El día 30 de marzo los y las afectadas por la construcción de la Presa Picachos en Sinaloa iniciaron una movilización para exigir el pago de indemnizaciones y el cumplimiento de los acuerdos establecidos por parte de la CONAGUA, el gobierno federal y el estatal. Sin embargo, el 1 de abril, el gobierno del estado de Sinaloa, a través de los cuerpos de élite de la policía estatal, desalojó a las más de 200 personas que participaban en la jornada de protesta. Ahí, detuvieron a 120 compañeros y compañeras: 80 fueron regresados a sus comunidades, quedando retenidas 45 personas; posteriormente, fueron liberados dos y 20 llevados a la Procuraduría Estatal. Por último fueron liberadas dieciséis personas, pero se les inició averiguación previa.
El día 9 de abril, se dictó auto de formal prisión a cuatro manifestantes, quienes están acusados de obstrucción a las vías federales de comunicación y se encuentran en la Penitenciaria de Culiacán, Sinaloa. Sus nombres son Octavio Atilano Román Tirado (dirigente del movimiento), Hortensia Gutiérrez Zamora, José Isabel Ozuna Lizarraga y Oscar René Ozuna Díaz.
Ante estos graves hechos de criminalización de la protesta social, el día de ayer, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), emitió una acción urgente para exigir al gobierno la liberación de las y los defensores detenidos el 1 de abril. ¡Firma la acción urgente! Escribe a Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa; Francisco Manuel Córdova Celaya, Secretario de Seguridad Pública Estatal; y a Juan José Ríos Estavillo, Director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa; y pídeles que pongan fin a la intimidación; recuérdales que la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos reconoce la legitimidad de sus acciones y su derecho a realizar su labor sin obstáculos ni represalias.
En la celebración del día mundial de lucha contra las presas, el COPUDEVER invita a la ciudadanía en general a analizar la palabra «desarrollo», ya que bajo esta idea, se pretende despojar a los pueblos y comunidades indígenas de sus territorios en el estado de Oaxaca…
¡¡¡Defendamos la Vida…No a la Presa Paso de la Reina!!!
El día de hoy, 14 de marzo, se celebra el Día Internacional de la lucha contra las presas, por los ríos, el agua y la vida. Es por esto que el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) llevará a cabo varias actividades en distintos puntos del país, donde existen pueblos, comunidades y organizaciones que a diario luchan por la vigencia de los derechos humanos yendo en contra, sobre todo, de los grandes capitales que buscan invertir en los suelos mexicanos.
En Jalisco las actividades comenzaron la noche del 1 de marzo con el “Paseo Todos en Bici, Pedaleando por Temaca”, en Guadalajara, con más de 3 mil participantes exigiendo respeto a los derechos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y la cancelación definitiva de la presa El Zapotillo. Este 14 de marzo se realizará, también en Guadalajara, el foro “Denuncia pública de las irregularidades e ilegalidad del proyecto El Zapotillo”, en el que también se anunciará la pre audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que en junio se llevará a cabo en Temacapulín. Además, se tiene en marcha la actividad “Sábanas x Temaca”, que busca proteger la Basílica de la Virgen de los Remedios con una gran manta, bajo la consigna ¡No al desmantelamiento! A dichas actividades se incorporan integrantes de Mapder-Guanajuato, que prevén instalar más adelante la Exposición Fotográfica “Agua, Ríos y Pueblos”.
En Colima se desplegó la Jornada por el Derecho al Agua, del 17 de febrero al 17 de marzo, misma que consiste en conferencias, presentación de libros y ponencias, proyección de videos, mesas redondas, talleres, teatro, tianguis, premiación de concursos y la Exposición de Fotografía Internacional “Agua, Ríos y Pueblos”. Hoy se tendrá la conferencia “Situación de las Presas en México”, por Mónica Olvera, de Mapder y RMALC DF, así como la proyección del documental “Agua para la Vida”, de Notilibertas, ambas a las 18 horas.
