«Existen suficientes alternativas viables para solucionar la problemática existente en materia de seguridad en la presa de Calanda», afirma José Manuel Salvador, secretario territorial de CHA en las comarcas del sur, mostrando el apoyo a la Plataforma ‘El Bergantes no se toca’
Imagen de archivo de una movilización de ‘El Bergantes no se toca’ en agosto de 2013. Foto: AraInfo
El secretario territorial de Chunta Aragonesista en las comarcas del sur de Aragón, José Manuel Salvador, ha mostrado su apoyo a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Aiguaiva / Aguaviva al ‘Estudio Informativo para la Mejora de la Seguridad de la presa de Calanda’, en las que solicita que quede definitivamente descartada la construcción de la presa de laminación de avenidas del río Bergantes.
CHA se suma así a la Plataforma ‘El Bergantes no se toca’ en el apoyo a estas alegaciones, cuestionando el alto coste del proyecto y las afecciones medioambientales que se ponen en evidencia, y considera «suficientemente acreditado» que existen «suficientes alternativas viables para solucionar la problemática existente en materia de seguridad en la presa de Calanda».
«La Subdirección General de Medio Natural advertía en 2015 que, debido a los impactos residuales derivados de la ocupación directa de hábitats, únicamente se podría autorizar el proyecto en el caso de que no existan otras alternativas viables», recuerda el secretario territorial de CHA.
En este sentido, José Manuel Salvador explica que entre las 22 alternativas analizadas, «la presa del Bergantes es una de las alternativas con mayores afecciones ambientales por su ubicación dentro del Lugar de Interés Comunitario Río Bergantes y por la utilización de técnicas constructivas que necesitan de una gran cantidad de material (hormigón), movimiento de tierras y de maquinaria».
Por estos motivos, Chunta Aragonesista ha presentado una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar al Gobierno español que atienda las alegaciones del Ayuntamiento de Aiguaiva y descarte definitivamente la presa de laminación de Aguaviva en el río Bergantes.
Comunicado | Equinox Gold quiere criminalizar a quien lucha por el agua
La minera Equinox Gold intenta prohibir a los afectados de realizar manifestaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana, en Maranhão; MAB repudia el intento de criminalización de la lucha por derechos en la región. por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 09/07/2021 – Atualizado 22/07/2021
El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), viene públicamente a repudiar la conducta de la empresa canadiense Equinox Gold que, por medio de acciones judiciales, a través del cercenamiento a la libertad de expresión y a la libre manifestación, pretende intimidar y criminalizar a la integrante del MAB, Dalila Alves Calisto, así como a los liderazgos locales, Jonias Pinheiro, Daiane Lima, Maria Valdiene Teixeira y Maria Aldineia Teixeira, defensores de los derechos humanos en Aurizona, distrito del municipio de Godofredo Viana, en el estado de Maranhão.
Lodo tóxico de la minera Equinox Gold que contaminó manantial de agua y que abastecía el distrito de Aurizona. Foto: Divulgación
En su demanda, la minera pide a la justicia del estado que prohiba a los afectados de realizar manifestaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana. La empresa acusa a las protestas realizadas por parte de los afectados y afectadas el día 28 de abril de 2021 como actos ilegales y arbitrarios que violan los derechos constitucionales de la misma. La protesta a la que la minera se refiere tuvo una duración de más de 36 horas y contó con decenas de personas, afectados de Aurizona, que se manifestaban reclamando a la empresa el acceso al agua potable, de forma regular y de calidad para las familias, y que fuera instaurada una mesa de negociación entre los afectados, el MAB, la Defensoría Pública, la Equinox Gold y los gobiernos municipal y estadual para discutir los problemas emergentes e históricos de la población de Aurizona, causados por la actuación de la minera en la región.
La interrupción en el abastecimento de agua en Aurizona se dio luego de la ruptura de la represa Lagoa do Pirocaua, el día 25 de marzo de este año, que generó serios impactos sociales y ambientales, entre ellos la contaminación del reservorio Juiz de Fora que abastecía toda la población del distrito. En el documento, la minera llega a acusar los propios manifestantes de estar bloqueando la entrega de agua a los habitantes de Aurizona, en el intento de culparlos por la falta de agua en la comunidad.
El derecho a la información y participación; ambiente saludable; a la libertad de reunión, asociación y expresión, que constan en el informe del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) de noviembre de 2010 [1], fueron sistemáticamente violados por Equinox Gold. Es inaceptable que la empresa permanezca impune frente a graves crímenes ambientales y denuncias de violaciones de derechos humanos. La lucha por el derecho al agua en Brasil no puede ser tratada como un crimen. Para el MAB está claro el intento de la minera de criminalizar la lucha popular y la organización de los afectados en la región.
El modelo vigente en Brasil de implementación de proyectos del capital, como es el caso de la minería, propicia de manera recurrente graves violaciones de derechos humanos y ataques a las poblaciones que luchan por mejorías, lo que refleja el contexto de violencia a la que los afectados y afectadas son sometidos en los territorios donde tales proyectos son desarrollados. En el caso de Aurizona, esa práctica de intimidar, criminalizar, descalificar y perseguir liderazgos locales ya es típica y sistemática por parte de Equinox Gold. Siempre que sucede algún tipo de protesta o manifestación en el distrito de Aurizona es común que la minera presente maniobras jurídicas para coaccionar e intimidar a líderes y liderezas con el propósito de frenar e impedir a la comunidad de ejercer sus derechos. Una de las liderezas que hace años sufre con ese contexto de criminalización es Daiane Lima, que está siendo indiciada en varias demandas presentadas por la empresa minera. Todos los procesos a los que Daiane responde en la justicia son relacionados a las luchas que siempre llevó a cabo por más derechos para Aurizona en detrimento de las actividades de Equinox Gold.
