En Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anuncia en su página web la conclusión de su proceso de disociación definitiva del proyecto hidroeléctrico presa Aguazarca sobre el río Gualcarque en territorio indígena Lenca, proyecto por el cual asesinaron a la coordinadora de la organización COPINH Berta Cáceres en 2016.
El COPINH exige, por su parte, la cancelación definitiva del proyecto y señala: El BCIE no se retira porque piense hacer lo correcto sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres
En Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anuncia en su página web la conclusión de su…
Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre un proyecto hidroeléctrico en Oaxaca – A 16 de marzo 2020
Comunidades chatinas, mixtecas y afromexicanas, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) denunciaron un nuevo intento por construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde, Oaxaca, a pesar de que han expresado su rechazo y el presidente López Obrador dijo que no se construirá la presa Paso de la Reina.
En el “Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos”, reunidos en el ejido de Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, los integrantes del Copudever informaron que el 20 de febrero la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, promovido por la empresa ENERSI.
La empresa ya había presentado la MIA en 2019, misma que fue rechazada en noviembre por Semarnat al presentar varias inconsistencias.
El Copudever denunció además, actos de intimidación a la población posiblemente relacionados con el nuevo proyecto hidroeléctrico, pues el 08 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo, todos ellos, pueblos que viven del Río Verde.
La organización de pueblos y ejidos de Oaxaca reiteraron su rechazo a la imposición de cualquier proyecto hidroeléctrico y exigieron a la Semarnat y a las instancias del Gobierno Federal respetar esa decisión.
El proyecto hidroeléctrico de la empresa ENERSI contempla la construcción de una central hidroeléctrica para generar 30 MW de energía que afectaría los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtlayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
A lo largo de 10 años, el Copudever rechazó un primer intento de construir una presa en el Río Verde, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el cual pretendía contar con una cortina de agua de 180 metros que afectaría siete comunidades por inundación o por desecación.
Además, en 2018 integrantes del Copudever ganaron un juicio de amparo contra la declaración de zonas de reserva que decretó Enrique Peña Nieto, para evitar construir cualquier proyecto de infraestructura, resolución que fue impugnada por la Conagua y Semarnat en el gobierno de AMLO.
El 13 y 14 de marzo, el Copudever conmemoró el Día Internacional Contra las Presas con ceremonias y fiesta al margen del Río Verde, así como con la proyección del documental La Sangre de la Tierra.
Para los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos el Río Verde es “la madre de nuestras aguas y nos permite alimentarnos, crecer, divertirnos y valorar a la naturaleza”.
Imagen: Conmemoración del día mundial el defensa de los ríos, Copudever, Crédito: Educa Oaxaca
Compartimos el comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) a propósito del día mundial en defensa de los ríos – A 13 de marzo de 2020
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- manifiesta su solidaridad con las organizaciones, procesos y comunidades que integran el Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica –MAR- y con todos los pueblos que luchan por el cuidado de la vida y la defensa de los derechos, contra la impunidad de las empresas transnacionales que en su afán de lucro con la construcción de grandes represas han despojado y afectado criminalmente a familias y comunidades del continente y del mundo.
Este 14 de marzo nos sumamos a las movilizaciones que el MAR desarrolla en diversos países y reconocemos la importancia de este día de acción para la exigencia de reparación a todas las familias y víctimas de la acción criminal de las empresas. También así exigimos políticas gubernamentales adecuadas para enfrentar estas injusticias y para acabar con la impunidad que garantiza a las transnacionales la continuidad de su destructiva actuación.
En el marco de esta acción colectiva recordamos a los pueblos de Mariana y Brumadinho, y a las compañeras/os que han sido asesinadas/os y criminalizadas/os como consecuencia de sus justas luchas. Su legado acompaña nuestro accionar en la búsqueda de la soberanía de los pueblos, la justicia y la defensa de los territorios y derechos.
Asimismo, y en correlación directa, llamamos a los movimientos sociales a continuar la lucha por la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos –Tratado Vinculante- que ponga fin a la impunidad y aporte a la búsqueda de la justicia.