En Guerrero, el Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) adelantó para el 11 de marzo su participación del día 14. Convocó a un evento para aquel día en Aguacaliente al que previó la asistencia del gobernador del estado para que firme los Acuerdos de Cacahuatepec, con la presencia del Arzobispo de Acapulco como invitado de calidad.
En San Cristóbal de las Casas, Otros Mundos Chiapas organizó el conversatorio “Represas, afectación e insustentabilidad” el 6 de marzo, dentro del Seminario Permanente de la Sustentabilidad. El día de hoy se hará una acción simbólica y cultural en la Plaza frente a la Catedral, con la toma de la foto con gente “No a Chicoasén 2 y dejemos libre el Usumacinta”, a las 17 horas. Al terminar habrá conferencia de prensa.
En Oaxaca, las comunidades que integran el Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde (Copudever) difundirán información sobre la afectación por las represas en los medios de comunicación que tienen a su alcance; además, realizarán pintas en piedras y bardas así como un video con motivo de la lucha contra las presas.
En Xalapa, la organización La Vida Anaa tendrá una charla hoy en la Facultad de Humanidades acerca del “Día Internacional contra las Presas, en defensa del agua y los ríos”, a las 18 horas.
Finalmente, una representación del Mapder asistirá al “Encuentro del Buen Vivir” que se realizará del 14 al 17 de marzo en Puebla, donde se busca abrir una mesa de discusión sobre represas. Además, se estarán teniendo distintas actividades en Nayarit, Tabasco, Sonora, el Estado de México y el Distrito Federal.
Mientras tanto, en Marsella, Francia, se prevé subrayar la importancia del día de lucha global contra las represas y en defensa de los ríos durante el Encuentro Alternativo Mundial del Agua.
En la celebración del día mundial de lucha contra las presas, el COPUDEVER invita a la ciudadanía en general a analizar la palabra «desarrollo», ya que bajo esta idea, se pretende despojar a los pueblos y comunidades indígenas de sus territorios en el estado de Oaxaca… ¡¡¡Defendamos la Vida…No a la Presa Paso de la Reina!!!
Por medio de la presente, queremos expresarle nuestra gran preocupación por la grave situación humanitaria en que se encuentran los campesinos y pescadores afectados por el proyecto El Quimbo en el Departamento del Huila. Por varios años, hemos estado atentos al desarrollo del proyecto, y hemos sido testigos de la diversidad de acciones que las comunidades han adelantado para ser escuchadas por el Estado, y por tanto rechazamos el uso de la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica.
México, marzo 02 de 2012
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
República de Colombia
Presidente
Ministro
FRANK PEARL
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
E.S.M.
ASUNTO: Crisis Humanitaria en el Huila.
Reciban un cordial saludo de parte de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), la cual agrupa a miles de personas en Latinoamérica que luchan por la defensa de los ríos y los derechos ambientales, sociales y económicos de las comunidades directamente afectadas por represas.
Por medio de la presente, queremos expresarle nuestra gran preocupación por la grave situación humanitaria en que se encuentran los campesinos y pescadores afectados por el proyecto El Quimbo en el Departamento del Huila. Por varios años, hemos estado atentos al desarrollo del proyecto, y hemos sido testigos de la diversidad de acciones que las comunidades han adelantado para ser escuchadas por el Estado, y por tanto rechazamos el uso de la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica, que dejó como saldo varios heridos, entre ellos una persona que perdió su ojo derecho durante los pasados 14 y 15 de febrero de 2012.
REDLAR reconoce la legitimidad del rechazo al proyecto hidroeléctrico El Quimbo por parte de las comunidades directamente afectadas y organizadas en ASOQUIMBO, así como las otras luchas que confluyen en el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorio y Afectados por Represas “Ríos Vivos”. La represa inundará 8250 hectáreas que son las más productivas del Departamento las cuales actualmente generan más de 4000 empleos directos, no obstante, según datos de EMGESA la represa solo empleará 50 personas en la fase de operación, durante las mesas temáticas llevadas a cabo entre el 24 y 30 de enero se registraron más de 1400 personas que no fueron incluidas en los censos de la Multinacional EMGESA, situación que debe ser atendida con celeridad por parte de la autoridad ambiental colombiana; de este modo observamos que el proyecto se contrapone a los planes de vida de las comunidades locales y por ende instamos al gobierno nacional a propender por la transformación de la matriz energética nacional donde se desestime la construcción de más represas, pues estas por lo general generan más impactos negativos que beneficios.
