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CONFLICTOS GLOBALES POR HIDROELÉCTRICAS
Categoría: Noticias
«Ríos y pueblos del mundo ante la industria hidroeléctrica»
Acompáñenos hoy en el programa de Semillas y Saberes en donde escucharemos las voces de la compañera Fernanda Purrán de Chile, el compañero Rulo Bregagnolo de Argentina y de Osvaldo Durán de Costa Rica. Desde todo el mundo se entona la misma consigna: Ríos para la Vida y no para la muerte!
Pueblos piden transición energética justa y respetuosa alejado de las corporaciones
Compartimos nota de prensa publicada en el Chiapas Paralelo el día de hoy. Seguimos en la campaña de recolección de firmas para adherirse a la Declaración por los Derechos de los Ríos y los Pueblos, para sumarse puede entrar en estos links:
Español https://chng.it/ngV7CMrSWx
Portugés https://chng.it/scNNkdxp6V
Inglés https://chng.it/fzpxz4wpPueblos piden transición energética justa y respetuosa alejado de las corporaciones
Chiapas Paralelo
- Por Redacción Yessica Morales
- 8 septiembre, 2021
Declaración por los Derechos de los Ríos y los Pueblos. Cortesía: Otros Mundos A. C.
*Enfatizaron que, no hay evidencia científica de la supuesta condición “sostenible” de las represas.
*La Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua, invitaron a los pueblos, movimientos y organizaciones sociales defensoras de la vida a sumarse a la “Movida global por los ríos y los pueblos”.
Movimientos, colectivos y organizaciones* en la defensa de ríos y pueblos, declararon en el marco del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica realizado por la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) que, gobiernos y empresas buscan fortalecer sus inversiones nacionales y transnacionales a través de la hidroelectricidad, argumentan que es energía “verde, sustentable, limpia y socialmente responsable”.
Señalaron que, las hidroeléctricas provocan deforestación, alteración irreparable de los ecosistemas de los ríos, muerte de la fauna incluidos los peces, que son alimento para los pueblos, pérdida de biodiversidad, manglares y acuíferos, como la explotación indiscriminada, mercantilización y privatización del agua.
Aunado a ello, el desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que se quedaron sin agua para tomar, pescar y cultivar, además sus culturas y tejido social son destruidos.
Un informe de la IEA indica que la energía hidráulica tiene un papel clave en la consecución de los objetivos climáticos para 2050. Cortesía: Smart Grid
Las y los defensores indicaron que, muchas de las víctimas son los pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones, asimismo, las represas provocan persecución, intimidación y asesinatos, como es el caso de Berta Cáceres, ocurrido el 02 de marzo de 2016 en Honduras.
Las represas también desatan una galopante corrupción y tráfico de influencias, que en muchos casos terminan en conflictos internacionales, expusieron los movimientos, colectivos y organizaciones.
Añadieron que la tecnología de las represas no favorece a la naturaleza, ni genera bienestar humano, pues su aporte al calentamiento global es indudable, ya que se basan en un modelo extractivo y de explotación ilimitada en los ecosistemas, esto acentúa las sequías e inundaciones, poniendo a millones de personas en riesgo permanente.
Por ello, desde los pueblos llamaron a una transición energética justa y respetuosa, que revise las condiciones e impactos de cada una de las tecnologías y tenga como prioridad el respeto de los derechos de la gente y los ríos.
Ninguna fuente energética será sustentable mientras se destruya la Madre Tierra, se privaticen los bienes comunes y se concentre la riqueza despojando a los pueblos, acaparando gigantescos territorios y violentando los derechos de la naturaleza, y en especial los derechos de los ríos, indicaron los movimientos, colectivos y organizaciones.
Movida Global por los Ríos y Pueblos
Invitación a los y las defensoras de los ríos del planeta a la Movida Global Por los Ríos y Pueblos. Cortesía: REDLAR
La Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR) invitó a las y los defensoras de los ríos del planeta a la Movida Global por los Ríos y Pueblos, debido a que la IHA, organizó el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica.
Dicho evento se realizará del 7 al 24 de septiembre de 2021, en Costa Rica, país exhibido como ejemplo exitoso de energía “limpia y sostenible”, idea que se repite en su proyecto de Declaración de San José.
En respuesta al Congreso de la IHA, organizaciones en Costa Rica en coordinación con movimientos socioambientales y ecologistas de todos los continentes llevaran a cabo el Movimiento Global con el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los pueblos del planeta.
REDLAR señaló que, el Movimiento Global incluye las siguientes acciones para antes y después del Congreso: cada país generará un “Pronunciamiento nacional” ante las hidroeléctricas, estos serán reunidos en un compendio que compartirán con todos y todas.
Con base en la “Declaración Ríos Saludables para una Recuperación Justa y Verde”, esperan opiniones sobre: una moratoria global de nuevas hidroeléctricas, aumento de la inversión en energías renovables y almacenamiento de energía, nueva matriz energética y generación distribuida de manera democrática, y salvaguarda de áreas vulnerables y reconocimiento jurídico de derechos de los ríos.