Hacemos también un llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con la justa lucha de las/os afectados por represas y a expresar esa solidaridad en la movilización continua en apoyo a las víctimas y afectadas/os por el modelo energético en manos del poder corporativo transnacional.
Con el Movimiento de Afectados/as por Represas decimos en una sola voz:
¡Agua y Energía no son mercancías! ¡Aguas para la Vida, no para la muerte!
Firma
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – Marzo 13 de 2020
Imagen: Movimiento de Afectados/as por Represas -MAR.
Imagen: Ofrenda al Río Cacaluta por parte del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Aacacoyagua, Chiapas. 14 de marzo 2020 Crédito: Área de comunicación Otros Mundos
Comunicado de la Escuela de Justicia Energética Binacional México-Guatemala integrada por diferentes movimientos, colectivo y organizaciones – A 14 de marzo de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
Ante los evidentes acontecimientos en nuestras diferentes comunidades y pueblos, por la imposición de proyectos hidroeléctricos que responden a la política energética y el modelo energético implementado en México y Guatemala, para saciar los intereses de un modelo económico depredador demandante de energía; ante la invasión y despojo de los territorios, criminalizando a los pueblos que defendemos la vida y la madre tierra.
Las y los defensores de la tierra y la naturaleza; líderes y lideresas comunitarias de los territorios de Chiapas y Guatemala, unidas y unidos por las cuencas del Usumacinta y El Grijalva, exigimos la cancelación total de los proyectos hidroeléctricos concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Porque es a través de la construcción de estos proyectos que los gobiernos, las bancas financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las empresas pretenden imponernos su desarrollo. Un desarrollo que impone un modelo de vida que nos señala a nosotros, los pueblos mesoamericanos como “subdesarrollados”, como un estorbo, discriminando así nuestras decisiones acerca de nuestro territorio con el fin de generar ganancias económicas para las empresas y las familias oligarcas implicadas, pero no para los pueblos.
Por lo que rechazamos rotundamente los proyectos hidroeléctricos, que son producto de la ambición empresarial, ocasionando en nuestros pueblos división, represión, despojo y el aumento de la violencia, en especial hacia las mujeres.
Además, los proyectos hidroeléctricos que promueven los gobiernos y las empresas son proyectos que obedecen a un modelo energético capitalista, que abastece de energía a la producción industrial (minería, industria cementera, industria papelera, entre otras), además se genera a través de la explotación y extracción de nuestros ríos y montaña,destruyendo nuestros ríos y nuestros ecosistemas y provocando contaminación, enfermedades y muerte en nuestros territorios. Las organizaciones, movimientos y luchas de afectados y afectadas por represas sabemos que la energía que se produce no es para el consumo energético que prioriza las necesidades comunitarias sino para la industria, por lo que no queremos su llamada energía renovable o limpia. ¡Queremos energía para los pueblos y no para las empresas!
Este 14 de marzo, las organizaciones y resistencias que hacemos parte de la Escuela de Justicia Energética de Chiapas y Guatemala: Exigimos el respeto de nuestros derechos y de nuestra autodeterminación como pueblos originarios. Como pueblos ancestrales, comunidades rurales y campesinas, somos protectoras y guardianas de nuestra naturaleza y ejercemos nuestro derecho a decir !No a las hidroeléctricas! Sí a disfrutar con paz, tranquilidad y armonía nuestros bienes comunes y de la madre tierra. Como pueblos hermanados, somos hilos de unidad entre México y Guatemala en defensa del territorio; buscaremos siempre en esta unidad fortalecernos para la defensa se nuestros ríos, con valentía y de pie. Para que nuestros pueblos y ríos sean siempre libres.
¡Pueblos y comunidades unidos contra los proyectos de muerte! ¡El agua es nuestra, las represas la secuestra! ¡La vida es agua, la represa es muerte! ¡Mujeres, agua y energía no son mercancía!
