A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS- ONU-DH MÉXICO.
A LOS ORGANISMOS CIVILES.
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.
AL PUEBLO EN GENERAL.
Pueblos y comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio y bienes naturales comunes manifestamos, que desde el 2006 nuestros pueblos y comunidades se han visto amenazados por la construcción de un megaproyecto denominado, Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina”.
En el 2007, pueblos y comunidades afectadas integramos el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y desde esa fecha hemos venido realizando diferentes actividades de denuncia pública y jurídica, de acuerdo a lo establecido y estipulado en las leyes nacionales y en los tratados internacionales como el Convenio 69 de la OIT. Además, hemos velado por nuestros derechos de manera y forma pacífica, sin violencia y sin afectar los derechos de terceros.
Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho: MAB denuncia acuerdo sin participación de los afectados
La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 27/01/2021 – Atualizado 27/01/2021
“El único objetivo de la Vale es el lucro por encima de la vida. En la región de Brumadinho, la empresa, a cualquier costo, actúa con el propósito de no pagar por sus crímenes. Quiere evitar nuevos gastos en la reparación de los derechos violados. Al mismo tiempo, quiere continuar explotando minerales en Minas Gerais, enviándolos fuera del país sin pagar el mínimo de los impuestos”
Para conseguir tales objetivos, la Vale utiliza diversas estrategias, desde la subyugación de gobiernos, parlamentarios, el Poder Judicial, órganos del gobierno y demás estructuras jurídicas institucionales, hasta la desorganización de la población y el debilitamiento de su capacidad de lucha por medio de la cooptación de los afectados, afectadas y liderazgos populares, aunado a la constante divulgación de noticias falsas.
Existe también una estrategia ideológica de comunicación, con propagandas dirigidas a la sociedad y a los accionistas para ocultar la realidad del pueblo y burlar los hechos verdaderos.
La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros.
En la práctica, lo que la Vale está haciendo es, a través de su poder económico, controlar política e ideológicamente para dominar el territorio y con ello continuar garantizando altos lucros para el sistema financiero, para banqueros y fondos de inversiones internacionales; sus propietarios actuales.
La población de la cuenca del río Paraopeba y el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) fueron sorprendidas el día 22 de octubre de 2020, en el silencio de la noche, con la noticia de que la empresa Vale S.A., el gobierno del estado de Minas Gerais e instituciones de la Justicia estaban realizando un gran acuerdo clandestino que decidía el futuro de las indemnizaciones y la vida de los afectados en la región.
Este acuerdo es un escándalo, porque decide sobre el proceso de reparación, como resultado de la ruptura de la represa de Córrego do Feijão, en Brumadinho, de forma descarada, sin la participación de las personas afectadas y contando además con la protección del deber de sigilo jurídico bajo la decisión de juezes y fiscales.
El acuerdo global involucra a la Vale, el gobierno de Minas, las defensorías y ministerios públicos, además de la Fiscalía General de la Unión.
Inicialmente, contemplaba un proceso judicial por el valor total de R$ 54 mil millones que incumbía a dos demandas: una de R$ 26 mil millones, que corresponde a los daños económicos sufridos por el estado y otra de R$ 28 mil millones que corresponde a los daños morales y sociales colectivos; a la comunidad.
La empresa Vale propuso pagar un total de R$ 21 mil millones, siendo el “techo global” de pagos unos R$ 16,45 mil millones, que incluiría la realización de obras en Belo Horizonte, ubicada a 60 kilómetros de distancia de Brumadinho, R$ 3 mil millones previstos para la recuperación ambiental, además de los R$ 2,2 mil millones ya usados en indemnizaciones para cerca de 8 mil afectados. Una parcela mil millonaria también sería distribuida al Poder Judicial para que coordinasen acciones en el llamado “sector terciario”.
Esta propuesta de la empresa plantea un reducir para menos de la mitad del valor total de las dos demandas. El hecho concreto es que el acuerdo no permite la participación efectiva de los afectados y afectadas. O sea, las víctimas siguen excluidas, mientras que los señores dueños del poder quieren lucrarse por encima del crimen y de la vida de millares de afectados por la fechoría de la Vale.
Los afectados y afectadas reivindican que las discusiones sobre la reparación de daños no atienden las cuestiones de emergencia (pago de emergencia, suministro de agua, indemnizaciones, entre otros) que garantizarán las condiciones de vida hasta la reparación integral.
Los afectados no están contra el acuerdo, pero, tratándose de la vida del pueblo, deben ser protagonistas en cualquier acuerdo que trate sobre el futuro de sus vidas y de la definición de un valor justo en la reparación de daños, este debe ser un derecho asegurado; poder participar de las decisiones.
El acuerdo es una jugada de la empresa criminal, al colocar para un Estado financieramente fallido la posibilidad de recaudar algunos miles de millones a “nombre de los afectados”, que representan algunos pocos meses del lucro líquido de la empresa, a cambio de la condonación total del pasivo debido por la propia incompetencia en el manejo de la represa de la Mina Córrego do Feijão, en Brumadinho. Así la empresa deja de ser la responsable por la reparación de los derechos de las víctimas, pasando la responsabilidad al Estado.
