🎥 #Informe del resultado del las reuniones con Gobierno Federal, realizadas el ayer 5 y hoy 6 de julio con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el IMDEC y el Colectivo de Abogadxs, en la Ciudad de México
Guanajuato.- El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el IMDEC y el Colectivo de Abogados se reunieron ayer con autoridades federales, seguirán en contra de El Zapotillo pero les prometieron reanudar las mesas de análisis.
A su salida de Palacio Nacional, el vocero de las comunidades Gabriel Espinosa y María González, coordinadora de Área de Defensa de Territorio, de IMDEC informaron que fueron recibidos por Lázaro Cárdenas Batel, Coordinador de Asesores que abrió la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador visite las comunidades.
“Una revisión profunda sobre el proyecto y más que nada para estar trabajando en las propuestas de alternativas para una gestión social del agua, la búsqueda es una revisión del proyecto para Jalisco, para Guanajuato y que cualquier proyecto que sea con apego a derechos humanos”, compartió en un video el vocero.
📌Ahora en Multiverso 360, entrevistamos a Gabriel Espinoza, integrante del Comité Salvemos Temacapulin, Acasico y Plamarejo, quien nos actualiza sobre los avances en la Presa El Zapotillo.
📻 Entérate ahora a través del 104.3 FM o en udgtv.com/radioudg
Este viernes 2 de julio, el COPINH te invita al lanzamiento de la pagina web: http://Berta.copinh.org un espacio donde se sistematiza toda la información sobre la causa #BertaCáceres.
Este viernes (2), tras cumplirse 64 meses del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sus familiares, compañeros de lucha y equipo legal aún esperan la sentencia final en el juicio contra Roberto David Castillo Mejía, presunto coautor intelectual del crimen.
Con experiencia en inteligencia militar, Castillo se desempeñó como director general de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), corporación responsable por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en territorio indígena Lenca, al cual el Copinh, bajo el liderazgo de Cáceres, se opuso exitosamente.
Desde su detención en 2018 mientras intentaba salir de Honduras, Castillo ha permanecido en prisión preventiva. Sin embargo, las audiencias en el juicio contra Castillo solo arrancaron hasta el pasado 7 de abril en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y finalizaron formalmente el pasado lunes (28).
“La responsabilidad del imputado David Castillo como coautor ha sido demostrada por los patrones de comunicación mediante llamadas y mensajes con el condenado Douglas Bustillo, así como por el contenido de los mensajes de WhatsApp de sus propias comunicaciones con la estructura criminal de DESA de la familia Atala Zablah”, denunciaron el Copinh y los familiares de Cáceres mediante comunicado difundido el mismo día del cierre del juicio.
De acuerdo al equipo legal y a la familia de Cáceres, “la culpabilidad del imputado Roberto David Castillo Mejía en la planificación, coordinación y supervisión del asesinato de Berta Cáceres se ha establecido indubitablemente con la evacuación de más de 70 pruebas, luego de 48 días de audiencia de juicio oral y público”.
Según el comunicado, dichos elementos de prueba vinculan a Castillo con los siete hombres condenados en noviembre del 2018 como autores materiales del homicidio de la ambientalista hondureña.
Por su parte, Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de Berta Cáceres, declaró a medios internacionales que no esperan otro fallo mas que de culpabilidad pues “no hay otra opción en el proceso”.
“Hay una participación histórica (de Castillo) en el conflicto, la violencia que ejecutó contra Berta Cáceres y el Copinh, eso está suficientemente acreditado en el juicio”, explicó Fernández mediante conferencia de prensa realizada días antes de la etapa final de las audiencias.
Mientras tanto, Bertha Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh, destacó que el fallo de culpabilidad contra Castillo debe evitar cerrar la puerta a la investigación de los demás autores intelectuales, quienes permanecen en la impunidad, especialmente los integrantes de la familia Atala Zablah, principales inversores del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.
Las partes, tanto la acusación y defensa de Roberto Castillo, ya han presentado sus conclusiones. Por ello, el Tribunal anunció que emitirá su resolución antes del día sábado 3 de julio.
Pruebas
De acuerdo a un recuento del juicio, realizado por el Copinh y su equipo legal, concluyen que la labor de Castillo fue fundamental para coordinar a los autores intelectuales y materiales para cometer el asesinato de Cáceres.
“David Castillo fue parte de una estructura criminal, compartimentó las comunicaciones para establecer un puente entre la estructura superior y la inferior a través de Douglas Bustillo para resguardar información y la identidad de él y de la estructura superior detrás del crimen”, difundió el Copinh mediante campaña en sus redes sociales.
Entre los puntos que destaca la organización indígena está el acercamiento de Castillo con Cáceres para obtener información sobre las actividades de ella y el Copinh para la defensa del río Gualcarque, puesto que tanto él como los directivos de la empresa DESA consideraban a Berta una amenaza para sus inversiones.
Por esta razón, menciona el Copinh, el 7 de octubre de 2015, Castillo creó un grupo de WhatsApp denominado Seguridad PHAZ, con el propósito de vigilar y paralizar las actividades de reivindicación de derechos del pueblo Lenca liderados por Berta Cáceres.
A su vez, el Copinh también enfatiza las comunicaciones entre Castillo y los autores materiales del crimen casi un mes antes del homicidio, específicamente entre el 5 y 6 de febrero del 2016, cuando abortaron un primer intento de agresión contra Cáceres.
El Copinh también resaltó que durante el juicio, el agente que condujo el proceso investigativo, Jesús Perdomo, afirmó que el móvil fue que el crimen estaba relacionado con la oposición de Berta a la construcción de una represa sobre las aguas del Ríos Gualcarque.
