HUÁNUCO. El fiscal especializado en material ambiental, César Gonzales, anunció que se formalizará una denuncia penal contra la empresa China CR-20, encargada de ejecutar las obras de la carretera Huánuco-La Unión. Esta sería responsable de un caso de contaminación con brea líquida del río Higueras, fuente de agua cruda que abastece a la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Huánuco.
El caso ha generado cortes de agua que han afectado a unas 120 000 personas de los distritos huanuqueños de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca. La denuncia también contemplará a los supervisores de la obra, los ingenieros ambientales y «a quienes resulten responsables de este delito ambiental», puesto que no es la primera vez que se contamina la principal fuente de agua de los huanuqueños, dijo el fiscal.
“Acá rodarían cabezas, porque ya fueron prevenidos y no puede ser una acción arbitraria por parte del Ministerio Público dado que fueron exhortados para que eviten pasivos ambientales y no lo hicieron por ello tienen que responder”, mencionó el fiscal especializado en materia ambiental.
La última alerta generó un corte en el servicio de agua desde las 7 de la mañana del martes 16 de noviembre y la reposición se hizo a las 3 a.m. del miércoles 17 de noviembre. El corte duró 18 horas, a pesar de que los reportes preliminares apuntaban a un corte de hasta tres días.
El Ministerio Público cuestionó que, a la fecha, la empresa prestadora del servicio no cuente con un sistema moderno para monitorear y se detecte la presencia de elementos contaminantes en tiempo real, ya que el río Higueras es la única fuente de captación de agua.
Lo que dijo Seda Huánuco
A través de su cuenta de Facebook, Seda Huánuco informó que el corte de agua se debía a la «presencia de elementos contaminantes por la empresa china» y detalló que la razón fue que «el agua de la lluvia torrencial» había arrastrado hacia el río «elementos contaminantes» que reciben el nombre de imprimante bituminoso.
En un video publicado en dicha cuenta, el ingeniero Edgar Laguna, gerente operacional de Seda Huánuco, dio su versión de los hechos desde el lugar de la posible contaminación.
«Se observa que (la empresa) han sobrepasado sus medidas de protección. Según los responsables, la lluvia ha sido tan intensa que las barreras que han puesto han sido insuficientes y parte de ese imprimante ha sido lavado hacia el curso del río», dijo.
Agregó que los operarios de CR-20 efectuaron la limpieza de «todos los restos que puedan haber para eliminar cualquier tipo descontaminación» y que limpiaron «desde el kilómetro 14 hasta la captación, que es el kilómetro 6, aproximadamente».
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📌Câmara Municipal convida a todos e todos para discutir projeto de lei que pode decretar cachoeiras e corredeiras do rio carioca em um monumento natural.
🔴 #ALERTA| El Tribunal en Materia de Corrupción, declara sin lugar la solicitud del COPINH de incluir a los 10 Funcionarios/as implicados en el caso de corrupción «Fraude Sobre el Gualcarque»
📌»En cuanto a lo peticionado, se declara sin lugar, siendo que que las personas antes indicadas no forman parte en este proceso judicial por habérseles dictado sobreseimiento definitivo a su favor según lo ordenado por la Corte de Apelaciones»
✊Desde el COPINH seguiremos exigiendo justicia para que se incluyan a los 10 Funcionarios/as implicados en el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» en la comunidad indígena lenca de Río Blanco.
Sabiendo que su esposo Bernardo Caal Xol está encerrado en condiciones deplorables, hacinado junto a hombres que cumplen condena por los delitos más violentos, Isabel Matzir teme constantemente por su vida.
«En las cárceles de Guatemala han aparecido muchas personas asesinadas», cuenta por teléfono Matzir, una maestra de etnicidad maya kaqchikel de 40 años, a Amnistía Internacional. «Sabemos que pueden simular un motín, pueden disfrazar cualquier situación con tal de dañarlo».
Caal se encuentra en prisión desde enero de 2018, en represalia por oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico al que las comunidades nunca dieron su consentimiento. Está pagando el precio de alzar la voz contra las empresas poderosas y las autoridades que hacen de forma sistemática un uso indebido del sistema de justicia de Guatemala para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
La preocupación por su seguridad no es infundada. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha contabilizado 11 asesinatos de activistas que se oponían a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, mientras que Global Witness ha clasificado el país como el séptimo más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.
Aun así, Caal se niega a ser silenciado. Con lápiz y papel como únicas armas, sigue resistiendo desde su celda, denunciando a todo aquel que considera cómplice de violar los derechos humanos de su pueblo, desde el jefe del Estado de Guatemala hasta el presidente del equipo de fútbol Real Madrid.
Preso de conciencia
Caal, respetado profesor y líder comunitario de 49 años, es el mayor de seis hermanos originarios del territorio maya q’eqchi’ de Santa María Cahabón, situado en la región septentrional de Alta Verapaz.
En 2015, las comunidades locales eligieron a Caal para que las representase en su disputa con OXEC, un proyecto hidroeléctrico que ha restringido el acceso de la población local a los ríos sagrados de Cahabón y Ox-eek’, en los que el pueblo q’eqchi’ se ha bañado y ha pescado durante generaciones. El acceso al agua es un motivo de preocupación habitual en las verdes y exuberantes colinas y pastos de Alta Verapaz, donde un censo de 2018 reveló que sólo un 28 % de la población disponía de agua corriente en su casa, mientras que el 42 % dependía del agua de lluvia, y los ríos, lagos y manantiales.
