El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM) invita a la presentación de la publicación «Memoria Histórica del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER)». En esta publicación, «la voz colectiva es la que resuena. La que habla y se hace escuchar; es la voz de los mayores, de las mujeres, de los hombres, de los niños y niñas, de quienes hemos impulsado la lucha y quienes se han sumado a ella, día a día». Para el COPUDEVER, la importancia del río «también nace de las historias de los ancestros y sin ella no podríamos entender nuestra relación con él. Por eso, no nos cabe la duda que defender el Río Verde es defender la vida. Nuestra lucha es por el territorio, los bienes naturales y nuestra autonomía». En la presentación, que se transmitirá en vivo el miércoles 26 de mayo a partir de las 12 horas, participarán la abogada independiente Claudia Gómez Godoy y Itzel Silva Monroy de Fundar A.C., así como Eloy Cruz Gregorio y Leonor Días Santos del COPUDEVER.
Se cumplieron más de 100 días del crimen cometido contra el defensor del territorio y autoridad agraria del Ejido Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz. A este crimen sucedieron los asesinatos de Jaime Jiménez Ruiz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes. Paso de la Reyna se ha convertido en un escenario de terror frente a la mirada cómplice de autoridades locales, estatales y federales.
Después de 100 días no se observa voluntad política, ni del gobernador, ni de las autoridades de justicia: ¿acaso apuestan al colapso de una comunidad que se ha opuesto a la destrucción de su entorno natural y ambiental?, ¿están encubriendo a familias o grupos políticos afines a la actual administración?, ¿no ha sido suficiente la presión internacional para que las autoridades presenten resultados?
La falta de respuesta institucional a un problema tan grave como es la violencia contra defensores del territorio en Oaxaca, abre estas y otras interrogantes. Paso de la Reyna es ahora una comunidad a la deriva, sin presencia de seguridad pública del Estado, a merced de las manos criminales, mientras la clase política inicia el festín de las campañas electorales.
👉Link para registrarse: https://bit.ly/3eBtkci Más información: https://cejil.org/es/foro-internacional-honduras-y-su-responsabilidad-detencion-arbitraria-caso-guapinol
(EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció este jueves que apoyará a Honduras con 654.600 dólares para los estudios de prefactibilidad técnica y económica para construir una represa e infraestructuras hidráulicas en un municipio del sur del país.
La cooperación técnica fue acordada en un convenio firmado por la directora del BCIE para Honduras, Catherine Chang Carías, y el ministro hondureño de Finanzas, Marco Midence, indicó la oficina de prensa del organismo regional.
«Esta cooperación es parte de la contribución del Banco al proceso de recuperación nacional luego de la emergencia causada por los huracanes Eta e Iota», dijo el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.
Este tipo de cooperaciones fortalecen «la resiliencia de la región ante fenómenos naturales extremos a través de la implementación de obras destinadas a la regulación de caudales y control de inundaciones, así como el suministro de agua para consumo humano y riego y, de ser posible, también la generación de energía», enfatizó.
La institución, creada en 1960, señaló que los recursos financiarán los estudios preliminares a nivel técnico, ambiental, social, económico y financiero para ver la factibilidad y diseño final de la represa del municipio de Morolica e infraestructuras hidráulicas.
Agregó que la obras permitirán mejorar «la seguridad hídrica de la cuenca baja del Río Choluteca, previniendo inundaciones y sequías simultáneamente», lo cual beneficiará a 250,000 habitantes de Morolica, departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.
La licitación y contratación de la consultora encargada de los estudios se realizará en los próximos meses, para que los resultados estén listos en el primer semestre de 2020, añadió el BCIE.
El organismo financiero regional precisó que las obras están relacionadas con la Estrategia Institucional del BCIE 2020-2024, especialmente en el Eje de Desarrollo Humano e Inclusión Social, que genera capacidades sociales que conlleven a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la región centroamericana.
