Guatemala

La lucha por la tierra y el agua en ‘la pupila del cielo’

viernes 20 de julio de 2012

San Cristóbal Verapaz es uno de los epicentros de la resistencia maya a los megaproyectos en Guatemala. La lucha por la recuperación de la laguna Chichoj, la pelea contra la represa Entre Ríos o el temor por el avance de los monocultivos de palma africana fueron debatidos hace unas semanas en un encuentro sobre seguridad hídrica y gobernabilidad ambiental. Esta es la detallada crónica desde el terreno.

La laguna de Chichoj. Inés Giménez

Por Inés Giménez Delgado

La mañana se levantó pronto. El centro recreativo El Petencito de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz, conocida como La Pupila del Cielo, rodeado por las aguas y humedales mansos de la laguna Chichoj, había sido restaurado para la ocasión. Sus paredes pintadas de blanco y varias coronas de flores engalanaban el lugar, una banda local animaba el ambiente. Comenzaban a llegar los invitados institucionales y de las comunidades q’eqchi y poqomchí llenando de voces y experiencias el local. Poco después, un olor a café y cacao, que daría paso a un espléndido Cacik de Pavo, emanaba de la improvisada cocina. Comenzaba así -y después de una invocación maya a los elementos- el Foro “Seguridad hídrica,  cambio climático y gobernabilidad ambiental en los Pueblos Indígenas en Alta Verapaz”, organizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), en Guatemala.

En el Foro se buscaba avanzar con los compromisos asumidos por parte de las instituciones en la Audiencia de Antingua-2008  para salvar  a la Laguna de Chichoj -que da vida a una de las regiones más pobres de  Centroamérica- del deterioro causado por los vertidos químicos incontrolados de la industria y el sector agropecuario local, así como de las aguas negras sin tratar del municipio y de la expansión inmobiliaria que ha reducido la laguna a 1/3 de su superficie originaria. Asimismo, se escucharían nuevos casos, como el de la hidroeléctrica Entre Ríos, en el municipio de Lanquín, o la violenta expansión de monocultivo de palma africana en todo el departamento guatemalteco de Alta Verapaz.

En la primera mesa del Foro se recordaron los compromisos asumidos en la Audiencia Guatemala. Estos, que  fueron ratificados en 2008 por personajes del Jurado ético-científico del TLA como Augusto Willemsen, Philippe Texier o Alexandre Camanho de Assis, incluían el control del relleno de ripio del cuerpo de agua, la creación de un catastro y un reglamento de construcción municipal, la reubicación del matadero municipal ,la construcción de una planta de tratamiento, o la creación de una mesa de concertación ambiental.

A tres años de los acuerdos, y aludiendo al inmenso patrimonio natural de la región, Lesvia Mus, representante de Asoverapaz denunció la situación de corrupción y burocratización de algunas instancias de gobierno materializada en el no-funcionamiento de la planta de tratamiento construida por desvío de fondos, la paralización de las obras del matadero municipal por malentendidos burocráticos y “el robo que le hacen a la laguna algunos vecinos poderosos que mediante el uso de la fuerza ingresan material para ampliar sus propiedades”.

También señaló sin embargo, algunos avances positivos que se han dado en la recuperación de la Laguna, como la limpieza de 17.000 toneladas de hidrila gracias a una máquina cosechadora y personal del Ministerio de Medio Ambiente, así como  los compromisos adquiridos por  empresas “que antes eran enemigas” como la madedera, Extormi que “ha sembrado más de 400.000 árboles” en los derredores de la laguna, o la empresa BEPASA, beneficio de café, “que decidió no contaminar más la laguna y donar parte de los beneficios” y solicitó al congreso de la república la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo del que depende una donación internacional para limpiar la laguna.

En esta mesa, a la que asistió el Alcalde del Municipio de San Cristóbal Verapaz, la gobernación de Alta Verapaz, la Contraloría General de Cuentas de la Nación,  el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación Verapaz,  la municipalidad se comprometió a publicar el reglamento de construcción municipal y a continuar con las tasaciones de propiedad y la Contraloría General de Cuentas de la Nación a iniciar trámites para destrabar y clarificar los procesos, que se han dificultado más con el cambio de gobierno. De estos acuerdos verbales tomó nota el Tribunal Latinoamericano del Agua, cuyo presidente, Javier Bogantes subrayó la importancia vital, económica y religiosa de la laguna para la población y que indicó recientemente que se le estaba dando seguimiento.