Escuela de Justicia EnergéticaBinacional México-Guatemala Consejo del Pueblo Maya -CPO-; Frente Petenero de Afectados por Represas; Asociación de Comunidades en Resistencia de Ixcan y la Zona Reina; Frente Metropolitano por la vida y el Territorio; Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio; Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio; Frente Cívico Tonalteco; Frente Popular en Defensa del Soconusco; La Voz del Pueblo; Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C.; Otros Mundos A.C.; Comunidades de base en resistencia
El 14 de marzo se realizará la 4 Celebración Ecuménica Binacional en Defensa de los Ríos Libres entre Brasil y Argentina. Será en Colonia Aurora, municipio de la provincia de misiones, organizado por el Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica (MAR).
El 14 de marzo es el Día Mundial contra las Represas. “Para quienes viven cerca del río Uruguay, en la región noroeste de Rio Grande do Sul, Brasil, y en Misiones, Argentina, es el momento de reafirmar la unión en la defensa del río y de las personas que dependen de ese curso de agua, teniendo en cuenta la amenaza de construcción de la represa Garabí/Panambí, que afectará 19 municipios brasileros y 16 argentinos”, manifiestan desde la organización del evento.
Aquí el comunicado de MAR:
14 de marzo: día de acción internacional por la defensa de los ríos, el agua y la vida
Alrededor del planeta las comunidades campesinas, pescadoras artesanales, barequeras, arrieras y, comunidad en general, se han establecido en las cuencas de los ríos recreando su cultura, creencias y cosmovisiones. Los ríos son sinónimo de producción de alimentos, de pesca, de recreación y sanación de los pueblos, de integración familiar, de biodiversidad, de creación de lugares sagrados para la vida como los manglares.
Sin embargo, está relación cultural y sustentable con los ríos se ha ido transformando en los últimos siglos. Los ríos empezaron a verse como caños de vertimientos de desechos contaminando toda la cuenca hasta los mares y la integración social en torno a los ríos ha ido desapareciendo por causa de la contaminación y la apropiación de empresas privadas, especialmente aquellas que obstaculizan los ríos con grandes represas o que desvían sus caudales como bien sucediendo con mayor fuerza en Latinoamérica, África y este de Europa.
En el último período bajo el eufemismo de que las represas producen energía limpia, se están construyendo millones de pequeñas centrales hidroeléctricas en el mundo en complemento a los grandes proyectos; esto ha ocasionado que ríos y quebradas desaparezcan, que los cauces lleguen secos al mar, poniendo en riesgo la producción de alimentos y el abastecimiento de agua para consumo humano al tiempo que se agudizan los efectos del calentamiento global ya que las grandes represas son contribuyentes considerables de gas metano a la atmósfera.
En América Latina esta situación se complementa con los golpes de Estado que son funcionales al modelo expropiador de los bienes naturales de la región; detrás de ellos se avizora una estrategia por apropiarse y explotar al máximo los minerales lo cual requiere vastas cantidades de energía. La hidroelectricidad resulta ser la mejor alternativa para hacer más rentable el negocio de la extracción.
En este contexto, las movilizaciones populares en el continente americano marcan la ruta de construcción, recuperación y/o defensa de la soberanía de los pueblos por medio de la cual será posible garantizar el abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos y revertir la dinámica de producir energía como negocio, donde se estimula que gran parte de la energía se despilfarre.
De este modo, desde el Movimiento de Afectados por represas de América Latina convoca este 14 de marzo a movilizarse por la defensa de los ríos el agua y la vida, en el marco del XXIV día de acción internacional contra represas.
Con estas acciones por la búsqueda de la soberanía de los pueblos y la defensa de los bienes comunes nos sumamos a la agenda de movilización de la Jornada Continental por la democracia y contra el neoliberalismo
No hay tiempo que perder: MAB exige aprobación urgente de la Política Nacional de los Afectados por Represas – PNAB
Con una de las legislaturas más conservadoras de los últimos años, el avance del proyecto parece depender mucho más de la organización y movilización de los afectados que de la […]
Publicado 12/03/2020
Con una de las legislaturas más conservadoras de los últimos años, el avance del proyecto parece depender mucho más de la organización y movilización de los afectados que de la buena voluntad de los legisladores.
