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El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y la comunidad de Río Blanco no deben ser excluidos de procesos judiciales de los cuales somos víctimas.
Estimadas y estimados miembros de los mecanismos internacionales de DDHH.
Los pueblos indígenas en Honduras llevamos siglos luchando por la sobrevivencia en contra de la colonización y en la defensa de nuestros bienes naturales, derechos y cosmovisiones. Sin embargo, a 528 años de resistencia se sigue atropellando nuestra existencia. Ni siquiera el derecho básico a ser reconocidos como sujetos de derechos se respeta.
El Estado de Honduras niega la condición de víctima y parte en procesos judiciales a nuestra organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y al Consejo Indígena Lenca de Río Blanco. En una práctica continuada de colonización y desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.
En el año 2014, el COPINH y la comunidad de Río Blanco, liderados por la Coordinadora General Berta Cáceres, interpusimos denuncias formales[1] en contra de 51 proyectos inconsultos e ilegales sobre el territorio del pueblo Lenca. Entre estos se encuentra el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, que pretendía explotar el sagrado río Gualcarque de la comunidad Lenca.
Debido a la instalación inconsulta e ilegal del proyecto Agua Zarca, fueron cometidas graves violaciones de derechos humanos[2] contra la comunidad Lenca de Río Blanco, y debido a su oposición a dicho proyecto, fueron muertas 6 personas[3], entre ellas nuestra compañera Berta Cáceres[4].
Tres años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) presentaron el caso Fraude Sobre el Gualcarque[5], imputando a 16 funcionarios públicos por graves delitos de corrupción en beneficio de la familia Atala Zablah, a través de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para la obtención de contratos y permisos por parte del Estado para el desarrollo de dicho proyecto hidroeléctrico. El COPINH en representación de la comunidad de Río Blanco participó de las primeras etapas del proceso judicial de Fraude Sobre Gualcarque, sin embargo, a raíz de una petición de los imputados, la Corte de Apelaciones Nacional en Materia de Corrupción, decidió en fecha 28 de agosto de 2019 excluir a la organización del pueblo Lenca de dicho proceso[6], a pesar que la organización y la comunidad, las víctimas directas de los hechos de fraude y corrupción, incluyendo la inobservancia de los derechos de las comunidades indígenas.
Ante esta decisión, el equipo legal del COPINH, interpuso un recurso de reposición, lo cual fue declarado sin lugar en fecha 4 de septiembre de 2019.
Posterior a esta negativa se interpuso un recurso de amparo para la protección constitucional de los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, respeto y garantías fundamentales de los pueblos indígenas en fecha de 4 de octubre de 2019 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El recurso de amparo fue admitido para su trámite por la Sala Constitucional, en fecha 23 de enero de 2020. Sin embargo, no se decretó una suspensión del proceso judicial[7] del caso de Fraude mientras se resolvía dicho amparo. Esto implica que seguiría el avance del caso sin la participación y la voz del COPINH y la comunidad Lenca.
Así es que en fecha 28 de septiembre del presente año[8] se iniciaron las audiencias del juicio oral y público del caso Fraude Sobre el Gualcarque sin resolución del amparo, negando de hecho el acceso a la justicia y a la verdad para el COPINH y a la comunidad Lenca.
Cabe notar que las audiencias de este proceso carecen de publicidad debido a las restricciones por la crisis sanitaria por la COVID 19. El Poder Judicial debe asegurar su publicidad a través de transmisiones por medios virtuales para que las víctimas y la sociedad hondureña puedan ejercer la auditoría que demanda un juicio público.
El Estado de Honduras debe respetar y garantizar los derechos de las comunidades lencas y la organización del COPINH del acceso a la justicia y a la verdad. El poder judicial de Honduras debe garantizar el debido proceso, asegurando en todo momento el derecho a las víctimas y familiares a participar de forma activa en un proceso judicial que les reconoce como tales, así como el derecho fundamental de las comunidades indígenas lencas como sujetas de derecho.
Organizaciones internacionales[9][10] han llamado al Estado de Honduras a que rectifique su accionar frente a las víctimas del caso Fraude Sobre el Gualcarque. Llamamos a la comunidad internacional para que ejerza sus buenos oficios e inste al Estado de Honduras a que se respeten los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, garantizadas por los estándares internacionales.
#JusticiaParaBerta #JusticiaParaLosPueblos
Bertha Zúniga – Coordinadora General. COPINH
María Santos Domínguez – Consejo Indígena Lenca de Río Blanco.