Desde la ruptura de la represa de la minera, diversos acuerdos fueron firmados por la empresa, que ésta sigue sin cumplirlos. Desde entonces, la mayoría de las residencias no tienen agua de forma permanente en los grifos. Hay días en los que no llega agua a las residencias y en otros casos el agua que llega posee una coloración negra y con un fuerte olor. Para el MAB esta acción de la minera Equinox Gold representa otro ataque más a la población de Aurizona, que ya sufre con la negación de empleos, explosiones que generan grietas en sus casas, con la ruptura de la represas y la falta de agua en la comunidad.
Los expertos explicaron que el fenómeno está ligado en parte al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria y el uso indiscriminado de insecticidas agrotóxicos.
Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, aseguró este miércoles que la actual bajante del Río Paraná «es un auténtico holocausto ambiental» y que es consecuencia de la acción humana asociada a la expansión del modelo agroindustrial, sumado a los efectos del cambio climático.
«Lo que está ocurriendo en el Río Paraná es un auténtico holocausto ambiental y es el resultado directo de una serie compleja de intervenciones antrópicas asociadas a la expansión del extractivismo agroindustrial, ganadero, forestal, fluvial y minero», dijo el profesional.
En este sentido, detalló que la bajante «está ligada al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria, el incremento de superficies de cultivo como la soja, el maíz o el trigo, que son al mismo tiempo parte de un modelo agroindustrial que trae muchísimos impactos sobre la tierra a partir del uso de millones de litros de insecticidas agrotóxicos».
Asimismo, Colombo destacó, en diálogo con Radio Urbana, que «la hidrovía Paraná-Paraguay es el cauce de salida del 80% de las exportaciones argentinas» por lo que «navegan miles de embarcaciones que transportan millones de toneladas de mercadería año tras año».
«Eso genera mucha presión y mucho hostigamiento sobre el río Paraná y, por supuesto, también está ligado a la pérdida y a la conservación del suelo fruto del deterioro de bosques, de la selva y los montes nativos que han generado que los suelos hayan perdido la capacidad de absorber el agua de las lluvias para poder preservarla y posteriormente derivarla a vertientes, arroyos», detalló.
Sobre esto, explicó además que «son muchas las causas que han incidido en las últimas décadas para que tengamos una situación de estrés hídrico como la que atraviesa el Río Paraná. Entre ellas, el cambio climático y la ocurrencia de eventos climatológicos extremos».
«El deterioro de bosques, de la selva y los montes nativos han generado que los suelos hayan perdido la capacidad de absorber el agua de las lluvias» explicó el abogado ambientalista Rafael Colombo. Foto: Germán Pomar.
Por esta razón, aseguró que se da cada vez más una alternancia entre sequías y lluvias concentradas y prolongadas, lo cual contribuye a la intensificación de la bajante.
En cuanto a las imágenes que circularon recientemente donde se ven bancos de arena producto de la bajante del Río Paraná, el abogado dijo que es una situación «que se está registrando en casi todo el Río Paraná que comprende varias provincias: Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires».
Y alertó: «se han registrado niveles de bajante históricos que superan las estadísticas de por lo menos últimos 50 años».
Colombo señaló que la bajante «está ligada al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria, el incremento de superficies de cultivo como la soja, el maíz o el trigo». Foto: Germán Pomar.
Sobre las consecuencias de esta situación, Colombo sostuvo que «estamos yendo hacia un proceso de sabanización de nuestros ecosistemas, es decir, se vuelven sabanas, que son ecosistemas secos, áridos, típicos de zonas tropicales y subtropicales».
El defensor ambiental guatemalteco Bernardo Caal Xol, encarcelado por defender el río Cahabón, en el departamento Alto Verapaz, pide en una carta a diferentes organizaciones internacionales que se pronuncien sobre la la violación de los derechos humanos del pueblo maya q’eqchi por “el despojo del agua”, un caso que se suma a la larga lista de persecuciones a los activistas que se están produciendo en Centroamérica.
En defensa del agua
La misiva hecha pública desde la cárcel está dirigida a la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informa en un comunicado la organización no gubernamental española Alianza por la Solidaridad-Action Aid que trabaja, entre otros países, en Guatemala.
En la carta, Caal Xol solicita a las diferentes entidades internacionales que se pronuncien sobre “la violación de derechos humanos de miles de niños, niñas, hombres y mujeres del pueblo maya q’eqchi’’ ante el despojo del derecho al agua del río Cahabón y sobre la prisión preventiva que ya he cumplido de 1.245 días, tan solo para amedrentar a los pueblos indígenas para el despojo del río” ante la construcción de hidroeléctricas en la región de Alta Verapaz, en el norte del país centroamericano.
Según Alianza por la Solidaridad-Action Aid, el caso de Bernardo Caal Xol se remonta a 2015, cuando el activista puso la primera denuncia contra la construcción del complejo hidroeléctrico sobre el río Oxec, afluente del río Cahabón, situado en territorio indígena, por vulnerar el derecho de consulta a los pueblos indígenas.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gobiernos están obligados a hacer una consulta previa a los pueblos indígenas antes de la realización de cualquier proyecto que pudiera afectar a las comunidades, a los recursos naturales o a su territorio.
Multinacionales y obras públicas
Desde la ONG recuerdan que el caso de Bernardo Caal “es un claro ejemplo” de las dificultades de los pueblos indígenas y de sus líderes para denunciar a empresas nacionales y extranjeras que “vulneran sus derechos y destruyen sus recursos naturales en países donde ni sus gobiernos ni su judicatura se los garantizan, enfrentándose así a las presiones de poderosas compañías”.
Una segunda denuncia se interpuso por apropiación y tala de un bosque en la misma región.
Caal Xol, docente y activista ambiental, se implicó en la denuncia contra la hidroeléctrica Renace, obra que realiza una subcontrata del grupo español Cobra (ACS), del empresario español Florentino Pérez.