Para la comunidad internacional es preocupante ver como este proyecto, al igual que otros en la región, se imponen por la fuerza en nombre del desarrollo; estos proyectos, por lo general, deprimen las condiciones de vida de grandes grupos poblacionales. Por otra parte señor presidente, nos preocupa el hecho que en sus recientes declaraciones [1] afirme que “el Gobierno ejercerá el principio de autoridad donde tenga que ejercerlo. No vamos a permitir que unos pocos impidan que el interés general predomine”, consideramos que el uso de la fuerza pública debe ser para defender la población y no para reprimir la reclamación de sus derechos; por otra parte, señor presidente, ¿a qué se refiere con interés general si este proyecto es construido 100% por una empresa extranjera y la energía generada no será para abastecer las demandas locales?
En otro momento usted se manifiesta [2]: “Veo que hay un documental circulando con un caso en Huila, donde después de muchas negociaciones, después de mucha conversación, había un grupo de gente que manipulaba, que quería impedir que una obra tan importante como esa obra de El Quimbo, que generará energía limpia, energía necesaria. Querían impedir que eso se hiciera; la Policía uso un protocolo, me informa el general Naranjo”. Señor Presidente, en virtud de que hubo heridos, en que lamentablemente uno de ellos perdió su ojo, demuestra que el protocolo aplicado falló, además, las organizaciones de Derechos Humanos, como el Observatorio Internacional de Paz, que hicieron presencia en la zona para acompañar a las comunidades fueron bloqueadas por la fuerza pública.
Desde REDLAR solicitamos a su despacho reconsiderar el concepto de energía limpia; las represas generan más gases efecto invernadero que una termoeléctrica, aumentan el efecto de la deforestación y alteran significativamente el clima de la localidad donde se emplazan. Estamos perdiendo uno a uno nuestros ríos que corren libremente. Los ríos son de suprema importancia para el funcionamiento de varios ecosistemas y alimentan millones de personas. Existen mejores opciones energéticas.
Ante la gravedad de los hechos, solicitamos:
Atender las demandas de los afectados antes que dar celeridad a las exigencias de la empresa constructora de la represa.
Abrir una investigación para determinar la responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el desalojo violento Quimbo, Huila durante los pasados 14 y 15 de febrero.
Atender de inmediato la crisis humanitaria que ha generado en la zona la construcción de la represa.
Suspender la desviación del Río Magdalena hasta tanto se certifique el cumplimiento estricto de la licencia ambiental, y se valore la pertinencia social y ambiental del proyecto.
Le reiteramos señor Presidente que la comunidad internacional se mantiene atenta de lo que ocurre en Colombia, hace pocos días la REDLAR lanzó una acción urgente para solicitar el Ministro del MADS la suspensión cautelar de la desviación del Río Magdalena. Esta acción fue suscripta por cerca de 3400 personas y organizaciones de diferentes países del mundo la cual adjuntamos a esta comunicación (Ver Anexo I).
Cc: Dr. Santiago Cantón.Especialista Principal. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Consejo de Estado, Honorables Representantes del Congreso, Medios de comunicación, Contraloría y Procuraduría General de la Nación, Corporación del Alto Magdalena, Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Minas y Energía.
Anexo I. Acción Urgente: Quimbo, Solicitud suspensión de desvío del Río Magdalena
Te hablan todos los días del narcotráfico y del ‘espectáculo de la violencia en México. Pero… ¿Sabes que hay una guerra invisible por el agua que pone en juego el futuro de este país? La sociedad civil organizada lucha contra los megaproyectos energéticos que amenazan al ecosistema y a las comunidades. La Parota, El Zapotillo, Cutzamala, Arcediano… trincheras de resistencia.
