Firma carta sobre incorporación de COPINH a caso Fraude Gualcarque

Otros Mundos Chiapas


📣#Honduras Ayúdanos a firmar carta sobre la incorporación del Copinh Honduras y la comunidad Lenca de Río Blanco como víctima del caso de corrupción sobre la concesión del Río Gualcarque.

RÍOS LIBRES, AGUAS PARA LA VIDA NO PARA LAS EMPRESAS.

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Imagen: Río Gualcarque – COPINH

Firma carta sobre incorporación de COPINH a caso Fraude Gualcarque

Publicada el | por Otros Mundos AC

Compartimos esta carta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH – A 2 de agosto del 2021

Solicitud de incorporación del COPINH y la comunidad Lenca de Río Blanco como víctima del caso de corrupción sobre la concesión Del Río Gualcarque en Honduras

Sala de lo Constitucional.
Corte Suprema de Justicia de Honduras.

>>Firma aquí<<

En fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a través de sus apoderados legales, interpuso una acción de amparo para la protección constitucional de los derechos a la justicia, el debido proceso, y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales. Esto debido a la decisión de excluirles como víctimas, por parte de la corte de apelaciones en fecha 28 de agosto de 2019, del proceso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” que se desarrolla en el circuito anti corrupción.

El caso de Fraude Sobre el Gualcarque desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Redes de Corrupción, UFERCO, en contra de funcionarios públicos por suponerlos responsables de delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a desarrollarse sobre el Río Gualcarque de la comunidad indígena Lenca, es reconocido nacional e internacionalmente debido a sus implicaciones en materia de corrupción, respeto de derechos de las comunidades indígenas así como en temas de empresas y derechos humanos.

La comunidad Lenca de Río Blanco junto al COPINH han denunciado en reiteradas ocasiones que los actos de corrupción con los que pretendidamente se autorizaron permisos y licencias para la operación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, fueron el origen de una serie de acciones de violencia, estatal y no estatal, que han sufrido durante más de 10 años. Dentro de estos actos violentos se han denunciado la vulneración al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, amenazas de muerte, ataques armados, robo de tierras y asesinatos, incluyendo los asesinatos de Tomás García y Berta Cáceres.

Reconocemos que la norma interna hondureña en el código procesal penal en su artículo 17.3 establece el derecho de las sociedades civiles a ser reconocidas como víctimas, así como lo reconocen los instrumentos internacionales de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la asamblea general de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo anterior ha sido ampliamente expuesto en los tres Amicus Curiae incorporados en el proceso por parte de las organizaciones expertas internacionales de Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. https://n9.cl/d5vk9

Hemos tenido conocimiento de la convocatoria para el inicio del juicio para la fecha del 17 de agosto del presente año, lo cual implica un corto periodo de tiempo para la incorporación de las víctimas en el proceso. El inicio del juicio de Fraude sin la resolución del recurso de amparo interpuesto por la organización del COPINH significa la pérdida del derecho y pondría en duda el funcionamiento de la acción de amparo como garantía de derechos.

Las organizaciones abajo firmantes, por lo anterior, exhortamos a esta honorable sala de lo constitucional a:

1. Resolver de manera expedita y en el marco de la legalidad la acción de amparo interpuesta por la organización del COPINH del pueblo indígena Lenca antes del inicio del juicio del caso Fraude Sobre el Gualcarque.

2. Tener en consideración para la resolución los instrumentos internacionales en materia de corrupción y derechos humanos, así como de pueblos indígenas.

3. Tener en consideración los amicus curiae introducidos por las organizaciones expertas internacionales Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación Para el Debido Proceso, DPLF y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH.

Cordialmente.

>>Firma aquí<<

Organizaciones, comunidades y autoridades exigimos seguridad para el ejido de Paso de la Reyna

