📣📣Hoy hace 28 años nace COPINH. «El propósito de su fundación fue luchar para mejorar condiciones de vida, la defensa territorial y espiritual de los Pueblos Indígenas, sobre todo del Pueblo Lenca, como también por los derechos de las mujeres,» Berta Cáceres.
Por Eugenia López
– 26 marzo, 2021
El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.
Para Berta Züñiga , el detenido, ingeniero electricista, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es “la pieza clave que vincula a los autores intelectuales” del asesinato.
“Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales”, declaró la hija mayor de Cáceres al respecto.
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Movimiento Amplio
📌En el #DiaMundialDelAgua las comunidades de Pajuiles organizadas en el @MovAmplioHn conmemoramos cuatro años de lucha en defensa del agua y la vida desde el #CampamentoDignoPorElAguaYLavida. #FueraHidrocep.
22/03/2021
En la víspera del Día Mundial de Agua, otro ambientalista hondureño fue asesinado. Juan Carlos Cerros Escalante, líder comunitario y defensor de los bienes naturales. Desde el golpe de Estado comenzó a participar en la defensa del agua a nivel comunitario y regional ante la instalación de la hidroeléctrica hidroeléctrico “El Tornillito”, proyecto que amenaza con desaparecer a 10 comunidades de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.
La noche del domingo (21/03/21), cuando regresaba de casa de su madre junto a sus hijos, sujetos supuestamente vinculados a la Mara Salvatrucha MS, le infirieron unos 40 disparos acabando con su vida. De acuerdo a testimonio recopilado por Radio Progreso, la organización criminal MS pretende instalarse en las comunidades de la zona como una estrategia de control territorial, para impedir la organización ciudadana, facilitar el narcomenudeo y permitir la instalación de mega proyectos extractivos.
Juan Carlos era presidente del patronato de Nueva Granada y del Movimiento Indígena Lenca, pese que había recibido amenazas para que dejara el cargo. En 2018 recibió un atentando obligándolo a desplazarse forzosamente con su familia, pero en 2019 decidió regresar para seguir promoviendo la organización contra el proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, propiedad de la familia Larach.
El Estado de Honduras otorgó a la empresa Hidroeléctrica El Volcán HIDROVOLCÁN, de Adolfo Carlos Larach, la concesión de un proyecto hidroeléctrico para la generación de 150 megas; es decir la mitad de lo que ofrece la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, mejor conocida como “El Cajón”. En otras palabras, El Tornillito será la segunda represa más grande del país.
Entre los municipios de Villanueva y Pimienta se ubicará la cortina y el plantel principal del proyecto, pero el embalse abarcará los municipios de San Antonio en Cortés y Chinda en Santa Bárbara. Significa que el ganado, cultivos y viviendas de esos dos municipios, de población indígena Lenca, se ahogarían y sus habitantes se verían obligados a desplazarse.
Juan Carlos lideró la Asociación de Comunidades Unidas Pro Desarrollo Social de la Biosfera del río Ulúa, logrando que en 2017 el municipio de Chinda se declarara libre de proyectos hidroeléctricos acarreándole amenazas de muerte. En 2018 fue acogido al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia por considerar que su situación de peligro era de gravedad.
En ese mismo año fue nominado junto otros reconocidos ambientalistas de Honduras al Premio Nacional Carlos Escaleras, por su destacada labor en defensa de las comunidades aledañas al río Ulúa.
Para la lideresa garífuna Miriam Miranda, en los últimos años Honduras se ha convertido en lugar peligroso para los defensores de derechos humanos y el ambiente. “Condenamos el asesinato de Juan Carlos Cerros, pero también reafirmamos nuestro compromiso de seguir en la lucha por el territorio”, dijo Miranda abrazando las comunidades campesinas e indígenas de Santa Bárbara y Cortés.
El Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS, realizó un plantón y conferencia de prensa para condenar el asesinato de defensor. “Juan Carlos es el artífice de la lucha ambiental en el departamento. Venía denunciado la instalación del proyecto hidroeléctrico y la deforestación en las comunidades”, dijo Nolvín Sabillón activista ambiental.
Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos condenan este asesinato y reconocen la labor en defensa de los derechos humanos y bienes naturales que ejercía Juan Carlos. Demandan justicia para las comunidades víctimas del proyecto hidroeléctrico El Tornillito, y castigo para los asesinos materiales e intelectuales de Juan Carlos Cerros, defensor de la biosfera del río Ulúa.
Hoy #14DeMarzo se celebra el “Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos y en Contra de las Presas, el Agua y la Vida”
Desde COPINH ratificamos nuestro compromiso a seguir luchando en defensa del agua y la vida
Hoy, 8 padres, hijos, hermanos, abuelos, esposos cumplen 14+ meses de cárcel ilegal y injusto por defender el río Guapinol.
Hace 2+ semanas, solicitamos una audiencia de revisión de medidas.
EL PODER JUDICIAL SE NIEGA A CONCEDERLA.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y la comunidad de Río Blanco no deben ser excluidos de procesos judiciales de los cuales somos víctimas.
Estimadas y estimados miembros de los mecanismos internacionales de DDHH.
Los pueblos indígenas en Honduras llevamos siglos luchando por la sobrevivencia en contra de la colonización y en la defensa de nuestros bienes naturales, derechos y cosmovisiones. Sin embargo, a 528 años de resistencia se sigue atropellando nuestra existencia. Ni siquiera el derecho básico a ser reconocidos como sujetos de derechos se respeta.
El Estado de Honduras niega la condición de víctima y parte en procesos judiciales a nuestra organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y al Consejo Indígena Lenca de Río Blanco. En una práctica continuada de colonización y desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.
En el año 2014, el COPINH y la comunidad de Río Blanco, liderados por la Coordinadora General Berta Cáceres, interpusimos denuncias formales[1] en contra de 51 proyectos inconsultos e ilegales sobre el territorio del pueblo Lenca. Entre estos se encuentra el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, que pretendía explotar el sagrado río Gualcarque de la comunidad Lenca.
Debido a la instalación inconsulta e ilegal del proyecto Agua Zarca, fueron cometidas graves violaciones de derechos humanos[2] contra la comunidad Lenca de Río Blanco, y debido a su oposición a dicho proyecto, fueron muertas 6 personas[3], entre ellas nuestra compañera Berta Cáceres[4].
Tres años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) presentaron el caso Fraude Sobre el Gualcarque[5], imputando a 16 funcionarios públicos por graves delitos de corrupción en beneficio de la familia Atala Zablah, a través de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para la obtención de contratos y permisos por parte del Estado para el desarrollo de dicho proyecto hidroeléctrico. El COPINH en representación de la comunidad de Río Blanco participó de las primeras etapas del proceso judicial de Fraude Sobre Gualcarque, sin embargo, a raíz de una petición de los imputados, la Corte de Apelaciones Nacional en Materia de Corrupción, decidió en fecha 28 de agosto de 2019 excluir a la organización del pueblo Lenca de dicho proceso[6], a pesar que la organización y la comunidad, las víctimas directas de los hechos de fraude y corrupción, incluyendo la inobservancia de los derechos de las comunidades indígenas.
Ante esta decisión, el equipo legal del COPINH, interpuso un recurso de reposición, lo cual fue declarado sin lugar en fecha 4 de septiembre de 2019.
Posterior a esta negativa se interpuso un recurso de amparo para la protección constitucional de los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, respeto y garantías fundamentales de los pueblos indígenas en fecha de 4 de octubre de 2019 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El recurso de amparo fue admitido para su trámite por la Sala Constitucional, en fecha 23 de enero de 2020. Sin embargo, no se decretó una suspensión del proceso judicial[7] del caso de Fraude mientras se resolvía dicho amparo. Esto implica que seguiría el avance del caso sin la participación y la voz del COPINH y la comunidad Lenca.
Así es que en fecha 28 de septiembre del presente año[8] se iniciaron las audiencias del juicio oral y público del caso Fraude Sobre el Gualcarque sin resolución del amparo, negando de hecho el acceso a la justicia y a la verdad para el COPINH y a la comunidad Lenca.
