El 14 de marzo, día internacional de lucha contra las represas, organizaciones de toda Latinoamérica se unen por la defensa de los ríos, el agua y la vida Varias organizaciones latinoamericanas, muchas de ellas contrapartes de InspirAction hacen un llamamiento contra la apropiación privada de la naturaleza por las multinacionales.
14 de Marzo: Dia internacional de lucha contra las represas, en defensa de los rios, el agua y la vida
Nosotros, afectados por represas en Latinoamérica y sus aliados, convocamos y animamos a las organizaciones, pastorales, redes, activistas y movimientos sociales a sumarse en las movilizaciones que marcaran el Día Internacional de Luchas Contra las Represas, por los ríos, por el agua y por la vida, en la semana de acciones contras las represas del 14 de marzo.
Esta fecha, definida en 1997 durante el 1º Encuentro Internacional de los Afectados por Represas ha sido marcada desde entonces por las denuncias de estos proyectos de muerte impuestos en todo el mundo y debido a sus consecuencias en graves violaciones a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
La disputa por la apropiación privada sobre los bienes naturales como el agua y la energía es cada vez más creciente en detrimento de la naturaleza y la vida. Las poblaciones afectadas que luchan por la sobrevivencia y sus derechos denunciando las violaciones cometidas por las grandes compañías, también sufren con la criminalización de sus organizaciones, además de las amenazas y asesinatos de sus liderazgos.
Más que nunca, es necesario que nos mantengamos firmes y organizad@s para seguir en la lucha local, nacional e internacional. Nuestro compromiso es de mantenernos en lucha contra las compañías transnacionales que se apropian de nuestras riquezas y de los derechos, en defensa de los ríos, del agua y de la vida.
Reforzamos la importancia de la unidad en la lucha entre los pueblos y las diversas organizaciones, fortaleciendo el internacionalismo contra el proyecto del capital, lucha que no es solamente del afectado por los embalses o desplazamientos sino también de todo el pueblo, pues todos/as vivimos los impactos por las altas tarifas de energía, por la privatización del agua y por la retirada de los derechos de los trabajadores, campesinos y indígenas.
Nuestra lucha es permanente para la construcción de un modelo energético y de gestión del agua popular, que respete y garantice los derechos y a la naturaleza.
Firman:
MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens, Brasil
Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas – Ríos Vivos, Colômbia
MAPDER – Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Rios, México
Funprocoop, El Salvador
Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Guatemala
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras
Se la conoce como la fundadora de GEUTE Conservación Sur, una fundación sin fines de lucro que ha asumido la defensa legal de importantes ecosistemas chilenos. Y ella está a cargo del Comité de Defensa de la Patagonia, un organismo que coordina ONGs chilenas y extranjeras que se han unido para proteger la Patagonia.
El hecho es que, si hay una lucha por la naturaleza en Chile, Macarena Soler está en ella – y a ella le gusta así.
¿Por qué? Porque lo que está en juego es alto, y las protecciones ambientales en Chile aún son preocupantemente débiles. “Ningún Tribunal en Chile”, dice ella, “ha tenido la valentía de rechazar un proyecto de inversión para proteger una especie en peligro de extinción, o su hábitat”.
Endangered huemul or South Andean deer. Enidan7/Wikimedia Commons
Ese es un hecho asombroso, y esta falta de valentía política está teniendo un gran impacto en la fauna silvestre local. Las especies están desapareciendo a un ritmo alarmante – alrededor de 100 veces más que el ritmo de la extinción natural – y Soler enumera las bajas: “Desaparecen los peces de agua dulce, como el bagre patagónico; algunos picaflores, como el picaflor de Arica; el zorro de Darwin; felinos salvajes; algunos anfibios; el huillín, o nutria de agua dulce, etc…..”
“Estamos exterminando a los demás habitantes de nuestro planeta,” dice simplemente. “Es un holocausto”.
Soler está comprometida con detener este holocausto. Pero su trabajo no es solo obstaculizado por cortes tímidas: ella también está claramente con el alcance limitado de las campañas internacionales respecto a las especies en peligro de extinción.
“Las personas se conmueven al ver el daño a las ballenas, a los delfines, a los osos polares”, dice. Pero esas especies son solo unas cuantas de las muchas que están actualmente amenazadas. A Soler le gustaría ver que sus compatriotas chilenos presten más atención a las especies que están más cerca de su hogar.
Ese tipo de compromiso público es clave para proteger a las especies y ecosistemas en peligro, según Soler. “Ninguna autoridad, ningún tribunal va a preocuparse de un asunto ambiental que no interesa a nadie”, dice. “La comunidad más cercana al problema ambiental es la que debe estar a la cabeza de cualquier campaña, es la defensa de su hogar, su territorio, su futuro y el de sus hijos el que está en juego.”
Un buen ejemplo es el ciervo huemul. “El huemul está en nuestro escudo nacional, y los chilenos simplemente no lo conocen, no saben que quedan apenas unas centenas de ellos. Por eso creemos que es un buen ejemplo del fracaso de nuestro país en materia de protección de la biodiversidad. Es vergonzoso”.
Al mismo tiempo, Soler dice, la situación es tan absurda que hace su presentación a los jueces, autoridades y empresas más fácil.
“Por eso siempre es un orgullo defender al huemul en alguna corte de justicia”, dice. “Es uno de nuestros clientes favoritos y estamos empeñados en que permanezca en el emblema patrio”.
La pelea de su vida
Fue otro emblema chileno que condujo a Soler a la pelea de su vida: el estado sureño de la Patagonia.
The beautiful Baker River.Glenn Switkes, International Rivers
Una región silvestre y remota de gran belleza, la Patagonia siempre ha tenido una cualidad semimítica en la imaginación chilena. Los primeros colonizadores europeos estaban convencidos que la región estaba habitada por una raza de gigantes, y las descripciones sobre ellos son abundantes. (Los investigadores ahora creen que estas personas eran Tehuelches, un grupo indígena que fue exterminado, pero cuyos miembros eran mucho más altos que el promedio de los europeos en este tiempo).
En 2011, el gobierno chileno – hambrienta por elevar la generación de energía eléctrica en el país – aprobó un megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia: HidroAysen. Concebida por dos empresas, Endesa y Colbun, el proyecto proponía construir cinco represas en dos ríos prístinos de la Patagonia: el Baker y el Pascua.
“HidroAysen fue como un tsunami”, dice ahora Soler, “una inmensa ola que amenazaba romperse sobre todos nosotros”.
De cualquier manera que se midan, los impactos del proyecto serían extremos. Las represas inundarían 15.000 acres de ecosistemas forestales raros y algunas de las tierras agrícolamente más productivas. Tan solo el proceso de construcción impactaría a seis parques nacionales, once reservas nacionales, 26 sitios de conservación prioritarios, 16 humedales y una cantidad de áreas de conservación de propiedad privada.
Cuando se anunció la decisión de seguir adelante con HidroAysen, Chile estalló en protesta. Aliados de todo el mundo se unieron a la lucha. Y Macarena Soler, junto con el Comité de Defensa de la Patagonia, entraron en acción.
“Como todo abogado siempre quise ganar; sin duda ése anhelo está en la genética de todo abogado”, dice Soler. Pero hubiera sido demasiado ingenuo pensar que una victoria era inevitable, sostiene.
De hecho, la batalla legal en torno a HidroAysen mostró justamente cuán inadecuada es la legislación chilena cuando se trata de proteger a los ecosistemas y la biodiversidad cruciales. Soler dice que se hizo evidente cómo las corporaciones pueden forzar con facilidad decisiones que les son favorables pero que ignoran el interés público.
Pero en este caso, los ríos ganaron: En 2012, el proyecto fue suspendido, y el gobierno chileno lo canceló en 2014.