La iniciativa contribuirá también con la Agenda 2030 en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número seis que busca garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para la población global, bajo una gestión sostenible y equitativa.
El BCIE fue fundado por El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Luego se sumaron Panamá y República Dominicana como socios regionales, mientras que Belice está bajo el estatus de país beneficiario no fundador.
Los países socios extrarregionales del BCIE son Argentina, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, México y Taiwán.
En su artículo “Guardianes de los ríos Un homenaje a Fidel Heras Cruz y Miguel Vázquez Martínez” para El Topil 42, María González Valencia afirma que “la muerte de Fidel se suma a la de cientos de personas defensoras comunitarias, de los ríos y del territorio, a quienes los gobiernos en contubernio con los caciques, las empresas y el crimen organizado les han arrebatado la vida por oponerse a proyectos de muerte, como la construcción de presas o la lucha por impedir la explotación de materiales pétreos de sus ríos”. María González nos recuerda los compañeros caídos del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), al que también pertenecía Fidel: En Veracruz, el 2 de agosto del 2013 cuando iniciaba el X Encuentro Nacional del MAPDER, el compañero Noé Vázquez, del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, fue asesinado por oponerse al proyecto Hidroeléctrico El Naranjal, en Amatlán de los Reyes. En Mazatlán, el 14 de octubre del 2014 fue asesinado el compañero Octavio Atilano Román Tirado, opositor a la presa Picachos en Sinaloa, cuando conducía un programa radiofónico dentro de la cabina de la estación. En ese mismo año en Guerrero asesinaron a Celerino García Hernández, y el 7 de enero del 2018 en La Concepción, les quitaron la vida a los compañeros Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo y Feliciano Ascencio, todos integrantes del Consejo de Ejidos Opositores a la Presa la Parota (CECOP), que defendían el que el Río Papagayo no fuera represado e impedían el despojo de materiales pétreos. En 2021, fueron encontrados en una fosa clandestina los restos de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, en Tlapacoyan, Veracruz. Y en Paso de la Reyna, después del asesinato impune de Fidel Heras Cruz, el 15 de marzo fueron acribillados los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, así como el 28 de marzo Jaime Jiménez Ruiz. “En México defender los ríos cuesta la vida”, afirma María González, tras el recuento de estos 14 asesinatos de guardianes de los ríos en menos de ocho años.
La guerra por el agua es una realidad en África. Egipto y Sudán se oponen a una represa que quiere construir Etiopía y que podría reducir el agua que les llega del río Nilo.
El mundo no es como lo pintan / William Orlando Niampira
El mundo no es como lo pintan. / William Orlando NiampiraEl mundo no es como lo pintan. / William Orlando NiampiraEl mundo no es como lo pintan / William Orlando NiampiraEl mundo no es como lo pintan / William Orlando NiampiraEl mundo no es como lo pintan / William Orlando NiampiraEl mundo no es como lo pintan / William Orlando NiampiraEl mundo no es como lo pintan / William Orlando NiampiraEl mundo no es como lo pintan / William Orlando NiampiraEl mundo no es como lo pintan / William Orlando Niampira
Bolsonaro quiere reactivar construcción del Complejo hidroeléctrico más grande de América Latina. El Movimiento de Afectados por Represas @MAB_Brasil advierte que unas 20 mil personas de Argentina y Brasil serían afectadas a ambos lados del río Uruguay.
Entrevistas 23 de abril | 2021
Brasil quiere reactivar construcción del complejo hidroeléctrico más grande de América latina
Movimiento de Afectados por Represas (MAB) advierte que unas 20 mil personas de Argentina y Brasil serían afectadas a ambos lados del río Uruguay.
El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) está en alerta ante la posible reactivación del proyecto hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí, que desarrollarían la empresa Eletrobras junto a Ebisa de Argentina.
De realizarse, el proyecto se convertiría en el complejo hidroeléctrico más grande de América Latina, con una presa construida a cada lado del río Uruguay, afectando a 35 municipios entre Argentina y Brasil, lo que implicaría a unas 12.600 personas -según cálculos oficiales- o a más de 20 mil personas, según cálculos del MAB.