«No se consigue nada si no es a través de una sociedad civil organizada y con fuerza. La gente tiene que involucrarse, porque el Estado utiliza el derecho a su antojo. No hay límites en cuanto a la acción». Rodolfo Chávez (MAPDER)
Rodolfo Chávez es un tipo anacrónico, un nenúfar en medio de un trigal. Tiene voz de haberse bebido la vida a mordiscos. Cara de buena gente, gentileza de los años que esconde. No tiene móvil ni residencia estable, incompatibles con un paradero incierto incluso para su círculo más cercano. Habla reposado, como reconsiderando el rastro que deja cada palabra en el aire una vez pronunciada. Chato de alzada y de semblante familiar, de los de toda la vida, Chávez está casado para bien o para mal con la lucha: “En la acción nos va el futuro, por eso no hay que pensar en el miedo”.
Habla de La Parota, el proyecto hidroeléctrico vislumbrado por la Comisión Federal de Electricidad de México a principios de la década de los 70 para generar electricidad e impulsar el desarrollo económico del estado de Guerrero. “Todo mentira”, interrumpe el líder del Movimiento de Afectado por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), poniendo sobre la mesa los “25.000 comuneros y ejidatarios que quedarían desplazados, junto a los más de 75.000 campesinos afectados de forma indirecta”.
Los pobladores afectados no se sienten parte del desarrollo que promueve el Gobierno y no están dispuestos a perder su territorio ni el acceso al agua del río Papagayo.
La construcción estuvo parada hasta el sexenio del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), quien mediada su legislatura decidió poner en marcha su promesa electoral. El mandatario no contaba con la existencia de “los 5.000 compañeros” del MAPDER, que han hecho de La Parota su esencia del ser y el existir. Contra La Parota vive y por La Parota está dispuesto a morir Rodolfo Chávez, que ya pagó por cierto el hospedaje de las cárceles mexicanas: “Trataron de intimidarme pero no lo lograron”.
Lo narra con la pasión de quien cuenta su película de acción favorita, con los buenos a un lado y los malos al otro. El argumento incluye represión, machetes, escaramuzas y patrullas, bloqueos, sobornos, falsificación del padrón, carros anti-motines y tirachinas. También el secuestro de ingenieros. Incluso cinco muertes, “cuatro nuestras y una de ellos”. Los pobladores afectados no se sienten parte del desarrollo que promueve el Gobierno y no están dispuestos a perder su territorio ni el acceso al agua del río Papagayo. Aducen que las presas sólo benefician a las minorías locales, con graves perjuicios para el medio ambiente (modificaciones de los sistemas hidrológicos y de los ecosistemas) y para el tejido social (migración y desempleo).
“Todo para construir un gigantesco mercado del que se beneficiarán las grandes transnacionales, como Endesa, Unión Fenosa y demás»
El Gobierno federal insiste empero en su implementación, pues es parte del Proyecto Mesoamérica, antes conocido como Plan Puebla-Panamá (Ver El plan para explotar Latinoamérica). Se trata de un pasillo de inversión para facilitar el comercio internacional entre Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y los estados del sur de México. Y La Parota sería un generador que ilumina y aporta parte de la energía eléctrica que necesita el corredor. “Todo para construir un gigantesco mercado del que se beneficiarán las grandes transnacionales, como Endesa, Unión Fenosa y demás españolitas que están por acá, que son las que más ganan”, completa Chávez.
El MAPDER cierra este año con la celebración de su mayor victoria legal: la nulidad de la asamblea celebrada el 28 de abril de 2010, convocada por las autoridades para convencer a los pobladores. “Hicieron un llamamiento sorpresivo en La Concepción, un pueblo donde cuentan con mayoría. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota no pudo entrar pero impugnamos la cita. Y nos han dado la razón. Vamos ganando pequeñas batallas pero la guerra no está decidida. La Parota sigue siendo un lugar privilegiado para ellos”, confiesa inquieto Chávez. Las últimas noticias confirman sus palabras: La Parota sigue en la agenda de las autoridades.
