COMUNICADO COPINH sobre audiencia preliminar: «David Castillo debe ser llevado a juicio oral y público, y sentenciado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. La evidencia de sus propias comunicaciones así lo demuestra»
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Comunicado del COPINH: Continúa la impunidad en el caso Berta Cáceres
Continúa la impunidad en el caso Berta Cáceres
Causa Berta Cáceres. (HERE in English)
Hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
- La decisión de la Corte Suprema de Justicia de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
- Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público.
- El proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
- Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah.
- En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente.
- La defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública.
- El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
- En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
- La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita.
- Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañanera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, complices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado a los 20 días del mes de agosto de 2020.
A seis años del ecocidio, el río Sonora sigue contaminado y la impunidad continúa: REMA
Redacción Desinformémonos
12 agosto 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. A seis años del ecocidio en los ríos Bacanuchi y Sonora por el derrame de 40 millones de litros de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) criticó la falta de acciones por parte del gobierno federal para acabar con la impunidad en el caso y sancionar al empresario responsable Germán Larrea.
«Hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la República ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo», señaló la REMA en un comunicado, en el que recordaron que el derrame en el río Sonora fue tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas.
Denunció que, a seis años de la tragedia, el río sigue contaminado y sólo existe una planta potabilizadora, «la cual deja de funcionar por largos periodos». «El fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco», agregó.
Además, la REMA acusó que el hospital para atender a los afectados por el derrame quedó inconcluso «y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó».
Frente a la impunidad, la Red exigió la incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños al medio ambiente y las víctimas, así como que Germán Larrea sea sancionado penalmente.
A continuación el comunicado completo:
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo, rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.
CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:
¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
[1] Grupo México ha recibido la autorización para la construcción de una Nueva Presa de Jales en Bacanuchi y la construcción de un acueducto de 11 Km de extensión, para llevar agua desde la Caballera hasta las instalaciones de Grupo México. Este material periodístico es de libre acceso y reproducción. No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinformémonos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero si de ti. Apoya el periodismo independiente. Es tuyo.
En solidaridad: 14 de marzo y las luchas de las afectadas y los afectados por represas
por Otros Mundos AC
Compartimos el comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) a propósito del día mundial en defensa de los ríos – A 13 de marzo de 2020
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- manifiesta su solidaridad con las organizaciones, procesos y comunidades que integran el Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica –MAR- y con todos los pueblos que luchan por el cuidado de la vida y la defensa de los derechos, contra la impunidad de las empresas transnacionales que en su afán de lucro con la construcción de grandes represas han despojado y afectado criminalmente a familias y comunidades del continente y del mundo.
Este 14 de marzo nos sumamos a las movilizaciones que el MAR desarrolla en diversos países y reconocemos la importancia de este día de acción para la exigencia de reparación a todas las familias y víctimas de la acción criminal de las empresas. También así exigimos políticas gubernamentales adecuadas para enfrentar estas injusticias y para acabar con la impunidad que garantiza a las transnacionales la continuidad de su destructiva actuación.
En el marco de esta acción colectiva recordamos a los pueblos de Mariana y Brumadinho, y a las compañeras/os que han sido asesinadas/os y criminalizadas/os como consecuencia de sus justas luchas. Su legado acompaña nuestro accionar en la búsqueda de la soberanía de los pueblos, la justicia y la defensa de los territorios y derechos.
Asimismo, y en correlación directa, llamamos a los movimientos sociales a continuar la lucha por la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos –Tratado Vinculante- que ponga fin a la impunidad y aporte a la búsqueda de la justicia.
Hacemos también un llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con la justa lucha de las/os afectados por represas y a expresar esa solidaridad en la movilización continua en apoyo a las víctimas y afectadas/os por el modelo energético en manos del poder corporativo transnacional.
Con el Movimiento de Afectados/as por Represas decimos en una sola voz:
¡Agua y Energía no son mercancías! ¡Aguas para la Vida, no para la muerte!
Firma
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – Marzo 13 de 2020
Imagen: Movimiento de Afectados/as por Represas -MAR.
Día mundial de acción en defensa de los ríos y en contra de las represas,14 de marzo
Publicado el 14/03/2020 | por Otros Mundos AC
Comunicado de la Escuela de Justicia Energética Binacional México-Guatemala integrada por diferentes movimientos, colectivo y organizaciones – A 14 de marzo de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
Ante los evidentes acontecimientos en nuestras diferentes comunidades y pueblos, por la imposición de proyectos hidroeléctricos que responden a la política energética y el modelo energético implementado en México y Guatemala, para saciar los intereses de un modelo económico depredador demandante de energía; ante la invasión y despojo de los territorios, criminalizando a los pueblos que defendemos la vida y la madre tierra.