Por Leonardo Fernandes, del Colectivo de Comunicación del MAB
Foto: Lidyane Ponciano.
Episodios como las rupturas de las represas en Mariana (2015) y Brumadinho (2019) son lamentables ejemplos de la forma irresponsable como hasta los días de hoy son tratadas las poblaciones afectadas por represas en Brasil. Sin una norma que dé seguridad jurídica a los afectados y afectadas, estos quedan a merced de la interpretación del Poder Judicial sobre la amplitud de sus derechos.
Como ejemplo, un año después del crimen en Brumadinho, las poblaciones afectadas todavía luchan para conquistar una reparación financiera justa. Mientras en la cuenca del río Paraopeba, recién fue conquistado el derecho a las asesorías técnicas en los territorios, en Mariana y en toda la cuenca del río Doce, ese derecho no ha sido garantizado a todas las familias afectadas. La diferencia entre los dos casos solo se explica por el vacío legal que existe sobre los derechos de los afectados y afectadas por represas en Brasil.
Para terminar con esta situación y darle seguridad jurídica a los afectados, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por su sigla en portugués) construye desde hace décadas un proyecto de ley que puede garantizar los derechos de las poblaciones afectadas sea por la construcción de emprendimientos hidroeléctricos y de desechos de minería, o por la ruptura de esas estructuras.
Leandro Scalabrin, abogado y miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos CNDH, explica que la lucha del movimiento siempre ha pasado por garantizar los derechos de los afectados que nunca estuvieron previstos en ley. Él recuerda que en 1986 hubo un marco en la conquista de los derechos de los afectados, cuando se firmó un acuerdo entre el ministro de Minas y Energía de ese momento y los afectados del sur del país, para garantizar derechos, como el reasentamiento colectivo de las familias afectadas. Desde entonces, otras iniciativas tuvieron pequeños avances y grandes retrocesos, pero hasta los días de hoy no existe una legislación que trate el tema.
Scalabrin cuenta que con la privatización del sector eléctrico, en la década de los 90, la situación se agravó. Hasta que en el 2006, el CNDH creó una comisión especial para investigar las violaciones de derechos humanos en la construcción de represas en Brasil. El informe producido por la comisión terminó sirviendo de subsidio para que el MAB elaborara la primera propuesta de una Política Nacional de los Afectados por Represas.
Ese informe constató que uno de los problemas de violaciones de derechos de los afectados es que no había una ley que garantizara esos derechos. Y que dependía de la organización de los afectados en cada caso, en cada región, para conquistar más o menos derechos. Eso estaba provocando situaciones desiguales, a veces involucrando a una misma empresa, relató.
Poco a poco, a cada pequeña victoria de los afectados en sus territorios, se fue consolidando el proyecto de ley, hoy denominado Política Nacional de los Afectados por Represas (PNAB, por su sigla en portugués). El 25 de junio del 2019, el Proyecto de Ley (PL) fue aprobado en la Cámara de Diputados, luego de la conclusión de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de Brumadinho. Desde entonces, el proyecto sigue parado en el Senado Federal, donde está bajo responsabilidad del senador de Minas Gerais, Carlos Viana.
La propuesta prevé, entre otras cosas, criterios para la definición del espectro de afectados, la responsabilidad de las empresas sobre las poblaciones afectadas, los parámetros para la reparación financiera y construcción de los reasentamientos colectivos y el reconocimiento de la necesidad de las llamadas asesorías técnicas para los territorios afectados por represas, responsables por el levantamiento de datos y el señalamiento de soluciones sustentables.
Tchenna Maso, de la coordinación nacional del MAB, cuenta como el proyecto enfrenta dificultades de avanzar en el legislativo, gracias a la fuerte presión que hacen las grandes empresas del sector eléctrico junto a los diputados y senadores.