Los más altos tribunales guatemaltecos concluyeron que no se había consultado adecuadamente a las comunidades afectadas pero, a pesar de ello, permitieron que el proyecto siguiese adelante. Decididas a que se tuviese en cuenta su opinión, 195 comunidades locales llevaron a cabo su propia consulta, de forma simbólica, en 2017, en la cual 26.537 personas votaron en contra de OXEC, y sólo 12 lo hicieron a favor.
Caal empezó a recibir amenazas por su activismo y, más adelante, personal experto de la ONU denunció al sector privado por las campañas de difamación contra de Caal en prensa, televisión y redes sociales, en las que se le describía como un delincuente.
En enero de 2018 la policía detuvo a Caal por, supuestamente, retener y robar a cuatro empleados de Netzone, subcontrata de OXEC, durante una protesta en 2015. En noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por detención ilegítima y robo con agravantes.
Caal suele describir su situación como «tortura carcelaria». Matzir asegura que, aunque la salud de su marido se ha deteriorado, las autoridades penitenciarias no le proporcionan una atención médica adecuada. Le ha sido imposible mantener la distancia social durante la pandemia y, en ocasiones, no se le ha permitido hacer ejercicio en el patio, y ni siquiera ver el sol durante meses. Personal experto de la ONU ha instado al gobierno de Guatemala a proteger la salud y la seguridad de Caal mientras esté encarcelado.
Las visitas se han restringido durante la pandemia, de manera que Matzir sólo ha podido verle esporádicamente. La hermana de Caal, María Josefina, tan solo ha podido dejar comida para él a los guardias que están en la entrada de la prisión, mientras que ni su madre, de edad avanzada, ni las dos hijas de Caal, de 12 y 14 años, han podido verlo. Tampoco puede llamar por teléfono desde la cárcel.
Matzir describe a su marido como un hombre honesto y trabajador, que disfruta de la lectura. Dice que es un padre ejemplar, a quien le gustaba enseñar a sus hijas a tocar la guitarra y contarles historias antes de dormir. «Las niñas extrañan a su papá», añade. «Ha sido la experiencia más difícil que les ha tocado vivir».
Incluso antes de la pandemia, era difícil para la familia hacer el trayecto de nueve horas hasta la prisión situada en la ciudad de Cobán. El coste de los autobuses, taxis, comidas y alojamiento, al que hay que sumar los medicamentos y los productos de limpieza e higiene para Caal, convierten la visita en un carísimo viaje de tres días.
Sometida a una presión económica cada vez mayor, Matzir ha tenido que dejar las clases que recibía antes del encarcelamiento de su marido, y adaptar su vida a su nuevo papel como principal sostén económico de la familia. «Tuve que reorganizar todo en cuanto a lo financiero, pues nos hemos quedado con muchas deudas. La colegiatura de las niñas, por ejemplo, se ha acumulado y hemos pospuesto unas cirugías que he necesitado», señala. «Si antes dormíamos ocho horas, ahora dormimos cuatro, cinco si mucho… esto tendrá sus consecuencias más adelante, verdad, pero por lo pronto se da hasta el último gramo de energía que se tiene al día, y no hay otra opción».
Otra amenaza al sagrado río
Caal dedica mucho de su tiempo entre rejas a escribir cartas. Entre otras personas, denuncia con frecuencia a Florentino Pérez, un multimillonario español más conocido por ser el presidente del Real Madrid.
Además de dirigir el club de fútbol más grande del mundo, Pérez también preside el gigante de la construcción ACS, cuya filial, Cobra, fue contratada para construir Renace, el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala, junto a un tramo del río Cahabón en el que viven aproximadamente 30.000 personas. Durante una visita a Guatemala 2014 para supervisar la construcción, Pérez regaló una camiseta del Real Madrid al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y calificó Renace como «un proyecto con una responsabilidad social ejemplar, con respeto a los demás, al medio ambiente y a las comunidades».
Sin embargo, Caal afirma que el proyecto ha causado un daño terrible. En una carta escrita a mano desde la cárcel, acusa a Pérez de haber «atropellado los derechos de pueblos indígenas» por llenar el río de tuberías y desviar su curso sin consultar a las comunidades afectadas, «dejando sin el acceso al agua a miles de hermanos y hermanas del pueblo Maya Q’eqchi'». En otra misiva, ruega a los aficionados del Real Madrid que pidan al presidente de su club «que deje en paz el sagrado Río Cahabón».
El proyecto ha generado tensiones tanto a nivel local como internacional. Poco después de una protesta contra Renace en las puertas de la embajada de España en 2017, la Cámara de Comercio española instó a las autoridades de Guatemala a que dispersasen inmediatamente cualquier concentración, control de carretera o protesta que afectase a la libertad de circulación o a la propiedad empresarial o privada, y a que «de forma inmediata inicien las acciones, investigaciones y persecuciones penales (sic)» contra las personas responsables.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevase a cabo una consulta libre e informada a las comunidades; sin embargo, al igual que en el caso de OXEC, no suspendió el proyecto, a pesar de reconocer que se había violado el derecho de las comunidades a dar su consentimiento previo. Aunque Renace ha negado cualquier actuación indebida, un organismo público español ha revelado que el proyecto ha provocado «cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón… con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales».