Desaparición de poblaciones
Es el punto y seguido de un conflicto que “va para largo”, coinciden los expertos. Y no es el único, porque las protestas por el agua en México son perennes y tienen a las grandes infraestructuras como el arma bélica con capacidad de arrancar del suelo a miles de personas y eliminar para siempre pueblos enteros. Cuando las compuertas se abren, la presa explota y se lleva todo por delante, como si de un tsunami de agua dulce se tratara.
Puede suceder en Temacapulín, calificado por un informe arquitectónico como “un hito urbano histórico cuyo valor es de interés manifiesto”, y otros dos municipios del estado de Jalisco. Su destino depende de El Zapotillo, la represa proyectada por la Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) para captar agua y transportarla a lo largo de 140 kilómetros, con el objetivo de abastecer a la ciudad de León. Los planes, por cierto, han recibido las críticas de organismos internacionales y de derechos humanos.
«Con la experiencia de otras presas, en las que además las indemnizaciones no se pagan y los acuerdos no se cumplen, los gobernantes no tienen ninguna credibilidad”
Tras un enrevesado y contradictorio proceso de concesión, la CONAGUA ha informando mediante comunicados que dará atención social a los habitantes afectados, a quienes ofrece un nuevo desarrollo urbanizado con todos los servicios. “Nunca han trasladado a gente cuando han hecho una presa en México y ahora lo prometen. Con la experiencia de otras presas, en las que además las indemnizaciones no se pagan y los acuerdos no se cumplen, los gobernantes no tienen ninguna credibilidad”, contextualiza la activista Claudia Campero.
La población perjudicada es el eje de rotación de toda lucha; también la depositaria de su capacidad de victoria. En el caso de El Zapotillo, otra batalla del MAPDER, el Gobierno respondió a las protestas ciudadanas mediante la violencia, recuerda Rodolfo Chávez. “La capacidad que tienen de aislarte, de marginarte y masacrarte socialmente es increíble. Algunas comunidades han logrado avances, pero muchas han terminado divididas y con la población enfrentada. Es la victoria que genera las condiciones de la derrota”, reflexionan las investigadoras de FLACSO, Mª Luisa Torregrosa y Karina Kloster.
La obra está en marcha y la pared de la presa crece ahogando el tiempo de reacción. Porque cada lucha tiene su compás. “Queda un margen de maniobra mínimo y si no se utiliza ya, el pueblo está condenado a desaparecer; porque no han podido reunir una resistencia significativa fuerte, que es lo que se necesita en estos casos. El Gobierno no entiende otras formas. Y tienen otro problema: la cortina está lejos del pueblo, por lo que simbólicamente es una lucha perdida”, añade Chávez.
Las mujeres dan un paso al frente
Acción directa e impacto mediático. Fue el método de lucha empleado por las indígenas mazahuas de los estados de México y Michoacán que, tras un año de enfrentamientos, decidieron liderar el movimiento contra el Sistema Cutzamala, que bombea agua a la Ciudad de México en lo que es una de las mayores obras hidráulicas de América Latina. El mecanismo, según el investigador de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) Arsenio González, forma parte de un complejo entramado de política e intereses cruzados, que incluye otras tres cuencas hidrográficas además de la del río Cutzamala. Los enfrentamientos nacidos a rebufo de esta trama han sido frecuentes desde los años 70, hasta el caso más reciente de las mazahuas.
Las autodenominadas ‘comandantas’ crearon el Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua
Todo estalló en 2003, cuando una presa del Sistema se desbordó e inundó los campos de cultivo. Las primeras chispas se produjeron ya con la construcción de la infraestructura que, según la investigadora Anahí Copitzy, significó la contaminación de ríos, la desecación de manantiales, la desaparición de la flora y la fauna, además de la aparición de enfermedades por el agua contaminada y la expropiación de terrenos con compensaciones injustas o inexistentes. La inundación fue, metáforas aparte, la gota que colmó el vaso. Motivó la entrada en escena de la acción directa, escoltada por reivindicaciones y atención mediática.