Las y los defensores de la tierra y la naturaleza; líderes y lideresas comunitarias de los territorios de Chiapas y Guatemala, unidas y unidos por las cuencas del Usumacinta y El Grijalva, exigimos la cancelación total de los proyectos hidroeléctricos concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Porque es a través de la construcción de estos proyectos que los gobiernos, las bancas financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las empresas pretenden imponernos su desarrollo. Un desarrollo que impone un modelo de vida que nos señala a nosotros, los pueblos mesoamericanos como “subdesarrollados”, como un estorbo, discriminando así nuestras decisiones acerca de nuestro territorio con el fin de generar ganancias económicas para las empresas y las familias oligarcas implicadas, pero no para los pueblos.
Por lo que rechazamos rotundamente los proyectos hidroeléctricos, que son producto de la ambición empresarial, ocasionando en nuestros pueblos división, represión, despojo y el aumento de la violencia, en especial hacia las mujeres.
Además, los proyectos hidroeléctricos que promueven los gobiernos y las empresas son proyectos que obedecen a un modelo energético capitalista, que abastece de energía a la producción industrial (minería, industria cementera, industria papelera, entre otras), además se genera a través de la explotación y extracción de nuestros ríos y montaña,destruyendo nuestros ríos y nuestros ecosistemas y provocando contaminación, enfermedades y muerte en nuestros territorios. Las organizaciones, movimientos y luchas de afectados y afectadas por represas sabemos que la energía que se produce no es para el consumo energético que prioriza las necesidades comunitarias sino para la industria, por lo que no queremos su llamada energía renovable o limpia. ¡Queremos energía para los pueblos y no para las empresas!
Este 14 de marzo, las organizaciones y resistencias que hacemos parte de la Escuela de Justicia Energética de Chiapas y Guatemala: Exigimos el respeto de nuestros derechos y de nuestra autodeterminación como pueblos originarios. Como pueblos ancestrales, comunidades rurales y campesinas, somos protectoras y guardianas de nuestra naturaleza y ejercemos nuestro derecho a decir !No a las hidroeléctricas! Sí a disfrutar con paz, tranquilidad y armonía nuestros bienes comunes y de la madre tierra.
Como pueblos hermanados, somos hilos de unidad entre México y Guatemala en defensa del territorio; buscaremos siempre en esta unidad fortalecernos para la defensa se nuestros ríos, con valentía y de pie. Para que nuestros pueblos y ríos sean siempre libres.
¡Pueblos y comunidades unidos contra los proyectos de muerte!
¡El agua es nuestra, las represas la secuestra!
¡La vida es agua, la represa es muerte!
¡Mujeres, agua y energía no son mercancía!
Escuela de Justicia Energética Binacional México-Guatemala
Consejo del Pueblo Maya -CPO-; Frente Petenero de Afectados por Represas; Asociación de Comunidades en Resistencia de Ixcan y la Zona Reina; Frente Metropolitano por la vida y el Territorio; Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio; Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio; Frente Cívico Tonalteco; Frente Popular en Defensa del Soconusco; La Voz del Pueblo; Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C.; Otros Mundos A.C.; Comunidades de base en resistencia
Declaración pública Movimiento de Afectados por Represas (MAR)
El Movimiento de Afectados por Represas (MAR), que reúne a diversas organizaciones y movimientos sociales de 20 países del continente de América, reunidos en Belo Horizonte, Brasil, ante la realidad actual de América Latina, especialmente Brasil, Cuba, Venezuela y Chile, manifestamos:
Seguir leyendoDeclaración Primer Encuentro Continental por Agua, Energía y Soberanía de los Pueblos Movimiento de Afectadas/os por Represas – MAR
Nosotras y nosotros afectadas/os por represas, representantes de pueblos que luchan en 19 países de América y Uganda en África, nos encontramos en la Universidad de Panamá entre los días 24 al 27 de septiembre de 2019 para evaluar y actualizar el proceso político y organizativo del Movimiento de Afectados por Represas – MAR- en su tercer aniversario.
Nos encontramos ante un nuevo orden mundial que se caracteriza por la disputa de hegemonía entre Estados Unidos y China. Percibimos la restauración del poder oligárquico y militar, la captura de los Estados por parte del poder corporativo mafioso que despoja nuestros territorios, asimismo el retorno de la extrema derecha fascista al poder, que sin duda constituye una clara amenaza a los procesos democráticos y a la libre determinación de los pueblos. Esta tendencia profundiza las violaciones sistemáticas a nuestros derechos fundamentales, la militarización, la represión y el despojo de los bienes naturales comunes estratégicos. Cabe a nosotros la resistencia activa.