En abril de 2021, ACS anunció la venta de la mayor parte de su división industrial a la empresa francesa Vinci por casi 5 000 millones de dólares, pero manteniendo el 49 % de las acciones de una nueva empresa propiedad conjunta de ACS y Vinci. ACS y Cobra no han respondido a las solicitudes de comentarios de Amnistía Internacional.
«Florentino [Pérez] y estas empresas, no se llevan el río porque realmente necesitan del agua para poder sobrevivir ¿no? Para ellos solo es ganancia y acumulación de ganancias», señala Matzir. «Sin embargo, acá en las comunidades se traduce en la vida o muerte de las personas, los animales, las plantas, todos quienes viven dentro y alrededor del río. Realmente es indignante que existan seres humanos que… destruyen todo a su paso con tal de generar ganancias, incluyendo la vida de las personas».
Alta Verapaz es una de las regiones más pobres de Guatemala, que registró el 75 % de los casos de mortalidad infantil por desnutrición de todo el país en 2021. Sin embargo, Matzir afirma que las autoridades «nunca lo vinculan al acceso al agua, al acceso a los peces, a los cangrejos, a los jutes, a todas las plantas que están dentro del río y que sirven de alimento y han servido por siempre de alimento para las familias y las comunidades que están en la cercanía del río. Cuando se quita un río no es solo quitar el agua, sino se quita esa posibilidad de alimento.»
Renace y OXEC afirman que han contribuido a reducir la desnutrición a través de sus programas de salud y desarrollo social.
Matzir también lamenta el tremendo golpe espiritual sufrido por el pueblo q’eqchi’ por los daños a sus ríos y colinas sagrados, y se cuestiona por qué las zonas donde se concentran las plantas hidroeléctricas son las que tienen un menor acceso a la electricidad de todo el país. «Es totalmente contradictorio. ¿A dónde se va esa energía? ¿y para quién es? ¿y las ganancias dónde quedan?», pregunta. «Ellos dicen que ‘se está en contra del desarrollo’ pero la verdadera pregunta es ‘¿desarrollo para quién?'».
Violencia paramilitar
La oposición a los proyectos hidroeléctricos en Guatemala ha demostrado ser letal. En enero de 2017, hombres armados dispararon a manifestantes pacíficos que estaban protestando contra el proyecto hidroeléctrico PDHSA (construido por Solel Boneh, la misma constructora israelí que levantó OXEC) en Ixquisis, en la zona norte de Guatemala.
Los agresores dispararon a Sebastián Alonso Juan, un defensor de los derechos de la tierra, cuando intentaba escapar. La familia de Alonso contó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajadores de la planta hidroeléctrica le golpearon en la cara y el cuello mientras agonizaba en el suelo. Estuvo horas sin recibir atención médica y falleció antes de llegar al hospital. Tanto medios de comunicación locales, grupos indígenas y observadores de derechos humanos han relacionado al personal de seguridad privado de la planta con el tiroteo, y algunos de ellos también hablan de la posible implicación de la policía. PDHSA y Solel Boneh no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.
Periodistas que cubren el impacto de las plantas hidroeléctricas en Guatemala también arriesgan represalias.
Rolanda García, una periodista indígena maya quiché, viajó a Santa María Cahabón en agosto de 2018 para informar sobre la tala ilegal, supuestamente relacionada con OXEC. Cuenta que, cuando estaba grabando su última entrevista con miembros de las comunidades afectadas, les abordó un grupo de leñadores blandiendo unos machetes.
«Me preguntaron que para qué quería tomar fotos y me exigieron que borrara las imágenes», cuenta García a Amnistía Internacional. Ella y sus colegas creen que estos hombres eran trabajadores de OXEC; los hombres insultaron a sus colegas, empujaron a uno de ellos, y le robaron el trípode. «Cuestionaron sobre mi presencia en ese lugar, que según ellos son tierras de su patrón. Y al preguntarles quienes eran su patrón no me lo dijeron, pero sí dijeron que era un lugar privado».
Los hombres aislaron a García y la persiguieron hasta un arroyo cercano, donde la arrinconaron durante 40 minutos, hasta que ella aceptó borrar sus fotos y grabaciones. Afirma que amenazaron con violarla y tirarla al río si se negaba. Días más tarde, OXEC negó tener responsabilidad alguna en el ataque y condenó «todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa».
García dice que denunció el incidente a las autoridades, pero duda de que sus atacantes sean llevados ante la justicia algún día. «En Guatemala las leyes están a favor de la oligarquía terrateniente y empresarios porque son ellos los dueños de las empresas que operan en nuestros territorios», afirma. «Por la construcción de la OXEC, han ocurrido muchas persecuciones contra dirigentes sociales, como Bernardo Caal Xol y otras personas que son invisibilizadas pero que ahora siguen siendo hostigadas desde sus territorios, además de los hostigamientos que sufrimos los periodistas que revelamos la voz de los afectados».
Un ex subcontratista de OXEC y Renace cuenta a Amnistía Internacional que presenció cómo los hombres amenazaban a García con machetes. Este hombre, que ha pedido mantener el anonimato por motivos de seguridad, dice que trabajaba como soldador en los proyectos hidroeléctricos pero que, tras presenciar la destrucción social y medioambiental que éstos causaban en la zona, empezó a hacer campaña en su contra.
Acusa a OXEC de hacer falsas promesas, engañando a la población local para que vendiera sus tierras, y sobornando a otros con dinero en efectivo y láminas de acero con las que reforzar sus modestas casas.