Se nota que la justicia no se ha mostrado un instrumento efectivo para la reparación integral de los daños, del acceso a la justicia y que no garantiza los derechos de las víctimas.
El Poder Judicial poco conoce de los casos y las necesidades reales y urgentes de los afectados en las localidades. Además de eso, las mineras poseen un enorme aparato jurídico a través de sus innúmeros escritorios de abogacía.
Eso conduce a una fuerte incisión jurídica en recurrir a las decisiones, lo que permite que el aplazamiento de determinaciones definitivas privilegie a quien tiene las mejores condiciones, en este caso, las empresas. De esa forma, esto conlleva a la morosidad en la reparación tanto del medio ambiente como de las víctimas, pues las sobrecarga con un tiempo procesual muy largo.
Así como en la cuenca del río Doce, nuevamente un acuerdo fue construido sin la participación de la población afectada, bajo el pretexto de que la conciliación es la mejor y más rápida forma para la resolución del proceso.
Sin embargo, denunciamos aquí que la celeridad atiende solamente a los objetivos del gobierno del estado de Minas Gerais y de la empresa Vale, sin que eso garantice los derechos de los afectados, especialmente el derecho a la participación.”
Justicia para Fidel: Asesinan a Fidel Heras Cruz defensor comunitario de Paso de la Reina, Oaxaca
25 enero, 2021
El defensor comunitario Fidel Heras Cruz, presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), fue asesinado a balazos. El 23 de enero, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, personas encontraron el cuerpo del defensor comunitario en el interior de su camioneta, la cual presentaba impactos de arma de fuego. Las autoridades de Paso de la Reyna mencionan en su denuncia del crímen que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. Desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez (emanada del PRI), insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río. En agosto de 2020, la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río. El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER, Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM. Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA y Ecosta Yutu Cuii exigimos “al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos” y “solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina”.
Desde América Latina, India, Europa y Estados Unidos promoverán la «Declaración Universal de los Derechos de los Ríos» en Foro Social Mundial (este 26 de enero).
“¿Quién le puede dar derechos a una Madre Tierra si nosotros somos sus hijos?”: Óscar Olivera, defensor ambiental.
Óscar Olivera Foronda, activista y miembro de la Fundación Abril y Red Vida en Bolivia invita a reflexionar sobre cómo son percibidos los llamados “derechos de la naturaleza”, y cómo es que nosotros y nosotras como habitantes de la tierra los empleamos.
Por Eric Sandoval / @eric20san
“Cuando se habla de derechos a la madre tierra, me pone a reflexionar si nosotros como raza humana estamos permitidos darle derechos a la madre tierra, cuando ella es la que nos da permanente vida, ¿quién le puede dar derechos a una madre tierra si nosotros somos sus hijos?”, relató Óscar Olivera, quien fue parte de la lucha por la desprivatización del agua en Cochabamba, Bolivia en el año 2000 y sigue estando en resistencia bajo la consigna: “el pueblo puede vencer a los más poderosos”.
A pesar de que los gobiernos se esfuerzan por dotar de derechos a la Madre Tierra, a través de leyes y otros instrumentos reguladores, esto representa también un acto de perspectiva occidental del derecho, dijo Olivera Foronda, en el marco de la “Jornada de Celebración y Acción: Por Ríos Libres de Represas, Tóxicos y Extractivismo”, un evento organizado por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Movimiento Mexicano de Afectadxs por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y Colectivo de Abogadxs.
“Quien tiene derechos, tiene obligaciones, ¿qué obligación tiene la madre tierra con nosotros?, ninguna”, afirmó el defensor. Cuidarla, apreciarla, agradecer y mimarla como una madre, invitó Óscar, ya que en ella construimos nuestros hogares, escuelas, centros recreativos, además de que nos ofrece alimentos que se forman dentro de ella.
“Los derechos de la madre suponen ponerme encima de mi mamá”, mencionó Óscar.
En ese sentido, el activista también mencionó que la privatización significa la destrucción de nuestra memoria e historia, lo que es el factor más importante para que las nuevas generaciones puedan continuar con la lucha. Así mismo, Olivera Foronda mencionó la importancia de cuestionar el derecho humano al agua, ya que con ese precedente, se excluye el derecho que tienen todos los seres vivos al agua e, incluso, a la misma Madre Tierra.
“La llegada de la cotización del agua en la bolsa de valores de Wall Street representa una visión capitalista y mercantilista de algo que debe ser un bien común”, dijo Óscar.
Finalmente, mencionó que hacer justicia mediante vías legales y legítimas siempre será un gran paso, pero la solución siempre debe nacer en la movilización del pueblo ante una institucionalidad nefasta y contraria.
Eric Sandoval Más tapatío que la torta ahogada. Serio y comprometido con las distintas luchas sociales y con su labor periodística. Cubre conflictos ambientales, movimientos urbanos y personas desaparecidas. Ganador del Premio Jalisco de Periodismo 2019.
La semana pasada tuvo lugar “Ríos para la vida – 10 años después”, un “emotivo reencuentro mundial, dinamizado desde México, de defensoras y defensores de ríos, territorios y sus comunidades, víctimas invisibles de la crisis global del agua”, afirma Julio César Ramírez en su artículo sobre el foro virtual. A 10 años del tercer encuentro internacional de afectados por las presas que se realizó en 2010 en Temacapulín, Jalisco – amenazado de inundación por la construcción de la presa El Zapotillo, hoy detenida – “se festejaron las victorias de los pueblos, a los ríos, pero también se identificaron nuevos retos y desafíos locales, regionales y planetarios”. Cabe recordar que el encuentro en Temacapulín reunión en 2010 a 350 delegaciones provenientes de 64 países, todos “víctimas y luchadores por un mundo más justo, digno y sostenible, en una comunidad símbolo de festiva resistencia: Temacapulín, cariñosamente llamado Temaca”. Diez años después, “el piso de esta resistencia mundial es la Declaración de Temaca, emitida en 2010, vigente en 2020 con algunos ajustes. La primera gran estación será el 14 de marzo del 2021, día de acción internacional contra represas y por el agua, la vida y las comunidades, momento en que Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, lanzará una declaración global adecuada que retome los planteamientos de la Comisión Mundial de Represas, según anunció al participar en este reeencuentro”.
Tres días de la semana que termina fueron jornadas de celebración y acción por ríos libres de represas, tóxicos y extractivismo. Un emotivo reencuentro mundial, dinamizado desde México, de defensoras y defensores de ríos, territorios y sus comunidades, víctimas invisibles de la crisis global del agua. A 10 años del tercer encuentro internacional de afectados por las presas y sus aliados -conocido como Ríos para la vida 3-, que se realizó en octubre del 2010 en el hermoso pueblo de Temacapulín, en Los Altos de Jalisco -amenazado de inundación por la construcción de la presa El Zapotillo, hoy detenida-, se festejaron las victorias de los pueblos, a los ríos, pero también se identificaron nuevos retos y desafíos locales, regionales y planetarios, reflexionados en la reunión, ahora virtual, «Ríos para la vida, 10 años después».
La Comisión Mundial de Presas estima que las 45,000 grandes presas construidas en el siglo XX provocaron el desplazamiento de entre 40 y 80 millones de personas. La privatización de los servicios de agua y saneamiento por la presión del Banco Mundial ha transformado a los ciudadanos en clientes, ignorando que el acceso al agua potable debe ser garantizado como derecho humano. Padece el planeta un verdadero holocausto hidrológico en el que las víctimas parecen lejanas y sin rostro, prescindibles en nuestra conciencia. El tercer encuentro de afectados y afectadas por represas, reunió en 2010 a 350 delegaciones de esas personas provenientes de 64 países, víctimas y luchadores por un mundo más justo, digno y sostenible, en una comunidad mexicana símbolo de festiva resistencia: Temacapulín, cariñosamente llamado Temaca.
Diez años después, el piso de esta resistencia mundial es la Declaración de Temaca, emitida en 2010, vigente en 2020 con algunos ajustes. La primera gran estación será el 14 de marzo del 2021, día de acción internacional contra represas y por el agua, la vida y las comunidades, momento en que Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, lanzará una declaración global adecuada que retome los planteamientos de la Comisión Mundial de Represas, según anunció al participar en este reencuentro «Ríos para la vida, 10 años después».
Los convocantes fueron el Comité Salvemos Temaca y defensores de los ríos y el agua como MAPDER, IMDEC, COMDA, Colectivo de Abogados, REMA, International Rivers, RedLar.
En esta ocasión, el Comité Salvemos Temaca habló de la lucha contra la presa El Zapotillo. Y Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas, conversó acerca del movimiento mundial de afectados por represas y en defensa de los ríos, y de la transición a energías renovables.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), de Guerrero, explicó la lucha por los ríos en México.
La conversación «El hermano mayor contra la construcción de presas y en defensa de los ríos en América Latina», estuvo a cargo del Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB), de Brasil.
Monti Aguirre, de Ríos Internacionales, habló de la lucha por los ríos en Norteamérica y la Declaración Internacional de los Derechos de los Ríos.
Pedro Arrojo, Relator Especial de la ONU, disertó en torno del Informe sobre Grandes Infraestructuras Hidráulicas y la defensa de los ríos en Europa.
Juan Pablo Soler, del Movimiento Ríos Vivos Colombia, describió la defensa de los ríos en Sudamérica.
Guadalupe Lara relató la lucha de las mujeres en la defensa de los ríos, el caso de la presa de Arcediano, en Jalisco.
El Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), de Oaxaca, detalló la defensa de la Madre Tierra y la resistencia a la Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina.
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), de Oaxaca, habló de la fuerza de los ríos, la fuerza de los pueblos: Madre Tierra y Libre determinación.
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), explicó la lucha contra los proyectos hidroeléctricos y el modelo extractivo en México.
El Consejo del Pueblo Maya, de Guatemala, refirió la lucha por los ríos en Centroamérica.
Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, España, disertó en torno al agua y la energía en los tratados comerciales de la Unión Europea y América Latina.
Berta Zúñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), habló de la criminalización de los defensores de ríos, agua y territorio.