Evaluamos la importancia histórica de la construcción del MAR – como Movimiento autónomo, de lucha, con rostros regionales que contribuyen a la resistencia en prácticamente todo el continente. La importancia que tuvo en el último período el proceso de formación de militantes de nuestra organización, a partir de estudios de la realidad latinoamericana. El intercambio de experiencias, la convivencia fraterna entre las diversas organizaciones de afectadas y afectados con nuestros aliados en cada país, muestran vitalidad y compromiso con los cambios sociales necesarios en el Continente.
Reconocemos también la necesidad de dar saltos de calidad en nuestra organización para que podamos enfrentar los desafíos del tiempo que vivimos.
La lucha por una sociedad alternativa, por un proyecto energético popular y por los derechos de las /los afectadas/os con soberanía de los pueblos, son retos que ratificamos y queremos construir.
A partir de estos desafíos, reafirmamos nuestros compromisos de fortalecer los movimientos con carácter nacional, el trabajo de base y la militancia con mayor participación de mujeres y jóvenes. En este sentido, visualizamos el MAR como referente de articulación y lucha continental, de la necesidad de construcción de alianzas estratégicas para avanzar con las transformaciones estructurales, superar el sistema capitalista excluyente y patriarcal por una nueva sociedad justa y equitativa.
En este histórico Encuentro Continental, participaron procesos organizativos de Estados Unidos y Canadá, e invitamos a los demás países que no están organizados junto al MAR a integrarse y que puedan contribuir para esta construcción continental desde los esfuerzos colectivos en sus territorios.
Rechazamos las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos que dificultó la presencia de representantes de Venezuela en nuestro Encuentro, al igual que la arbitrariedad en la aplicación de protocolos migratorios en Panamá, abiertos a criterios de racismo, clasismo y tráfico de influencias en el Aeropuerto lo cual impidió la entrada de 5 adultos y 1 niño procedentes de Honduras que aun cumpliendo los requerimientos fueron deportados de forma inexplicable a pesar de mostrar documentación, boleto de regreso a su país e invitación al Encuentro Continental en la Universidad de Panamá. Con nuestra lucha y organización hemos de superar estos momentos de violencia y persecución política contra nuestros pueblos hermanos.
Que se alce el puño, que se alce la mano,
que se levante el pueblo latinoamericano
¡Agua y energía, no son mercancías!
Panamá, 27 de Setiembre de 2019.
Pronunciamiento sobre el asesinato de Dilma Ferreira Silva, lideresa del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil
08 de Abril de 2019
Ante el brutal crimen cometido el 22 de marzo contra una coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente, abajo firmantes, hacen un llamado a las autoridades brasileñas y a los organismos multilaterales para garantizar que las obligaciones del Estado relativas a la protección de defensores y defensoras sean implementadas.
Con profunda tristeza e indignación, recibimos la noticia de que Dilma Ferreira Silva, coordinadora regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), juntamente con su esposo Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes, un amigo de la familia, fueron asesinados el viernes 22 de marzo en el estado amazónico de Pará (Brasil). Las tres personas fueron encontradas en su casa con signos de tortura.
Seguir leyendoMAPDER reprueba sentencia contra pueblos totonacos favorable al proyecto hidroeléctrico Puebla 1
22 octubre, 2019
Por copudever
PRONUNCIAMIENTO
Juez federal Miguel Arroyo Herrera dicta sentencia contra los derechos de los pueblos indígenas totonacos, favoreciendo a las empresas Comexhidro, Walmart, Suburbia, Vips, Waldos impulsoras del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Ciudad de Puebla, 16 de octubre de 2019
Las organizaciones que conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en reunión nacional convocada ante el riesgo de que se profundice la criminalización a defensores totonacos de la sierra norte de Puebla en defensa del río Ajajalpan y su territorio contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, manifestamos nuestra total reprobación a la decisión del JuezMiguel Arroyo Herrera quien en sentencia emitida el pasado viernes 11 de octubre favorece los intereses económicos de grandes empresas como Walmart, Suburbia, Vips, Waldos violentando los derechos del pueblo totonaco en beneficio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Es sumamente grave que el Juez Arroyo haya decidido negar el reconocimiento a las comunidades totonacas quejosas de sus derechos a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al consentimiento, al agua y al medio ambiente sano, avalando el argumento de que es un proyecto de utilidad pública y validando una simulación de consulta coordinada por la Secretaría de Energía en el año 2015, hecho denunciado por las comunidades totonacas en su momento. Según el juez, el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende desarrollar la empresa Deselec 1, filial de Comexhidro, no causará afectación alguna a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje oficial de biología e impacto ambiental elaborado por PGR, establece que la hidroeléctrica que incluye dos embalses y una cortina de 45 metros de altura, tendría impactos irreversibles en el medio ambiente tales como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos así como deforestación por la remoción de vegetación forestal. Es inaceptable que en su sentencia el Juez omita analizar las afectaciones señaladas en dicho peritaje, retomando únicamente, la información ofrecida por la empresa y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos.