«Destruyeron a la Madre Tierra y los cerros que son sagrados para nosotros» añade, antes de repetir las denuncias de García sobre el sistema jurídico. «La justicia en Guatemala está al revés. Los que tienen dinero hacen lo que quieran a los que no. Esto está pagando nuestro compañero Bernardo Caal Xol en la cárcel».
El desmantelamiento del sistema de justicia
La indignación por el encarcelamiento de Caal ha coincidido con el descontento por la corrupción sistémica, el desmantelamiento de la independencia judicial y la erosión de las instituciones públicas en Guatemala.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, había logrado avances sin precedentes en los últimos años, entre ellos la implicación del entonces presidente Pérez Molina en un escándalo de corrupción que desencadenó manifestaciones masivas y, en último término, su dimisión y arresto en 2015. Sin embargo, los siguientes gobiernos han minado las iniciativas para luchar contra la impunidad, cancelando el mandato del CICIG en 2019 y acosando, difamando y criminalizando a activistas, periodistas, fiscales y jueces que denuncian o investigan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La creciente indignación de la opinión pública por la corrupción, la desigualdad económica y la respuesta del Estado a la pandemia estalló en una amplia huelga general en julio de 2021, después de que la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, destituyese al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Sandoval, que huyó del país debido a preocupaciones por su seguridad, había estado investigando el hallazgo de casi 16 millones de dólares estadounidenses en casa de un ex ministro de Infraestructuras, y las acusaciones de que empresarios rusos dejaban bolsas con dinero en efectivo en casa del presidente Alejandro Giammattei. El presidente niega las acusaciones.
Líderes indígenas encabezaron la huelga, secundada por amplios sectores de la sociedad que se unieron a sus demandas pidiendo la dimisión de Giammattei y una transformación total de la manera de gobernar la nación. Manifestantes indígenas bloquearon autopistas en muchas partes del país, mientras en la capital, los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron pintura a la policía desplegada para proteger los edificios gubernamentales.
En una carta enviada desde prisión, Caal daba las gracias a Sandoval «por ser una esperanza para combatir la corrupción que ha significado la muerte, hambre y pobreza para miles de guatemaltecos y guatemaltecas» y por demostrar que «sí es posible alcanzar la verdad y la justicia».
Sandoval es el último de varios fiscales y jueces que se han visto obligados a abandonar Guatemala en los últimos años, entre ellos la primera fiscal general del país, Claudia Paz y Paz, que huyó en 2014 cuando las autoridades realizaron acusaciones infundadas en su contra, y congelaron sus cuentas bancarias durante un breve periodo de tiempo.
En una conversación con Amnistía Internacional desde Costa Rica, Paz y Paz alerta de que la erosión de la separación de poderes ha avivado aún más las persecuciones por motivos políticos y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos. «Hay una componenda, un arreglo entre la jefatura de ejecutivo, el legislativo, y tristemente del poder judicial, también. Y lo que más me preocupa es que los ciudadanos se quedan en absoluto estado de indefensión —tanto para que si se comete un crimen en su contra, este queda en la impunidad— como para los casos fraguados de criminalización que estamos viendo. Se inflan acusaciones, o se inventan acusaciones. Se fabrican y fraguan pruebas. Es muy, muy delicada la situación del país».
Paz y Paz hizo historia al ser la primera funcionaria pública en enjuiciar los graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, que se prolongó durante décadas, entre ellos la acusación formal por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt. Señala que la criminalización es «un arma muy poderosa en contra de la disidencia porque implica la pérdida de la libertad, implica un riesgo gravísimo para la integridad física… es una forma de silenciar a las voces que denuncian la corrupción y la impunidad».
Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, Paz y Paz cree que la presión y solidaridad internacionales pueden marcar la diferencia, citando por ejemplo las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios y ex funcionarios públicos guatemaltecos por actos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en Canadá, acusadas de cometer delitos violentos en Guatemala.
La ex fiscal también se declara esperanzada por «el trabajo excelente que hacen el periodismo independiente, también los pocos funcionarios honestos que quedan en el país», así como por la reciente huelga nacional: «la movilización ciudadana es una voz muy, muy poderosa para frenar el autoritarismo que estamos viviendo actualmente en el país».
Desde Guatemala, Matzir muestra la misma convicción. «La fuerza espiritual la tenemos muy, muy fundamentada de nuestros ancestros y nuestras ancestras que han estado luchando por siglos [para] mantener la dignidad, mantener la posibilidad, la esperanza de construir un mundo mejor, un mundo más justo para las siguientes generaciones», afirma. «El pueblo maya ha enfrentado tantas situaciones y ahora nos corresponde continuar. Tenemos que mantener esa vela encendida para seguir defendiendo los derechos que nos corresponden».
Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional. El caso de Bernardo Caal es parte de Escribe por los Derechos 2021, una campaña anual de Amnistía Internacional y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.
¡Lo logramos! Porque nunca perdimos la esperanza, porque nos articulamos al movimiento mundial en defensa de los ríos, el agua y el territorio; porque aprendimos a defendernos junto a otras comunidades, luchas y procesos que vivían las mismas amenazas y atropellos; porque dijimos NO a la pesadilla de desaparecer nuestro territorio, historia, cultura e identidad; porque nos resistimos a quedar bajo el agua y a ser despojados de nuestras raíces; porque nos unimos, nos organizamos, nos defendimos, nos movilizamos, denunciamos, exigimos y propusimos alternativas para una gestión integral del agua en el campo y la ciudad; porque aprendimos los derechos que tenemos como pueblos campesinos; pero sobre todo, porque amamos nuestra tierra y amamos nuestro río.