Le pregunté a Soler si ella tuvo una relación con los ríos cuando estaba creciendio. Ella admite que no la tuvo: “Me resulta muy difícil encontrar belleza en un lugar sin montañas”, dice. Pero añade, “Sin embargo, precisamente el caso de HidroAysen me hizo ver que el centro de la vida es el agua, son los ríos”.
Ella vive ahora en la Patagonia, en un intento de vivir a un ritmo más humano en vez de un ritmo impuesto por la tecnología. Desafortunadamente, ese ritmo “human” no ha sucedido enteramente, dice ella, “porque las amenazas que constantemente asedian a ésta tierra maravillosa nos obligan a trabajar 24/7”.
Finalmente, le pregunto por qué es tan apasionada por la conservación. Su respuesta es simple: “Porque de la conservación depende todo lo demás. Es así de simple, y así de complejo”.
“Nuestra biósfera,” dice, “es el resultado de millones de años de experimentos sucesivos que tienden a favorecer la vida, algunos de los cuales, nuestro conocimiento ha podido en alguna medida llegar a entender. Pero es infinito lo que aún no hemos conocido”.
Llama in Llolleo, San Antonia, Chile.Vivian Morales/Wikimedia Commons
“En muy poco tiempo, nuestra especie ha causado enormes cambios en la biósfera. Algunos llaman a nuestra era “el antropoceno”, con consecuencias desastrosas como el cambio climático, y la extinción masiva de especies. Podemos hablar y escribir eternamente sobre las causas de esto, y proponer muchísimas medidas…pero la conservación y la restauración son una respuesta obvia, que está a la vista de todos”.
Soler dice que está muy comprometida con esta lucha a largo plazo. Ella saca fuerza y esperanza de su socio abogado y amigo Manuel Passalcqua y su equipo, cuyo entusiasmo y compromiso a toda prueba “hacen que sea imposible desanimarse”.
Sin embargo, cuando le pregunto qué trabajo futuro la entusiasma más, su respuesta es inmediata: trabajar con gente joven.
Ella está lista para capacitar a una nueva generación de activistas serios, informados y profesionales “que cuestionen todo a su alrededor y que estén dispuestos a cambiar los paradigmas desde la firmeza de sus convicciones, pero siempre de modo pacífico”.
Ellos no podrían pedir un mejor modelo que Macarena Soler, una abogada y activista extraordinaria, y nuestra Guardiana del Río de junio.
En Patagonia, el cambio climático presenta una amenaza directa para la salud humana y el medioambiente. Más de un 90% de los glaciares en esta región están retrocediendo,[1] las especies marinas en peligro de extinción están cambiando sus rangos de migración mientras el océano se calienta. En algunas comunidades rurales, la capa freática de aguas ha descendido tanto en sus niveles históricos, que el agua está siendo transportada en camiones hasta sus puertas.[2] Estos cada vez más escasos recursos, como los glaciares y ríos, necesitan legislación para protegerlos y regular usos que podrían acelerar sus pérdidas.
Pero quizás la mayor amenaza para los ríos de la Patagonia, está bajo el pretexto de las políticas sobre el cambio climático. Ésta es diseñada para favorecer la construcción de grandes represas en la región, con el fin de reducir las emisiones de carbono. Nuevos estudios cuestionan si Chile debe aceptar los proyectos como una solución al cambio climático, dado que un estudio de la Universidad de Stanford muestra que el país podría alcanzar 100% de energías renovables sin la construcción de una sola presa adicional. Pero las políticas actuales se basan en modelos de desarrollo antes que otras energías renovables como la eólica o solar, y bajo un régimen legal que data de la década de los 80, mucho antes que la mitigación del cambio climático era una prioridad universalmente reconocida. La consecuencia es que algunos grandes ríos de Patagonia continúan en riesgo, a pesar de la doble función que desempeñan como herramientas eficaces en la mitigación del cambio climático y como motores económicos de la región.
De París a la Patagonia
A finales de 2015, los líderes mundiales se reunieron en Francia y llegaron a un trato sobre el clima global conocido como el Acuerdo de París. Como parte de esto, 189 de 196 gobiernos asumieron compromisos específicos y mensurables para reducir las emisiones de carbono. Estas responsabilidades voluntarias, denominadas Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDCs, por sus siglas en inglés), difieren en cada país, siendo unas más ambiciosas que otras. El INDC de Chile se basa en un objetivo de intensidad de carbono, cuya misión es reducir las emisiones por PIB en un 30% por debajo de los niveles de 2007 para el año 2030, y trasladar la producción de energía a las energías renovables.[3] El plan tiene una clasificación de “insuficiente” por los investigadores de la Climate Action Tracker.[4]
El problema para Patagonia no es que estos recortes de emisión no sean suficientemente ambiciosos, sino que las políticas energéticas correspondientes observan a las grandes represas como si fueran la respuesta adecuada al cambio climático. En 2015, el Ministerio de Energía de Chile concluyó que el país podría alcanzar el 70% de energías renovables para el 2050, lo que ayudará a cumplir la meta de reducción de emisiones en un 30%. Mientras la cartera de Gobierno estudió diferentes escenarios, todos estos modelos suponen que grandes presas serían parte de la combinación. La mayoría de estos grandes proyectos se localizaría en el sur, donde poderosos ríos tienen supremacía y podrían hacer funcionar turbinas todo el año -aunque paulatinamente cada vez menos-. Una de las muchas consecuencias del cambio climático en la Patagonia, es un pronunciado decaimiento de las precipitaciones, lo cual debe tenerse en cuenta en cualquier discusión sobre el uso y manejo adecuado del agua.[5]El río Futaleufú.Jakub Sedivy
Para muchos, más preocupante que una política que prioriza a las grandes represas, es la que se está diseñando para otorgarle directrices a las empresas que buscan represar las cuencas hidrográficas. En 2014, el Ministerio de Energía encargó un estudio de mapeo de cuencas hidrográficas, actualmente en Fase II. El estudio evalúa las cuencas del Maipo (cercana a Santiago), y del Yelcho (que alberga el río Futaleufú, en la Patagonia). Éste último ha sido blanco de generación hidroeléctrica en el pasado. Estos casos han provocado alarma en las comunidades de estos lugares, donde los líderes locales se están uniendo para denunciar tanto al estudio como la confusión generada por tener un gobierno regional que apoya la conservación y el turismo, y un gobierno central que parece dar prioridad a las represas.
A esta política de mapeo de cuencas para la generación de energía, le precede el caso de HidroAysén. En 2014, a este controversial proyecto hidroeléctrico en la región de Aysén, en la Patagonia chilena, le fue invalidado el permiso. La desautorización vino tras años de campaña, que incluyó una investigación realizada por el Consejo para la Defensa de la Patagonia, coalición de organizaciones chilenas que sumó a asociados internacionales como el Consejo de Defensa de Recursos Naturales. Se desenmascaró el mito de que los chilenos deben aceptar las represas para mantener las luces encendidas. También provocó una respuesta del sector privado a buscar las garantías del Gobierno para futuros proyectos de presas, lo que resultó en el lanzamiento del estudio de mapeo de cuencas ese mismo año.
Antes del caso HidroAysén, era lógico que los políticos asumieran como conclusión inevitable que las grandes centrales hidroeléctricas jugarían un papel importante en el futuro de Chile. Durante muchos años, la pregunta que se hizo en este país no era si sus ríos serían represados, sino que cuál de ellos iba a ser el primero. En 2010, el entonces ministro de Energía anunció que la energía hidroeléctrica era “la principal riqueza en términos de recursos energéticos” del país.[6] Ahora que la conversación ha cambiado y otras tecnologías son a la vez rentables y competitivas en el mercado de la energía, los políticos pueden ser más ambiciosos para pedir la protección de los ríos de la Patagonia, y a la vez ser pro-desarrollo.