Las autodenominadas ‘comandantas’ crearon el Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua, al que adornaron con la vestimenta típica mazahua y con armas simbólicas como fusiles de madera, palos, machetes, y aperos. “Supieron vincular el componente de mujeres, el indígena y el ambientalista en la lucha por el derecho humano al agua potable”, apunta Copitzy, quien añade que lo realmente importante fue que estaban en un punto estratégico para la seguridad nacional, pues el sistema abastece al 25 por ciento de la población capitalina del país. Por eso, la retención de un camión con cloro y la amenaza de cerrar las válvulas fueron suficientes para que el Gobierno se sentara a negociar. Hubo una victoria parcial que no todos aceptaron, lo que dividió las posturas y resquebrajó la unidad interna del movimiento. “Es lo más común: que el Gobierno enfrente entre sí a la población”, apunta Rodolfo Chávez. Y es que, este conflicto también se ha cerrado con un punto y seguido.
Otra batalla es la de Guadalupe Lara. Una mujer, en este caso en singular, que lideró la lucha contra la presa de Arcediano, proyectada sobre el río Grande, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más poblada del país. Guadalupe Lara se negó a vender sus tierras y su gesto animó a otras organizaciones sociales y civiles. La presión provocó que finalmente no se lograra una declaración de impacto ambiental favorable. Así, Arcediano no se sumó a las más de 575 represas grandes que construidas sobre los ríos de México, ni Guadalupe Lara se ha sumado a las más de 167.000 personas desplazadas por estas infraestructuras en todo el país, según los datos de International Rivers Network. “La del agua no es una guerra a gran escala, algo demasiado futurista, sino conflictos de menor envergadura que han sufrido y sufren todos los estados mexicanos”, expone Kloster.
La gestión privada en el punto de mira
La principal característica de los conflictos sociales es su condición defensiva y la reivindicación de que el agua de una región debe quedarse en esa zona y beneficiar primero a la población local. Lo confirma la investigadora Mª Luisa Torregrosa: “Tiene que ver con las inequitativas políticas de distribución y uso del recurso, más que con la disponibilidad natural del agua”.
La gestión es muchas veces la clave. Un terreno donde las compañías privadas acaparan cada vez más peso, a pesar de que el agua en México pertenezca a la nación, según dictamina la ley. La capital del estado de Coahuila, Saltillo, ha sufrido por ejemplo problemas en el abastecimiento municipal. La llegada de la empresa española Agbar (Aguas de Barcelona) sumó nuevos problemas a los ya existentes, denuncian los opositores. La actuación privada ha sido resumida en cuatro estrategias por la investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario Cindy McCulligh: cortar el agua a los usuarios que no pagan, subir las tarifas, sobreexplotar el agua, e inventar y calumniar.
“Nos enfrentamos ante un escenario donde se agudiza cada vez más la brecha que separa las estrategias para la gestión del recurso implementadas ‘desde arriba’ y las formas de lucha ‘de abajo»
La Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo abandera esta batalla. “Lo que hemos logrado en el ámbito nacional es que, donde sabemos que ha ido Aguas de Barcelona a ofrecer su servicio, también hemos ido a que nos oigan a nosotros, que sepan la otra cara de la moneda”, explica Gloria Tobón, directiva de la asociación, quien denuncia los muchos incumplimientos legales por parte de Aguas de Saltillo, la empresa concesionaria. Cuenta que no se publican los análisis de calidad ni se promueven campañas de cultura del agua, sobrepasándoselos límites legales de cobro a los hogares con bajos recursos.
Según expone Kloster, “nos enfrentamos ante un escenario donde se agudiza cada vez más la brecha que separa las estrategias para la gestión del recurso implementadas ‘desde arriba’ y las formas de lucha ‘de abajo’. Entre ambas existe una quiebra que pareciera no poder subsanarse exitosamente en tanto subsistan las políticas económicas y sociales actualmente existentes. Una de las formas más comunes de represión en México es el exterminio sistemático de los activistas sociales, por eso Rodolfo Chávez se cuida tanto”.
