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10 Abr 2021 | 14:30 h
Foto: Liliana García Acha
Publicación evidencia que algunas centrales hidroeléctricas ya no contarían con certificación ambiental.
Hace 11 años, el Perú implementó su Política Energética Nacional 2010-2040 que busca promover el cambio de matriz energética basada en fuentes renovables y eficientes, siendo un factor importante la construcción de centrales hidroeléctricas. Sin embargo, ahora hay evidencia que las centrales hidroeléctricas han generado también muchos cuestionamientos sobre sus impactos ambientales y sociales, especialmente en la Cuenca Amazónica. Esta es una de las conclusiones del libro Hidroeléctricas en Sudamérica y en el Perú: Situación actual en la cuenca del río Marañón.
La publicación elaborada por la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), detalla que los estándares ambientales se han reducido y que la geografía territorial de la Amazonía ha sufrido graves cambios, producto de la deforestación y de la variación de los patrones de lluvia. Al mismo tiempo, los estándares de vida de los pueblos indígenas fueron perjudicados debido a que sus actividades básicas de subsistencia cambiaron y en algunos casos ocurrió un desplazamiento forzado.
Lo anterior es impulsado por un marco normativo que favorece las inversiones en desmedro de la protección de los derechos de las poblaciones que viven en torno a los proyectos hidroeléctricos, afirmó Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de DAR.
“En la Política Energética Nacional 2010-2040, la cuenca del río Marañón aparece como un espacio central para proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, esta orientación expresada desde la creación de la Dirección General de Eficiencia Energética dentro del Ministerio de Energía y Minas en el 2010, no tuvo el apoyo necesario para cumplir con el objetivo principal de lograr una matriz energética sostenible. Por ello, la planificación y construcción de hidroeléctricas en la Amazonía se ha dado en muchos casos sin considerar los graves impactos sociales y ambientales que conllevarían”, comentó Gamboa.
En la publicación se afirma que el marco normativo para la promoción de las inversiones en el sector eléctrico se encuentra conformado principalmente por la Ley de Concesiones Eléctricas (Ley 25844) y su reglamento (Decreto Supremo 009-93-EM). “Estas normas fueron creadas en los años noventa, necesitan ser mejoradas en un contexto donde los impactos sobre el ambiente y los pueblos indígenas han aumentado, los conflictos y la vulnerabilidad a las y los defensores ambientales”, resaltó Gamboa.
Pese a que los procesos de consulta previa en el sector eléctrico fueron establecidos bajo la Ley de Consulta y en el sector eléctrico necesitan ser liderados por el MINEM, según la especialista Alejandra Alegre de DAR, “a la fecha no se cuentan con las capacidades institucionales necesarias para realizar estos procesos en coordinación con los pueblos indígenas, pues ello implica atender a su carácter particular, incluir metodologías interculturales adecuadas e incorporar adecuadamente el acceso a la información, la transparencia y una participación desde el inicio de la toma de decisión”.
PANORAMA ACTUAL
Según DAR, la cuenca del río Marañón es un territorio estratégico para la construcción de veinte centrales hidroeléctricas por la oportunidad de crecimiento económico, razón por la cual los sucesivos gobiernos han mantenido interés por impulsar dichas centrales, muchas de las centrales que en años anteriores fueron paralizadas por sus altos costos ambientales y sociales, siguen siendo parte de las estrategia del Estado para impulsar estos proyectos.
Con el objetivo de verificar la información brindada por el MINEM en los estudios técnicos- económicos de la cuenca y la situación real de los proyectos de centrales hidroeléctricas, desde DAR se realizaron solicitudes de acceso a la información a distintas instituciones públicas. No obstante, únicamente el Senace respondió de manera afirmativa sobre el pedido de información. El resto de instituciones, como la Dirección General de Electricidad del MINEM y el Gobierno Regional de Amazonas, indicaron que no existía ninguna información sobre las centrales hidroeléctricas.
“Una falta de planificación estratégica en torno a las actividades de hidroeléctricas se aprecia al revisar el estado de estas actividades. Es evidente que en los casos analizados en el estudio hace falta una identificación integral de los posibles impactos sociales y ambientales, lo que revela a su vez la inexistencia de una evaluación estratégica. En el caso de la hidroeléctrica Chadín II, el MINEM aprobó el proyecto incluso después de que la misma institución realizara más de 161 observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De la misma manera, al observar la hidroeléctrica Veracruz es claro que se debe reconsiderar la sostenibilidad ambiental de dicho proyecto” advirtió Gamboa.
“Las compañías energéticas Veracruz y AC Energía S.A., operadoras de las centrales hidroeléctricas Veracruz y Chadin II, obtuvieron una concesión definitiva, sin embargo, los EIA bajo los que operaban tuvieron plazo hasta el año 2018 y 2019 respectivamente. En la actualidad, ambas centrales aún se encuentran en la primera etapa de construcción, sin embargo, no contarían con una certificación ambiental vigente, proceso que tiene que ser actualizado”, indicó Gamboa.
Sobre el EIA de la compañía Amazonas Energía S.A.C para operar la central hidroeléctrica Lorena, DAR señaló que la empresa le solicitó al Senace una ampliación del plazo de subsanación en marzo del 2017; después de que la entidad estatal encontrara que la información presentada por Amazonas Energía no estaba dentro de los requisitos mínimos.
RECOMENDACIONES
La publicación finaliza con una sección de recomendaciones a futuro. Sobre las reformas institucionales, recomienda realizar cambios para asegurar la participación de los pueblos indígenas y los gobiernos subnacionales de manera efectiva, así como incorporar criterios de transparencia, de interculturalidad y de enfoque de género.
“En segundo lugar, acerca de la planificación de los recursos naturales, se recomienda realizar un análisis ambiental y social integral de la cuenca del río Marañón para comprender el impacto conjunto de todos los proyectos de centrales hidroeléctricas de la cuenca. Esto permitirá que los proyectos puedan ser planificados y formulados con un enfoque preventivo que contribuya al bienestar de las poblaciones afectadas y reduzca lo menos posible el impacto sobre el medio ambiente”, indicó Alegre de DAR.
Sobre la participación ciudadana, en la publicación se recomienda “contar con información sistematizada y actualizada sobre las opiniones de las entidades y difundir las opiniones de las poblaciones consultadas. Además, la información de los proyectos y sus impactos tienen que ser accesibles para todos, por lo que el lenguaje técnico tiene que ser transformado a uno que implique la comprensión general de diversos actores. El objetivo principal es evitar la conflictividad social, por lo que es prioritario que las poblaciones afectadas sean parte del proceso de participación desde las etapas iniciales de planificación hasta las últimas”.