En última instancia, llegar al 100% de energías renovables sin nuevas represas requeriría cambios importantes en el marco normativos de Chile, que aún se beneficia de proyecto de desarrollo de gran embergadura, como las presas y plantas de carbón. El último debate es sobre revisiones a la Ley de Electricidad. Cuando esta ley fue aprobada en 1983, represas a gran escala fueron vistas como menos controversiales de lo que son hoy en día. Con tantos gigantescos ríos alimentados por glaciares, las represas hubieran sido la única forma de energía renovable factible para la implementación a gran escala. Un nuevo proyecto para revisar la ley está siendo criticado por promocionar proyectos con grandes infraestructuras, como las represas en Patagonia, a pesar de ser aclamada como una herramienta para promover Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como la eólica y la geotérmica.Mapa: Seis cuencas hidrográficas que están siendo priorizadas por el gobierno chileno.__title__
Según Juan Pablo Orrego, director del grupo ambiental con sede en Santiago, Ecosistemas, el proyecto de ley crearía zonas de desarrollo desde Santiago a Aysén, que él y otros llaman “zonas de sacrificio”. De acuerdo a Orrego, el proyecto haría más fácil construir líneas de transmisión para el transporte de energía generada desde la Patagonia a otras partes del país, o incluso a través de la frontera a la vecina Argentina. “Por extraño que parezca, el proyecto de ley está supuestamente diseñado para promover las ERNC, pero en realidad sólo promueve más mega represas”, dice Orrego.
Estas medidas legislativas, que están en consonancia con una política energética pro-represas, van en contra de una nueva investigación que muestre mejores alternativas.
Nueva investigación
Desde una perspectiva global, Chile es tremendamente afortunado. Nuevos estudios muestran que el país no tiene que elegir entre el carbón -que contribuye al calentamiento global y tiene otros costes sociales y medioambientales- y las grandes represas, que traen sus propios problemas. Esta nueva investigación podría servir de base para la futura formulación de políticas para abordar el cambio climático, tanto por la preservación de los recursos de agua dulce, como la adopción de un planteamiento ambicioso para enverdecer la red.
En 2015, el Instituto NewClimate de Alemania analizó los beneficios perdidos de INDC de Chile. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Chile podría ahorrar $5,3 mil millones de dólares por año y crear unos 15 mil nuevos puestos de trabajo mediante la implementación de políticas energéticas que apunten al 100% de energías renovables, sin hacer falta de nuevas grandes centrales hidroeléctricas. El estudio fue presentado al Ministerio de Medio Ambiente de Chile a mediados de 2015, a través de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, una coalición chilena de más de 20 grupos de trabajo para informar a los formuladores de políticas sobre temas como la política energética y la justicia climática.[7]
Yendo más lejos, está del Proyecto de Soluciones de la Universidad de Stanford, una iniciativa mundial para catalogar el trabajo de la energía de cada país con el objetivo de determinar cómo el mundo puede cambiar por completo a 100% de energía limpia y renovable.[8] Según el análisis de Stanford, Chile puede alcanzar el 100% de energías renovables con sólo un 6,7% procedente de todas las formas de energía hidroeléctrica (y un grandioso 54% a partir de energía solar).[9] Estas cifras son muy diferentes al análisis del Ministerio de Energía, cuya hipótesis obtuvo muchas críticas por parte de quienes estaban en desacuerdo.Kayak en la seccion media de el Rio Fuy en Chile.Jakub Sedivy
En conjunto, estudios como los de Stanford y el Instituto muestran que los políticos podrían discutir formas para que Chile se convierta en un líder global al desarrollar políticas de conservación energética y de agua, que estén optimizadas para hacer frente al cambio climático. El director del proyecto de Stanford, profesor Mark Jacobson, destaca la necesidad de formular políticas informadamente. “Creo que la obtención de información en manos y mentes de gente, es la barrera más importante que hay que superar para crecer en la implementación a gran escala de las energías renovables”, dice.“[10] Se necesita una mejor planificación no sólo para la conservación sino también para buscar reducciones de emisiones más ambiciosas y ayudar al mundo a alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, según lo establecido por el Acuerdo de París.[11]
Dejar que corran los ríos de la Patagonia
En Chile, la protección de los ríos aún no se ha convertido en una prioridad nacional, pero la mentalidad está cambiando. Una solución es establecer una nueva legislación que protegería a los ríos debido a su valor natural o paisajístico. Este modelo ha funcionado en otros países, y podría ser una herramienta eficaz en Chile, donde varios ríos siguen fluyendo hacia el mar o tienen secciones que todavía están sin desarrollar. También podría ser incorporado en el plan nacional para la mitigación del cambio climático, propuesto por los investigadores de la Universidad de Chile Centro de Ciencia para el clima y la resistencia (CR2).[12]
Juan Pablo Orrego de Ecosistemas, argumenta la necesidad de aprobar reformas profundas que no estén sesgados a favor del gran desarrollo hidroeléctrico. “Las cuencas que desembocan en el mar son increíblemente importantes para el cambio climático. Sus estuarios producen los hábitats costeros que son ricos en fitoplancton, que actúan como sumideros de carbono enormes. Si buscan otras fuentes de energía renovable, de hecho estás luchando contra la realidad del cambio climático con sólo mantener los ríos salvajes”.Represa Ralco, en el río Bío Bío.Roberto Araya
Las preocupaciones de los defensores de las cuencas hidrográficas como Orrego, hacen eco de un consenso internacional, como se indica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un informe científico presentado durante las conversaciones de París detalla cómo los objetivos incluyen la gestión sostenible de los recursos hídricos. En concreto, el objetivo 6.6 se centra en “la protección y restauración de los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, lagos y acuíferos” el 2020..[13] Sin embargo, estos ecosistemas no pueden salvarse si países como Chile deciden que las grandes represas sigan siendo las respuestas al cambio climático. Y en marzo de 2016, la ONU excluyó presas hidroeléctricas de gran tamaño (definido igual que antes, de 50MWs) de sus cálculos globales de energías renovables. Aunque las razones que dio eran las dificultades de medición de grandes presas, ya que vienen en línea y la por la incertidumbre política, el movimiento es visto como un intento de reducir la definición de las energías renovables.[14] El debate internacional en relación con las grandes centrales hidroeléctricas es importante para los países, al momento de planificación para las reducciones de carbono.Represa Pangue, en el río Bío Bío.Álvaro Maurín
Queda por ver si las personas que diseñan la política nacional energética de Chile pueden ajustar. En enero de 2016, el mismo Comité de Ministros que invalidó el permiso de HidroAysén, confirmó la autorización concedida para construir proyecto hidroeléctrico de 640MW de Energía Austral en el patagónico Río Cuervo. Un mes antes, confirmaron el permiso para el proyecto Mediterraneo en el río Puelo (véase el mapa). En conjunto, estas aprobaciones sugieren una falta de voluntad política para revertir los planes que ya se encontraban en el lugar, a pesar de que estos ya no pueden ser relevantes o necesarios para cambiar a un objetivo 100% renovable.
En términos económicos, los ríos de la Patagonia son importantes para las comunidades del interior que dependen del turismo y turismo aventura. Y ellos son críticos contra las comunidades costeras que se alimentan de los mismos ecosistemas marinos que actúan como sumideros de carbono. Estas comunidades necesitan nutrientes transportados al mar por los ríos sin obstáculos. De cara al futuro, una mejor información sobre la ubicación de estos ríos puede ayudar a informar al público y los responsables políticos sobre lo que está en juego si esta política de energía no se da vuelta.