Ellos (los empresarios del sector eléctrico) cuestionan mucho el nivel de participación que nosotros queremos para los afectados y afectadas en ese proceso, además de las propuestas un poco más radicales sobre los planes de desarrollo regional, destacó.
Con una de las más conservadoras legislaturas de los últimos años, el avance del proyecto pareciera depender más de la organización y movilización de los afectados, que de la buena voluntad de los parlamentarios. Y motivos no faltan para movilizarse. Iury Paulino, del colectivo de Derechos Humanos del MAB, explica los cambios que pueden darse en la vida de los afectados a partir de la aprobación de ese marco legal.
Significa decir que nosotros podemos tener un conjunto de leyes que van regular la actuación de las corporaciones, de las grandes empresas en estos emprendimientos. El texto establece un conjunto de valores y directrices que no dicen respeto solamente al derecho a la propiedad, sino contemplan el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho al río, el derecho al agua, el derecho a la cultura.
Iniciativas locales
En el ámbito del Estado donde ocurrieron las dos más grandes tragedias socio ambientales del país relacionados a represas, Minas Gerais, también tramita en la Asamblea Legislativa la Política Estadual de los Afectados por Represas (PEAB, por su sigla en portugués), ya aprobada en primera vuelta. La propuesta ahora necesita pasar por una segunda vuelta de votación.
Otros proyectos similares también tramitan o son negociados en otros estados de la federación, como Bahia, Ceará y Rio de Janeiro. En Rio Grande do Sul, el actual gobernador del Estado, Eduardo Leite, revocó en el 2019 el Decreto nº 51.595, de 23 de junio del 2014, que instituía la Política de Desarrollo de Regiones Afectadas por Emprendimientos Hidroelétricos PDRAEH, y la Política Estadual de los Afectados por Emprendimientos Hidroelétricos PEAEH.
Empresarios eléctricos ya activaron su máquina de propaganda
Si las grandes empresas mineras o del sector eléctrico dedicasen todo el recurso que gastan con publicidad y reportajes pagos en los medios de información, seguramente la situación de las poblaciones afectadas por represas sería otra en Brasil. Recientemente, grandes vehículos de prensa publicaron un artículo escrito por dos expertas que solo hacen atacar la propuesta de la PNAB.
El artículo afirma, sin presentar datos precisos, que es innegable que el texto aprobado por la Cámara no representa una propuesta ejecutable, al menos para el sector eléctrico. La afirmación demuestra claramente cuál es el sujeto de derechos considerado por las expertas: las empresas del sector eléctrico.
Las expertas afirman aún que el texto de la PL es amplio y subjetivo, no permitiendo la delimitación precisa del espectro de los afectados. Y claro, cuestionan todo y cualquier dispositivo de la ley que permita la participación directa de los afectados y afectadas. Y finaliza promoviendo un verdadero terrorismo mediático, al afirmar que la propuesta debe incidir sobre el precio de la luz, ya que la reparación de las poblaciones afectadas generaría un costo a las empresas del sector eléctrico, por lo que concluyen, dicho proyecto, que busca garantizar el derecho de las poblaciones que sufren con la construcción o la ruptura de las represas, sería diametralmente opuesto al desarrollo nacional.
No queda dudas de que se trata de la activación de sus máquinas de propaganda, con el objetivo de defender únicamente a los intereses de los empresarios, sin importarse con los derechos de las poblaciones afectadas. Para el MAB, ningún proyecto de desarrollo del país puede ignorar el bienestar, la dignidad y la integridad del pueblo trabajador.
*EN COSTA RICA ASESINAN A NUESTROS DEFENSORES DE DERECHOS INDÍGENAS: EL ESTADO ES RESPONSABLE*
A LAS AUTORIDADES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) DENUNCIA LA VIOLENCIA RACISTA que ha perpetrado un nuevo ASESINATO. Este lunes 24 de febrero del 2020, han ASESINADO al compañero de lucha, RECUPERANTE INDÍGENA BRÖRÁN JHERY RIVERA, a 23 días de cumplirse un año en completa impunidad del ASESINATO del compañero Sergio Rojas Ortiz, bribri Uniwak de Salitre, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra, además fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI. Salitre, Defensor de Derechos Humanos.
