de la crisis social, económica y ambiental en el norte, occidente y bajo antioqueño. Nos comprometemos a seguir trabajando para que Hidroituango sea desmantelado y sus comunidades reparadas.
Comprometidos con la vida y en contravía de la imposición de lo que algunos sectores denominan, la dictadura minero energética, la captura corporativa de la Corte Constitucional y teniendo en cuenta las advertencias de la Comisión Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la proximidad de una catástrofe que extinguiría la vida en el planeta, nos comprometemos a continuar las luchas de resistencia contra el modelo extractivista y proponemos al país, una transición energética que promueva y garantice:
Transformaciones en el sistema energético centralizado sustentado en proyectos de energía fósil y megahidroenergía por otro que impulse energías descentralizadas, renovables, autónomas y controladas por los pueblos que desafíe las actuales relaciones de poder y garantice relaciones más armónicas con la naturaleza.
Transformaciones culturales de una sociedad energívora sustentada en un modo de producción- distribución y consumo que esta destruyendo la vida del planeta.
Un sistema socialmente justo, democrático, descentralizado y bajo el control de las comunidades o mediante cooperativas y empresas sociales sin ánimo de lucro, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos territoriales, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza.
El reconocimiento de la energía como un bien común y no como mercancía.
Garantías laborales para los trabajadores del sector energético.
La democracia y la participación de las comunidades para decir para qué, cómo y para quién la energía.
La articulación de la soberanía y autonomía energética a la soberanía alimentaria y justicia hídrica.
Y que tiene como propuestas principales:
La creación de un fondo energético especial por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica.
La recuperación de la totalidad de la propiedad de ECOPETROL por parte del Estado, la descentralización y transformación de la misma como empresa energética y del Instituto Colombiano del Petróleo, como Instituto Colombiano de la Energía.
La recuperación de las empresas eléctricas y la remunicipalización de la energía.
La transformación del sistema agroalimentario dependiente de energías fósiles y alcanzar la soberanía alimentaria.
Una política pública minero energética supeditada a que “Primero están las aguas y los alimentos” por tanto, deberá reconocer que la base de ordenamiento del territorio son las aguas y la producción alimentaria.
Las energías renovables deben estar en cabeza de las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales o comunitarias y los municipios.
La transición en las ciudades con procesos de reordenamiento territorial de las mismas que reduzca las necesidades de transporte motorizado, promover los desplazamiento a pie o en bicicleta y proveer de un acceso fácil a los servicios y los modos de transporte colectivo.
La moratoria minero – energética y prohibición el uso de técnicas agresivas como el fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking), la combustión in situ, la extracción de gas metano asociado al carbón, la explotación de arenas bituminosas, entre otras.
El impulso de una Comisión Nacional de Represas para evaluar el desarrollo de las viejas y nuevas represas, así como atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” y a adoptar soluciones efectivas al problema como la restitución y distribución de tierras.
Llamamos a las organizaciones sociales, ambientales y populares para que nos unamos y trabajemos en:
Fortalecer la movilización social para defender los mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares y los acuerdos municipales que deciden territorialmente sobre el uso del suelo pero a su vez, promover consultas populares autónomas como un ejercicio de democracia directa
Fomentar una gran coalición para desafiar el modelo minero-energético y promover una transición energética justa y digna para los pueblos.
Preparar el paro cívico-popular nacional contra la política del despojo y la dictadura minero-energético que amenaza los territorios y la propia humanidad.
Saludamos a nuestras organizaciones hermanas Cumbre Agraria, Etnica y Popular – Cacep, Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz – MSMEA, MAR y Cloc – Vía Campesina, les reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de otro mundo posible, donde la solidaridad, la fraternidad y la unidad nos hagan fuertes.
Saludamos al Grupo de Trabajo del Tratado Vinculante que se encuentra esta semana sesionando en Ginebra, continuaremos participando en la Campaña para exigir que no haya más impunidad de las empresas transnacionales.
En Barrancabermeja, la ciudad rebelde de Colombia, inspirados en sus históricas luchas obreras y populares, terminamos nuestro II Encuentro fortalecidos y unidos, satisfechos por los aprendizajes y avances, animados por la esperanza que se teje con la solidaridad recibida expresada presencialmente y la de organizaciones sociales, comunidades, invitados, financiadores de la comunidad nacional e internacional que nos enviaron sus mensajes. Todo ello nos dice que no podrán deslegitimar nuestras justas luchas ni el importante trabajo de nuestras regiones y vocerías.
Al ritmo del tambor y con danzas populares cerramos nuestros encuentro con una movilización que se sumó a las movilizaciones de la jornada continentales de la indignación que nos recuerdan que en un día como hoy no “hay nada que celebrar”, por el contrario, denunciamos que luego de 526 años continúa el despojo y el genocidio en nuestra Abya Yala.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡Que se alce el puño, que se alce la mano. Que se levante el pueblo, Latinoamericano!
Los habitantes del cañón del bajo Cauca se mantienen firmes en su lucha contra Hidroituango y contra el tiempo, pues cada día que pasa aumenta el riesgo de un desastre. Por esta razón, el pasado 15 de junio, el movimiento Ríos Vivos interpuso una demanda cuatelar ante el Consejo de Estado para suspender la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico.
