Injusticia en la cuenca del río Doce: 5 años sin reparación para los afectados; lea la nota del MAB
Somos las víctimas de un crimen bárbaro que está lejos de una solución correcta, pero también somos un pueblo en lucha dispuesto a batallar y colocar la vida por encima del lucro por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 05/11/2020
El crimen de Samarco, Vale, BHP Billiton destruyó cerca de 670 km de extensión del Río Doce y parte del litoral del estado de Espírito Santo, hace cinco años. Cerca de 500 mil personas fueron afectadas con el rompimiento de la represa de Fundão, en Mariana, y siguen sin derechos ni reparación. Las personas perdieron las casas, el trabajo, el ingreso económico, el acceso al agua y vieron deteriorada su salud. Muchas vidas fueron destruidas.
Centenas de familias aún siguen viviendo en casas alquiladas porque, luego de cinco años, la empresa no reasentó y no reparó las familias con nuevas viviendas y lugares de trabajo adecuados.
El sistema de justicia y las estructuras del Estado están cada vez más cautivos y dominados, actuando como sirvientes de las empresas internacionales que dominan la región.
En este día, el Movimiento de los Afectados por Represas denuncia que la Vale es injusta. Injusta porque son cinco años sin reparación adecuada en lo que respecta a los derechos de las familias que fueron afectadas a lo largo de la cuenca del río Doce y del litoral de Capixaba. Injusta porque el Poder Judicial está en manos de las mineras, actuando contra el pueblo afectado para proteger los extraordinarios lucros del gran capital.
A pesar de la gravedad de la situación, llegamos a media década sin reparación de derechos de los afectados. La impunidad es evidente. En la región, el lucro fue colocado por encima de la vida. El crimen se “renueva” cotidianamente en los lugares por donde pasa el “lodo tóxico” de las injusticias.
Ya no hay una salud adecuada entre las víctimas. En el caso de las mujeres, los estudios han revelado que ellas no están siendo reconocidas como afectadas; producto del formato de los registros, por lo que, son verificados aumentos de enfermedades reproductivas, violencia doméstica y alcoholismo, como efectos colaterales de los daños y la desestructuración del trabajo en las comunidades.
El lodo tóxico trajo la pérdida de lugares de trabajo e ingresos económicos. Sectores como el de la pesca fueron completamente afectados. Hasta hoy no existe en curso ningún programa de reestructuración productiva y económica para las familias. Al contrario, las que reciben “ayuda de emergencia” se hicieron dependientes, no habiendo por parte de las empresas ninguna política de transición, apenas anualmente la amenaza de cortar dicha ayuda.
Muchas indemnizaciones fueron pagadas de forma insuficiente, el dinero no resolvió problemas de puestos y locales de trabajo y tampoco de vivienda. En resumen, el crimen empobreció las familias y profundizó su dependencia.
Mientras los derechos son negados, en el último trimestre de 2020 Vale duplicó sus lucros, que fueron anunciados por el monto de R$ 15 mil millones. A pesar del lucro extraordinario, la empresa no permitió finalizar ninguno de los tres reasentamientos con los que se había comprometido, no atendió las 10 comunidades que reivindican derecho a la vivienda y tampoco cumplió con los acuerdos pactados con gobiernos e instituciones de la justicia.
Una nueva guerra de informes técnicos, expertos y negociaciones es puesta en campo, bajo una compleja arquitectura corporativa de artimañas de dominación y manipulación.
En marzo de 2016, gobiernos y empresas anunciaron un “gran acuerdo” de gabinete, sin participación de los afectados, que estimaba gastar cerca de R$20 mil millones en soluciones. En ese acuerdo, los estados transfirieron su responsabilidad de la gestión del crimen a una fundación privada, creada, organizada y administrada por las empresas propietarias de Samarco: la Fundación Renova.
Pasada media década, la Fundación Renova no fue capaz de concluir siquiera el programa previo e inicial del registro de las familias. Se reveló un mecanismo de protección del lucro de Samarco, Vale y BHP Billiton, además de un instrumento para dejar cautivas y dominar estructuras estratégicas de gobiernos y del Estado, así como violar e impedir la correcta solución de los derechos de los afectados por represas.
Buena parte de los fondos usados, estimados en R$10 mil millones por la fundación, son destinados a propaganda engañosa, noticias falsas, cooptación, desorganización del pueblo, manipulación y negación de derechos a las víctimas del crimen de Samarco.
De cerca de 95 mil registros y solicitudes, solo 19 mil personas reciben la ayuda económica de emergencia, aún así, con la pesca y la agricultura comprometidas en muchas partes de la cuenca, hasta hoy.
Con la parcela estratégica del Poder Judicial dominado, el conflicto a cada año fue siendo más judicializado. El poder decisorio se concentró en las manos de un juíz federal, que actua como agente servil de la empresa criminal, actúa para defender a la empresa y manipular las familias afectadas. Hasta hoy, no hubo ninguna responsabilización penal por la muerte de las 19 personas, o inclusive por los demás crímenes. No fueron pagadas y mucho menos solucionadas las multas debidas, tanto por los daños ambientales como por la morosidad de la Fundación Renova.
La desigualdad de poderes entre afectados y empresas se profundiza a cada día. Media década y muy poco fue resuelto en la vida de los afectados. La Fundación Renova apuesta a la táctica de división del pueblo y a la dilatación de la solución.
Las personas ya no tienen tiempo para esperar una adecuada reparación integral y quedan vulnerables frente a acuerdos desiguales para poder sobrevivir en un territorio en el que la empresa domina las estructuras de decisiones por medio de un complejo esquema de cooptación de líderes y liderezas, captura corporativa de gobiernos y del propio sistema de justicia.
Las empresas montaron un poderoso esquema de dominación que privilegia los privilegiados y penaliza las personas que fueron afectadas por el crimen de Samarco.
Los crímenes en Brumadinho, Mariana, Congonhas, Ouro Preto, Macacos y tantos otros territorios, nos muestra que los rompimientos de represa no son una fatalidad, una casualidad; son intrínsecos al modelo perverso de explotación de minerales en Brasil.
A pesar de toda la injusticia, afectados y afectadas de toda la cuenca resisten y reafirman el compromiso de seguir luchando hasta la resolución de todos los problemas que Samarco, la Fundación Renova, Vale, BHP Billiton y sus accionistas causaron y vienen causando al pueblo de esa región.
Somos las víctimas de un crimen bárbaro que está lejos de una justa solución, pero somos también un pueblo en lucha dispuesto a batallar y colocar la vida por encima del lucro. No conseguirán callar el poder del pueblo afectado. De cabeza erguida seguiremos organizándonos y mobilizándonos un año más, para denunciar la violencia de las grandes corporaciones, la impunidad, la complicidad de los gobiernos, de los falsos profetas y representantes de turno.
Anunciamos aquí, como afectados y afectadas de la cuenca del Río Doce y del litoral de Capixaba, que seguiremos en marcha, en lucha, por varias décadas más. Hasta que nuestra región deje de sufrir por la “maldición de la abundancia” de agua, minerales, tierra y petróleo. Hasta que nuestras riquezas sean compartidas entre nosotros como pueblo brasileño, para que ninguna niña o niño nuestro despierte sin saber si tendrá comida o educación, hasta que seamos una patria soberana, independiente y de control popular capaz de garantizar todos los derechos y reparaciones plenas para todos y todas.
¡Agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular!