La organización, según la nota, presentó una denuncia, asimismo, por “el incumplimiento” de los derechos humanos y ambientales de 29.000 indígenas mayas, a quienes se les “secuestró” el río Cahabón, limitándoles el accesos a la única fuente de agua para ellos.
Explica la ONG, que coincidiendo con estas denuncias y en medio de una campaña de descrédito contra su persona, Caal Xol -reconocido como “preso de conciencia” por Amnistía Internacional- fue acusado por trabajadores de una empresa subsidiaria “de delitos de robo y retención de trabajadores de la hidroeléctrica”, por lo que fue condenado en enero de 2018 a siete años y cuatro meses de prisión.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó realizar una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas por una hidroeléctrica del grupo español ACS.
Sin embargo, “hasta ahora, la empresa en cuestión no ha cumplido con los requerimientos judiciales de realizar una consulta y continúa con su actividad”.
El líder indígena lleva preso más de tres años “en base a indicios débiles”, y ha tardado dos años y medio en conseguir que su recurso llegara a sala de apelaciones de Alta Verapaz. La decisión puede aún tardar dos meses en llegar, asegura la ONG.
Edgar de León, uno de los abogados de Caal, subraya que si finalmente “no fuera considerada su apelación, el caso podría llevarse a la Corte Constitucional del país centroamericano, pero todo ello supone invertir unos recursos económicos de los que su familia no dispone”. EFEverde
La hidroeléctrica Ivirizu comprende la presa en construcción más grande de Bolivia que contribuirá a generar alrededor del 10% de la actual potencia instalada en el país. Son las obras más onerosas adjudicadas por el Estado boliviano a una empresa china en este sector y es el proyecto de generación de energía hidroeléctrica más costoso emprendido en Bolivia hasta ahora con un presupuesto estimado de USD 549.9 millones. El mayor problema de este proyecto es que está emplazada dentro del dentro del Parque Nacional Carrasco, que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país y del corredor biológico Villcabamba-Amboró, uno de los corredores de biodiversidad más importantes del mundo.
En el mes de abril de 2021, la Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un «informe [1] defensorial resultados de la verificación defensorial a la empresa Sinohydro Corporation Limited Sucursal Bolivia» [1]. en el que constató que en dicho proyecto 120 personas (el 30% de los trabajadores de la obra) trabajan en calidad de “subcontratados o terceristas”, como forma de evasión de obligaciones sociolaborales. Entre otras recomendaciones, el informe solicita a Sinohydro: Implementar de manera inmediata un servicio permanente de asistencia médica, primeros auxilios y botica; afiliar a la totalidad de los trabajadores al Seguro Social Obligatorio; proveer de alimentación nutritiva y suficiente a los trabajadores “subcontratados o terceristas”; mejorar las condiciones físicas de las viviendas de los trabajadores “subcontratados o terceristas” ; dotar de ropa, implementos y equipos de trabajo de forma oportuna, suficiente y adecuada a la naturaleza del trabajo con medidas de bioseguridad contra el COVID-19; ofrecer tratoigualitario en cuanto al salario y pago de horas extras a los trabajadores “subcontratados o terceristas” y regularizar la suscripción de contratos laborales de los trabajadores “subcontratados o terceristas”.
En el mes de mayo, el Ministerio de Trabajo anunció una multa a la empresa Sinohydro por las irregularidades detectadas [2].
El 13 de julio, se volvieron a presentar problemas laborales relacionados con la falta de insumos de trabajo que amenazan con paralizar la obra.
Esperamos que esta información sea útil para ustedes.
Saludos cordiales
Marco A. Gandarillas IISCAL
TRABAJADORES DE LA HIDROELÉCTRICA IVIRIZU I INGRESAN EN PARO Y DENUNCIAN ABUSO LABORAL DE EMPRESA CHINA Foto agencias [3] SOCIEDAD | 13 Jul 2021 _Más de 300 trabajadores decidieron ingresar en la medida deprotesta ya que no cuentan con los insumos mínimos de trabajo_ RADIO FIDES.- Suspenden labores en la Hidroeléctrica Ivirizu I de Cochabamba debido a un conflicto protagonizado este martes por trabajadores quienes con un paro de actividades denunciaron que son víctimas de abuso laboral por parte de empresas chinas que se adjudicaron el proyecto.
Julián Rocha, ejecutivo de los trabajadores de Obras Públicas indicó que los dirigentes se vieron rebasados por los trabajadores, asimismo, sostuvo que los abusos cometidos por las empresas asiáticas son constantes.
“Lamentablemente no hay solución, han decidido (suspender actividades), estamos de acuerdo en que vengan empresas chinas pero que cumplan con las normas laborales, nosotros no queremos perjudicar a nadie”, precisó.
Más de 300 trabajadores de la institución decidieron ingresar en la medida de protesta ya que, a decir de su representante, no cuentan con los insumos mínimos de trabajo.
El Movimiento de Afectados por Represas – MAR lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido compañero Carlos Duarte, víctima del Covid19 y de las condiciones de vida precarias impuestas por este sistema capitalista salvaje.
Carlos Duarte fue un gran camarada, profesor universitario, militante, cuadro revolucionario, que lucho con firmeza toda su vida por las profundas transformaciones sociales, defensor del rio Paraná, por un Paraguai diferente y por otro mundo posible. Carlos Duarte fue un internacionalista, cofundador de la agrupación de jóvenes latinoamericanos de Estocolmo a principios de los 80, durante la época de las dictaduras.
Compañero Carlos, desde el MAR continuaremos tu legado, seguiremos tu lucha incasable por la justicia social y soberanía de los pueblos; expresamos nuestra profunda solidaridad a familiares y amigos; desde Chile a Canadá, te decimos, hasta siempre compañero.