En concordancia, durante el juicio, la perita Brenda Barahona también coincidió en que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha y resistencia a la construcción de la hidroeléctrica.
Demandas
Además del Copinh, diversas organizaciones e instituciones también se han manifestado alrededor del mundo para exigir justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
Por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que “las y los familiares, el COPINH y otras organizaciones que les acompañan, han denunciado, en las diferentes etapas del juicio, diversos obstáculos, incluidos la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas”.
En ese contexto, el organismo resalta la restricción a otras organizaciones nacionales y misiones internacionales para la observación presencial de las audiencias del juicio oral y público que se desarrolló contra Roberto David Castillo Mejía.
De su lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) se unió a la CIDH para destacar que “la impunidad, sea total o parcial, además de una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, constituye un factor tendiente a obstaculizar las causas que promueven defensoras y defensores de derechos humanos, en virtud del temor a nuevas represalias y peligro latente que genera el desconocimiento de los verdaderos móviles de las agresiones, o en muchos casos la falta de sanción a los autores intelectuales o materiales”.
Por último, el pasado martes (29), 61 Miembros del Parlamento Europeo se dirigieron a distintas autoridades hondureñas, incluido el presidente de la República Juan Orlando Hernández, para expresar su preocupación por las dilaciones injustificadas en el proceso judicial en curso por el asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres.
“Este caso es de suma importancia para la Unión Europea y esencial para la protección de los defensores de derechos humanos en Honduras y en toda la región de América Latina. En este contexto, los eurodiputados han hecho un llamado al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y una reparación adecuada, efectiva y pronta para las víctimas, tanto a la familia de Berta Cáceres como a la sociedad hondureña en su conjunto que fue impactada por el atroz crimen”, citan l@s parlamentarios mediante carta.
Cabe recordar que el Copinh ha denunciado también al Banco Holandés del Desarrollo (FMO), uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres.
Debido a las presiones, en mayo del presente año, FMO retiró el financiamiento al proyecto hidroeléctrico. No obstante, el Copinh aún exige el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco holandés en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.
South Africa’s energy crisis: New study confirms Inga 3 hydropower would cost South Africans an extra R10 billion per year
June 29, 2021
Today, International Rivers and WoMin African Alliance published a new report, INGA 3: Too High a Cost – A study of the Socio-Economic Costs of the Inga 3 Dam for South Africa. The study, conducted by financial experts from UK-based TMP Systems, provides the first authoritative accounting of the true costs to South Africa of importing power from the planned Inga 3 hydropower scheme in the Democratic Republic of Congo (DRC).
Its findings are dire yet clear: Offtaking hydropower from Inga 3 would be too costly, and an unmitigated disaster for South Africa. The study shows that the cost of importing power from Inga would be three times the current cost of generating electricity in South Africa, and would cost South Africa over R10 billion more per year compared to readily available alternatives. This additional burden would likely fall on the shoulders of ordinary South Africans through increased tariffs and taxpayer subsidies for Eskom.
“Our study clearly shows that Inga is simply not financially viable for South Africa,” says Ben Bowie, one of the study’s authors. “The economics of the project just don’t add up, so it’s no wonder financiers have stayed away.”
The study raises considerable doubt over whether South Africa’s plans to import power from Inga are likely to proceed, and notes that the South African government has not conducted proper due diligence, including feasibility and socio-economic impact studies.
Meanwhile, the scheme’s prospects worsened in recent weeks following news that the DRC government has granted exclusive rights to develop the Inga site to Australian company Fortescue Metals Group, which plans to harness Inga’s hydro potential to produce green hydrogen for export to Europe. This would potentially cut South Africa out altogether, despite a longstanding treaty guaranteeing a portion of Inga’s power to South Africa.
“This should be a clear wake up call for South African authorities to abandon their ill-advised plans to import power from Inga,” says Siziwe Mota, Africa Director at International Rivers. “South Africa must withdraw from the treaty and embrace abundant local solar and wind resources to the benefit of all South Africans.” The study found that Inga would create virtually no new jobs within South Africa compared to the estimated 8,096 full-time jobs for South Africans that comparable investments in solar and wind would create.
The report further found that women in particular would bear the cost of importing power from Inga, both through direct impacts of the transmission line and increased electricity tariffs. “With women already disproportionately affected by the high unemployment rate as well as the gender pay gap, further tariff increases and displacement to make way for the transmission lines will have devastating effects on the lives of poor women in particular. These already vulnerable women would once again be forced to carry the burden of these so-called development schemes,” says Trusha Reddy, Programme Head at WoMin African Alliance.
The report also warns that the considerable doubts over Inga threaten South Africa’s future energy security if authorities do not act swiftly to identify and invest in realistic and cost-effective energy solutions.
“South Africa simply cannot afford a ticking time-bomb of this magnitude,” emphasizes Ms. Mota. “Our country urgently needs energy, which solar and wind can provide more quickly, more cheaply, and at significantly lower risk.”
International Rivers and WoMin have therefore written to the Parliamentary Portfolio committees on Energy and Finance to request an opportunity to present this report to the Members of Parliament calling for the immediate withdrawal of South Africa’s support for Inga 3.
Este 28 de junio, Tribunal convoca a la audiencia de conclusiones, en el juicio contra David Castillo coautor del crimen de nuestra compañera #BertaCáceres.
🚨Pendientes de la transmisión en vivo en nuestras redes sociales
📣#JusticiaParaBerta| A punto de finalizar el juicio contra David Castillo, recordamos este homenaje que realizó Roger Waters de la banda Pink Floyd a nuestra compañera #BertaCáceres.
Juntas y juntos sigamos exigiendo #JusticiaParaBerta