Asimismo, la Red pidió a las y los participantes compartir su experiencia ante las hidroeléctricas en foros virtuales Inter países, también pueden hacer su pronunciamiento en audios y videos.
IHA viola los Derechos de los Ríos
Realizaron una acción pacífica en el pinteo de postes y muros para rechazar la construcción de más represas en Chiapas. Cortesía: Abejas de Acteal.
Otros Mundos A. C. y Amigos de la Tierra México dieron a conocer que, millones de personas en el mundo han sido despojados de sus viviendas y medios de vida por la construcción de las represas.
Al mismo tiempo, mencionaron que defensoras y defensores de los ríos, comunidades, agua, y ecosistemas, les ha arrebatado la vida en busca del supuesto desarrollo que conlleva la devastación, inundaciones, apropiación de territorios indígenas y campesinos, pérdida de bosques y biodiversidad.
Pese a todo ello, la IHA convocó al Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, donde pretende consolidar el discurso y políticas que favorezca la construcción de más represas, un negocio lleno de corrupción, bajo el argumento de que las represas son energía limpia, verde, sustentable, ecológica y con empresas constructoras “socialmente responsables”.
Sin embargo, indicaron que el agua de los ríos como fuente renovable no se hace sustentable con la tecnología del modelo extractivo que se le impone, en la actualidad las represas y su fuente de energía cada vez más intermitentes por el calentamiento global, son insustentables.
Los pueblos levantan su voz para manifestarse contra este modelo extractivo que viola los Derechos de la Naturaleza y en especial los Derechos de los Ríos, y evitar que sean intervenidos con el fin de mantenerlos vivos para darle vida al planeta, dijo Otros Mundos A. C. y Amigos de la Tierra México.
Es así como se suman a la llamada “Movida Global por los Ríos y los Pueblos” para exigir un alto a la construcción de las represas, muerte de los ríos y del planeta, e impulsar otras formas de vida con modelos de energías desde los pueblos, donde los Derechos de los Ríos y a la Vida están por encima de los intereses particulares y de lucro de las grandes corporaciones constructoras de represas.
*Movimientos, colectivos y organizaciones:
-Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua
-Federación Ecologista Costarricense
-Otros Mundos Chiapas
-Asociación Proyectos alternativos
-Amigos de la Tierra Costa Rica Ríos Libres-Costa Rica
-Ríos libres Turrialba-Costa Rica
-Mesa provincial Misiones-Argentina
-Grupo ecologista Cuña Pirú
Movimientos cuestionan congreso de industria hidroeléctrica en Costa Rica
9 septiembre, 2021
En respuesta al Congreso de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, organizaciones de Costa Rica, en coordinación con movimientos socioambientales y ecologistas de todos los continentes, llevan a cabo la “Movida Global Por Los Ríos y Los Pueblos” con el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los pueblos del planeta. En el comunicado denuncian que “La narrativa común de la industria hidroeléctrica es que las hidroeléctricas sólo aportan bienestar y progreso. Pero para las comunidades que dependen de los ríos para obtener alimentos, ingresos, agua potable, recreación y valores culturales, esta promesa es falsa. En cambio, soportan la destrucción de ecosistemas y pueden verse obligados a trasladarse. Muchas inversiones nacionales y transnacionales para construir represas hidroeléctricas implican corrupción y son un medio de apropiarse de la riqueza a expensas de las comunidades afectadas.” A nivel ambiental, estos proyectos generan impactos ecológicos y destrucción de ecosistemas, con el agravante que suman las emisiones de carbono de las represas hidroeléctricas y el agravamiento del cambio climático. En lo social, con desplazamiento de poblaciones y despojo de territorios mayormente indígenas, así como la victimización, persecución y asesinato al los referentes que resisten a estos proyectos. La “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”, incluye acciones antes y después del Congreso, como manifestaciones, debates, “Pronunciamientos nacionales” y una “Declaración global por los derechos de los ríos y de los pueblos”
Leer el comunicado: OPOSICIÓN MUNDIAL A CONGRESO DE HIDROELÉCTRICAS SE ORGANIZA DESDE COSTA RICA. Más información: Movimientos sociales de Latinoamérica cuestionan sustentabilidad de hidroeléctricas. Contexto: Nuevo subdirector de Conagua promovió el megaproyecto La Parota y otras hidroeléctricas
Press Release | Advocates at IUCN Congress Highlight a Wave of New Support for the Rights of Rivers
September 8 2021 |
Marseille, France—
Today, advocates from across the globe gathered at the IUCN World Conservation Congress (both in person and remotely) to highlight the precipitous growth of the movement to recognize the rights of rivers and watersheds. The press conference also marked the approximate one year anniversary of the formal launch of the Universal Declaration of the Rights of Rivers (“Declaration”), a civil society initiative to define the basic rights to which all rivers are entitled. According to its proponents, the Declaration intends to build awareness and serve as a customizable legal model for governments wishing to join the rights of rivers movement.