Nos comunicamos con Tatiane Paulino de la coordinación nacional del MAB en Río Grade do Sul para analizar los impactos y afectaciones que podría provocar este proyecto si se reactivara.
«Enfrentamos dos virus en Brasil: la COVID-19 y el negacionismo de Bolsonaro -dijo la activista-. El país pasa por una crisis económica, más de 19 millones de personas tienen hambre… y en este contexto van a reactivar un proyecto hidroeléctrico que implicaría expulsar a miles de personas de los municipios donde viven, sin haber sido consultadas previamente sobre qué opinan del proyecto ni haberles brindado información de a dónde podrían ir a vivir. Además, la construcción de estas megarepresas implica inundar 60 hectáreas del Parque Turvo y unas 90 mil hectáreas en total serían afectadas, entre ambos países».
EL PROYECTO
El proyecto hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí se remonta a los años 70, cuando Argentina y Brasil estaban viviendo dictaduras. Desde entonces pasó por varios avances, contratiempos y resistencias.
La propuesta que se maneja actualmente es de 2010, basada en los Estudios de Inventario Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Uruguay realizados por las empresas Eletrobras de Brasil y Ebisa de Argentina. Supone la construcción de la presa de Panambí con una altura de 130 metros, que inundaría unas 60 hectáreas del Parque Estatal de Turvo, que alberga especies animales en peligro de extinción, como el jaguar, el tapir, el puma, el águila arpía, entre otras especies de fauna y flora.
Con ese dato, la Justicia decidió frenar la construcción, respondiendo a una acción civil pública presentada por los Ministerios Públicos de Santa Rosa y del Estado de Rio Grande do Sul contra el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) y Eletrobrás. Entre 2015 y 2017 varios tribunales ordenaron frenar los estudios de impacto ambiental y se ordenó al IBAMA que «se abstenga de seguir adelante con el proceso de concesión de licencias ambientales para construir la central eléctrica de Panambi o cualquier otra que implique un daño directo o indirecto al Parque Estatal de Turvo».
Pero el próximo miércoles 28 de abril la situación podría cambiar, ya que el IBAMA y Eletrobrás presentaron un recurso en el tribunal TRF4 de Porto Alegre para reanudar los estudios de impacto ambiental en la presa de Panambí. «Si se aprueba la reanudación de los estudios esto significará un aval para la construcción del complejo hidroeléctrico binacional», advierten desde el MAB.
«La gente no fue consultada por estos proyectos y vive con mucha angustia e incertidumbre lo que podría pasar con ellos si se aprueba la construcción de la hidroeléctrica», dijo Tatiane Paulino, recordando que miles de personas se dedican a la pesca artesanal y a la agricultura.
Las mega represas serían construidas en el río Uruguay, en la frontera entre Brasil y Argentina, entre el estado de Rio Grande do Sul (BR) y las provincias argentinas de Corrientes y Misiones. El proyecto incluye dos presas: la de Garabi ubicada desde los municipios de Garruchos (BR y ARG), afecta a 8 municipios brasileños y 7 argentinos. La presa de Panambi se encuentra en los municipios de Alecrim (BR) y Panambi (ARG), llegando a 11 municipios brasileños y 9 argentinos.
«Todos los días hay nuevos proyectos de privatización en Brasil, como éste que retoma la privatización de Eletrobras a través del proyecto hidroeléctrico binacional», advirtió la coordinadora del MAB.
Mientras siguen sin desarrollarse políticas que garanticen los derechos de afectados por represas, «hay una connivencia entre el gobierno y el estado de Río Grande do Sul para garantizar todos los medios legales para desarrollar la construcción del proyecto con Eletrobrás. Las autoridades están discutiendo una nueva ley ambiental en el Estado de RS para autorizar la reducción del Parque Turvo y justificar así la construcción de la hidroeléctrica».