Cabe notar que las audiencias de este proceso carecen de publicidad debido a las restricciones por la crisis sanitaria por la COVID 19. El Poder Judicial debe asegurar su publicidad a través de transmisiones por medios virtuales para que las víctimas y la sociedad hondureña puedan ejercer la auditoría que demanda un juicio público.
El Estado de Honduras debe respetar y garantizar los derechos de las comunidades lencas y la organización del COPINH del acceso a la justicia y a la verdad. El poder judicial de Honduras debe garantizar el debido proceso, asegurando en todo momento el derecho a las víctimas y familiares a participar de forma activa en un proceso judicial que les reconoce como tales, así como el derecho fundamental de las comunidades indígenas lencas como sujetas de derecho.
Organizaciones internacionales[9][10] han llamado al Estado de Honduras a que rectifique su accionar frente a las víctimas del caso Fraude Sobre el Gualcarque. Llamamos a la comunidad internacional para que ejerza sus buenos oficios e inste al Estado de Honduras a que se respeten los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, garantizadas por los estándares internacionales.
#JusticiaParaBerta #JusticiaParaLosPueblos
Bertha Zúniga – Coordinadora General. COPINH
María Santos Domínguez – Consejo Indígena Lenca de Río Blanco.
[2] https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf
[3] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc112-16-es.pdf
[4] https://copinh.org/2016/03/comunicado-de-ayer-del-copinh-berta-caceres-vive/
[6] https://copinh.org/2019/08/corte-rechaza-al-copinh-como-victima/
[7] https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1316500896147279875?s=20
[8] https://twitter.com/MP_Honduras/status/1312134133859016704?s=20
Bertha Zúñiga Cáceres y Miguel Urbán Crespo
La lucha contra el cambio climático empieza defendiendo a quienes luchan por los bienes comunes y de la naturaleza.
Foto cortesía del Premio Ambiental Goldman
Honduras es uno de los países más desiguales de América Latina y el Caribe, con una elevada exposición al cambio climático que afecta, sobre todo, a la población más vulnerable. De hecho, el cambio climático es la tercera causa de emigración del país, después del hambre y de la violencia. Además, en los últimos años hemos podido ver cómo el país se ha transformado en el laboratorio neoliberal de Centroamérica, constituyendo un Estado socialmente fallido y un gobierno corrupto que ha dado carta blanca a las grandes corporaciones y al narcotráfico.
Se trata de un modelo que ha profundizado en el neoliberalismo por la vía del capital extractivo transnacional en alianza con el capital nacional y que se basa en la mercantilización del territorio, la liberalización de los recursos naturales y la destrucción del tejido social y comunitario que se oponga a ello. Todo acompañado de marcos jurídicos e institucionales al servicio de los intereses privados y que ha generado un cóctel explosivo que ha convertido Honduras en uno de los países más peligrosos para las y los defensores de derechos humanos y el medio ambiente.
Los pueblos originarios y las organizaciones sociales siguen resistiendo a proyectos extractivistas que agotan los recursos naturales de sus territorios ancestrales y, en el caso de Honduras, hemos podido asistir con preocupación a cómo el Estado y los poderes económicos han construido un aparato de hostigamiento y de persecución social que actúa en la impunidad. Las constantes agresiones, desapariciones y asesinatos a periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias (algunos con medidas cautelares) ocurridas en los últimos años constatan un sistema social fracturado donde las caravanas migrantes se han convertido en otra expresión de la denuncia y protesta social. Una expresión que es sólo la punta del iceberg de un sistema social injusto y un modelo económico desigual. A pesar de la fuerte presencia policial y militar, y del propio COVID-19, una nueva caravana de migrantes hondureños salió el primero de octubre desde San Pedro Sula, llevando consigo al menos tres mil voces de hondureños y hondureñas exigiendo dignidad.