En lugar de dejar que los ríos de la Patagonia sean represados, desviados o destruidos, las autoridades chilenas podrían incorporar la conservación de ríos como respuesta país al cambio climático. Si se hace, demostraría liderazgo en cuestiones climáticas. Revisando la política energética para excluir las grandes centrales hidroeléctricas como una prioridad, y estableciendo una ley de protección de ríos similar a la designación “ríos silvestres y escénicos” que ocurre en otros países, Chile podría convertirse en un líder global sobre el clima. Garantizaría la fluidez de sus ríos sin obstáculos, desde las montañas hasta el mar.
El autor, Patrick Lynch, es un abogado ambiental en Chile, y participa en el Mesa Ciudadana de Cambio Climático, lo que presenta estudios de energía renovable al gobierno chileno. Desde 2013 sirve como director internacional de Futaleufú Riverkeeper, una ONG basado en la Patagonia. Este artículo ha sido apoyado por un fondo especial de periodismo de EcoPatagonia, gracias a una alianza entre Patagon Journal y Earth Journalism Network. Más información: www.ecopatagonia.org
[5] http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2016/03/Propuesta-contenidos-PANCC-… See page 85. Projections for precipitation between 2031 and 2050 show a downward trend of between 5 and 15% between Copiapó and Aysén, with the drop more pronounced in the south, particularly between the Bío Bío watershed and the southern limit of the Los Lagos Region (e.g. the Yelcho watershed).
En el idioma del pueblo indígena Munduruku, «Ocekadi» significa «el río de nuestro lugar.»
Es su nombre para el río Tapajós, que forma el núcleo de sus tierras tradicionales en el corazón de la Amazonia brasileña. Una región de enorme diversidad social y biológica, la cuenca del río Tapajós conecta dos importantes biomas: la sabana tropical (Cerrado) y la Amazonia. Ahora, un número sin precedentes de proyectos de presas hidroeléctricas amenazan el Tapajós y sus principales afluentes, junto con hidrovias, la pavimentación de carreteras, la minería y empresas agroindustriales.
Nuestro nuevo libro «Ocekadi: represas hidroeléctricas, conflictos socio-ambientales, y resistencia en la cuenca Tapajós», coproducido con Ufopa (Universidad Federal del Oeste del Estado de Pará) y varios otros socios, evalúa críticamente la planificación, autorización y ejecución de proyectos de presas en la cuenca Tapajós. Se demuestra que estos proyectos, que atienden a intereses políticos y económicos estrechos, han violado sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas y otras poblaciones locales, desobedeciendo el estado de derecho y la escalada de los conflictos socio-ambientales en la región.
Sin embargo, como los autores del libro demuestran, los pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales de Tapajós, junto con sus aliados, están luchando en defensa de sus derechos, el empleo de tácticas creativas y cada vez más exitosos para proteger sus territorios, culturas y medios de vida.
CECOP, TRECE AÑOS EN RESISTENCIA CONTRA LA PRESA LA PAROTA
– I –
Organización y respuesta contra el despojo
Trece años de resistencia en contra del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota se cumplirán el 28 de julio de 2016; durante ese tiempo se ha templado el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) para continuar la lucha sin desmayo hasta lograr la Cancelación Definitiva del proyecto. Desde ese día emprendimos la defensa de nuestras tierras, el agua del río Papagayo y nuestro territorio que el gobierno trató de arrebatarnos para construir, sin nuestro consentimiento, esa megapresa que habría inundado 17,300 has., desalojado a 25 mil campesinos -comuneros y ejidatarios- y desertificado las tierras de quienes viven río abajo que son más de 80 mil, en un proyecto depredador que abarcaba cinco municipios del estado de Guerrero siendo Acapulco al más afectado en tanto que ahí planearon construir la cortina de la presa y el que tendría el mayor número de desplazados, principalmente comuneros de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, territorio constituido por 47 comunidades; 20 de ellas serían las más afectadas además de los 19 ejidos ubicados río arriba.
Ese 28 de julio de 2003, se detuvo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -para ese entonces empresa paraestatal promotora del proyecto- se le dijo que fuera a hacer su presa a otro lado y que sacara la maquinaria con la que habían iniciado los trabajo seis meses antes, lo que se vio obligada a hacer poco después; de ahí hasta ahora no logró meter nuevamente la maquinaria ni dar inicio a la construcción de la presa. Intentó hacerlo varias veces lo que le fue impedido por los pueblos que, para taparle el paso, instalamos plantones en los caminos que conducían a donde habían iniciado los trabajos; los plantones se instalaron en los cerros, en la entrada de los pueblos o junto al río, fueron 7 plantones resguardados día y noche durante cinco años sobre todo por las compañeras mujeres. Esta acción significó nuestra mayor fortaleza. La CFE intentó pasar varias veces pero fue repelida, ejecutó innumerables actos de provocación lo que generó un estado de constante confrontación además de que rompió el tejido social en el comunal y en los ejidos. La organización alcanzada por el CECOP frenó las provocaciones pero durante ese período cuatro compañeros fueron asesinados y once de nosotros estuvimos presos, llegando al encarcelamiento durante varios días de Marco Antonio Suástegui y de don Francisco Hernández (don Chico) quienes fueron liberados por la fuerza que había alcanzado el movimiento.
Al haber tomado conciencia de que la posesión de las tierras es de los comuneros y ejidatarios y, como decía Doña Margarita, a quien llamábamos la Comandanta: “en nuestras tierras mandamos nosotras y nosotros”, se llegó al convencimiento que para sostener y triunfar en una lucha por el territorio se tiene que tener la posesión y el dominio del territorio. Igualmente importante fue adquirir la confianza en las propias fuerzas, además del convencimiento de que a nosotros y solamente a nosotros nos toca defender nuestras tierras; nadie va a venir a defender lo que a nosotros toca, porque las tierras son nuestras. También aprendimos a enfrentar a las fuerzas represoras, siempre convencidos de que estamos luchando por algo justo que es la defensa de nuestras tierras, el agua y la vida en comunidad. Supimos lo que es enfrentar la violencia de estado y salimos adelante. Nos rodeamos de solidaridad de muchos movimientos y organizaciones hermanas y supimos que nos asiste la razón y que tenemos derechos que deben ser respetados por el Estado. Emprendimos acciones legales en el terreno del derecho ambiental y del derecho agrario; en este último ganamos la nulidad de las asambleas agrarias fraudulentas por medio de las cuales pretendieron iniciar el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. Este triunfo legal sigue vigente, por lo que legalmente la CFE y el gobierno están impedidos a iniciar trabajos de la presa La Parota, pero sobre todo están impedidos por la decisión de los pueblos y la fuerza del movimiento.
Hicimos visible nuestro movimiento a nivel nacional e internacional. Recibimos la visita de relatores de la ONU y de la Sria. Gral. de Amnistía Internacional; denunciamos las agresiones sufridas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y dimos nuestro testimonio frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) en Ginebra, Suiza. Estos organismos internacionales emitieron recomendaciones muy duras al Estado Mexicano, todo en favor de nuestros derechos como campesinos y como pueblos indígenas.
En posteriores escritos expondremos con detalle los distintos momentos de la resistencia, los procesos legales que emprendimos, la represión, la violación de nuestros derechos humanos, las acciones en defensa del territorio y del medioambiente así como las acciones mutuas de solidaridad con organizaciones y movimientos sociales. La integración con afectados por presas en México y Latinoamérica, la formación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la integración a la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (REDLAR), la participación en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), en la Red Nacional de Resistencia Civil, el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio y con otros grupos y redes.