Somos parte del movimiento social en defensa del agua, del territorio y los derechos humanos a nivel estatal, nacional e internacional. Nuestros logros, representan el logro de todos. Pues sin los aliadxs (organizaciones, colectivos, comunidades, redes, universidades, Investigadorxs, periodistas, artistas y los “hijos e hijas adoptivas de Temaca”, como cariñosamente les llamamos a tanta gente que apoyó la causa, esta lucha y sus frutos no hubieran sido posible. Hoy les decimos GRACIAS, nuestro territorio vivirá y siempre serán bienvendxs.
En la tercera visita del Presidente de México y su Gabinete ampliado a Temacapulín, el pasado 10 de noviembre, se sentaron las bases para la definición y acuerdo de operación del proyecto “Presa El Zapotillo sin inundación de las comunidades”, como lo planteamos los pueblos en conjunto con nuestro Equipo Técnico. La obra contará con un vertedor físico por el cuerpo de la cortina, que consiste en 6 ventanas vertedoras en la elevación del fondo en 1,590 msnm, con unas dimensiones de 12 metros de ancho por 9 metros de altura, que permitirán desalojar el caudal asociado a avenidas poco probables, pero de gran magnitud (periodo de retorno de 10,000 años), sin inundar las comunidades y entregar 3 m³/s de agua potable a Guadalajara. La altura de llenado será hasta los 40 metros (cota 1590), con un área de inundación de 264 Ha. La elevación máxima que puede alcanzar el nivel del agua en avenidas extraordinarias poco probables, asociada a un periodo de retorno de 10,000 años, es en la cota 1,598.14 msnm, lo que representaría manejar la presa con una altura máxima de 48.14 metros, con una área de inundación de 422.22 Ha.
Por otra parte, se presentaron 15 demandas del Plan de Justicia para la Reparación Integral de los daños de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y sus medidas de no repetición, plan que se encuentra todavía en proceso de construcción comunitaria, y que el Presidente y su Gabinete se comprometieron a llevar a cabo, destacamos:
§ La presentación de disculpas públicas a las comunidades y medidas de no repetición.
§ La realización de una auditoría técnica y financiera al proyecto El Zapotillo.
§ La restauración y protección a nuestro río Verde. Declaración de Área Natural Protegida.
§ La revisión y cancelación de las concesiones de extracción de materiales pétreos en el río Verde.
§ El proyecto agua para todxs, agua para la vida y su saneamiento para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
§ El derecho al retorno de la comunidad de Palmarejo que fue desplazada de manera forzosa y la reconstrucción de la comunidad con todos sus servicios e infraestructura.
§ La reactivación de nuestra economía, revivir y fortalecer nuestras comunidades, ejercer nuestro derecho al desarrollo que fue truncado, y la autodeterminación de nuestros pueblos.
Somos conscientes de que entramos a una nueva etapa de nuestra lucha, e inician los trabajos para hacer cumplir el Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños y la ejecución de la obra como la exigimos los pueblos, salvaguardando nuestro territorio.
Celebramos nuestros logros y la victoria de los pueblos:
1.Se cancelan dos de las obras del Sistema Zapotillo: el Acueducto El Zapotillo – León que provocaría la privatización y mercantilización del agua en bloque a las empresas y corredores industriales del bajío. Y la Presa El Purgatorio, obra con altos costos económicos por su demanda energética para su operación, negocio para las constructoras y empresas de agua y saneamiento coludidas con el Gobierno de Jalisco.
2.Se obliga al Estado Mexicano a no desplazar e inundar nuestras comunidades y tierras de cultivo.
3.Se obliga al Estado Mexicano a la reparación integral de los daños materiales e inmateriales.
4.Se logra que la operación de la Presa El Zapotillo sin inundación de las comunidades, reduzca al 60% su altura de cortina, de 105 metros a 40 metros de altura.
5.Se logra que el área de afectación e inundación del proyecto disminuya significativamente, de inundar alrededor de 4500 ha con el proyecto a 105 metros, se reducirá entre 262 ha y 422 ha, de tierras fértiles.
6.Se pone un alto a la alcancía inagotable que significó para las empresas constructoras y los gobiernos en turno, El Zapotillo como presa de la corrupción.
7.Se logra que el agua del río Verde se quede en Jalisco.
8.El agua de la Presa el Zapotillo sin inundación de las comunidades, vendrá para el Área Metropolitana de Guadalajara y será para la gente que no tiene agua o que más la necesita, no para las empresas inmobiliarias y de la construcción, no para quienes la acaparan y la contaminan.
Reconocemos la voluntad política del Presidente y el mandato a su Gabinete para avanzar desde el diálogo y el respeto a las propuestas y decisiones de las comunidades. Exhortamos al Gobierno Federal a actuar de la misma manera en tantos casos de defensa del territorio graves y urgentes que se viven en Jalisco y el país, destacamos la contaminación ambiental y los problemas de salud pública en la ribera del río Santiago y el Lago de Chapala. El despojo del agua, la devastación ambiental, la destrucción de bosques y áreas naturales por el crecimiento sin límites de las empresas constructoras e inmobiliarias en el Área Metropolitana de Guadalajara. Nuestro sueño, que nuestra lucha logré que otras luchas consigan la justicia y la reparación de los daños.