Casos como el asesinato de Berta Cacéres y el encarcelamiento de los líderes comunitarios en defensa del Río Guapinol no son aislados: en Honduras, solo en 2019 se han registrado por lo menos 1115 ataques en contra de 449 defensoras y defensores de los derechos humanos. Previsiblemente, el hostigamiento y persecución continuará. De hecho, el año pasado fueron otorgadas no menos de 137 concesiones mineras y de producción de hidrocarburo en territorios indígenas, bajo la complacencia gubernamental, que desde el golpe militar de 2009 ha aprobado paquetes legislativos para legalizar el extractivismo, la aprobación de una nueva ley de minería y la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación, la construcción de represas y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), convirtiéndose estas zonas en la máxima expresión de esta distopía neoliberal. La primera ZEDE se ha ubicado en Crawfish Rock, Islas de la Bahía, epicentro de la industria turística, desplazando a comunidades garífunas afrodescendientes de la zona norte del país.
Y es que el clima de impunidad frente a estos hechos es tal que uno de los treinta y dos líderes comunitarios criminalizados por defender el Río Guapinol, Joaquín Morazán, fue asesinado justo dos días después que el Parlamento Europeo eligiese a Berta Cáceres y los defensores de Guapinol como finalistas al premio Shakarov. Con el asesinato de Joaquín, ya son dos defensores del Guapinol asesinados en menos de dos años, mientras otros ocho continúan presos, otros cinco judicialmente son perseguidos y la comunidad Guapinol es asediada. Estos líderes comunitarios han sido categorizados entre los criminales más peligrosos del país cuando el gobierno de Honduras concedió a la empresa Inversiones los Pinares la licencia para construir una mina de óxido de hierro en el Parque Nacional Montaña de Botaderos.
El crimen imputado se remonta a agosto de 2018, cuando las comunidades afectadas habían levantado el campamento «Por el Agua y la Vida» en señal de protesta en una de las vías de acceso a la mina. El campamento fue desalojado violentamente por las fuerzas de seguridad hondureña y los líderes comunitarios han sido criminalizados y encarcelados por representar la resistencia de la comunidad y la lucha para evitar que expropien sus territorios y contaminen el río Guapinol.
Berta Cáceres, lideresa Lenca, ambientalista, feminista, anticapitalista, coordinadora cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue criminalizada, amenazada y finalmente asesinada en 2016. Todo esto se enmarca en un contexto donde las amenazas al COPINH y a la comunidad Río Blanco, donde se localizaría el proyecto hidroeléctrico contra el que Berta luchó, también continúan a día de hoy. Nuevamente, la militarización y represión se repiten como herramientas de control social para favorecer los intereses del capital privado.
Ni la comunidad internacional ni el Parlamento Europeo pueden seguir haciendo oídos sordos a lo que pasa en Honduras, país convertido en un laboratorio neoliberal y un infierno para los defensores de los bienes comunes y de la naturaleza. Por eso mismo, la Izquierda en el Parlamento Europeo (GUE/NGL) seguirá promoviendo a Berta Cáceres y los defensores de Guapinol como finalistas para el Premio Sakharov. Este premio es un reconocimiento a las personas y organizaciones que luchan para defender los derechos fundamentales y los procesos organizativos comunitarios para defender el territorio, no solo en Honduras sino en el conjunto de América Latina.
Hay que señalar que el Estado hondureño tiene toda la responsabilidad sobre esta situación y no podemos menos que exigir justicia para Joaquín, Berta, los presos políticos de Guapinol. Nuestras vidas y las vidas de quienes defienden nuestros recursos valen más que los beneficios de las empresas mineras. ¿Qué tipo de sistema es aquel que alienta esa injusticia y represión? ¿Quiénes son los verdaderos criminales? Es inaceptable que en pleno 2020 las comunidades continúen siendo hostigadas por el Estado y las empresas extractivas por defender algo tan básico como el derecho humano al agua. Aunque suene muy básico, es momento de reafirmar aquello de asumir siempre y como nuestras las injusticias acaecidas en cualquier lugar, a cualquier orilla del océano.