September 8, 2021
For immediate release: September 8, 2021
Contacts:
1. Monti Aguirre, International Rivers (707-591-1220; monti@internationalrivers.org) 2. Grant Wilson, Earth Law Center (510-566-1063; gwilson@earthlaw.org)
Marseille, France—Today, advocates from across the globe gathered at the IUCN World Conservation Congress (both in person and remotely) to highlight the precipitous growth of the movement to recognize the rights of rivers and watersheds. The press conference also marked the approximate one year anniversary of the formal launch of the Universal Declaration of the Rights of Rivers (“Declaration”), a civil society initiative to define the basic rights to which all rivers are entitled. According to its proponents, the Declaration intends to build awareness and serve as a customizable legal model for governments wishing to join the rights of rivers movement.
Over the past year, rights have been recognized or declared for (at minimum) Boulder Creek and the Boulder Creek Watershed (Nederland, USA, mirroring some language from the Declaration), the Magpie River (Canada), waterways in Orange County, Florida (USA), the Alpayacu River (Ecuador), and the Paraná River and Wetlands (Rosario, Argentina). In contrast to traditional environmental laws that recognize Nature as mere human property, this legal precedent acknowledges that rivers, watersheds, and other natural entities are living entities with rights.
With regards to the Declaration, it now has support from close to 1,700 individuals and 211 organizations from over forty countries. Numerous ‘rights of rivers’ campaigns also incorporate parts of the Declaration, including in El Salvador (rights of the Lempa River), France (rights of the Tavignanu River), Mexico (rights of all rivers in Oaxaca), Nigeria (rights of the River Ethiope), Pakistan (rights of the Indus Delta and River), Serbia, and the UK (rights of the River Frome). Additionally, last week, 16 IUCN members co-sponsored an emergency motion calling upon IUCN members to endorse the Declaration, although it did not pass.
Advocates have also submitted a multitude of amici curiae briefs in defense of the ‘rights of rivers’ that specifically reference the rights recognized in the Universal Declaration of the Rights of Rivers, including briefs seeking to protect the rights of the Dulcepamba River, Piatúa River and Nangaritza River in a series of cases currently before the Constitutional Court of Ecuador. Another amicus brief seeks to protect the Marañon River in Peru based in part on the Universal Declaration of the Rights of Rivers. In one instance, an administrative body in Ecuador upheld the rights of the Dulcepamba River and ordered protection of its flows.
The momentum towards the rights of rivers is growing as a response to mounting global threats to rivers and freshwater ecosystems. According to the 2020 Living Planet Index, 944 monitored freshwater species declined by an average of 84% between 1970 and 2016. Due to an onslaught of dams and other infrastructure, only 37 percent of rivers longer than 1,000km still flow freely.
The notion of recognizing the personhood or rights of rivers gained global attention in 2017. That year, a treaty agreement between the Whanganui Iwi (a Māori tribe) and the Crown Government recognized the Whanganui River as a legal person, a Constitutional Court decision in Colombia recognized the rights of the Atrato River, and a court in Uttarakhand, India, recognized the Ganga and Yamuna Rivers as legal persons with rights (later stayed). In 2008, Ecuador became the first country to constitutionally recognize the Rights of Nature.
Quotes:
“It is obvious that effective river management works best at the basin scale, and ‘river rights’, as described in the Declaration, is a very important way of achieving this and ensuring protection of ecosystem integrity.”
–Angela Andrade, Chair of IUCN’s Commission on Ecosystem Management
“Globally, rivers have enormous social, cultural, environmental, and economic value, but are becoming progressively more threatened. The Rights of Rivers approach is becoming increasingly important for ensuring that they can continue to provide these essentials to benefit nature and the people who rely on them.”
Kristen Walker, Chair of IUCN’s Commission on Environmental, Economic and Social Policy.
“Western law and culture often treat rivers as a human resource instead of recognizing the reality that they are living systems. An important step towards correcting this falsehood is for rivers and other natural entities to be recognised in law as legal entities with intrinsic rights.”
-Jessica Sweidan, CoFounder & Trustee of Synchronicity Earth; IUCN Patron of Nature.
“The playbook for protecting rivers and watersheds must evolve beyond the traditional environmental law approaches we’ve been using since the 1960s, as such laws are helpful but grossly inadequate.The Declaration is a useful legislative starting point for those wishing to promote new, Earth-centered legal protections for fresh waters.”
–Grant Wilson, Executive Director of Earth Law Center.
“This movement towards recognizing the rights of rivers will be extremely helpful for protecting the freshwater biodiversity present in these ecologically important rivers.”
-Dr. Topiltzin Contreras Macbeath, Head of the Conservation Biology Research Group at the University of Morelos, México and Co-Chair of the Freshwater Conservation Committee of IUCN’s Species Survival Commission.
“Rivers are the veins of the Earth. They hold so much life and provide the conditions for life to evolve, flourish, and regenerate. This declaration is essential in the process of legally recognizing the inherent rights of rivers worldwide, as a way to protect their integrity, health, and role in Earth’s web of life.”
-Hana Begovic, Director of Earth Advocacy Youth.
“A global study of river protections that I recently led shows the growing importance of the Rights of Rivers movement, relative to some of the other protection systems we discussed. We concluded that Rights of Rivers is a powerful tool for recognizing Indigenous cultural plurality in legal systems, and for bringing about transformative change in the protection of nature.”
-Dr. Denielle Perry, Director of the Free-flowing Rivers Lab in Northern Arizona University’s School of Earth and Sustainability, and Co-Chair of the Durable River Protection Coalition.
“Rivers across the planet are ribbons of biodiversity that are facing unprecedented threats due to climate change and dam building. Rights of Nature for Rivers offers a path forward that combats these threats and gives rivers their rightful protection as the planet’s life-saving arteries.”
–Gary Wockner, Co-Founder of Save The Colorado and Founder of Save The World’s Rivers.
“Our current laws are not rising to address the climate and biodiversity crises. Freshwater ecosystems need permanent protections to sustain water quality, food security, and human rights. A Rights of Nature approach offers transformative change at a time where it could not be needed more.”
Monti Aguirre, Latin America Manager at International Rivers.
# # #
Find more on the Universal Declaration of the Rights of Rivers, visit www.RightsOfRivers.org See All Blog Posts
***FOR IMMEDIATE RELEASE *** Advocates at IUCN Congress Highlight a Wave of New Support for the Rights of Rivers
Advocates at IUCN Congress Highlight a Wave of New Support for the Rights of Rivers
8 September, 2021
Contacts:
1. Monti Aguirre, International Rivers (707-591-1220; monti@internationalrivers.org)
2. Grant Wilson, Earth Law Center (510-566-1063; gwilson@earthlaw.org)
Marseille, France—Today, advocates from across the globe gathered at the IUCN World Conservation Congress (both in person and remotely) to highlight the precipitous growth of the movement to recognize the rights of rivers and watersheds. The press conference also marked the approximate one year anniversary of the formal launch of the Universal Declaration of the Rights of Rivers («Declaration»), a civil society initiative to define the basic rights to which all rivers are entitled. According to its proponents, the Declaration intends to build awareness and serve as a customizable legal model for governments wishing to join the rights of rivers movement.
Over the past year, rights have been recognized or declared for (at minimum) Boulder Creek and the Boulder Creek Watershed (Nederland, USA, mirroring some language from the Declaration), the Magpie River (Canada), waterways in Orange County, Florida (USA), the Alpayacu River (Ecuador), and the Paraná River and Wetlands (Rosario, Argentina). In contrast to traditional environmental laws that recognize Nature as mere human property, this legal precedent acknowledges that rivers, watersheds, and other natural entities are living entities with rights.
With regards to the Declaration, it now has support from close to 1,700 individuals and 211 organizations from over forty countries. Numerous ‘rights of rivers’ campaigns also incorporate parts of the Declaration, including in El Salvador (rights of the Lempa River), France (rights of the Tavignanu River), Mexico (rights of all rivers in Oaxaca), Nigeria (rights of the River Ethiope), Pakistan (rights of the Indus Delta and River), Serbia, and the UK (rights of the River Frome).Additionally, last week, 16 IUCN members co-sponsored an emergency motion calling upon IUCN members to endorse the Declaration, although it did not pass.
Advocates have also submitted a multitude of amici curiae briefs in defense of the ‘rights of rivers’ that specifically reference the rights recognized in the Universal Declaration of the Rights of Rivers, including briefs seeking to protect the rights of the Dulcepamba River, Piatúa River and Nangaritza River in a series of cases currently before the Constitutional Court of Ecuador. Another amicus brief seeks to protect the Marañon River in Peru based in part on the Universal Declaration of the Rights of Rivers. In one instance, an administrative body in Ecuador upheld the rights of the Dulcepamba River and ordered protection of its flows.
The momentum towards the rights of rivers is growing as a response to mounting global threats to rivers and freshwater ecosystems. According to the 2020 Living Planet Index, 944 monitored freshwater species declined by an average of 84% between 1970 and 2016. Due to an onslaught of dams and other infrastructure, only 37 percent of rivers longer than 1,000km still flow freely.
The notion of recognizing the personhood or rights of rivers gained global attention in 2017. That year, a treaty agreement between the Whanganui Iwi (a Māori tribe) and the Crown Government recognized the Whanganui River as a legal person, a Constitutional Court decision in Colombia recognized the rights of the Atrato River, and a court in Uttarakhand, India, recognized the Ganga and Yamuna Rivers as legal persons with rights (later stayed). In 2008, Ecuador became the first country to constitutionally recognize the Rights of Nature.
Quotes:
«It is obvious that effective river management works best at the basin scale, and ‘river rights’, as described in the Declaration, is a very important way of achieving this and ensuring protection of ecosystem integrity.»
–Angela Andrade, Chair of IUCN’s Commission on Ecosystem Management
«Globally, rivers have enormous social, cultural, environmental, and economic value, but are becoming progressively more threatened. The Rights of Rivers approach is becoming increasingly important for ensuring that they can continue to provide these essentials to benefit nature and the people who rely on them.»