El municipio de Brumadinho cubierto por lodo tóxico después de la ruptura de la represa de la Vale. Foto: Bruno Ferrari
En abril de 2021, un lugar de almacenamiento de mina de fosfato amenazó con lixiviar material radioactivo hacia la Bahía de Tampa, en Florida; algunas semanas antes, una represa de mina de oro en Brasil se rompió, contaminando el lugar de abastecimiento de agua potable de 4.000 personas en el estado Maranhão. En febrero y marzo, habitantes de los estados Mississipi y Texas (EE.UU.) enfrentaron apagones de energía y falta de agua potable. En noviembre de 2020, en Brasil, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica por 3 semanas, que afectó a 765 mil personas, durante la pandemia de la Covid-19. En Brasil, desde el año 2000 ya ocurrieron por lo menos 12 rupturas en represas, lo que en promedio sería una ruptura de represas a cada 2 años. En el estado Minas Gerais, el segundo en producción del mineral de hierro del país, fueron 7 rupturas de represas de residuos mineros en 13 años.
A primera vista, esos sucesos no parecen relacionados. Profundizando un poco más, sin embargo, podemos constatar algunas evidencias comunes en estos acontecimientos de la realidad. El colapso de represas, desastres de minería, la falta de agua y los apagones de energía no son solo desastres «naturales», sino resultados provocados por la acción de los agentes privados del mercado. Esas situaciones son el resultado de centenas de años de imperialismo y colonialismo, seguidos por décadas de reformas neoliberales con privatizaciones, especulación financiera desenfrenada, y falta de responsabilización y reglamentación por parte de las empresas y de los gobiernos.
Finanzas globales y minería
Globalmente, 85% del fosfato extraído es usado para hacer fertilizantes; el estado americano de Florida actualmente es responsable por 25% de la producción mundial de fosfato. Una de las mayores fábricas de fertilizantes del mundo existe en Pool County, Florida, de propiedad de Mosaic, la mayor empresa privada de fosfato del mundo. Inclusive frente a una masiva oposición popular, el gobierno local aprovó la expansión de las operaciones de las plantas. Una de las razones de esa oposición es que las minas de fosfato y las fábricas de fertilizantes producen un residuo denominado fosfoyeso, que es radioactivo. Mientras la industria de fosfato continúa haciendo lobby para usar esos residuos para construcción y material de construcción de carreteras, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) no recomienda su uso porque lo considera un material peligroso para la salud. Entonces, la industria lo almacena. Uno de esos lugares de almacenamiento de residuos, Piney Point, se tornó noticia internacional al inicio de abril, cuando el reservatorio de almacenamiento estaba en riesgo de colapso, y equipos de trabajo bombearon millones de galones de esa agua contaminada (radioactiva) en la Bahía de Tampa, un área ambientalmente precaria.
Como relató un artículo en The Guardian, el lugar tiene una larga historia de polución, aunque los propietarios del lugar hayan cambiado a lo largo de los años. El gobernador de la Florida, Rick DeSantis, anunció que está haciendo una planificación para cerrar Piney Point y limpiar el área afectada por el emprendimiento y sus consecuencias. El gobierno todavía quiere responsabilizar la empresa HRK Holdings, empresa que ahora posee un local. Pero la población del sitio tiene dudas acerca de si esa planificación será de hecho cumplida por el gobierno. La HRK Holdings posee accionistas en común con la empresa canadiense Xemplar, que explota una mina de uranio en Namibia.
Agua, energía y minería poseen relaciones estrechas en la producción y en la propiedad controladora. Los fondos financieros internacionales BlackRock y Vanguard, por ejemplo, detentan acciones de Equinox Gold, con sede en Canadá y también de la Vale S.A.. Blackstone detenta acciones (es el segundo mayor titular) de la Energy Transfer (Texas), discutido abajo. El mismo sistema financiero y los mismos actores corporativos están en juego: falta de medidas internacionales para responsabilizar las corporaciones, mecanismos financieros que permiten que las empresas de fachada sean esencialmente apátridas y no presten cuentas a nadie, las tornan difícil de responsabilizar.
Brasil es el segundo productor de mineral de hierro del mundo y el principal comprador de Brasil es China. El mineral de hierro fue el tercer producto más exportado por Brasil en 2019. Los dos estados con mayor producción de mineral de hierro en el país son Pará y Minas Gerais. Ambos estados sufrieron con recientes rupturas de represas de residuos mineros. La empresa responsable por las últimas dos rupturas de represa en Minas Gerais es Vale. La Vale es la segunda mayor empresa minera del mundo, con sede en Brasil, pero con capital siendo negociado en las principales bolsas de valores del mundo. Más del 45% de los accionistas de Vale son internacionales, incluyendo algunas de las mayores empresas de manejo de inversiones del mundo, con sede en los Estados Unidos. Por ejemplo, BlackRock y Capital Group, cada una, detenta cerca del 5% de las acciones en Vale, y el grupo Vanguard también posee acciones en la misma. La Vale ejecuta una maniobra llamada de triangulación, que es realizada por otras empresas también, a modo de reducir el pago de impuestos. Ella vende su producción de mineral de hierro en Brasil a su subsidiaria en Suiza, a precios más bajos que los del mercado y con eso paga bajos valores de impuestos en Brasil. Después, la Vale de Suiza revende el mineral para China a precio de mercado. Con esa maniobra Vale dejó de pagar al Estado brasileño US$ 12,4 billones de 2009 a 2015
La explotación de oro por la empresa minera Aurizona Mineração que integra el grupo canadiense Equinox Gold, en Maranhão existe desde 2010, pero las investigaciones minerales en esa región datan de la década de 1970 y la minería ilegal de oro existe allí desde el siglo XIX. El nombre Aurizona que es también el nombre de la comunidad donde se ejecuta la explotación de oro, significa «zona del oro». La empresa ya registra una recurrencia de problemas en sus operaciones. En 2014 hubo filtración del material del área de la zona minera que provocó una mortandad de peces, en 2018 hubo un deslizamiento de la pila de estéril, bloqueando carreteras e impactando una región de manglares y ahora en marzo de 2021 ocurrió la ruptura de la represa que afectó el lago de Juiz de Fora. Este lago es usado por la población de la comunidad de Aurizona para su abastecimiento de agua. Con la ruptura de la represa las personas de la comunidad están sin acceso al agua. Las cerca de 4 mil personas consiguieron que la empresa les suministrara agua, pero el agua ha venido con olor y coloración fuertes. La Equinox Gold es fruto de la fusión de varias empresas canadienses como Luna Gold y Trek Mining y la misma también posee relaciones con Pan American Silver, a través del presidente de ambas empresas.