El Parlamento Europeo ha declarado la emergencia climática mundial que acelera un proceso de desastre ambiental reconociéndola como la mayor amenaza a la que se está enfrentando la humanidad. El COPINH y las comunidades de Guapinol llevan mucho tiempo –mucho antes de que el Parlamento Europeo reconociera la emergencia climática– advirtiendo que no hay un «planeta B» y que hace falta cambiar el modelo económico si de verdad queremos proteger la tierra y los recursos naturales. Berta lo resumía de manera contundente: «¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!».
Defender la tierra es luchar contra las políticas extractivas que el capitalismo internacional ha impuesto en Centroamérica. Hoy más que nunca, entonces, es importante reconocer y defender a quienes se oponen a este modelo. Un modelo socialmente agotado, económicamente injusto y medioambientalmente voraz, ante el que defender a quienes luchan por justicia ambiental constituye un deber. Con esta candidatura decimos que Berta vive y Guapinol resiste.
Miguel Urbán Crespo. Eurodiputado, militante de Anticapitalistas y cofundador de PODEMOS.
Bertha Zúñiga Cáceres. Ambientalista, feminista y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Anoche fue asesinado en su propia casa el pastor evangélico Arnold Joaquín Morazán Erazo, un líder ambientalista que había sido procesado judicialmente por la empresa Los Pinares desde el año 2019.
La acusación contra Morazán Erazo fue por defender el Río Guapinol, ubicado en la comunidad del mismo nombre y perteneciente al municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona norte de Honduras, en un contexto de criminalización por la empresa minera Los Pinares propiedad del empresario Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
La conflictividad por la empresa minera ha causado que se genere una violencia singular en la región y sin que el Estado intervenga en favor de la comunidad. No obstante, el Estado de Honduras sí interviene a través del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad en el sentido de encarcelar a los defensores del ambiente y proceder a desalojos violentos.
Morazán Erazo es el segundo de los acusados en ser asesinado. El primero en caer en Guapinol fue Roberto Argueta, caso que aún no se esclarece.
Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo que se había otorgado en beneficio de cinco defensores ambientales y se ordenó el formal procesamiento en contra de ellos; además, hay ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
El defensor de derechos humanos Pedro Landa dijo este miércoles a Criterio.hn que lamenta el asesinato y envió sus condolencias a la familia de Arnold y al comité de defensa de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, pues este asesinato viene a enlutar y llenar de sangre una vez más una lucha digna y justa por los bienes naturales y, por supuesto, por la defensa a la vida.
“Este asesinato se da en el contexto en el que está en revisión del Poder Judicial las medidas que se les han otorgado de manera injusta a los defensoras y defensores del río Guapinol con el recurso de amparo presentado hace dos días por la parte defensora. También se da en el contexto internacional, cuando se dio un premio de parte del Parlamento Europeo en donde se reconoció a estos defensores de derechos humanos como héroes por la libertad de conciencia”, aseguró Landa.
Mientras en Europa se premia a la memoria de Berta Cáceres junto a los ambientalistas de Guapinol; en Honduras se les encarcela y se les asesina
La nominación de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores (asesinada el 3 de marzo de 2016) resultó finalista al premio del Parlamento Europeo, Sájarov 2020, que es otorgado a aquellos que en su vida se han dedicado a promover la libertad de conciencia, en medio de las adversidades subyacentes y las amenazas constantes a su integridad física.
Junto a Berta Cáceres también se resaltó a los defensores del río Guapinol, criminalizados y algunos encarcelados por ese fin. Los ganadores serán conocidos el próximo 22 de octubre.
El Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, bautizado así en honor del científico y disidente soviético Andréi Sájarov, fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades.
En el caso de la nominación a Berta Cáceres y los ambientalistas de Guapinol, el diputado del parlamento europeo, Miguel Urbán Crespo, fue quien solicitó a los eurodiputados acompañar la nominación de los hondureños, haciendo conciencia sobre la criminalización y ambiente de hostilidad que atraviesan en su propio país por causas justas. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016.
Informe Guapinol Resiste
El informe internacional Guapinol Resiste en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.
En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.
¿Quién es Lenir Pérez?
A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.
El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.
“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.
En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.
Industrias internacionales operan en Guapinol de forma ilegal
Según el informe Guapinol Resiste, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.
Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.
Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.
Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.
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