–Kristen Walker, Chair of IUCN’s Commission on Environmental, Economic and Social Policy.
«Western law and culture often treat rivers as a human resource instead of recognizing the reality that they are living systems. An important step towards correcting this falsehood is for rivers and other natural entities to be recognised in law as legal entities with intrinsic rights.»
–Jessica Sweidan, CoFounder & Trustee of Synchronicity Earth; IUCN Patron of Nature.
«The playbook for protecting rivers and watersheds must evolve beyond the traditional environmental law approaches we’ve been using since the 1960s, as such laws are helpful but grossly inadequate. The Declaration is a useful legislative starting point for those wishing to promote new, Earth-centered legal protections for fresh waters.»
–Grant Wilson, Executive Director of Earth Law Center.
«This movement towards recognizing the rights of rivers will be extremely helpful for protecting the freshwater biodiversity present in these ecologically important rivers.»
–Dr. Topiltzin Contreras Macbeath, Head of the Conservation Biology Research Group at the University of Morelos, México and Co-Chair of the Freshwater Conservation Committee of IUCN’s Species Survival Commission.
«Rivers are the veins of the Earth. They hold so much life and provide the conditions for life to evolve, flourish, and regenerate. This declaration is essential in the process of legally recognizing the inherent rights of rivers worldwide, as a way to protect their integrity, health, and role in Earth’s web of life.»
–Hana Begovic, Director of Earth Advocacy Youth.
«A global study of river protections that I recently led shows the growing importance of the Rights of Rivers movement, relative to some of the other protection systems we discussed. We concluded that Rights of Rivers is a powerful tool for recognizing Indigenous cultural plurality in legal systems, and for bringing about transformative change in the protection of nature.»
–Dr. Denielle Perry, Director of the Free-flowing Rivers Lab in Northern Arizona University’s School of Earth and Sustainability, and Co-Chair of the Durable River Protection Coalition.
«Rivers across the planet are ribbons of biodiversity that are facing unprecedented threats due to climate change and dam building. Rights of Nature for Rivers offers a path forward that combats these threats and gives rivers their rightful protection as the planet’s life-saving arteries.»
–Gary Wockner, Co-Founder of Save The Colorado and Founder of Save The World’s Rivers.
«Our current laws are not rising to address the climate and biodiversity crises. Freshwater ecosystems need permanent protections to sustain water quality, food security, and human rights. A Rights of Nature approach offerstransformative change at a time where it could not be needed more.»
–Monti Aguirre, Latin America Manager at International Rivers.
📣¡SÚMATE A LA «DECLARACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”!
Estimado.as amigo.as. Les pedimos sumarse como organizaciones o como personas en la MOVIDA GLOBAL firmando la «DECLARACIÓN POR LOS DERECHOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”, que impulsamos desde muchos países del mundo, frente al Congreso de Hidroeléctricas que se realiza en Costa Rica del 7 al 24 de setiembre. Decidan en cuál versión/idioma firman. Esta DECLARACIÓN será enviada al Gobierno de Costa Rica, a la Asociación Internacional de Hidroelectricidad/International Hydropower Association, y a muchos más Gobiernos, empresas, instituciones y organizaciones de todo el planeta. ¡Ríos Libres para la VIDA!
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Represas y mentiras sobre “energía verde”
Por Osvaldo Durán Castro , Sociólogo, profesor ITCR
Publicada originalmente el 11 febrero, 2020
En la improductiva Conferencia sobre cambio climático (COP25), realizada en diciembre 2019 en Madrid, España, escogieron a Costa Rica
En la improductiva Conferencia sobre cambio climático (COP25), realizada en diciembre 2019 en Madrid, España, escogieron a Costa Rica –o no sabemos si el Gobierno se ofreció– para realizar un Congreso Internacional de Hidroelectricidad, para el año 2021. Ese evento reafirmará la creencia infundada de que las represas son energía “limpia y verde”.
La existencia de más de 50.000 represas en el 60% o más de los ríos del planeta ha sido la causa de una destrucción incalculable de ecosistemas y vida social, que hasta ahora ni los Gobiernos ni las empresas privadas han asumido ni, mucho menos, pagado. Reparar los daños es simplemente imposible, aunque la multimillonaria burocracia técnica pagada por las constructoras invente todo tipo de argumentos y los exponga en los “estudios de impacto ambiental”, que casi sin excepción son aprobados por las oficinas o ministerios de ambiente de todos los países. De hecho, los costos de la destrucción no se calculan bien en la mayoría de los estudios. Se cuentan como impactos inevitables y se promete solventarlos con propuestas de “mitigación” que nunca, o casi nunca, se cumplen. ¿Cuál es el valor del agua, de los ríos, de los ecosistemas y de las comunidades asociadas con los ríos? Siempre son asuntos ocultos y no considerados.