Son sólidos y abundantes los estudios científicos que demuestran los graves impactos sociales y ambientales que las grandes represas provocan y los cuáles organizaciones especializadas como la Comisión Mundial de Represas y la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA) han informado.
Como MAPDER denunciamos que el proceso legal estuvo lleno de irregularidades tales como la presentación de documentos por parte de terceros interesados con nombres de personas muertas, firmas falsificadas y entregadas al juez federal avalando la aceptación del proyecto sin el conocimiento de los firmantes. Expedientes perdidos en el juzgado y una actitud irrespetuosa y discriminatoria del juez cuando representantes de las comunidades fueron a exponerle su caso, descalificando sus conocimientos y preocupaciones sin ofrecerles siquiera sentarse durante la reunión. Descalificaciones del juez hacia las organizaciones que acompañaron el proceso evidenciaron que su posición nunca fue imparcial.
Hacemos del conocimiento público que la sentencia dictada por el juez Arroyo eleva el riesgo de que se profundice la criminalización hacia los defensores y defensoras del río Ajajalpan de las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán de la Sierra Norte de Puebla y de que se profundice la división comunitaria, estrategia que la empresa Comexhidro, acusada de violar derechos humanos cuando pretendía desarrollar el proyecto Cerro de Oro en Oaxaca, ha promovido en las comunidades, además de cometer abusos como la compra de terrenos en San Mateo Tlacotepec pagando 70 centavos por metro cuadrado de terreno.
Denunciamos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por haber otorgado una concesión de agua a la empresa Deselec 1 Comexhidro por 11,000 litros de agua por segundo, violentando con ello el derecho al agua de las comunidades campesinas indígenas.
Nos solidarizamos con la lucha de las comunidades indígenas totonacas opuestas a la imposición del proyecto Puebla 1 y unimos nuestra voz a la exigencia de cancelación de dicho proyecto que únicamente beneficia a grandes transnacionales a costa de la destrucción del territorio totonaco y de la ruptura del tejido social comunitario. Permitir la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 demostraría que el gobierno federal y estatal son sólo una continuidad del modelo económico extractivo que pone en riesgo la vida del pueblo mexicano respondiendo a los dictados del gran capital transnacional.
Responsabilizamos al Poder Judicial de las consecuencias de su decisión y exigimos a los gobiernos municipales de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, así como al gobernador del Estado de Puebla, proteger la seguridad y las vidas de los defensores y defensoras del río Ajajalpan.
¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Guerrero
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa de Río Verde (COPUDEVER), Oaxaca
Consejo Tiyat Tlali en defensa del territorio, Puebla
Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, Puebla
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambienta (LA VIDA), Veracruz
Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), Veracruz
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco
Consejo Indígena Nayerhi, Nayarit
Grupo Ecológico Manglar, A.C.
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)
Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA)
MAPDER reprueba sentencia contra pueblos totonacos favorable al proyecto hidroeléctrico Puebla 1
PRONUNCIAMIENTO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)
Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:
Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.
Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha informarnos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, la represión y la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.
Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria va en ese mismo sentido. Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que, en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero. Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.
Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de “interés público”. Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.
Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.
Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos sucedidos el 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.
Ante esta situación el MAPDER exige:
- Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
- Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y su familia, dado que su vida corre peligro y cese el hostigamiento y agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
- LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
- Que se haga justicia por los compañeros asesinados el 7 de enero del año en curso en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
- Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cesen la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
- Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
- Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
- Cancelación definitiva de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero. Las Cruces, Nayarit. El Zapotillo y El Purgatorio en Jalisco. PH Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla. Paso de la Reyna, Oaxaca. Usos múltiples Xalapa y El Naranjal en Veracruz. Milpillas, Zacatecas. Rápidos Santo Domingo, mini hidroeléctricas en ríos Chespal y Cuilco, Chiapas y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
- Desmantelamiento inmediato de la presa el Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río verde.
- Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
- Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
- Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
- Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del Estado de Nayarit y el sur de Sinaloa por lo que demandamos; la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
- Exigimos al Gobierno de Honduras justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
- Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango, asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa en Antioquía, Colombia.
- Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
- Exigimos a los Gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.
Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS
Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro, 18 de noviembre de 2018