Panamá, los indígenas de la Comarca Ngäbe-Buglé han resistido ante las amenazas provocada por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco construido en el año de 2016. El proyecto Barro Blanco fue construido con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Alemán de Desarrollo (DEG) y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). Dicho proyecto será conectado al Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Los pueblos indígenas del planeta venimos padeciendo despojos sistemáticos de nuestros territorios, situación que se está agudizando en el presente siglo, sin que los estados-nación y organismos financieros asuman el cumplimento de Convenios internacionales y declaratorias para frenar el saqueo territorial y los desplazamientos poblacionales. A partir del golpe de estado en Honduras, el poder legislativo ha emitido una serie de leyes dirigidas a fomentar un supuesto desarrollo, basado en la subasta territorial, sin tener en cuenta el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas en Honduras. El inconsulto Plan de Nación de la actual administración, se enfoca en un auge de los agrocombustibles; el cambio de matriz de producción energética apostando por una irracional destrucción de las cuencas hidrográficas; la entrega de franjas del territorio nacional a países o compañías extranjeras, bajo la modalidad de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED); y la implementación del Programa de Reducción de las Emisiones producidas por la Deforestación y la Degradación, conocido como REDD. La grave crisis en materia de derechos humanos, que se está dando en el Valle del Aguan como consecuencia de la palma africana y el modelo de plantación que se apoderó de esa fértil región del país, será replicado en otros confines de Honduras. El pasado mes de mayo, Toribio Aguilar, Presidente de la Comisión Especial que presentó la ley RED, anunció el inicio de una plantación de 70 mil hectáreas de palma aceitera, con capital norteamericano y un Fondo Hindu, en una supuesta región deshabitada. Hasta la fecha el manejo de la información sobre los proyectos contemplados bajo la Ley RED, ha sido manejado con secretividad por la elite de poder nacional, la que actúa conspirando contra los intereses y bienestar del pueblo, sin informar de forma fehaciente a los hondureños. A pesar de la cortina de humo con que los Diputados y el Ejecutivo han manejado la información referente a las RED, ha salido a flote en algunas declaraciones vertidas a los medios de comunicación, la inclusión de la Ciudad de Trujillo y el Río Sico, territorios que incluye a más de 20 comunidades Garífunas, las que paulatinamente serán desplazadas. Con los 47 decretos de concesiones de las cuencas hidrográficas emitidos en septiembre del año 2010 y la posterior aprobación en el mes de enero de este año, de las tres hidroeléctricas en el Río Patuca, el Congreso Nacional de Honduras entrega a familias y empresas relacionadas con la elite de poder, los ríos, siguiendo de esta forma los mandatos imperiales surgidos de la Cumbre de Energía efectuada en Washington en abril del año pasado. El proceso de sedimentación de las represas en condiciones óptimas es de un 1% al año. Apostar por las represas hidroeléctricas en un país donde la deforestación es sistemática, indica que el tiempo de vida útil no supera los 30 años, el cual es exactamente el lapso de las concesiones otorgadas. Muchos de los estudios de impacto ambiental de dichas represas, manejados por la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) poseen débiles referencias en cuanto al caudal ecológico, situación que generará la muerte de gran parte de los ríos de Honduras. Algunas de estas represas están recibiendo fondos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y se encuentran ubicadas dentro de territorios de pueblos indígenas, los que nunca fueron consultados al respecto. Tal es el caso de la pretendida hidroeléctrica en la comunidad Garífuna de Masca, donde el Sr. Salomón López. Comisionado Nacional de Energía, sin haber consultado en ningún momento la comunidad, logró obtener fondos del MDL para la construcción de la represa. Las falsas soluciones al cambio climático -promovidas por Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otros organismos- se utilizan para fomentar despojos y desplazamientos entre los pueblos indígenas del planeta. Tanto los MLD como los REDD se han convertido en serias amenazas para los pueblos indígenas y campesinos que han cuidado de sus hábitats funcionales durante siglos. Hace algunas semanas salió a flote la información sobre la incorporación de Honduras a los REDD, programas que han generado desastres entre los pueblos desde Papua Nueva Guinea hasta el Perú. En Honduras ya están presionando a las comunidades Lencas, con el objetivo de apropiarse de su bosque. Están surgiendo vertiginosamente los denominamos piratas del carbono, individuos u Ongs inescrupulosos que sirven de intermediarios entre compañías contaminadoras y pueblos de la foresta tropical, para lucrarse de la venta de las cuotas de captura de carbono, al mismo tiempo que exigen un control sobre los territorios de los pueblos indígenas. Como ejemplo de la enorme estafa que se está gestando, se encuentra la demanda de un ciudadano australiano en contra del pueblo matses de la Amazonía peruana, ante la negativa de firmar un contrato de proyecto REDD. Al mismo tiempo que Honduras se vincula al programa REDD, existe una explosión de plantaciones de palma africana en el país, situación que aumentara el conflicto agrario, que se incremento a partir del año 1992, cuando se emitió la Ley de Modernización Agrícola. Existen en la actualidad alrededor de 200 mil hectáreas de palma africana y según versiones de la Embajada de Estados Unidos se pueden acomodar hasta 500 mil hectáreas de palma. En Honduras se están aplicando las tres R(s) del despojo: Red, REDD y Represas, con un singular beneficio para la elite dominante y una pesadilla territorial que afecta la gran mayoría de los sectores más marginados del país. La Ceiba, Atlántida, 30 de Agosto del 2011
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) La Ceiba, Atlantida, Honduras http://www.ofraneh.org http://www.ofraneh.wordpress.com