Los impactos negativos de las represas y, particularmente, su condición de detonadoras del calentamiento global han sido investigados y difundidos, entre otras entidades, por International Rivers, entidad con todo tipo de créditos en esta materia. Desde Brasil hasta China –los países con más represas y con más proyectos en construcción y en espera–, los impactos son letales: producción de metano, calentamiento local y global, destrucción de ecosistemas en los cauces y en las cuencas enteras; además, se suman la persecución, judicialización y asesinato de muchas personas opositoras. En Brasil, las investigaciones estiman que al menos un cuarto de todas las emisiones de metano son generadas por las represas y otros estanques de agua, y que la acumulación de suciedad y contaminantes en las presas impide el ciclo de vida de los ríos. Estudios de universidades y organizaciones sociales en China, donde el enjambre de represas existentes y proyectadas es incontable, siguen denunciando la destrucción de los ecosistemas; igual que en América Latina, va en aumento el reclamo por la ausencia de consulta y participación de la gente, en muchos casos desplazada forzadamente y porque los estudios de impacto ambiental “casi siempre tienen lugar después de la construcción de presas individuales”. Todo confirma un comportamiento claramente irresponsable de los constructores de hidroeléctricas en cualquier parte del planeta. Las advertencias científicas y sociales en todos los países resumen que “destruir ríos empeorará la crisis climática”.
La época de las represas ya pasó en el mundo. No existe manera de justificarlas como energía “limpia”, “verde” o “renovable” a la luz de las evidencias de destrucción. El discurso oficial las defiende como “ambientalmente sostenibles”, precisamente porque ser “ambiental” consiste en regular y ajustarse a leyes y normativas, aunque la destrucción no se detenga. En Europa se habla de demolerlas para recuperar ecosistemas y economías locales. En Estados Unidos, la demolición es ya un proceso en marcha. En Costa Rica, los éxitos comunitarios del 2019, como la suspensión del PH Diquís del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba –los 3 de la constructora HSolís– demostraron sensatez por parte del MINAE (para los PH Bonilla sostenemos la alerta, pues el ICE y el MINAE no los han liquidado oficialmente). El reciente anuncio del ICE de no construir más represas, pareciera que reconoce la urgencia de detener la destrucción de los ríos y respetar los derechos de las comunidades, aunque no ha propuesto modificar la legislación actual. En ese contexto de algunos avances, el Congreso de Hidroelectricidad resulta un retroceso y una contradicción con lo que el MINAE y el ICE han firmado. Costa Rica ya debe iniciar su propia era de demolición de represas y encaminarse hacia un modelo energético inclusivo, justo y respetuoso de los ecosistemas y de la gente, superar el que hemos tenido hasta ahora: excluyente y destructivo. Esa sería la mejor señal que el país podría darle al mundo y no la de estimular una industria que agrava en todos los aspectos la crisis ecológica y social del planeta.
Si algo se puede sostener desde el mundo comunitario es que nunca, ni las empresas estatales ni las privadas, locales o transnacionales, han respetado los derechos de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. La historia de oposición a las hidroeléctricas es muy voluminosa en el mundo y, por supuesto, en Costa Rica. Todas las oportunidades que se ha logrado frenar temporalmente, condicionarlas o impedirlas han sido, exclusivamente, porque la gente organizada ha defendido sus derechos y ha logrado torcer el brazo de las entidades estatales y las empresas, tras incansables y desgastantes alegatos y disputas legales, técnicas y políticas. Los casos mencionados de suspensión del Diquís, la liquidación de los PHs San Rafael y el freno a los PH Bonilla 510 y Bonilla 1320 son la mejor muestra reciente de que si las personas no enfrentan a la institucionalidad y a las empresas sus derechos y los de los ecosistemas son simplemente arrasados.
Represas y mentiras sobre “energía verde”
Bolivia: temor en seis pueblos indígenas por la reactivación del proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala
por Iván Paredes Tamayo en 7 septiembre 2021
- Serían más de 5.000 pobladores indígenas afectados por las inundaciones producto de la construcción de las represas, indican organizaciones indígenas y ambientales. Esto provocaría, por lo tanto, el desplazamiento de cientos de comuneros de sus territorios.
- La construcción del proyecto Chepete-El Bala ha generado también divisiones dentro de la dirigencia indígena. Un grupo de 10 organizaciones ha firmado con la empresa estatal de energía eléctrica un acuerdo que da visto bueno al inicio de los estudios de factibilidad.
La tregua se terminó para los más de 5 mil pobladores indígenas que habitan en la puerta del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi y de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, al norte del departamento de La Paz, en Bolivia. La idea del Gobierno boliviano de consolidar el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala ha regresado y con ella la preocupación de seis naciones indígenas, que ahora anuncian vigilias en la zona en caso de que se inicie la construcción de dos megarepresas cuyos embalses podrían provocar inundaciones y el posterior desplazamiento de sus territorios.
El Gobierno de Bolivia, liderado por Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales, está siguiendo la misma hoja de ruta del gobierno del MAS, el mismo que declaró el proyecto hidroeléctrico, en julio de 2007, como una prioridad nacional.
La generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Beni, concretamente en el estrecho de El Bala, es un plan que nació hace más de 50 años y que fue descartado en varias oportunidades por su inviabilidad económica y alto costo ambiental. La última vez que fue rechazado por las comunidades indígenas fue durante el gobierno de Hugo Bánzer y la última vez que se trató de resucitar sin éxito fue durante el período de Morales.
Desde entonces, el tema del Chepete y El Bala había dejado de ser una preocupación para los seis pueblos indígenas que habitan en la zona: Mosetén, Tsiman, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona. Estas naciones denuncian que con la ejecución del proyecto hidroeléctrico se “cercenarán” tres ríos que son vitales para la existencia de estos pueblos. Se trata de los afluentes Beni, Tuichi y Quiquibey.
“Esto implicaría un desplazamiento forzoso y eso es quitarnos nuestro territorio. Estaríamos obligados a salir de nuestros espacios, de nuestros dominios ancestrales. Estaríamos renunciando a lo más vital: sin territorio no hay pueblos indígenas. Esto sería aceptar una muerte silenciosa. Donde nos lleven, jamás será igual”, expresó a Mongabay Latam Alex Villca, quien es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) de Bolivia.
El dirigente indígena va más allá. Villca detalló que en la serranía del Chepete existe un pueblo indígena en aislamiento voluntario –que se cree que son los mosetenes, pues faltan más estudios al respecto- y que serían afectados “totalmente” si es que las hidroeléctricas son construidas en su zona. “Conocemos por parte de nuestros hermanos que existe ahí, en las alturas del Chepete, de un pueblo en aislamiento voluntario y que debe desconocer de todos estos planes. Imagínese cómo será su afectación en caso de que se concrete el proyecto”, dijo.
Convocatoria a empresas
La semana pasada, la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Ende) retomó la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico del Chepete y El Bala. Lanzó una convocatoria a empresas para la investigación geológica y geotécnica. Según la invitación COR-GPP-BAL-22-2021, Ende convocó a presentar propuestas para el “Servicio de investigación geológica-geotécnica complementaria”.
La empresa estatal detalló que en el caso de la hidroeléctrica Chepete, el área de embalse será de 46 kilómetros cuadrados de un total de superficie de 3.859 kilómetros cuadrados en la reserva de Pilón Lajas. Mientras que el proyecto de El Bala, según Ende, abarcaría 94 kilómetros cuadrados de las 18.895 que abarca el Madidi.
A esto se suma que el pasado 16 de agosto se vivió un día de división entre los pueblos indígenas de Bolivia. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) firmó un acuerdo con Ende para autorizar los proyectos en la etapa de Estudios a Diseño Final del proyecto Hidroeléctrico El Bala y Chepete.
Este acuerdo establece que una de las obligaciones de Cpilap es “permitir el ingreso de Ende Cooperación y sus empresas contratadas a las áreas de influencia directa e indirecta para realizar trabajos de investigación, información, socialización y levantamiento de datos que permita realizar estudios, formular proyectos, a diseño final para implementar proyectos de generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica”.
Villca levantó la voz de alerta por la suscripción de este acuerdo. “Lo que nos preocupa en el tenor de este convenio es que se estaría dando no solo a la realización de estudios complementarios, sino se estaría permitiendo en un futuro que Ende inicie con la puesta en marcha y la construcción de las centrales hidroeléctricas Chepete y El Bala. Esto es mucho más grave”, afirmó.
La Cpilap es una organización regional que aglutina a diez organizaciones de pueblos indígenas del departamento de La Paz como el Consejo Indígena del Pueblo Tacana, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja, Organización del Pueblo Indígena Moseten, Pueblo Indígena de San José de Uchupiamonas, Comunidad Indígena Esse Ejja de Eiyoquibo, Consejo Regional T-simane Moseten de Pilón Lajas, Comunidad Agroecológica Originaria de Palos Blancos, Comunidades Indígenas Tacana II Rio Madre de Dios y Capitanía del Pueblo Indígena Araona. Todas estas organizaciones, según Villca, son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales y que ahora está en función de gobierno.
Gonzalo Oliver Terrazas es el presidente de Cpilap. El dirigente explicó que cinco de los seis pueblos indígenas afectados estarían de acuerdo con la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico. Se refirió al pueblo indígena Moseten, quien no firmó el pacto. “Este convenio no implica la construcción de represas. El objetivo es determinar la factibilidad o no del proyecto. Otros de los aspectos importantes que tiene el convenio es el componente social, que nosotros hemos incorporado para que pueda haber proyectos de electrificación y de vivienda”, detalló.
La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, organización que se gestó en el año 2001 para asumir la defensa de los territorios ancestrales de las seis naciones indígenas afectadas por la amenaza del proyecto, exige que se realice una consulta previa a las comunidades para aprobar o no la realización del proyecto hidroeléctrico. Estos pueblos se reunieron el fin de semana en una asamblea y determinaron rechazar la iniciativa del Gobierno, lo que demuestra que existen dirigencias que están en contra y a favor de por lo menos realizar los estudios de factibilidad del proyecto.