22 abril, 2021

Porcopudever

Hoy, en el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, organizaciones y comunidades publican un pronunciamiento en el cual exigen seguridad para el ejido de Paso de la Reyna, Oaxaca, y brindan su apoyo y solidaridad a estas comunidad amenazada: “Tiempos violentos se viven en Paso de la Reyna, Oaxaca, en menos de tres meses cinco habitantes han sido asesinados, dos de ellos, integrantes activos del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Las defensoras y defensores comunitarios del ejido de Paso de la Reyna son piezas importantes en la consolidación de la resistencia frente a los proyectos PH Río Verde, de la empresa privada ENERSI S.A. de C.V. y de la Comisión Federal de Electricidad que ha intentado desde 2006 la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina, sobre el Río Verde”, afirman en el pronunciamiento. Lamentan que las autoridades federales y estatales no han atendido sus responsabilidades de manera profesional ni oportuna. Recientemente, en asamblea comunitaria, habitantes de Paso de la Reyna tomaron la autodeterminación de velar por su propia seguridad, como lo hicieron en el 2009 ante las amenazas de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, para ello, instalaron un campamento a la entrada del pueblo con la finalidad de garantizar la seguridad del poblado. Las organizaciones, pueblos, comunidades, autoridades agrarias y municipales que firman este comunicado “abrazamos y respaldamos este acuerdo”. Entre las primeras firmas del pronunciamiento destacan las autoridades comunitarias y agrarias de San Lucas Atoyaquillo, Corral de Piedra, San Pedro Tututepec, Tataltepec de Valdéz, Plan del Aire, de los distritos Jamiltepec y Juquila, Oaxaca. El pronunciamiento se puede suscribir hasta e viernes 23 de abril, cuando se cumplen tres meses del asesinato impune de Fidel Heras Cruz, presidente del Comisario Ejidal de Paso de la Reyna:

Firma y difunde el pronunciamiento: Organizaciones, pueblos, comunidades, autoridades agrarias y municipales exigimos seguridad para el ejido de Paso de la Reyna. Contexto: “Es necesario terminar con la impunidad en Oaxaca”: organizaciones alemanas exigen justicia para Paso de la Reyna

Organizaciones, comunidades y autoridades exigimos seguridad para el ejido de Paso de la Reyna

COMUNICADO | JUSTICIA PARA EL COPINH, LA FAMILIA DE BERTA CÁCERES Y GUSTAVO CASTRO

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COMUNICADO DE PRENSA

Ciudad de México a 9 de marzo del 2016.

Justicia para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro.

La madrugada del jueves 3 de marzo nuestra compañera hondureña Berta Cáceres y el mexicano Gustavo Castro fueron atacados en el poblado de La Esperanza en Honduras, en donde lamentablemente murió la compañera Berta y Gustavo Castro fue herido. Desde ese momento, al compañero Gustavo Castro se le designó el estatus jurídico de “Testigo protegido” por el gobierno hondureño.

Gustavo Castro ha cooperado con todas las diligencias solicitadas por la fiscalía muy a pesar de su estado físico y psicológico. Gustavo Castro es victima de una atentado en un país que la Corte Interamericana de Derechos Humanos designó como el país con “…mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y de la tierra”. Basta señalar que con el caso de Berta al COPINH le han asesinado a cinco de sus integrantes.

Es por esta razón que la CIDH ha emitido medidas cautelares para la familia de Berta Cáceres, los integrantes del COPINH y Gustavo Castro. El domingo 5 de marzo se emitió la MEDIDA No. 112-16 para que el gobierno hondureño adopte las medidas necesarias para que los miembros del COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; el Estado tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Castro Soto durante todo el proceso para preparar y completar su salida; abra una línea de investigación coordinada por organismos independientes que eviten la criminalización que desde ahora el estado hondureño ya ha comenzado.

El caso de Berta Cáceres y los integrantes del COPINH se suma a una larga lista de atentados y asesinatos a defensores de derechos humanos y en defensa del territorio en toda Latinoamérica. Los pueblos y comunidades indígenas y campesinas son victimas del despojo de sus tierras ocasionada por la imposición de capitales privados, nacionales y extranjeros que han generado un gran proceso de resistencia a la vez que de confrontación directa tanto con las empresas y los gobiernos que desde la impunidad permiten el posicionamiento de éstas. El COPINH y el pueblo Lenca son un gran ejemplo de lucha por la defensa de la vida y los territorios y en ese contexto tenían denuncias hacia la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V., DESA, que pretende construir la hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque.

Exigimos:

1. Que el Estado de Honduras acate las medidas cautelares emitidas por la CIDH y proteja a los integrantes del COPINH, la familia de Berta y a Gustavo Castro.