Exigimos al Estado/Gobierno de Costa Rica que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321 – 12 – 2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.
Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal.
Desde el 23 de febrero, en los territorios bajo protección de las Medidas Cautelares, se han perpetrado actos como la quema de una finca, según testigos, por el terrateniente de apellido “Guadamuz” para culpar a las/os compañeras/os indígenas recuperantes de este y otros hechos con la intención de deslegitimar nuestra lucha y, principalmente, propiciar la retirada de nuestras/os compañeras/os en las fincas en recuperación, incluso bajo solicitud de la Fuerza Pública que ha manifestado que la única forma de protegernos y resguardar nuestra integridad es salir de las tierras recuperadas.
A la opinión pública que, ligeramente, cree el dicho de quienes maliciosamente pretenden deslegitimar la causa indígena, les recordamos que Los Pueblos Indígenas Brörán y Bribri actúan de acuerdo a su Derecho a la Tierra/Territorio, amparados en la Ley indígena Nº 6172 de 1977, el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU.
El Gobierno de Carlos Alvarado no ha sido capaz de cumplir con el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (saneamiento), ni con la aplicación de las Medidas Cautelares, así como tampoco ha hecho justicia en encontrar a los responsables materiales e intelectuales del crimen de Sergio Rojas Ortiz. Esta impunidad, como lo hemos expresado, envalentona a las personas usurpadoras de “mala fe” al punto de manifestar constantemente amenazas contra la vida de quienes de forma pacífica estamos recuperando las Tierras/Territorios que nos pertenecen.
Hemos dicho antes que el conflicto por Tierra/Territorio, se profundiza con una tendencia a agudizarse, que por sus características se agrava y se refleja en daños en la humanidad de personas y comunidades. Desde este Frente hemos denunciado reiteradamente la violencia sistemática en la que actúa el Estado/Gobierno de Costa Rica, a pesar de existir Medidas Cautelares (MC 321 – 12 – 2015). Toda esta violencia, ha quedado y sigue quedando en la impunidad. El ASESINATO del compañero Jhery es la prueba más reciente.
A pesar de nuestros reiterados pronunciamientos y de la Alerta Temprana emitida el 23 de febrero, dos días antes de que la vida de otro compañero de lucha fuera arrebatada, nuestra voz una vez más es ignorada. Ante este panorama de extrema violencia en nuestra contra, hacemos un llamado urgente a la Solidaridad del activismo cercano a la causa indígena y a la Comunidad Internacional para que su voz se una a la nuestra y exijamos que se detenga el exterminio sistemático de Los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
¡Nuestros Pueblos merecen vivir en Paz!
¡JUSTICIA YA! ¡NO MAS IMPUNIDAD! ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
#SergioRojasVIVE
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
El dirigente indígena Jhery Rivera fue asesinado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba, en la comunidad de Mano de Tigre, por terratenientes durante un ataque en tierras ancestrales recuperadas, denunció la Federación Ecologista Costarricense (FECON). La Cruz Roja informó del fallecimiento de Jhery Rivera, de 45 años, quien presentaba un impacto de bala.
Por su parte, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), denunció “la violencia racista que ha perpetrado un nuevo asesinato” y exige al Estado/Gobierno de Costa Rica “que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos”.
Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes “llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal”, afrima FRENAPI.
Cabe recordar que en marzo 2019 fue asesinado el dirigente indígena Sergio Rojas de la Comunidad bribri en Salitre.
El Movimiento de Afectados por Represas (MAR), que reúne a diversas organizaciones y movimientos sociales de 20 países del continente de América, reunidos en Belo Horizonte, Brasil, ante la realidad actual de América Latina, especialmente Brasil, Cuba, Venezuela y Chile, manifestamos:
