El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.
Para Berta Züñiga , el detenido, ingeniero electricista, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es “la pieza clave que vincula a los autores intelectuales” del asesinato.
“Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales”, declaró la hija mayor de Cáceres al respecto.
En la víspera del Día Mundial de Agua, otro ambientalista hondureño fue asesinado. Juan Carlos Cerros Escalante, líder comunitario y defensor de los bienes naturales. Desde el golpe de Estado comenzó a participar en la defensa del agua a nivel comunitario y regional ante la instalación de la hidroeléctrica hidroeléctrico “El Tornillito”, proyecto que amenaza con desaparecer a 10 comunidades de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.
La noche del domingo (21/03/21), cuando regresaba de casa de su madre junto a sus hijos, sujetos supuestamente vinculados a la Mara Salvatrucha MS, le infirieron unos 40 disparos acabando con su vida. De acuerdo a testimonio recopilado por Radio Progreso, la organización criminal MS pretende instalarse en las comunidades de la zona como una estrategia de control territorial, para impedir la organización ciudadana, facilitar el narcomenudeo y permitir la instalación de mega proyectos extractivos.
Juan Carlos era presidente del patronato de Nueva Granada y del Movimiento Indígena Lenca, pese que había recibido amenazas para que dejara el cargo. En 2018 recibió un atentando obligándolo a desplazarse forzosamente con su familia, pero en 2019 decidió regresar para seguir promoviendo la organización contra el proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, propiedad de la familia Larach.
El Estado de Honduras otorgó a la empresa Hidroeléctrica El Volcán HIDROVOLCÁN, de Adolfo Carlos Larach, la concesión de un proyecto hidroeléctrico para la generación de 150 megas; es decir la mitad de lo que ofrece la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, mejor conocida como “El Cajón”. En otras palabras, El Tornillito será la segunda represa más grande del país.
Entre los municipios de Villanueva y Pimienta se ubicará la cortina y el plantel principal del proyecto, pero el embalse abarcará los municipios de San Antonio en Cortés y Chinda en Santa Bárbara. Significa que el ganado, cultivos y viviendas de esos dos municipios, de población indígena Lenca, se ahogarían y sus habitantes se verían obligados a desplazarse.
Juan Carlos lideró la Asociación de Comunidades Unidas Pro Desarrollo Social de la Biosfera del río Ulúa, logrando que en 2017 el municipio de Chinda se declarara libre de proyectos hidroeléctricos acarreándole amenazas de muerte. En 2018 fue acogido al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia por considerar que su situación de peligro era de gravedad.
En ese mismo año fue nominado junto otros reconocidos ambientalistas de Honduras al Premio Nacional Carlos Escaleras, por su destacada labor en defensa de las comunidades aledañas al río Ulúa.
Para la lideresa garífuna Miriam Miranda, en los últimos años Honduras se ha convertido en lugar peligroso para los defensores de derechos humanos y el ambiente. “Condenamos el asesinato de Juan Carlos Cerros, pero también reafirmamos nuestro compromiso de seguir en la lucha por el territorio”, dijo Miranda abrazando las comunidades campesinas e indígenas de Santa Bárbara y Cortés.
El Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS, realizó un plantón y conferencia de prensa para condenar el asesinato de defensor. “Juan Carlos es el artífice de la lucha ambiental en el departamento. Venía denunciado la instalación del proyecto hidroeléctrico y la deforestación en las comunidades”, dijo Nolvín Sabillón activista ambiental.
Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos condenan este asesinato y reconocen la labor en defensa de los derechos humanos y bienes naturales que ejercía Juan Carlos. Demandan justicia para las comunidades víctimas del proyecto hidroeléctrico El Tornillito, y castigo para los asesinos materiales e intelectuales de Juan Carlos Cerros, defensor de la biosfera del río Ulúa.
Fidel Heras Cruz, defensor comunitario y autoridad agraria de Paso de la Reyna, Oaxaca, fue asesinado el 23 de enero de 2021.
Fidel Heras Cruz ha trascendido por su lucha y compromiso con su comunidad y su territorio; por la defensa del Río Verde y los bienes comunes.
A partir del 14 de marzo, Día Internacional de Acción por los Ríos y contra las Represas, con la campaña artística que inicia hoy, cada vez más voces se suman a la exigencia de #JusticiaParaFidel y #RíosLibres
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS- ONU-DH MÉXICO.
A LOS ORGANISMOS CIVILES.
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.
AL PUEBLO EN GENERAL.
Pueblos y comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio y bienes naturales comunes manifestamos, que desde el 2006 nuestros pueblos y comunidades se han visto amenazados por la construcción de un megaproyecto denominado, Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina”.
En el 2007, pueblos y comunidades afectadas integramos el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y desde esa fecha hemos venido realizando diferentes actividades de denuncia pública y jurídica, de acuerdo a lo establecido y estipulado en las leyes nacionales y en los tratados internacionales como el Convenio 69 de la OIT. Además, hemos velado por nuestros derechos de manera y forma pacífica, sin violencia y sin afectar los derechos de terceros.
Justicia para Fidel: Asesinan a Fidel Heras Cruz defensor comunitario de Paso de la Reina, Oaxaca
25 enero, 2021
El defensor comunitario Fidel Heras Cruz, presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), fue asesinado a balazos. El 23 de enero, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, personas encontraron el cuerpo del defensor comunitario en el interior de su camioneta, la cual presentaba impactos de arma de fuego. Las autoridades de Paso de la Reyna mencionan en su denuncia del crímen que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. Desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez (emanada del PRI), insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río. En agosto de 2020, la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río. El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER, Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM. Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA y Ecosta Yutu Cuii exigimos “al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos” y “solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina”.
Hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público.
El proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah.
En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente.
La defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública.
El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita.
Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañanera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, complices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Noé Vázquez Ortiz, sacrificado a pedradas el 2 de agosto del 2013 en Amatlán de los Reyes por su defensa del río en las altas montañas de Veracruz y su resistencia al proyecto hidroeléctrico Presa El Naranjal, florece en el corazón de los pueblos en lucha.
*EN COSTA RICA ASESINAN A NUESTROS DEFENSORES DE DERECHOS INDÍGENAS: EL ESTADO ES RESPONSABLE*
A LAS AUTORIDADES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) DENUNCIA LA VIOLENCIA RACISTA que ha perpetrado un nuevo ASESINATO. Este lunes 24 de febrero del 2020, han ASESINADO al compañero de lucha, RECUPERANTE INDÍGENA BRÖRÁN JHERY RIVERA, a 23 días de cumplirse un año en completa impunidad del ASESINATO del compañero Sergio Rojas Ortiz, bribri Uniwak de Salitre, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra, además fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI. Salitre, Defensor de Derechos Humanos.
Exigimos al Estado/Gobierno de Costa Rica que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321 – 12 – 2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.
Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal.
Desde el 23 de febrero, en los territorios bajo protección de las Medidas Cautelares, se han perpetrado actos como la quema de una finca, según testigos, por el terrateniente de apellido “Guadamuz” para culpar a las/os compañeras/os indígenas recuperantes de este y otros hechos con la intención de deslegitimar nuestra lucha y, principalmente, propiciar la retirada de nuestras/os compañeras/os en las fincas en recuperación, incluso bajo solicitud de la Fuerza Pública que ha manifestado que la única forma de protegernos y resguardar nuestra integridad es salir de las tierras recuperadas.
A la opinión pública que, ligeramente, cree el dicho de quienes maliciosamente pretenden deslegitimar la causa indígena, les recordamos que Los Pueblos Indígenas Brörán y Bribri actúan de acuerdo a su Derecho a la Tierra/Territorio, amparados en la Ley indígena Nº 6172 de 1977, el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU.
El Gobierno de Carlos Alvarado no ha sido capaz de cumplir con el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (saneamiento), ni con la aplicación de las Medidas Cautelares, así como tampoco ha hecho justicia en encontrar a los responsables materiales e intelectuales del crimen de Sergio Rojas Ortiz. Esta impunidad, como lo hemos expresado, envalentona a las personas usurpadoras de “mala fe” al punto de manifestar constantemente amenazas contra la vida de quienes de forma pacífica estamos recuperando las Tierras/Territorios que nos pertenecen.
Hemos dicho antes que el conflicto por Tierra/Territorio, se profundiza con una tendencia a agudizarse, que por sus características se agrava y se refleja en daños en la humanidad de personas y comunidades. Desde este Frente hemos denunciado reiteradamente la violencia sistemática en la que actúa el Estado/Gobierno de Costa Rica, a pesar de existir Medidas Cautelares (MC 321 – 12 – 2015). Toda esta violencia, ha quedado y sigue quedando en la impunidad. El ASESINATO del compañero Jhery es la prueba más reciente.
A pesar de nuestros reiterados pronunciamientos y de la Alerta Temprana emitida el 23 de febrero, dos días antes de que la vida de otro compañero de lucha fuera arrebatada, nuestra voz una vez más es ignorada. Ante este panorama de extrema violencia en nuestra contra, hacemos un llamado urgente a la Solidaridad del activismo cercano a la causa indígena y a la Comunidad Internacional para que su voz se una a la nuestra y exijamos que se detenga el exterminio sistemático de Los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
¡Nuestros Pueblos merecen vivir en Paz!
¡JUSTICIA YA! ¡NO MAS IMPUNIDAD! ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
#SergioRojasVIVE
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
El dirigente indígena Jhery Rivera fue asesinado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba, en la comunidad de Mano de Tigre, por terratenientes durante un ataque en tierras ancestrales recuperadas, denunció la Federación Ecologista Costarricense (FECON). La Cruz Roja informó del fallecimiento de Jhery Rivera, de 45 años, quien presentaba un impacto de bala.
Por su parte, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), denunció “la violencia racista que ha perpetrado un nuevo asesinato” y exige al Estado/Gobierno de Costa Rica “que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos”.
Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes “llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal”, afrima FRENAPI.
Cabe recordar que en marzo 2019 fue asesinado el dirigente indígena Sergio Rojas de la Comunidad bribri en Salitre.
Ante el brutal crimen cometido el 22 de marzo contra una coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente, abajo firmantes, hacen un llamado a las autoridades brasileñas y a los organismos multilaterales para garantizar que las obligaciones del Estado relativas a la protección de defensores y defensoras sean implementadas.
Con profunda tristeza e indignación, recibimos la noticia de que Dilma Ferreira Silva, coordinadora regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), juntamente con su esposo Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes, un amigo de la familia, fueron asesinados el viernes 22 de marzo en el estado amazónico de Pará (Brasil). Las tres personas fueron encontradas en su casa con signos de tortura.