2. Que se cancele la alerta migratoria dictada contra Gustavo Castro y que se permita su salida inmediata.

3. Al gobierno mexicano, que continúe trabajando a favor de Gustavo Castro y refuerce todas las medidas que estén a su alcance para garantizar la protección y salida y su trabajo como defensor de derechos humanos y de la tierra.

Justicia para Berta Cáceres
Basta de criminalizar a los compañeros del COPINH
Justicia para el pueblo Lenca

Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra
Red Mexicana Contra la Minería, REMA
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4
Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER
Red Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua, RedLar

Audios de la Conferencia de Prensa:

https://archive.org/details/Conferenciadeprensa_gustavocastro

COMUNICADO | JUSTICIA PARA EL COPINH, LA FAMILIA DE BERTA CÁCERES Y GUSTAVO CASTRO

La red latinoamericana RedLar se pronuncia ante autoridades mexicanas sobre detención de Marco Antonio Suástegui del CECOP

22/06/2014

Redlar logo - copia

LA RED LATINOAMERICANA CONTRA LAS REPRESAS Y POR LA DEFENSA DE LOS RIOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA (REDLAR)
RECHAZA LA DETENCIÓN ILEGAL DE MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI, LIDER OPOSITOR A LA PRESA LA PAROTA EN MÉXICO.
19 de junio de 2014
-Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación. secretario@segob.gob.mx
-Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. correo@cndh.org.mx, presidencia@cndh.org.mx
-Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero.
contacto@guerrero.gob.mx gobernador@guerrero.gob.mx
-Lic. Jesús Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero.
contacto@guerrero.gob.mx, secretariageneral@guerrero.gob.mx
-Lic. Lambertina Galeana Marín, Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. presidenciapje@tsj-guerrero.gob.mx
-C. Leonardo Octavio Vázquez Pérez, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero. sspypc@guerrero.gob.mx
-Lic. Monte Alejandro Rubido García. Comisionado Nacional de Seguridad. mrubido@secretariadoejecutivo.gob.mx
-A la Opinión Pública Nacional e Internacional.

El día 17 de junio de 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) instruyó un aparatoso operativo para detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que desde hace más de diez años se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del río papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero, México. Suástegui fue interceptado por más 15 Policías Ministeriales. Con lujo de violencia lo bajaron de su vehículo y sin orden de aprehensión. Una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por «andar de revoltoso».
Posteriormente lo trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces en Acapulco, sin permitirle que pudiera comunicarse con sus representantes legales o con sus familiares. Luego fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad, lo que implica una grave afectación al derecho a una defensa adecuada, que reconoce el artículo 20 de la Constitución, pues deja al detenido sin poder tener una comunicación fluida y constante con sus defensores. Es importante mencionar que dicho mecanismo ha sido utilizado en los últimos meses por el Gobierno del Estado de Guerrero en contra de otros líderes de movimientos sociales, desnaturalizando la misma finalidad de los centros federales de seguridad media y máxima, pues estos terminan siendo usados no para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad, sino para dirigentes de movimientos sociales.
La detención del dirigente del CECOP, tiene como claro objetivo debilitar el movimiento de dicha organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico “ La Parota”; el cual, cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción del estado del Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero.
La REDLAR exige el respeto a los derechos humanos en el marco de los instrumentos internacionales signados por el gobierno mexicano a fin de:
1. La liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Cecop.
2. Revocar su traslado ilegal, arbitrario y violatorio a los derechos humanos fuera del estado de Guerrero.
3. Investigación y castigo a los servidores públicos por los maltratos físicos y psicológicos cometidos contra Marco Antonio Suástegui. Del mismo modo garantizar su integridad física y psicológica.
4. El respeto irrestricto de su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso.
5. Poner fin a la instauración de otros procesos penales en su contra.
6. Poner fin a la persecución, intimidación, criminalización y represión contra otros dirigentes del CECOP.
7. Poner fin al Proyecto Hidroeléctrico de la Parota, toda vez que las comunidades indígenas ya han manifestado su rechazo por las afectaciones a sus territorios y en el marco del Convenio 169 de la OIT.

RED LATINOAMERICANA CONTRA LAS REPRESAS
Y POR LA DEFENSA DE LOS RIOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA (REDLAR)
http://www.redlar.net/

La red latinoamericana RedLar se pronuncia ante autoridades mexicanas sobre detención de Marco Antonio Suástegui del CECOP