«Hagamos las paces con los ríos y acuíferos»: Pedro Arrojo, Relator de la ONU en agua.
Fue lo que afirmó al dirigirse al presidente de México en el evento donde el gabinete del Gobierno Federal visitó a Temacapulín, para iniciar el Plan de Justicia, tras acordar la no inundación por la Presa Zapotillo.
«La crisis mundial del agua debe afrontarse con dos acciones clave: hacer las paces con los ríos y acuíferos y generar una gobernanza democrática del agua, donde el vital líquido no sea un negocio sino un reto democrático, dijo Pedro Arrojo Agudo, al tomar la palabra el 10 de noviembre de 2021 en Temacapulín.
El Relator Especial agregó que esta crisis global se da en el planeta que está compuesto en su mayoría por agua, e implica que 2 mil 200 millones de personas no tienen acceso a ella.
Son personas empobrecidas que viven junto a un río o acuífero contaminado por la «codicia humana» casi siempre de los más ricos, afirma.
Viejo aliado de Temaca
Pedro Arrojo Agudo ha sido aliado de la resistencia de Temacapulín contra la presa El Zapotillo desde hace 13 años.
En una reunión privada en la Casa Iteso Clavijero, «apostó» con la comunidad el triunfo.
Después volvió para la exposición Agua, Ríos y Pueblos que se exhibió en el Parque Rojo y, en consecuentes oportunidades, participó en foros, presentaciones de libros, expresando siempre, el razonamiento de los pueblos a no dejarse inundar y defenderse.
En su intervención del miércoles pasado, advirtió que le sería difícil hablar sin que se le estrechara la garganta.En foro sobre Agua y Derechos Humanos del ITESO, en 2014.
«Hagamos las paces con los ríos y acuíferos»: Pedro Arrojo, Relator de la ONU en agua, fue la frase más contundente a manera de mensaje a las autoridades.
Un elemento fundamental en la resolución del problema que arrastraron por 16 años quienes viven en estos tres pueblos, fue el diálogo, agregó Arrojo Agudo.
El Estado de Jalisco tiene no sólo la riqueza del Río Verde, sino también, en varios acuíferos que parecen no tan visibles a primera vista. Arrojo los llamó el pulmón de la naturaleza:
Lo que sucedió en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, dijo el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al agua potable y saneamiento, «es un ejemplo a nivel mundial de resistencia y negociación entre autoridades y ciudadanía.»
Pedro Arrojo Agudo mantendrá visitas no oficiales con autoridades del Gobierno Federal y volverá a Temacapulín a acompañar el proceso comunitario de cada a la reparación del daño.
Foto: Jade Ramírez. Fecha de publicación: 10 de noviembre 2021
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Periodista que recién incursiona en publicaciones independientes y en organizaciones civiles. Escribo gozosa para el Observatorio Digital de Violencias y ahora en Perimetral.
Acompañados por el Relator Especial del Agua y el Saneamiento de Naciones Unidas, Dr. Pedro Arrojo Agudo, el Comité Sálvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el IMDEC y el Equipo Técnico Comunitario harán un pronunciamiento, balance y siguientes pasos de la tercera visita del Presidente de México y su Gabinete a Temacapulín.
Les esperamos mañana sábado 13 de noviembre, a las 11 de la mañana, en la Casa Cem.
Luego del acuerdo entre el gobierno federal y pobladores de Temacapulín, Palmarejo y Acasico para que la Presa El Zapotillo opere sin que los poblados sean inundados, la reparación del daño queda en manos de la abogada ambientalista Claudia Gómez Godoy. Las comunidades expusieron 15 demandas, que incluyen una auditoría a la obra que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón
Texto: Susana Rodríguez y Jade Ramírez / Perimetral
JALISCO.- El activista Gabriel Espinoza leyó a nombre de la comunidad afectada por la Presa El Zapotillo 15 exigencias a funcionarios del gobierno federal al dar el banderazo inicial al Plan de Justicia, tras la cancelación de la inundación de las comunidades.
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le demandaron la restauración del Río Verde y la cancelación de las licencias de extracción de materiales.
A Bienestar, programas de atención para adultos mayores; al Instituto Nacional de Antropología e Historia la preservación y conservación del patrimonio. A la Secretaría de Turismo, el nombramiento de Pueblo Mágico, y la lista sigue.
Entre las peticiones está una disculpa pública, iniciar una auditoría técnica y financiera de la obra Zapotillo. El derecho al retorno de los habitantes de Palmarejo que fueron desplazados al predio Talicoyunque en calidad de hacinamiento en gobiernos anteriores.
El encuentro se dio en Cañadas Obregón, Jalisco, con el presidente López Obrador y su gabinete formal, y representantes de los tres pueblos afectados por la Presa El Zapotillo cuya construcción desde 2009 pretendía inundar las comunidades.
Arturo Martínez Santoyo, titular de la Comisión Nacional del Agua, informó que en el proyecto acordado para que opere la presa sin inundar los pueblos se integraron las aportaciones y recomendaciones de las comunidades y sus equipos técnicos.
De acuerdo con el funcionario, la presa tendrá ventanas vertedoras en la cortina que evacuarán el agua sin inundar ninguna de las tres comunidades.