Esas rupturas son intrínsecas del modelo de minería vigente. En plena crisis del capitalismo, para recuperar y elevar sus tasas de lucro, las empresas aumentan la producción de mineral cuando el valor del mineral de hierro en el mercado internacional sufre caída y reducen gastos con la manutención de las estructuras de contención de residuos. Las empresas gastan aún menos con seguridad, para garantizar la continuidad de los exorbitantes lucros. Así, con el aumento de la producción de mineral se produce también el aumento de la producción de residuos y el colapso de las represas. Con eso, al final de cada ciclo de aumento y caída del valor internacional del hierro, hay una gran probabilidad de un nevo desastre. Todas la empresas responsables por los desastres son empresas privadas pero es la población y el medio ambiente quien sufre los daños. Las empresas continúan teniendo un aumento de sus lucros, como es el caso de la Vale, que en 2 años luego de su ruptura en Brumadinho, tuvo una valorización de 119,8% en sus acciones.
Los fracasos de la privatización y la desregulación
En febrero de 2021, una tempestad de invierno barrió Texas, dejando 4 millones de personas sin energía en uno de los períodos más fríos de la historia reciente. Este no fue apenas un desastre «natural». El estado de Texas tiene un mercado desregulado, en el que los defensores prometieron suministrar energía más confiable y barata; sin embargo, en vez de eso, desde la década de 2004, las personas en verdad pagaron US$ 28 billones más. Texas es el único estado no conectado a las redes en otros estados. Los apagones en Texas fueron causados por la desregulación y privatización —el sistema internacional del neoliberalismo, que es promovido como una solución para los males del mundo, cuando la verdad es que los perpetró. Mientras que las personas sufrieron, y algunas hasta murieron— durante la tempestad de invierno, los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles se lucraron. Y las tarifas, en pleno apagón, llegaron a ser más caras, llegando a US$ 19 mil/MWh en estos lugares, un paraíso para el capital financiero que controla y especula estos negocios.
Aunque la tempestad de invierno y la caída de energía en Texas recibiesen atención nacional e internacional, menos atención fue atraída hacia los efectos del mismo frente de invierno en Mississippi. Debido a las caídas de energía en la capital de Mississippi, Jackson, los habitantes quedaron sin agua por un mes entero. Más de 82% de los residentes de Jackson son negros, el racismo y la falta de inversión del gobierno conllevaron a esta situación. Nuevamente: un desastre «natural» no es la raíz del problema. En vez de eso, una crisis de infraestructura alimentada por décadas de desregulación, austeridad y reformas neoliberales, junto con el racismo histórico y estructural, son la causa raíz. Más de US$ 743 billones son necesarios para reparar la infraestructura hídrica obsoleta en los Estados Unidos. El presidente Biden propuso un paquete de infraestructura de US$ 2 trillones para eliminar las tuberías de plomo y mejorar «la salud de los infantes y de las comunidades negras de nuestro país», de acuerdo con la página web de la Casa Blanca. Aunque ésta sea una buena noticia, también debemos ser cautelosos: hay esfuerzos (inclusive por parte de los demócratas) de usar este proyecto de ley para conceder licencia a la industria privada y promover las «alianzas público-privadas», que a su vez se probaron desastrozas para el pueblo, en cualquier país en el que ocurrieron.
Los Estados son cómplices de las empresas en esas violaciones de derechos, una vez que son ellos los responsables por fiscalizar las actividades de éstas. Pero el Estado bajo el dominio de la doctrina neoliberal sufre lo que llamamos de captura corporativa que no es más que la influencia directa que las empresas ejercen en las decisiones que deben ser tomadas por el poder público. La captura completa de las agencias reguladoras es la prueba de eso. Eso ocurre porque en la sociedad actual las grandes empresas tienen más poder que los Estados y negocian con ellas lo que ellos podrían dejar de ganar si actuaran contra los intereses de las empresas. En Brasil, los intereses de las empresas hacen que el Estado no se organice para fiscalizar las represas. No hay estructuras adecuadas y tampoco disponibilización de recursos necesarios para el área de fiscalización. La Agencia Nacional de Minería (ANM) debe fiscalizar 816 represas pero posee sólo un tercio de los técnicos necesarios para ejecutar las inspecciones en las estructuras y su presupuesto viene disminuyendo a cada año. Hoy, en Brasil son más de 45 represas en riesgo extremo, sin estabilidad probada. De ellas, 42 están en el estado Minas Gerais. En los EE.UU., la regulación de seguridad de represas también es dejada a los estados y no es regulada federalmente.