Es urgente iniciar un proceso de intercambio de opiniones y propuestas con todos estos movimientos y otros más sobre la situación actual en México y a nivel global en un momento en que, para nosotros, significa un retroceso en todos los niveles. Este momento de crisis generalizada, es cien veces peor que cuando iniciamos nuestra resistencia hace 13 años. Hoy estamos mucho más desprotegidos que antes. Los últimos gobiernos, sobre todo el actual nos han arrebatado nuestros derechos más elementales, los han borrado de la misma Constitución que ha quedado modificada en favor de las empresas depredadoras. Las acciones y compromisos del Estado Mexicano y su gobierno ya no son para proteger al pueblo sino para resguardar los intereses de los negocios de las empresas y los empresarios -como patrones que son de los gobernantes- que lo único que buscan es la acumulación de su riqueza y la multiplicación de sus capitales.
Debemos estar preparados y alertas para cuando comiencen a entrar las empresas, sobre todo trasnacionales a extraer petróleo, gas por medio del fracking y a generar electricidad, y comiencen a ejecutar el despojo de tierras de campesinos e indígenas, amparados esos empresarios por las modificaciones de Peña a la Constitución como parte de la contra-reforma energética y sus leyes secundarias, que consideran a la extracción de hidrocarburos y generación de energía eléctrica como prioritarias, por encima de cualquier otra actividad, ya sea agrícola o de cualquier otro tipo de uso del suelo, por medio de figuras tales como el derecho de paso y servidumbre oficial dando legalidad a la desposesión y el despojo.
Debemos medir la fuerza y dar un nuevo ímpetu a nuestros movimientos frente a un gobierno autoritario y represor que ha decidido emprender una guerra implacable contra los trabajadores, los campesinos y los pobres de todo el país. Estas medidas gubernamentales generarán conflictos cada vez más graves a partir de la imposición de las contra-reformas, como la embestida que lanzaron contra los maestros, particularmente de la CNTE, a quienes pretenden imponer la contra-reforma educativa que vulnera sus derechos laborales utilizando la fuerza desmedida del Estado. En el mismo nivel están colocadas las violaciones a los derechos humanos a través de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura sistemática y generalizada, y las desapariciones forzadas cuyo caso más grave es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En los siguientes escritos, el CECOP expondrá su posición y propuestas frente a la crisis actual a la vez que seguiremos haciendo un recuento y rememoración los 13 años de lucha ejemplar en defensa de la tierra, el territorio, el agua y nuestros Bienes Comunales.
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
CECOP, TRECE AÑOS EN RESISTENCIA CONTRA LA PRESA LA PAROTA
– I –
Organización y respuesta contra el despojo
Trece años de resistencia en contra del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota se cumplirán el 28 de julio de 2016; durante ese tiempo se ha templado el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) para continuar la lucha sin desmayo hasta lograr la Cancelación Definitiva del proyecto. Desde ese día emprendimos la defensa de nuestras tierras, el agua del río Papagayo y nuestro territorio que el gobierno trató de arrebatarnos para construir, sin nuestro consentimiento, esa megapresa que habría inundado 17,300 has., desalojado a 25 mil campesinos -comuneros y ejidatarios- y desertificado las tierras de quienes viven río abajo que son más de 80 mil, en un proyecto depredador que abarcaba cinco municipios del estado de Guerrero siendo Acapulco al más afectado en tanto que ahí planearon construir la cortina de la presa y el que tendría el mayor número de desplazados, principalmente comuneros de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, territorio constituido por 47 comunidades; 20 de ellas serían las más afectadas además de los 19 ejidos ubicados río arriba.
Ese 28 de julio de 2003, se detuvo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -para ese entonces empresa paraestatal promotora del proyecto- se le dijo que fuera a hacer su presa a otro lado y que sacara la maquinaria con la que habían iniciado los trabajo seis meses antes, lo que se vio obligada a hacer poco después; de ahí hasta ahora no logró meter nuevamente la maquinaria ni dar inicio a la construcción de la presa. Intentó hacerlo varias veces lo que le fue impedido por los pueblos que, para taparle el paso, instalamos plantones en los caminos que conducían a donde habían iniciado los trabajos; los plantones se instalaron en los cerros, en la entrada de los pueblos o junto al río, fueron 7 plantones resguardados día y noche durante cinco años sobre todo por las compañeras mujeres. Esta acción significó nuestra mayor fortaleza. La CFE intentó pasar varias veces pero fue repelida, ejecutó innumerables actos de provocación lo que generó un estado de constante confrontación además de que rompió el tejido social en el comunal y en los ejidos. La organización alcanzada por el CECOP frenó las provocaciones pero durante ese período cuatro compañeros fueron asesinados y once de nosotros estuvimos presos, llegando al encarcelamiento durante varios días de Marco Antonio Suástegui y de don Francisco Hernández (don Chico) quienes fueron liberados por la fuerza que había alcanzado el movimiento.
Al haber tomado conciencia de que la posesión de las tierras es de los comuneros y ejidatarios y, como decía Doña Margarita, a quien llamábamos la Comandanta: “en nuestras tierras mandamos nosotras y nosotros”, se llegó al convencimiento que para sostener y triunfar en una lucha por el territorio se tiene que tener la posesión y el dominio del territorio. Igualmente importante fue adquirir la confianza en las propias fuerzas, además del convencimiento de que a nosotros y solamente a nosotros nos toca defender nuestras tierras; nadie va a venir a defender lo que a nosotros toca, porque las tierras son nuestras. También aprendimos a enfrentar a las fuerzas represoras, siempre convencidos de que estamos luchando por algo justo que es la defensa de nuestras tierras, el agua y la vida en comunidad. Supimos lo que es enfrentar la violencia de estado y salimos adelante. Nos rodeamos de solidaridad de muchos movimientos y organizaciones hermanas y supimos que nos asiste la razón y que tenemos derechos que deben ser respetados por el Estado. Emprendimos acciones legales en el terreno del derecho ambiental y del derecho agrario; en este último ganamos la nulidad de las asambleas agrarias fraudulentas por medio de las cuales pretendieron iniciar el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. Este triunfo legal sigue vigente, por lo que legalmente la CFE y el gobierno están impedidos a iniciar trabajos de la presa La Parota, pero sobre todo están impedidos por la decisión de los pueblos y la fuerza del movimiento.
Hicimos visible nuestro movimiento a nivel nacional e internacional. Recibimos la visita de relatores de la ONU y de la Sria. Gral. de Amnistía Internacional; denunciamos las agresiones sufridas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y dimos nuestro testimonio frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) en Ginebra, Suiza. Estos organismos internacionales emitieron recomendaciones muy duras al Estado Mexicano, todo en favor de nuestros derechos como campesinos y como pueblos indígenas.
En posteriores escritos expondremos con detalle los distintos momentos de la resistencia, los procesos legales que emprendimos, la represión, la violación de nuestros derechos humanos, las acciones en defensa del territorio y del medioambiente así como las acciones mutuas de solidaridad con organizaciones y movimientos sociales. La integración con afectados por presas en México y Latinoamérica, la formación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la integración a la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (REDLAR), la participación en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), en la Red Nacional de Resistencia Civil, el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio y con otros grupos y redes.
Es urgente iniciar un proceso de intercambio de opiniones y propuestas con todos estos movimientos y otros más sobre la situación actual en México y a nivel global en un momento en que, para nosotros, significa un retroceso en todos los niveles. Este momento de crisis generalizada, es cien veces peor que cuando iniciamos nuestra resistencia hace 13 años. Hoy estamos mucho más desprotegidos que antes. Los últimos gobiernos, sobre todo el actual nos han arrebatado nuestros derechos más elementales, los han borrado de la misma Constitución que ha quedado modificada en favor de las empresas depredadoras. Las acciones y compromisos del Estado Mexicano y su gobierno ya no son para proteger al pueblo sino para resguardar los intereses de los negocios de las empresas y los empresarios -como patrones que son de los gobernantes- que lo único que buscan es la acumulación de su riqueza y la multiplicación de sus capitales.
Debemos estar preparados y alertas para cuando comiencen a entrar las empresas, sobre todo trasnacionales a extraer petróleo, gas por medio del fracking y a generar electricidad, y comiencen a ejecutar el despojo de tierras de campesinos e indígenas, amparados esos empresarios por las modificaciones de Peña a la Constitución como parte de la contra-reforma energética y sus leyes secundarias, que consideran a la extracción de hidrocarburos y generación de energía eléctrica como prioritarias, por encima de cualquier otra actividad, ya sea agrícola o de cualquier otro tipo de uso del suelo, por medio de figuras tales como el derecho de paso y servidumbre oficial dando legalidad a la desposesión y el despojo.
Debemos medir la fuerza y dar un nuevo ímpetu a nuestros movimientos frente a un gobierno autoritario y represor que ha decidido emprender una guerra implacable contra los trabajadores, los campesinos y los pobres de todo el país. Estas medidas gubernamentales generarán conflictos cada vez más graves a partir de la imposición de las contra-reformas, como la embestida que lanzaron contra los maestros, particularmente de la CNTE, a quienes pretenden imponer la contra-reforma educativa que vulnera sus derechos laborales utilizando la fuerza desmedida del Estado. En el mismo nivel están colocadas las violaciones a los derechos humanos a través de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura sistemática y generalizada, y las desapariciones forzadas cuyo caso más grave es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En los siguientes escritos, el CECOP expondrá su posición y propuestas frente a la crisis actual a la vez que seguiremos haciendo un recuento y rememoración los 13 años de lucha ejemplar en defensa de la tierra, el territorio, el agua y nuestros Bienes Comunales.
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA(CECOP)
El día 6 de abril, el Presidente del Banco Mundial, Jim Kim, se dirigió al Seminario Teológico Unión en Nueva York acerca del “Principio de Misericordia”. Durante su presentación, Jim Kim meditó extensamente acerca de su crianza filosófica y el camino que recorrió de ser activista de salud pública, a encabezar una institución financiera global. Apegándose a sus bases morales, el Presidente del Banco Mundial dijo que ahora estaba usando “las herramientas de los ricos para servir a los pobres”.
En una pregunta del público, Jim Kim fue cuestionado acerca de los impactos de las grandes represas, evidenciado por el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Kim llamó el asesinato una “situación increíblemente trágica” y continuó defendiendo el papel del Banco Mundial en el financiamiento de grandes represas. El Presidente dijo:
“Si vamos a África diciendo está bien, no energía hidroeléctrica, no nuclear y no carbón, pero queremos que tengan energía, no es serio, no estás siendo serio. No estamos utilizando carbón y estamos intentando como locos utilizar solar, pero lo que estas personas están diciendo es, ´Tenemos derecho a desarrollarnos también.´”
“Nuestro compromiso es escuchar las voces de las Berta Cáceres del mundo, tenemos que escuchar éstas voces. Y lo que hemos podido decir ahora es: ´Está bien, en este caso, en lugar de carbón utilizaremos hidroeléctrica, pero haremos hidroenergía de una forma en la que cada uno sea reubicado en una situación igual o mejor que en la que vivían.´”
“La forma en la que hago el acercamiento es esta: Si vamos a hacer algo que está muy muy mal y que está realmente ofendiendo o destruyendo formas de vida, dinos que es, dejaremos de hacerlo y trataremos de hacerlo bien. Porque no puedes hacer el trabajo que hacemos nosotros y no tener algunos de estos incidentes. Nosotros simplemente tenemos que ser honestos acerca de eso cuando suceda, admitirlo y tratar de corregirlo de la mejor forma que podamos.”
El Presidente del Banco Mundial merece ser corregido en sus comentarios en por lo menos tres formas:
Primero, la energía hidroeléctrica no es la primera ni única alternativa al carbón. De acuerdo al nuevo informe del PNUMA y Bloomberg Energy Finance, el mundo sumó 62 Giga watts de energía eólica, 56 giga watts de energía solar y tan sólo 22 giga watts de capacidad de energía hidroeléctrica en 2015. De acuerdo a un estudio comisionado por International Rivers, dos tercios de los países estudiados en África Subsahariana podrían cubrir todas sus demandas de energía proyectadas con energía solar y eólica.
En comparación, el Banco Mundial está muy por debajo de la curva de energía renovable. En 2014, el Banco Mundial gastó no menos del 56% de su sector de energía, en préstamos a proyectos de grandes represas. (Utilizó el 30% de sus recursos destinados al sector de energía para financiar proyectos de energía eólica, solar y geotérmica, y 14% para petróleo y gas. Aún estamos esperando sus datos del 2015.)
Segundo, las grandes represas financiadas por el Banco Mundial no están sirviendo principalmente a los pobres. La Represa Inga 3 en el Congo y las represas Batoka Gorge y Mphanda Nkuwa en el Zambezi, son tres proyectos de energía hidroeléctrica multimillonarios que el Banco está propagando actualmente. Los tres, priorizan la demanda eléctrica del sector minero a expensas de los africanos pobres. Las comunidades locales africanas están mejor atendidas con proyectos de energía solar, eólica y de micro hidroeléctricas que no dependen de un sistema de distribución eléctrica centrales. Entonces, ¿por qué el Banco Mundial sigue omitiendo éstas soluciones?
Finalmente, el Banco Mundial aún no aprende las lecciones de reasentamiento y la gente desplazada por grandes represas continua en la pobreza. Las 5,000 personas desplazadas por la represa Kandadji en el Níger, carecen de acceso a los servicios básicos como agua potable, y el Banco hasta ahora se está dando cuenta de que no hay suficiente tierra para reasentar a más de 60 mil personas que el proyecto desplazará si se completa. ¡Detengan este proyecto, Presidente Kim, y hagan lo correcto por las personas a las que ya han desplazado!
“Las bases morales están claras”, dijo Jim Kim durante su presentación al Seminario Teológico. “¿Cuál es ahora la evidencia para resolver el problema?”
La evidencia de los costos y beneficios de las grandes represas está clara y es tiempo de que el Presidente del Banco Mundial se coma sus palabras.
Peter Bosshard es el Director Ejecutivo Interino de International Rivers. Twitter @Peter Bosshard.
Ya se iniciaron obras de muros de contención; invadirán y desalojarán sus tierras, alertan
La presa Boca del Cerro es una de las cinco planeadas en la cuenca que divide a México de Guatemala
Según la CFE, su construcción se proyecta para cuatro años y tendrá una cortina de 55.5 metros de altura
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada Domingo 10 de abril de 2016, p. 24
San Cristóbal de las Casas, Chis.
Representantes de más de 60 comunidades de siete municipios del norte y la selva de Chiapas y del Frente Petenero Contra Represas de Guatemala se pronunciaron contra la construcción de la presa hidroeléctrica binacional Boca del Cerro, en el río Usumacinta, pues señalaron que invadirá sus tierras y las comunidades serán desalojadas.
En un pronunciamiento divulgado este sábado, los casi 300 asistentes al cuarto Foro de resistencias y alternativas de los pueblos de la zona norte de Chiapas dijeron que ya se iniciaron los trabajos con la construcción de los muros de contención en ambos lados del Usumacinta, que divide a México de Guatemala, en una extensión de 40 kilómetros.
El encuentro, convocado por la Organización de la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo de la Región Norte, adherente de la Sexta declaración de la Selva Lacandona, se realizó el 6 y 7 de abril en el ejido Victórico Grajales, Palenque, Chiapas, uno de los municipios afectados junto con Tenosique, Tabasco, además de comunidades del departamento de El Petén, Guatemala.