“Le recordamos [al Gobierno], que en 2016 se realizaron 12 días de vigilia y se logró la expulsión de las empresas Geodata y Servicons que habían iniciado trabajos y estudios en los territorios sin cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) y de buena fe, para el consentimiento de los pueblos”, dice un punto del documento aprobado el domingo por las organizaciones de la Mancomunidad que están en contra del proyecto.
Oliver Terrazas, por su parte, insistió en que la firma del convenio con Ende no implica que sea inherente a una consulta previa a los pueblos indígenas. El dirigente aseguró que de aprobarse la factibilidad del proyecto recién se realizará una consulta a las comunidades para aprobar o no la construcción de las plantas hidroeléctricas.
En enero de 2018, Ende devolvió a la empresa italiana Geodata Engineering el estudio de prefactibilidad para el megaproyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala para que sea corregido. Ende había detectado varios puntos por solucionar en el estudio y Geodata respondió que recomendaba «aplazar el desarrollo de la central hidroeléctrica El Bala 220, hasta cuando las condiciones del mercado energético de Bolivia y del exterior indiquen la conveniencia de su puesta en marcha”.
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Los daños de las represas
El proyecto, cuyas obras comenzarían luego de que se lance una licitación pública, prevé la construcción, según las comunidad indígenas, de dos represas que inundarían al menos 662 kilómetros cuadrados. Es decir, los dos embalses serían cinco veces más grande que la mancha urbana de la ciudad de La Paz. Y si el Lago Poopó, en el departamento de Oruro, en Bolivia, no recupera su caudal, el Chepete y El Bala sería el segundo lago más grande de Bolivia, tras el Titicaca.
El proyecto está formado por dos hidroeléctricas sobre el río Beni: la priemra de ellas estaría en la angostura del Chepete, 70 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Rurrenabaque, en el departamento del Beni, y la segunda se encuentra cerca a la angostura de El Bala, a 13,5 kilómetros aguas arriba de esa misma población.
La represa del Chepete elevaría el nivel del agua en 158 metros llegando a formar un lago a 400 metros sobre el nivel del mar. La represa de El Bala elevaría el nivel del agua en unos 20 metros y su embalse estará a 220 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de la presa del Chepete, que sería un muro de concreto, la presa de El Bala estaría formada por compuertas y generadores que estarían en medio del río.
Según la Fundación Solón, en total deberían ser relocalizadas 5.164 personas, en su absoluta mayoría indígenas. Esta cifra equivale a toda la población que vive de manera permanente en la ciudad de San Buenaventura, en La Paz. Además, en el área existen 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres, 652 especies de aves, 483 especies de anfibios y reptiles y 515 especies de peces. Las fichas ambientales no precisan que especies podrían desaparecer para siempre ni cuantos ejemplares de cada especie serían afectados.
El principal temor de los pueblos indígenas de la zona es que la construcción de ambas represas implicaría el desplazamiento forzoso de más de 5.000 comuneros. Por ejemplo, en la ejecución del segundo embalse, que sería El Bala, según la Fundación Solón y las organizaciones indígenas que se oponen al proyecto, se inundaría toda la comunidad de San Miguel del Bala y no existe ninguna información oficial para el desplazamiento de sus habitantes, que son un poco más de 1.000 personas.
Y con la construcción de la represa del Chepete habría que desplazar a un poco más de 4.000 pobladores indígenas. Todas las áreas pobladas a las que afectaría este embalse, según Geodata, son terrenos de titulación colectiva que pertenecen a los pueblos indígenas tacanas, lecos y mosetenes. Además, al tocar los ríos de esta zona se estaría perjudicando a los principales modos de subsistencia de los pueblos: la pesca, la agricultura y, en este último tiempo, el turismo comunitario, muy afectado por la pandemia del coronavirus.
Valentín Luna es un líder indígena tacana y es dirigente durante varios años de la comunidad San Miguel del Bala. En la actualidad hay por lo menos una veintena de ecoalbergues que se instalaron en el eje de las reservas naturales Madidi y Pilón Lajas. La mayoría de estas iniciativas son gestionadas desde las propias comunidades indígenas. De ejecutarse el proyecto hidroeléctrico, según Luna, cuatro de los ecoalbergues serían impactados por inundaciones con la construcción de las represas: el albergue Chalalán de los uchupiamonas, el que conducen los comuneros de San Miguel de Bala, el de la comunidad de Villa Alcira y el que regentan los chimanes y mosetenes de Asunción del Quiquibey.
Los pobladores indígenas que no quieren las hidroeléctricas están convencidos de que la construcción del proyecto Chepete-El Bala sería el fin del turismo que se desarrolla ahora, pero también temen lo peor: que los seis pueblos indígenas de la zona desaparezcan.
Imagen principal: El angosto del Chepete, en el río Beni, está ubicado a 70 kilómetros aguas arriba de la localidad de Rurrenabaque. Foto: Alex Villca.
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Declaración por los Derechos de los Ríos y los Pueblos
Ante las hidroeléctricas y el congreso de la IHA, desde los pueblos llamamos a una urgente transición energética justa y respetuosa