El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.
Para Berta Züñiga , el detenido, ingeniero electricista, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es “la pieza clave que vincula a los autores intelectuales” del asesinato.
“Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales”, declaró la hija mayor de Cáceres al respecto.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y la comunidad de Río Blanco no deben ser excluidos de procesos judiciales de los cuales somos víctimas.
Estimadas y estimados miembros de los mecanismos internacionales de DDHH.
Los pueblos indígenas en Honduras llevamos siglos luchando por la sobrevivencia en contra de la colonización y en la defensa de nuestros bienes naturales, derechos y cosmovisiones. Sin embargo, a 528 años de resistencia se sigue atropellando nuestra existencia. Ni siquiera el derecho básico a ser reconocidos como sujetos de derechos se respeta.
El Estado de Honduras niega la condición de víctima y parte en procesos judiciales a nuestra organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y al Consejo Indígena Lenca de Río Blanco. En una práctica continuada de colonización y desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.
En el año 2014, el COPINH y la comunidad de Río Blanco, liderados por la Coordinadora General Berta Cáceres, interpusimos denuncias formales[1] en contra de 51 proyectos inconsultos e ilegales sobre el territorio del pueblo Lenca. Entre estos se encuentra el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, que pretendía explotar el sagrado río Gualcarque de la comunidad Lenca.
Debido a la instalación inconsulta e ilegal del proyecto Agua Zarca, fueron cometidas graves violaciones de derechos humanos[2] contra la comunidad Lenca de Río Blanco, y debido a su oposición a dicho proyecto, fueron muertas 6 personas[3], entre ellas nuestra compañera Berta Cáceres[4].
Tres años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) presentaron el caso Fraude Sobre el Gualcarque[5], imputando a 16 funcionarios públicos por graves delitos de corrupción en beneficio de la familia Atala Zablah, a través de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para la obtención de contratos y permisos por parte del Estado para el desarrollo de dicho proyecto hidroeléctrico. El COPINH en representación de la comunidad de Río Blanco participó de las primeras etapas del proceso judicial de Fraude Sobre Gualcarque, sin embargo, a raíz de una petición de los imputados, la Corte de Apelaciones Nacional en Materia de Corrupción, decidió en fecha 28 de agosto de 2019 excluir a la organización del pueblo Lenca de dicho proceso[6], a pesar que la organización y la comunidad, las víctimas directas de los hechos de fraude y corrupción, incluyendo la inobservancia de los derechos de las comunidades indígenas.
Ante esta decisión, el equipo legal del COPINH, interpuso un recurso de reposición, lo cual fue declarado sin lugar en fecha 4 de septiembre de 2019.
Posterior a esta negativa se interpuso un recurso de amparo para la protección constitucional de los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, respeto y garantías fundamentales de los pueblos indígenas en fecha de 4 de octubre de 2019 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El recurso de amparo fue admitido para su trámite por la Sala Constitucional, en fecha 23 de enero de 2020. Sin embargo, no se decretó una suspensión del proceso judicial[7] del caso de Fraude mientras se resolvía dicho amparo. Esto implica que seguiría el avance del caso sin la participación y la voz del COPINH y la comunidad Lenca.
Así es que en fecha 28 de septiembre del presente año[8] se iniciaron las audiencias del juicio oral y público del caso Fraude Sobre el Gualcarque sin resolución del amparo, negando de hecho el acceso a la justicia y a la verdad para el COPINH y a la comunidad Lenca.
Cabe notar que las audiencias de este proceso carecen de publicidad debido a las restricciones por la crisis sanitaria por la COVID 19. El Poder Judicial debe asegurar su publicidad a través de transmisiones por medios virtuales para que las víctimas y la sociedad hondureña puedan ejercer la auditoría que demanda un juicio público.
El Estado de Honduras debe respetar y garantizar los derechos de las comunidades lencas y la organización del COPINH del acceso a la justicia y a la verdad. El poder judicial de Honduras debe garantizar el debido proceso, asegurando en todo momento el derecho a las víctimas y familiares a participar de forma activa en un proceso judicial que les reconoce como tales, así como el derecho fundamental de las comunidades indígenas lencas como sujetas de derecho.
Organizaciones internacionales[9][10] han llamado al Estado de Honduras a que rectifique su accionar frente a las víctimas del caso Fraude Sobre el Gualcarque. Llamamos a la comunidad internacional para que ejerza sus buenos oficios e inste al Estado de Honduras a que se respeten los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, garantizadas por los estándares internacionales.