La hidroeléctrica binacional Boca del Cerro es una de las cinco presas planeadas en la cuenca que divide a México de Guatemala. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las obras se planean para cuatro años y tendrá una cortina de 55.5 metros de altura máxima.
La superficie total del embalse contempla mil 799 hectáreas, de ellas 707 corresponden al municipio de Tenosique y mil 92 al de Palenque.
Los asistentes al foro señalaron que el inicio de la obra provocará que en lo inmediato desaparezca la comunidad de San Carlos Boca del Cerro, Tenosique, pues se convertirá en oficinas y campamento de la empresa que construye la cortina de la represa.
Su preocupación, manifestaron, es porque además de todos los daños que les ocasionará la hidroeléctrica, el gobierno no nos indemnizará por nuestras tierras, aumentará el costo de la vida y desapareceremos como pueblos indígenas choles y tzeltales de la región.
Aseguraron que el gobierno federal les impone la represa y viola el artículo 2 de la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere a la autonomía de los pueblos originarios y su derecho a la consulta.
Por lo anterior, se comprometieron a aplicar un plan de trabajo para detener la construcción de la presa Boca del Cerro y se solidarizaron con las acciones de organizaciones hermanas que luchan por detener los proyectos mineros, carreteros, hidroeléctricos y expulsar de nuestras tierras a los grandes empresarios que quieran despojarnos de nuestras tierras.
Informaron que acordaron aplicar acciones que les permiten poner en práctica el control y cuidado de su territorio, pues dicho proyecto contaminará el río y la pesca.
También se pronunciaron en contra de la construcción de más represas proyectadas en territorio chiapaneco, porque afectarán la vida de los pueblos, y las ganancias que generarán servirán para enriquecer a las empresas extranjeras, resultado de la reforma energética, a costa del desalojo de nuestros pueblos y de nuestras tierras.
De paso exigieron justicia por el asesinato de la activista Berta Cáceres Flores, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y por el respeto de los derechos humanos y la vida de los que luchamos contra los megaproyectos y contra las represas, en México, Centroamérica y otros lugares del mundo.
La única ocasión que se detuvo por completo la construcción de la presa El Zapotillo fue en 2011 cuando Temacapulín la paralizó durante siete días. A 5 años se presenta un recuento de lo acontecido y el estado actual del conflicto por el agua en Jalisco.
Las Cruces Petén: la naturaleza está en peligro y quienes la protegen también
¿Qué hay detrás de los asesinatos contra luchadores sociales, comunitarios y defensores del agua y territorio en Guatemala y Honduras? En los primeros 3 meses del 2016 fuimos golpeados por la terrible noticia del asesinato de Berta Cáceres, pocos días después Noe García ambos del COPINH y recientemente Walter Méndez en Las Cruces Petén. En todos los casos hay patrones que vinculan los intereses de los estados con las empresas extractivas por un lado apresurando la materialización de los megaproyectos locales y regionales y por el otro lado la participación de estos en el carácter represivo de la violencia en contra de las comunidades y pueblos en resistencia.
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¿Quién era Walter Méndez?
Walter Manfredo Méndez Barrios, nació el 05 de enero de 1980 en el Parcelamiento La Blanca Ocós, San Marcos, Guatemala. Hijo de Rafael Refugio Méndez Sandoval y de Gregoria Eustaquia Barrios Mérida.
Su infancia estuvo marcada por el traslado de la costa sur del país hacia el departamento de Petén en el año de 1990. Junto a sus padres y hermanos se convirtieron en la primera familia completa que migro desde la costa sur. Ya en Petén, en lo que hoy se constituye como la “Cooperativa La Lucha”, Walter, fue un niño muy activo, con cualidades de convivir en armonía, que disfrutaba compartir con niños y niñas de su comunidad y su mayor virtud siempre fue la generosidad, aunque con limitadas oportunidades de preparación académica supo abrirse paso.
En su adolescencia, fue un joven con crecientes cualidades de liderazgo, que demostraba día a día con su trabajo y participación en muchas actividades en beneficio de su comunidad. Walter junto a su familia, creció hasta construir un nuevo hogar, decidió unir su vida con Delgadina Velásquez de esta relación nacieron 6 hijos, sin importar que tan complicado podrá ser Walter trabajó en busca de lograr las oportunidades que les garantizaran mejores condiciones de vida.
Como miles de guatemaltecos se convirtió en migrante, durante cuatro años trabajó arduamente para poder mejorar las condiciones de vida para su familia y poder invertir en su propia comunidad, inmediatamente lo haría en proyectos de desarrollo comunitario. Se asoció a la Cooperativa La Lucha para comenzar su participación en las actividades productivas, principalmente en aquellas que buscaban el desarrollo comunitario y el beneficio a los más necesitados. En poco tiempo por su capacidad de liderazgo y carisma, ganó la confianza y aceptación de los miembros de la Comunidad.
En el año 2012 fue electo Alcalde Auxiliar de la comunidad, oportunidad que no desaprovechó para dar todo de sí mismo y promover proyectos sociales y productivos para su región.
Durante el año 2013 fue electo Presidente de la Cooperativa por un periodo de dos años y reelecto para un periodo más, hasta el mes de marzo del año 2016, formando parte de la Junta Directiva de la Asociación de Comunidades Forestales de Peten, ACOFOP, por varios periodos, de la cual la Cooperativa La Lucha es socio activo.
Uno de sus logros como Presidente de la Cooperativa en 2013, fue el registro de las escrituras de la lotificación propiedad de los Asociados.
Durante el año 2014, obtuvo una licencia piloto para el aprovechamiento sostenible de la semilla de Ramón dentro de las áreas forestales de la comunidad, logrando generar empleo para hombres y mujeres de la Cooperativa, Walter llevó resultados concretos para sus asociados.
En el 2015, inició las gestiones para el aprovechamiento integral y sostenible de los Recursos Naturales en las áreas agrícolas y forestales de la Cooperativa como la miel, el xate, la pimienta, buscando el apoyo de instituciones acompañantes. Además trabajó en la gestión para que la comunidad participara en el Proyecto REDD+ Bosques para la Vida de la Fundación Defensores de la Naturaleza, aplicando a los Créditos de Carbono.
Trabajó en aspectos fundamentales de la organización comunitaria, enfocados en la gobernanza territorial, desarrollando las gestiones para la implementación de un proyecto enfocado al control y vigilancia y prevención de los incendios forestales, luchando por la protección de los Recursos Naturales en beneficio de su comunidad, sabiendo que los bosques locales son parte fundamental de la cobertura forestal del Parque Nacional Sierra del Lacandón.
En el año 2016, se logró la construcción de una bodega para el proyecto de ramón, cacao y xate; así como las instalaciones de la Carpintería Comunitaria.
A trece días de entregar el cargo como presidente y representante legal de Cooperativa La Lucha, del Municipio de las Cruces, Walter Méndez Barrios, líder comunitario, defensor de la vida, de los recursos naturales, fue brutal y cobardemente asesinado, las autoridades aún no dan explicación del asesinato y en el peor de los casos solamente se sumara a un dato más de las estadísticas de violencia en el país.
La justicia aún sigue teniendo una gran deuda con las comunidades.
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Walter Manfredo Méndez Barrios es uno de los principales defensores de los bienes naturales en el municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén, él era presidente y representante legal de la Cooperativa “La Lucha” en ese municipio, fue asesinado por varios hombres que lo estaban esperando cuando se dirigía a su parcela1 durante la mañana del día miércoles 17 de marzo 2016, la comunidad al darse cuenta del atentado armado intentó ayudarlo pero falleció cuando era trasladado a un centro asistencial.