Gabriel Espinoza Íñiguez, quien inició la resistencia contra la presa siendo sacerdote y se convirtió en activista, rememoró el inicio de la Revolución del Agua hace 11 años:
“Queda demostrado que la unión, la organización, la perseverancia, la lucha, la resistencia y la dignidad que hemos mantenido por 16 años los pueblos campesinos que habitamos en esta región del Río Verde de los Altos de Jalisco es semilla, la hemos sembrado, ha florecido y está dando frutos”.
Asistieron los titulares de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de la Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, y Bienestar.
También el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Cultura, Turismo, entre otros.
Se enunciaron los duelos en 16 años de lucha
Los abucheos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no se evitaron ni coartaron recién iniciado el evento en la plaza de Temacapulín.
La primera voz que se dejó escuchar fue la de María de Jesús García nacida en Temaca, emblema de la resistencia de los adultos mayores.
Ella habló de las vidas que el proyecto de la Presa El Zapotillo cobró en estos 16 años de lucha y resistencia.
Por más romance entre Temacapulín y Acasico con el presidente López Obrador, la contundencia y los reclamos no se esconden, como lo recapituló la misma Marichuy.
“Hoy queda demostrado que cuando el pueblo lucha por su dignidad, justicia, sin olvidar su identidad, y con un gobierno como el de usted, queda en los hechos que existe el diálogo y voluntad para llegar a acuerdos a favor de la vida y caminar juntos en armonía, paz y tranquilidad, como lo hemos deseado”.
La recuperación de las comunidades, “autogestionada”: AMLO
El presidente de la República calificó de ejemplar la lucha de los tres pueblos.
“Con la resistencia de estos años pusieron a salvo no sólo el territorio, sino también las costumbres y tradiciones de esta región de Jalisco”, dijo López Obrador.
Se comprometió a salvaguardar a los pueblos incluso en las temporadas de fuertes lluvias, y a dar cumplimiento a las 15 peticiones de los pueblos.
Incluso el propio presidente les planteó la posibilidad de que permanezcan organizados o generen «otro esquema de asociación», para que reciban de forma directa los recursos federales.
Antes de culminar la sesión pública entre el gabinete federal con los afectados por la Presa Zapotillo, el presidente López Obrador anunció una nueva visita de seguimiento.
Foto: Perimetral.
Reparación del daño por Zapotillo en manos de abogada.
El gobierno federal nombró como encargada para la reparación del daño a los afectados por la Presa Zapotillo a la abogada ambientalista Claudia Gómez Godoy.
En más de 13 años, la litigante ha conocido a profundidad los estragos del conflicto socio-ambiental por abastecer de agua a Guadalajara y Guanajuato.
Ella entiende el galimatías jurídico de más de 16 juicios de amparo contra expropiaciones, por la suspensión de la obra y la Controversia Constitucional.
La defensora de derechos humanos verá los asuntos de la reparación integral e indemnización a las comunidades, y lo que corresponda con las empresas involucradas.
Perspectiva en justicia, género y dignidad
Su expertís radica en diseñar la estrategia jurídica de afectados ambientales en el sureste mexicano, comunidades wixaritari, Nayarit, luchas antiminas, campesinas y ejidos.
Colaboró en la creación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en Proyectos de Desarrollo e Infraestructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La abogada encargada de la reparación del daño por Presa Zapotillo es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Cuenta con prestigio entre las organizaciones civiles mexicanas, movimientos ambientalistas, la academia y agrupaciones internacionales.
Los pueblos decidieron
La relación de Temaca, Acasico y Palmarejo con Andrés Manuel López Obrador no inició hace dos años.
En 2010 Emilio González Márquez cuando las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, decidieron sesionar en Temaca durante las giras de pre-campaña de AMLO, envió patrullas de la Policía Estatal.
Los representantes de las izquierdas al lado de López Obrador los echaron del pueblo, pues bloqueaban la presencia de legisladores contra la Presa Zapotillo.
Lo deseable y lo posible
Gabriel Espinoza recién describió cómo fue tomar la decisión de aceptar modificaciones a la cortina de la represa y postergar el desmantelamiento.
“Una es la cosa deseable y otra lo posible. En este caso para Temacapulín, Acasico y Palmarejo lo interpretamos como lo posible en este presente histórico; lo que no se pudo detener porque los pueblos luchamos y yo mismo lo señalé 10 de octubre: Temacapulín es la capital mundial contra las presas desde 2010, tenemos siete compromisos con el planeta a los que no vamos a renunciar pero en este presente histórico es lo posible, quizá lo posible en próximos tiempos será el desmantelamiento pero en este momento, lo posible es lo que llaman los técnicos ‘el reacondicionamiento de la obra’ para que no se inunden los pueblos y utilizar la infraestructura que ya existe para que no niegue ese gasto de 3 metros cúbicos por segundo de utilidad y fijar posturas: las que son reconciliables e irreconciliables, pues no renunciamos que son ríos para la vida».
“No repetición e indemnización colectiva”
Claudia Gómez Godoy, desde 2019 cuando inició el diálogo para llegar a este momento, sabía que no se trata solo de la altura de la cortina y volúmenes de agua.
Para quien trabajará en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se trata de una oportunidad para dejar precedentes.
La apuesta es que no se repitan en ningún otro pueblo a nombre del desarrollo, violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos, empresas y capitales extranjeros.