En Brasil, en 2021, la población sufrió con un gran racionamiento de energía eléctrica en todo el país. Ese apagón, como fue llamado, fue resultado del modelo neoliberal que fue implementado en el país en los años anteriores y que privatizó las empresas de energía, así como, redujo la planificación y la inversión del Estado hacia el sector eléctrico. El resultado fue un colapso nacional. En 2020, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica. La empresa responsable era la española Isolux que cambió de nombre en 2019 para Gemini Energy, y no consiguió encontrar una solución para el problema de la falta de energía. Una estructura que debería tener una vida útil de 30 años, colapsó en menos de 10 años bajo control privado. Quien actuó para resolver la crisis energética en Amapá fue Eletrobrás, empresa estatal que el gobierno de Bolsonaro quiere privatizar. Bajo esa misma política neoliberal, el estado de São Paulo, en 2014, sufrió con la falta de agua debido a la lógica de la tasa de lucros máxima, en el menor tiempo y de gasto mínimo para garantizar la calidad del servicio. No es sólo falta de planificación y de inversión del gobierno en el sector, es la esencia de la lógica privada en los servicios públicos. Mientras la población racionaba agua en São Paulo, cerca de 500 grupos privados eran privilegiados con bajos precios para el agua, por la Compañía de Saneamiento del estado de São Paulo (Sabesp), entre ellos industrias, centros comerciales, condominios y grandes hoteles. En Brasil, el sector del agua y saneamiento es formado en su mayoría por empresas estatales (90%), pero la privatización se avecina con el aumento de las alianzas público-privadas en esa área.
Las fuentes de energia eléctrica en Brasil son en su mayoría (64%) de fuente hídrica. Esa fuente de energía es una de las que presenta menor costo de producción pero el precio pagado por el consumidor brasileño es uno de los más altos del mundo. Las altas tarifas de agua y energía son otra característica y consecuencia de la privatización. Para empeorar, el gobierno pretende privatizar lo que resta, efectivar la privatización de Eletrobrás que es la empresa estatal de energía del país. Hoy las hidroeléctricas de Eletrobrás venden energía a R$ 65,00 por Megawatt/hora, siguiendo las reglas de precios de mercado. Ese aumento en el valor de venta de energía será cobrado en las cuentas de los consumidores finales.
Todas esas situaciones muestran como bienes naturales que deberían estar al servicio de la población están, a decir verdad, siendo apropiados por las empresas privadas y siendo usados como mercancía para generación de lucro. Apagones, desastres en la minería, falta de agua, entre otros, no son eventos naturales. Todas esas situaciones relacionadas al agua, a la energía y a la minería tienen como origen el control privado de las empresas, formado por el capital financiero que dicta cuáles son las prioridades de las mismas: presentar altas tasas lucros para sus accionistas, altos rendimientos para los bancos y grupos financieros que invierten en ellas, siendo que muchos de esos grupos son comunes entre las empresas. Quien sufre con la prioridad de lucro de las empresas es la población más pobre, principalmente porque necesita pagar las altas tarifas, recibe servicios de baja calidad y ejecutados sin seguridad, que afectan áreas adyacentes y provocan contaminación ambiental. Los gobiernos aceptan esas situaciones y no consiguen fiscalizar ni castigar al estar orientados por una política neoliberal que estimula la relación corrupta entre estados y empresas. Es el Estado siendo capturado por el capital para servir a las empresas, como un agente al servicio de la clase dominante.
Mala para la mayoría del pueblo, esta realidad es común en los Estados Unidos, en Brasil y en el mundo. Cabe, entonces, a los afectados por esa realidad organizarse colectivamente para enfrentar todo ese aparato que se propone destruir sus formas de vida en nombre del capital.
Fue en el año 2016 cuando sujetos armados irrumpieron en casa de la hondureña Berta Cáceres y la asesinaron a balazos. En ese entonces, la defensora y activista indígena Lenca tenía una trayectoria de más de 20 años luchando y protegiendo a su pueblo y su territorio. Era reconocida mundialmente por organizar campañas eficaces contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y de comunidades indígenas.
Berta Cáceres enfrentó (muchas veces ganando) a madereros ilegales, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban el suministro de agua a comunidades indígenas. Su última batalla, antes de ser silenciada, fue contra Desa (Desarrollos Energéticos SA), empresa que construía la represa hidroeléctrica de Agua Zarca en el Río Gualcarque. De acuerdo con el Tribunal Penal Nacional de Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en su casa por 7 hombres contratados por ejecutivos de Desa.
A la activista la mataron por no estar acorde a la concepción de desarrollo que tenían aquellos empresarios, que según su intención, era “mejorar la calidad de vida de las comunidades”. Berta perdió la vida y el proyecto quedó suspendido, pero, ¿valió la pena el sacrificio?, ¿Qué son y para qué sirven las represas? son algunas de las incógnitas que surgen ante los hechos.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3610391233614572&output=html&h=250&slotname=4410239567&adk=1189912335&adf=4070387727&pi=t.ma~as.4410239567&w=300&lmt=1626755030&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.somoselmedio.com%2F2021%2F07%2F13%2Frepresas-y-el-medioambiente-megaproyectos-que-se-enfrentan-con-la-vida%2F&flash=0&wgl=1&dt=1626755027921&bpp=18&bdt=4572&idt=2302&shv=r20210712&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D223c50e882310b39-220b0edea7c60019%3AT%3D1613958467%3ART%3D1613958467%3AS%3DALNI_MbeNTp-aqH1CFIV32y9AZEFNM0FIQ&prev_fmts=0x0%2C320x50%2C300x250&nras=1&correlator=6207295963181&frm=20&pv=1&ga_vid=636743177.1626755028&ga_sid=1626755030&ga_hid=569647420&ga_fc=0&u_tz=-300&u_his=1&u_java=0&u_h=900&u_w=1600&u_ah=860&u_aw=1600&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=206&ady=1685&biw=712&bih=572&scr_x=0&scr_y=0&eid=20211866&oid=3&pvsid=833901564703112&pem=519&ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F&eae=0&fc=1920&brdim=43%2C23%2C43%2C23%2C1600%2C0%2C741%2C704%2C729%2C572&vis=1&rsz=%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&pfx=0&fu=0&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=ca6JVtCjAQ&p=https%3A//www.somoselmedio.com&dtd=2398
Las represasson construcciones de tierra, cemento o roca que se colocan en los ríos para interrumpir su flujo natural y así generar un lago artificial que se llama embalse. Esta agua que queda en el embalse, puede ser utilizada para irrigación, evitar inundaciones o para generar electricidad. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, los impactos negativos suelen ser más que los positivos.
La Comisión Mundial de Represas (CMR) integrada por empresarios, gobiernos, investigadores y sociedad civil, demuestran que las represas han impactado severamente en diversos ecosistemas y, a nivel social, su impacto también es grave ya que se estima que alrededor del mundo el desarrollo de grandes represas ha provocado el desplazamiento de entre 40 a 80 millones de personas de sus hogares (véase en https://dar.org.pe/archivos/publicacion/acuerdo_energetico_peru_brasil.pdf).Aunado a los daños ambientales que las represas provocan por sí mismas, se agrega el impacto del humano en el terreno de construcción: caminos de acceso, campamentos de construcción, líneas de electricidad entre otras actividades industriales.
La CMR menciona que los impactos ambientales siempre son negativos y en muchas ocasiones tiene como resultado la pérdida de especies y ecosistemas, es decir, cambios ambientales irreversibles. Asimismo, los embalses construidos producen gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Empero, el desplazamiento de personas es el efecto más común e inmediato.
En Perú, se han tomado cartas sobre el asunto, debido al Acuerdo Energético entre Perú y Brasil. Este consiste en construir centrales hidroeléctricas en territorio peruano para exportar energía eléctrica a Brasil por 30 años. Sin embargo, existe preocupación por parte de la población peruana, ya que no saben con exactitud si las hidroeléctricas puedan generar la energía suficiente para ambos países y, lo más importante, no están seguros sobre la pertinencia de construir un proyecto de tal magnitud en la amazonía peruana, porque sin lugar a dudas tendría un efecto negativo e irreversible en los ecosistemas de la región.
El río Inambari sería uno de los lugares en donde se construiría la hidroeléctrica que se conectaría a Brasil. De ser así, traería consigo impactos socioeconómicos como el desplazamiento de las poblaciones que habitan el lugar donde se va a construir la represa e impactos ambientales debido a que la vegetación y animales pequeños que habitan el lugar quedarían bajo el agua y también habría desplazamiento y extinción de especies endémicas.
El cañón de Pakitzapango es otra zona en donde se pretende construir otra represa cuyo embalse inundaría territorios ancestrales de comunidades nativas Ashaninkas que se asientan en la cuenca del río Ene. Tal situación, ha provocado descontento a nivel nacional e internacional porque no se toman en cuenta los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, el proyecto no cuenta con un estudio de pre-factibilidad, lo cual podría resultar en una catástrofe.
Así como el caso del río Inambari, la construcción de esta hidroeléctrica en el cañón de Pakitzapango traería consigo un desplazamiento forzado de comunidades Ashaninkas afectando directamente en su cultura y tradiciones, las cuales están estrechamente ligadas a aquel territorio. Asimismo, el impacto ambiental no sería mínimo, pues se habla de la deforestación de 30 mil hectáreas de bosque. “¿Por qué siempre los mismos debemos de pagar los costos del progreso?” se cuestiona Ruth Buendía, Presidenta de la Central de Ashaninka del Río Ene (CARE). “Nos han tratado siempre como peruanos de segunda y nos piden sacrificios de primera” continúa.
Por lo anterior, La Comisión Mundial de Represas, recomienda reducir la demanda de energía e invita a incentivar el uso eficiente de la misma, para que con ello queden cancelados proyectos que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y se promuevan opciones alternativas como centrales hidroeléctricas pequeñas que no necesitan represas, o bien, fuentes producción de energía eólica, solar y geotérmica.
Ejemplo de lo anterior es Uruguay, pues en los últimos años transformó su matriz eléctrica. El 97% de la electricidad de este país se genera a partir de fuentes renovables, y si bien la mayor parte es hidroeléctrica, tan sólo en 2018 el 38% de la electricidad generada fue eólica y la demás energía se generó mediante biomasa y energía solar.
Si se sigue el ejemplo de Uruguay, también se pueden evitar catástrofes como sucedió con la represa de Hidroituango en Colombia, que puso en riesgo a miles de personas que corrieron el riesgo de quedar bajo el agua, o bien, como pasó en Brasil con la ruptura de la presa Brumadinho en el año 2019 y que dejó decenas de muertos y centenas de desaparecidos. Casos así hay en todas partes, pues según datos de la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD, por su siglas en inglés), advierte que hay 59,071 represas en todo el mundo, sin sumar las próximas a construirse.
En México, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, informó que revisará el proyecto de la represa Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, el cual tiene como objetivo principal llevar agua a la Ciudad de León, Guanajuato y Guadalajara. Sin embargo, especialistas nacionales, investigadores y pobladores denuncian que el verdadero objetivo es llevar agua a las grandes empresas asentadas en Guanajuato. Además de que se corre el riesgo de inundar a tres pueblos y se corre el riesgo de perder 6 mil hectáreas de tierras cultivables.
Fue en el año 2016 cuando sujetos armados irrumpieron en casa de la hondureña Berta Cáceres y la asesinaron a balazos. En ese entonces, la defensora y activista indígena Lenca tenía una trayectoria de más de 20 años luchando y protegiendo a su pueblo y su territorio. Era reconocida mundialmente por organizar campañas eficaces contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y de comunidades indígenas.
Berta Cáceres enfrentó (muchas veces ganando) a madereros ilegales, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban el suministro de agua a comunidades indígenas. Su última batalla, antes de ser silenciada, fue contra Desa (Desarrollos Energéticos SA), empresa que construía la represa hidroeléctrica de Agua Zarca en el Río Gualcarque. De acuerdo con el Tribunal Penal Nacional de Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en su casa por 7 hombres contratados por ejecutivos de Desa.