Walter Méndez fue parte de la junta directiva de la Asociación de Comunidades Forestales de Peten ACOFOP una organización comprometida con la defensa de la naturaleza y los bienes naturales del Peten, desde este espacio trabajo en la protección de la Reserva de la Biosfera Maya haciendo este trabajo por muchos años.2
Con él se incrementaron los asesinatos de personas que trabajan en la defensa de los bienes naturales, el año pasado fue asesinado el profesor Rigoberto Lima Choc3 en el municipio de Sayaxché Petén por su lucha en la protección del río La Pasión contaminado por la empresa de Palma Africana REPSA, responsable del Ecocidio del río a mediados del año 2015 y la justicia aun no camina.
No es secreto que en el departamento del Petén son muchas las amenazas en contra de los parcelarios, al narcotráfico, terratenientes o empresas en esa región se están agenciando de forma violenta de la tierra, el año pasado Walter Méndez había recibido amenazas de muerte.4
Uno de los principales dirigentes del Frente Petenero Contra Las Represas a través de una entrevista manifestó que el asesinato de Méndez responde a una estrategia regional de represión contra la oposición a las represas. En las comunidades de los municipios del departamento de Peten son varios poderes económicos que disputan el control de la tierra y del agua5; desde el narcotráfico, la Palma Africana, la Teca, las petroleras, las empresas nacionales o transnacionales como las hidroeléctricas y las represas.
No solo por intereses locales, también están los grandes proyectos transnacionales ejerciendo presión.
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¿Quiénes están detrás de los recursos hídricos?
En la región están en disputa desde hace ya varios años, por lo menos desde el año 1960 los principales ríos en Chiapas y Peten, la construcción de una gigantesca represa en Boca del Cerro sobre el río Usumacinta a 8 kilómetros de Tenosique tiene con preocupación a muchas personas.
Para esta represa están interviniendo varias empresas transnacionales con el respaldo y participación de los estados de México y Guatemala, esta construcción pone en riesgo grandes extensiones de territorio, principalmente sobre bastos centros arqueológicos mayas, comunidades asentadas en las márgenes de los ríos desde el siglo XX que prácticamente quedarían sumergidas por debajo del embalse.
Las comunidades saben que los trabajos de construcción en Boca del Cerro y otras siguen avanzando, uno de los lideres contra las represas expresó “son 7 hectáreas cuadradas de tierras las que están preparando para la cortina de la represa, están colocando grandes rocas para la represa de Boca del Cerro, rocas gigantes.”
Esta red de represas e hidroeléctricas se suman al proyecto de Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)6, en menos de 15 días fueron asesinados dos líderes campesinos y comunitarios del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de honduras (COPINH) el día 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres en su casa7 y el día 15 fue asesinado Nelson Noe García en Honduras.
El principal beneficiario del SIEPAC serán los Estados Unidos, este proyecto pone a Guatemala y la región mesoamericana bajo una nueva oleada de acciones violentas de los Estado-empresas para la obtención de los recursos hídricos y para echar a andar sus proyectos, como resultado se seguirá profundizando el despojo.
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Las Cruces un municipio decidido a defender los bienes naturales
En el mes de mayo del 2012, luego de convertirse en municipio, las comunidades que forman parte de Las Cruces realizaron la primer consulta comunitaria de buena fe del departamento de Petén con el acompañamiento del Frente Petenero Contra las Represas, el resultado fue la participación de un 98.9% de la población rechazando la construcción de hidroeléctricas y represas en el municipio y en el departamento.
Las comunidades decidieron la protección del agua, la consulta comunitaria en Las Cruces tendría entonces una mirada estratégica para contener una serie de represas e hidroeléctricas que posteriormente se interconectarían con los Estados Unidos a través de México con Centroamérica y al sur del continente.
“El resultado final de la consulta comunitaria en relación al asunto ¿Está de acuerdo con la ejecución de proyectos hidroeléctricos sobre el río Usumacinta en la jurisdicción territorial del municipio de Las Cruces?, es el siguiente: en total participaron 11,100 personas del municipio, de las cuales por el SI votaron 120 personas, por el NO votaron 10,814 personas, y 166 emitieron un voto no válido.” Frente Petenero Contra Las Represas.8
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La Represa de Boca del Cerro sobre el río Usumacinta
Con el asesinato de Walter Méndez la pesadilla de la construcción de las represas sobre el río Usumacinta vuelve a sacudir a las comunidades, desde el año de 1965 surgió el proyecto de la construcción de las represas sobre el Usumacinta, para construirse en la frontera entre México y Guatemala, desde esa década se paralizo el proceso.
Para el Estado de Guatemala el interés sobre el departamento de Petén cobro importancia junto con el interés de los Estados Unidos y otros por el petróleo a partir de la década de los 60. De esa cuenta el país se lanzó a un proceso de colonización del Petén, para Manolo Vela esto como resultado de la expansión capitalista con el rompimiento del orden colonial.
“En un breve lapso se pasó de una industria extractiva operada por recolectores (de hule, principalmente; pero también xate y pimienta), centros de explotación (de caoba, “las monterías”), y haciendas ganaderas, a un complejo integrado por grandes propiedades dedicadas al ganado vacuno, explotaciones de pequeña y mediana propiedad y cooperativas, dedicadas al cultivo de granos básicos (maiceras) y a la auto-subsistencia y empresas transnacionales de petróleo.”9
En los años ochenta resurgió la idea de completar la represa de Boca del Cerro como la base de todas las demás represas sobre el rio Usumacinta, para 1985 se preveía que el riesgo de su construcción es que inundaría 700 kilómetros cuadrados de territorio, inundando y destruyendo la Selva Lacandona10
Para 1980 con las primeras masacres de comunidades y cooperativas en el departamento de Peten, con la represión miles de personas huyeron a la montaña, ahí se organizaron en el interior de la selva Lacandona en las Comunidades de Población en Resistencia CPR del Peten.
Lorena una excombatiente de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) e integrante de la CPR de Peten durante una conversación durante la comida en la comunidad “Salvador Fajardo” en 2012 recordaba como la Selva Lacandona se mantuvo protegida mientras la ellos en la CPR estuvieron dentro de la montaña, ahí estaba la fuerza militar del Frente Norte de las FAR. “ahora ya no queda casi nada de la selva, todo lo están tumbando mejor nos hubiéramos quedado adentro de la Lacandona.”
El asesinato de Walter Méndez significa para uno de los representantes del Frente Petenero Contra las Represas lo que se está viviendo es la continuidad de la estrategia de violencia y represión de las empresas transnacionales desde el sur de Chiapas, Guatemala y Honduras para consolidar la construcción de las grandes represas, por eso se asesinó a Berta Cáceres, a Noé García del COPINH y por eso se están asesinado líderes comunitarios en Guatemala.
La represa de Boca del Cerro promovida por la Comisión Federal de Electricidad CFE de México, tienen una capacidad de producir 3,978 megavatios, una presa de 135 metros de altura, solo en el territorio guatemalteco inundaría 300 kilómetros cuadrados, sin contar las otras represas que se interconectarían a esta.11 Varias empresas transnacionales de España, Francia y Alemania están inmersas en la construcción de “Boca del Cerro”, por ejemplo la empresa francesa SOGREAH, la española VATECH y la francesa ALSTOM, además la española IBERDROLA y la alemana Voith Siemens.12
Para el año 2016, cincuenta y un años después de la planificación de la represa llega de nuevo a las comunidades la alarma por el peligro de la construcción de estos proyectos sobre el río Usumacinta, la Secretaria de Desarrollo Rural SDR anunció que para 2018 podrían finalizarla13, poniendo en riesgo a miles de familias y comunidades a lo largo del rio Usumacinta en ambos países.
1 Pronunciamiento ante el asesinato del señor Walter Manfredo Méndez Barrios. Defensores de la Naturaleza,
2 Comunicado por el asesinato de Walter Méndez Barrios. ACOFOP. 17 de marzo 2016.