#JusticiaParaBerta #JusticiaParaLosPueblos
Bertha Zúniga – Coordinadora General. COPINH
María Santos Domínguez – Consejo Indígena Lenca de Río Blanco.
Hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público.
El proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah.
En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente.
La defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública.
El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita.
Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañanera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, complices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 20 de abril de 2020
El COPINH sobre la desvinculación del BCIE al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, comunica lo siguiente:
La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.
El BCIE, sin embargo, omite decir que en realidad no retiró su financiamiento sino que vendió el mismo a un consorcio suizo. Lo que implica que abrió la ventana para que la amenaza de la construcción de dicho proyecto inconsulto siga en pie con otros actores y otros nombres.
El COPINH rechaza el cinismo con el que el BCIE se refiere a la Consulta Previa cuando su “desvinculación” viene muy tarde y ya han pasado más de 7 años de la denuncia de la comunidad de Río Blanco, la muerte de por lo menos 6 compañeros y compañeras de esa comunidad y 4 años después del asesinato de Berta Cáceres, crimen que necesitó de ese financiamiento internacional.
El COPINH exige que el BCIE realmente respete el derecho de consulta y no continúe financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, que afecta a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios
El BCIE no se retira del proyecto porque piense hacer lo correcto, sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.
A más de 4 años de su muerte,Berta Cáceres sigue obteniendo victorias.
¡BertaVive y vive!
Dado en La Esperanza a los 20 días del mes de abril del 2020
Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
En Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anuncia en su página web la conclusión de su proceso de disociación definitiva del proyecto hidroeléctrico presa Aguazarca sobre el río Gualcarque en territorio indígena Lenca, proyecto por el cual asesinaron a la coordinadora de la organización COPINH Berta Cáceres en 2016.
El COPINH exige, por su parte, la cancelación definitiva del proyecto y señala: El BCIE no se retira porque piense hacer lo correcto sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres
En Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anuncia en su página web la conclusión de su…
Entrevista a Daina Hernández de COPINH y Koritza Ortez del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia de Honduras.
Durante el último día del Primer Encuentro Continental del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR) en Panamá, Radio Mundo Real entrevistó a Daina Hernández del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y Koritza Ortez del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) de Honduras.
Ambas dialogaron con María Selva Ortiz, de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay para RMR, sobre la coyuntura hondureña.
“El libro estaba listo y revisado por Berta cuando fue el crimen. En ese momento, el espanto y el impacto llevaron a detener la publicación y a repensarla. Ahora, cuando pasaron más de dos años de aquel momento en que creyeron borrarla de la historia, cuando desde diversos lugares se la nombra, cuando se inició el juicio a una parte de los asesinos, queremos dar a conocer estas pinceladas de su pensamiento potente y de sus sueños fértiles. Seguramente otras voces podrán completar la mirada sobre los aportes de Berta a nuestras rebeldías. Amigas, compas que compartieron distintos tramos de su intensa vida, irán diciendo lo suyo. Éste es el intento de que no se escapen los diálogos que tenía guardados y entregarlos a la memoria colectiva. Espero que sea una contribución para quienes quieran conocerla, recordarla, y especialmente para el COPINH, la organización que creó, promovió, impulsó, organizó, defendió y amó, y en la que quedó plantada su estrella. La experiencia del COPINH y de Berta en un tiempo en que las nubes pretenden ocultar el horizonte de esperanzas en todo el continente, será interesante para asumir nuevos momentos de lucha en los que esperamos que su voz resuene aún más intensa y fuerte, para estimular la Refundación de Honduras y de nuestro Abya Yala desde abajo, desde las raíces. Para que aún frente a los reveses, hablemos en clave de revoluciones, como lo hizo Berta, sabiendo que ellas laten en el corazón rebelde de los pueblos.”
PARA LEER O DESCARGAR EN: https://www.cesp-pd.it/spip/IMG/pdf/lasrevolucionesdeberta.pdf
#DESA es una empresa que desarrolló acciones criminales en contra de las comunidades miembras del COPINH y en contra de Berta Cáceres. Esta estructura criminal, instrumentalizo personas a fines a sus intereses, realizó pagos para atacar al copinh justificándolos como apoyo comunitario. #DESACulpable # JusticiaParaBerta.