“Habría que iniciar nuevas acciones, hay daños ocasionados, mucho dinero que se dejó de invertir, gente que murió a consecuencia de la presa; más adelante si se da el desmantelamiento hay que pensar en las indemnizaciones y una cosa que queremos construir, es lograr garantías de no repetición, que no haya una vez más otro Temacapulín por la construcción de una obra o megaproyecto que finalmente no se hace y hay consecuencias económicas, sociales, culturales que están ahí, sí hay indemnizaciones ¿Cuántos años se dejó de invertir? Ese dinero que se dé de manera colectiva. Hay muchos estudios de cómo se puede revertir las violaciones a los derechos humanos con la indemnización colectiva. No estamos pensando en indemnizaciones individuales sino una reparación colectiva, en donde se restituyan sus derechos, ese dinero que se dejó de invertir se invierta, donde se dé una disculpa pública, donde hablemos de una reparación integral”.
La lucha no termina
La propuesta técnica de seis vertederos a lo largo de la cortina y escurrimientos de excedente por la corona de la presa convenció a las comunidades.
Pero después del 2024 sigue latente la posibilidad de que un gobierno estatal promueva otra altura de la cortina, un nuevo convenio e incluso el trasvase del río Verde.
Claudia Gómez Godoy es abogada antirrepresas que construirá a nivel comunitario la reparación integral del daño.
Tendrá que tomar en cuenta los castigos presupuestales impuestos por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal a Temacapulín y Acasico en 16 años.
A eso se suma el estrés postraumático en niñez, jóvenes y ancianos habitantes de los pueblos. También las enfermedades crónico-degenerativas asociadas al sistema nervioso que aceleraron la muerte de más de 20 personas.
Los proyectos agrícolas obstaculizados, la falta de infraestructura y lo que decidan las comunidades como horizonte.
Temacapulín ha recibido ofertas de mercantilización turística durante los años de lucha. Aún sin nombramiento oficial de Pueblo Mágico, conserva prácticas y condiciones como destino único en la región de Los Altos.
Empresas sí cometieron violaciones a derechos humanos
Este año se cumple una década de la creación del Grupo de Trabajo Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En 2018 una visita oficial a México de integrantes del GT visitó Jalisco y escucharon las denuncias contra las empresas constructoras de la Presa Zapotillo, o las que extraen agua, propician la explotación laboral, desarrollan fraccionamientos, construyen hidroeléctricas y geotermia.
Lo que se asoma además de los acuerdos con los gobiernos federal y estatal es la reconciliación intercomunitaria que reestablezca las relaciones alteradas por la imposición.
No se trata de un proceso fácil y ahora recae en la acompañante incondicional de Temaca, Acasico y Palmarejo: la creadora del Chiltemaca.
*Esta nota fue realizada por PERIMETRAL. integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
Enfocada a la cobertura de temáticas sobre derechos humanos, conflictos socio- ambientales y cultura. Ha sido premiada por la Bienal Internacional de Radio en la categoría de Radioarte, Radio Indigenista, Mesa de Análisis y Debate; finalista del Premio Fundación Nuevo Periodismo en 2007 y 2009. Obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por el reportaje “La Discriminación vuela por Avianca”, también en 2009. Actualmente escribe para medios digitales y realiza reportajes para la radio y televisión universitaria en Jalisco.
Una aplicación para alertar sobre la falta de agua en ríos busca animar a los ciudadanos a colaborar con los científicos en la búsqueda de soluciones a un problema creciente en América Latina.
DRYRivERS fue desarrollada en el marco de un proyecto internacional que estudiará los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de las redes de ríos que secan. Así, los investigadores podrán comparar las reacciones de la biodiversidad a las sequías entre Europa y Sudamérica, y desarrollar modelos que anticipen los efectos del cambio climático en ríos y arroyos.
Por otra parte, la aplicación ya está disponible para que ciudadanos de 177 países aporten sus propios registros.
La información resultante generará un mapa que -combinado con herramientas de hidrología- permitirá modelar proyectos de uso del agua, que a su vez servirán para identificar próximos eventos de secado de ríos, adelanta en un correo electrónico a SciDev.Net Amélie Truchy, supervisora de diseño de la app .
Así, se podrán elaborar estrategias y recomendaciones de manejo para las redes hídricas en crisis.
“Explorar las respuestas de las redes de ríos que se pueden encontrar a lo largo de una variedad de climas, contextos biogeográficos y configuraciones socio-ecológicas es vital para abordar las similitudes y los contrastes en términos de respuestas de las comunidades y los ecosistemas”, indica Amélie Truchy, supervisora de diseño de la app DRYRivER.
Río Paraná. Bajada histórica en Goya, Corrientes, Argentina. Agosto, 2021.
Sin embargo, más de la mitad de la red de ríos del mundo tienen canales que se están secando, cuota que aumenta dramáticamente debido al cambio climático y al uso creciente del agua.
“La situación de las aguas superficiales se ha deteriorado en las últimas décadas, a nivel de la cantidad y calidad”, confirma vía WhatsApp Miguel Doria, responsable de América Latina del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, quien no forma parte del proyecto.
Entre las causas principales destaca el aumento poblacional de la región (de 430 millones en 1950 a 660 millones hoy), los cambios en el uso del suelo (deforestación y consecuente erosión, con más sedimentos en los ríos) y la sobreutilización de productos químicos y plásticos.
Isabel Matzir teme constantemente por la vida de su esposo, Bernardo Caal Xol, quien se encuentra en prisión desde enero de 2018 (© Anaís Taracena/Amnistía Internacional)
En foro sobre Agua y Derechos Humanos del ITESO, en 2014.
INVITACIÓN A MEDIOS