Luchas con victorias incompletas
Las escaramuzas se multiplican por todo México. No hay estado que no tenga su problemática azul. Una veces la lucha es de un colectivo, otras individual, otras de un municipio y a veces de varias poblaciones, como el caso conocido como ‘Los 13 pueblos de Morelos’. 13 comunidades que se unieron para evitar la construcción de unas 2.000 casas en su ancestral territorio, concretamente sobre el manantial que les abastece, amenazando así su disponibilidad de agua y poniendo en peligro de contaminación la ya existente. “La galopante, feroz y salvaje construcción de viviendas de interés social atenta contra el aire, la tierra y el agua de los habitantes del Estado de Morelos, así como su bienestar, sana convivencia y desarrollo”, argumentan. “En México la guerra [por el agua] ya comenzó”, dice el tráiler de una película que documenta el caso.
De nuevo la victoria es parcial, como si cada lucha fuera un calco de la anterior. Porque en Morelos sigue habiendo gente sin agua en sus hogares, ubicados a escasos metros de lujosas urbanizaciones con campos de golf incluidos. Todo en el mismo vistazo, como si la comparación enalteciera la desigualdad. Porque sigue habiendo nombres propios, singulares y plurales, que luchan por el derecho al agua. Los de Lidia, Gloria, Carlota y Marta, que viven en la comunidad Ampliación Tres de Mayo, en Alpuyeca, estado de Morelos, y han recurrido a los tribunales para denunciar que en México se incumple el derecho humano al agua. El final de su batalla está por escribir, pero de momento han ganado un amparo y el juez ha reconocido, por primera vez en la historia de México, que el derecho humano al agua forma parte del ordenamiento jurídico nacional.
Para Rodolfo Chávez dejar la lucha es morir
“No se consigue nada si no es a través de una sociedad civil organizada y con fuerza. La gente tiene que involucrarse, porque el Estado utiliza el derecho a su antojo. No hay límites en cuanto a la acción. Y menos en un país en el que no se respetan las leyes por parte del Gobierno. El uso de la fuerza no es la consigna pero estamos dispuestos a defender nuestro medio de vida, nuestra tierra”. Rodolfo Chávez retoma el discurso. Es la quintaesencia del guerrillero forjado a la antigua usanza, el hombre que entiende que no es cuestión de hablar sino de hacer. Para Rodolfo Chávez dejar la lucha es morir aunque, entre despiste y renuncio, deja creer que piensa en la posibilidad de un relevo. La despedida es en Salto del Agua, una estación de metro, como todas las del Distrito Federal, saturada de iguales entre los que diluye sin perder su anacronismo Rodolfo Chávez.
En México todavía no se ha conseguido abrir a la privatización la luz y el petróleo, por lo menos constitucionalmente, sin embargo, se calcula que actualmente, por debajo de la mesa, ya se ha privatizado el 35 por ciento de la industria eléctrica.
Al mismo tiempo aumenta la compra de energía eléctrica a las Corporaciones de energía, la compra de electricidad que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho a proveedores privados pasó de 6 mil 428 millones de pesos en 2002 a 70 mil 600 millones de pesos en 2008, lo que representó en ese año 30.2 por ciento del gasto corriente de la paraestatal.[1] De las Corporaciones a las cuales CFE les compra energía, la ibérica Iberdrola representa casi 50 por ciento. Este incremento de compra de energía no se debe a un aumento de la demanda, sino al desplazamiento de la CFE en beneficio de las Corporaciones.
Sumando todos los niveles de potencialidad de las represas que establece la CFE (Identificación, Gran Visión, Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño), se planean “idealmente” para México 512 proyectos Hidroeléctricos[2]. Los proyectos que mencionamos más adelante son los que se plantean en los planes de la CFE entre 2008 y 2017 y no tenemos en cuenta los proyectos de represas para captación de agua, sólo estamos contando las hidroeléctricas.
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