Megaproyectos… ¿los acuerdos de paz en jaque?

En la segunda mesa del Foro, trabajadores de la municipalidad de Lanquín denunciaron que su salario había sido paralizado por el estado guatemalteco cuando se posicionaron en contra de la Hidroeléctrica Entre Ríos, que la empresa  Corrientes del Río, S. A quiere construir en su localidad, según sus habitantes, con grave daño “para el equilibrio hidrológico de la cuenca, la actividad turística local y todos sus habitantes”. En este contexto, los trabajadores de la municipalidad de Lanquín denunciaron que la empresa “ha utilizado tráfico de influencias en su beneficio, así como la represión de las comunidades y del gobierno local” y que están dispuestos a una oposición firme junto con la comunidad. “Esto no es una situación aislada, las industrias transnacionales energéticas del gobierno de Guatemala impulsan proyectos que les van a generar ganancias, mientras que las poblaciones desposeídas buscan que se respete su cosmovisión, por lo que al no ser tomadas en cuenta por los proyectos hidroeléctricos se oponen a los mismos”, concluyeron, antes de entregar una petitoria formal al Tribunal Latinoamericano del Agua para su evaluación.

Por su parte, José Luis Cajal, del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala (IDEAR) y de la Coordinación de ONGs y Cooperativas (Congecoop), habitantes de la comunidad de Chinacolay y el jesuita Enrique Corral, de la Fundación Guillermo Torriello, hablaron de la grave situación de expansión del monocultivo de palma africana en el departamento, que se ha cobrado cientos de comunidades indígenas desplazadas, con el beneplácito del gobierno y el apoyo activo del Ejército.

“El IDEAR, el CONGECOOP y la Consejo Nacional de Áreas Protegidas, hicimos un estudio en seis municipios (Sayaxché,  Ixcán, Fray, Chisec y Polochnic Valle y Sierra) donde quedan evidenciados mecanismos de despojo como la expansión de la palma a través del arrendamiento de fincas por más de 25 años y prácticas de  agricultura por contrato en parcelas campesinas. En este contexto, el gobierno ha invertido millones de quetzales para subsidiar la tierra de palma africana, en un programa fue impulsado paradójicamente por el desaparecido programa “Prorural”, dentro del plan estratégico de “Seguridad Alimentaria 2009-2012”, algo incomprensible, pues la expansión de la palma africana va en precisamente en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria”- denunció Cajal, que presentó a los habitantes de Chinacolay que, en maya q’eqchi, hablaron de las dificultades que por más de 40 años han tenido para regularizar su tenencia de la tierra ante el Fondo de Tierras y como hoy son expulsados hacia el norte o forzados a trabajar como peones en pésimas condiciones laborales.

En este sentido,  habló Enrique Corral, cuando denunció que “La institucionalidad agraria nacida de los Acuerdos de Paz del 96, que tanto costó, está siendo pervertida para facilitar la compra de los grandes finqueros en todo el país”,  que “los que se resisten al desalojo son reprimidos violentamente como se vio hace un año en las 14 comunidades de Polochic desalojadas el año pasado”, que “las instituciones financieras del estado y las centroamericanos dan créditos sin ni siquiera verificar la calidad de las inversiones que atentan contra la vida de las comunidades, poniendo al estado al servicio de un grupo de poder ”.

“¿Donde está la conflictividad en el fondo?”- inquirió. “Si yo tengo un derecho irrenunciable al agua, a la vida, a mi identidad y el estado-el mediador del poder político- no me lo garantiza y yo no voy a renunciar ni a vivir, ni a comer, ni a mi identidad, va a haber conflicto. Mientras no se atiendan las consultas de buena fe y se las hagan vinculantes, mientras no se les pregunte qué modelo de desarrollo quieren, va a haber conflicto”, concluyó.

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