A la activista la mataron por no estar acorde a la concepción de desarrollo que tenían aquellos empresarios, que según su intención, era “mejorar la calidad de vida de las comunidades”. Berta perdió la vida y el proyecto quedó suspendido, pero, ¿valió la pena el sacrificio?, ¿Qué son y para qué sirven las represas? son algunas de las incógnitas que surgen ante los hechos.
Las represas son construcciones de tierra, cemento o roca que se colocan en los ríos para interrumpir su flujo natural y así generar un lago artificial que se llama embalse. Esta agua que queda en el embalse, puede ser utilizada para irrigación, evitar inundaciones o para generar electricidad. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, los impactos negativos suelen ser más que los positivos.
La Comisión Mundial de Represas (CMR) integrada por empresarios, gobiernos, investigadores y sociedad civil, demuestran que las represas han impactado severamente en diversos ecosistemas y, a nivel social, su impacto también es grave ya que se estima que alrededor del mundo el desarrollo de grandes represas ha provocado el desplazamiento de entre 40 a 80 millones de personas de sus hogares (véase en https://dar.org.pe/archivos/publicacion/acuerdo_energetico_peru_brasil.pdf). Aunado a los daños ambientales que las represas provocan por sí mismas, se agrega el impacto del humano en el terreno de construcción: caminos de acceso, campamentos de construcción, líneas de electricidad entre otras actividades industriales.
La CMR menciona que los impactos ambientales siempre son negativos y en muchas ocasiones tiene como resultado la pérdida de especies y ecosistemas, es decir, cambios ambientales irreversibles. Asimismo, los embalses construidos producen gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Empero, el desplazamiento de personas es el efecto más común e inmediato.
En Perú, se han tomado cartas sobre el asunto, debido al Acuerdo Energético entre Perú y Brasil. Este consiste en construir centrales hidroeléctricas en territorio peruano para exportar energía eléctrica a Brasil por 30 años. Sin embargo, existe preocupación por parte de la población peruana, ya que no saben con exactitud si las hidroeléctricas puedan generar la energía suficiente para ambos países y, lo más importante, no están seguros sobre la pertinencia de construir un proyecto de tal magnitud en la amazonía peruana, porque sin lugar a dudas tendría un efecto negativo e irreversible en los ecosistemas de la región.
El río Inambari sería uno de los lugares en donde se construiría la hidroeléctrica que se conectaría a Brasil. De ser así, traería consigo impactos socioeconómicos como el desplazamiento de las poblaciones que habitan el lugar donde se va a construir la represa e impactos ambientales debido a que la vegetación y animales pequeños que habitan el lugar quedarían bajo el agua y también habría desplazamiento y extinción de especies endémicas.
El cañón de Pakitzapango es otra zona en donde se pretende construir otra represa cuyo embalse inundaría territorios ancestrales de comunidades nativas Ashaninkas que se asientan en la cuenca del río Ene. Tal situación, ha provocado descontento a nivel nacional e internacional porque no se toman en cuenta los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, el proyecto no cuenta con un estudio de pre-factibilidad, lo cual podría resultar en una catástrofe.
Así como el caso del río Inambari, la construcción de esta hidroeléctrica en el cañón de Pakitzapango traería consigo un desplazamiento forzado de comunidades Ashaninkas afectando directamente en su cultura y tradiciones, las cuales están estrechamente ligadas a aquel territorio. Asimismo, el impacto ambiental no sería mínimo, pues se habla de la deforestación de 30 mil hectáreas de bosque. “¿Por qué siempre los mismos debemos de pagar los costos del progreso?” se cuestiona Ruth Buendía, Presidenta de la Central de Ashaninka del Río Ene (CARE). “Nos han tratado siempre como peruanos de segunda y nos piden sacrificios de primera” continúa.
Por lo anterior, La Comisión Mundial de Represas, recomienda reducir la demanda de energía e invita a incentivar el uso eficiente de la misma, para que con ello queden cancelados proyectos que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y se promuevan opciones alternativas como centrales hidroeléctricas pequeñas que no necesitan represas, o bien, fuentes producción de energía eólica, solar y geotérmica.
Ejemplo de lo anterior es Uruguay, pues en los últimos años transformó su matriz eléctrica. El 97% de la electricidad de este país se genera a partir de fuentes renovables, y si bien la mayor parte es hidroeléctrica, tan sólo en 2018 el 38% de la electricidad generada fue eólica y la demás energía se generó mediante biomasa y energía solar.
Si se sigue el ejemplo de Uruguay, también se pueden evitar catástrofes como sucedió con la represa de Hidroituango en Colombia, que puso en riesgo a miles de personas que corrieron el riesgo de quedar bajo el agua, o bien, como pasó en Brasil con la ruptura de la presa Brumadinho en el año 2019 y que dejó decenas de muertos y centenas de desaparecidos. Casos así hay en todas partes, pues según datos de la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD, por su siglas en inglés), advierte que hay 59,071 represas en todo el mundo, sin sumar las próximas a construirse.
En México, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, informó que revisará el proyecto de la represa Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, el cual tiene como objetivo principal llevar agua a la Ciudad de León, Guanajuato y Guadalajara. Sin embargo, especialistas nacionales, investigadores y pobladores denuncian que el verdadero objetivo es llevar agua a las grandes empresas asentadas en Guanajuato. Además de que se corre el riesgo de inundar a tres pueblos y se corre el riesgo de perder 6 mil hectáreas de tierras cultivables.
Canalizan y entuban nuestros ríos,causan muerte de miles de peces y otros seres vivos.Colocan seguridad armada para proteger lo que han robado a las Comunidades Q’eqchi’s.Llevo 1253 días de estar encarcelado a petición de las hidroeléctricas.
