La locura de querer construir 17 represas en el Alto Magdalena
lunes 08 de septiembre de 2014
Un movimiento cívico se empieza a formar en varios municipios del departamento del Huila en oposición a un megaproyecto que transformaría radicalmente el río Magdalena. Ese proyecto ya tiene el aval del gobierno de Colombia y fue formulado por Hydrochina, empresa estatal de ese país.
Apenas se llega al cañón del río Magdalena, a pocos kilómetros de donde nace, comienzan a hablarle a uno de una iniciativa de grandes proporciones que afectaría no solo a las personas y al medio ambiente de esta región, sino a todos los pueblos del país que están aguas abajo.
Se trata del plan de aprovechamiento del río Magdalena que contempla tres aspectos: devolver la navegación, construir embalses para producir energía eléctrica y desarrollar una serie de acciones en el Macizo Colombiano.
El arquitecto Ricardo Báez, uno de los líderes del Comité de Defensa del Macizo, explica por qué el movimiento del que hace parte se opone a ese megaproyecto.
https://youtube.com/watch?v=AgMmeI0gIaU%26nbsp%3B
Una fábrica de agua
El río nace en la laguna de la Magdalena a 3.685 metros sobre el nivel del mar, en el Macizo Colombiano, en todo el límite entre los municipios de San Sebastián (Cauca) y San Agustín (Huila), en la misma zona donde brotan también los ríos Cauca, Patía, Putumayo y Caquetá.
Por eso se dice que esta es una de las principales fábricas y despensas de agua que tiene el país. A eso se debe que mientras medio país lleva meses de sequía, aquí completaron cuatro meses de intensas lluvias, en una temporada que va hasta diciembre.
“Hace poco tuvimos cuatro días y sus noches de lluvia continua”, dice Ricardo Báez, un arquitecto a quien Bogotá “vomitó” hace diez años –según sus propias palabras– y vino a parar al municipio de San Agustín, en el sur del Huila, aunque ofrece disculpas por lo gráfica de la palabra.
“El Magdalena nace de una vez fuerte y poderoso, a diferencia de otros ríos que se forman por la unión de muchas pequeñas vertientes: brota de un extenso colchón verde de más o menos un metro de alto, en la laguna de la Magdalena, y sale con la misma fuerza de una manguera de bomberos abierta”, explica Báez.
En el camino se le unen pronto centenares de quebradas, algunas de las cuales forman impresionantes cascadas, por lo que en pocos kilómetros se le ve vigoroso.
Ricardo Báez es uno de los líderes del movimiento ciudadano que en muchos municipios del Huila se opone al megaproyecto diseñado por Hydrochina y que se titula “Formulación del plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena”.
Ese documento fue entregado el pasado 29 de abril a Cormagdalena, la corporación autónoma regional –entidad del Estado colombiano y además autoridad ambiental– con jurisdicción en los 1.540 kilómetros que tiene el río.
El asunto que más preocupa
El proyecto entregado al gobierno colombiano plantea construir 9 represas en el Huila y 7 en el Tolima (algunas con impacto también en Caldas y Cundinamarca), todas sobre las aguas del Magdalena.
Lo que propone es hacer una cadena de embalses en “cascada”, a modo de gigantescos escalones, para la generación de energía en toda la región alta del río, la cual cubre unos 600 kilómetros.
De llevarse a cabo en forma total o parcial, los impactos sociales y ambientales serían de proporciones inmensas, pues cambiaría la estructura del río y el paisaje, modificaría radicalmente el medio ambiente y transformaría la cultura y el modo de vida de cientos de miles de pobladores de esta región.
“Todo para producir una energía que posiblemente ni sería para el país porque bien sabemos que parte de lo que se produce se vende a otros países como Venezuela, Perú y Bolivia”, precisa Báez.
La gente sabe muy poco del tema
Hydrochina, según el movimiento ciudadano del que hace parte este arquitecto, puso 11.7 millones de dólares para este estudio, mientras el gobierno colombiano, a través de Cormagdalena, apenas unos 750.000 dólares.
“El proceso se ha hecho todo a espaldas de la comunidad”, asegura el vocero del movimiento popular, a tal punto que para conseguir el documento que hizo Hydrochina tuvieron que presentar un derecho de petición y luego interponer una tutela.
Y aun así, cuando un juez les dio la razón, se los entregaron solo en inglés, lo que fue interpretado por la gente de esta región como una evidente muestra de que el gobierno colombiano no quiere que todo lo que allí se propone, lo conozcan fácil las comunidades.
Reunidos más de 600 personas en el Municipio de Olintla, Puebla, territorio indígena tutunaku, pueblo que valientemente expulsó en el año 2013 al Grupo México, quien pretendía imponer una hidroeléctrica en la Comunidad de Ignacio Zaragoza. Con una participación de 80 organizaciones provenientes de más de 55 Municipios de Puebla, así como de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila; y de los países de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España.
Nuestro evento, el XI Encuentro Nacional del MAPDER, fue organizado por tres organizaciones que representan la lucha por la defensa de los ríos. Makxtum kalaw chuchutsipi, organización que han formado los pueblos totonacos de Olintla para defender su territorio, fue la anfitriona de nuestro encuentro. El Consejo Tiyat Tlali, red integrada por organizaciones de la Sierra Norte de Puebla para la defensa de la vida y el territorio, dio cobertura y acompañamiento para la realización del evento. El MAPDER, movimiento a nivel nacional que aglutina las luchas contra las presas y en defensa de los ríos, convocó a todos quienes nos hemos reunido para compartir nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestros sueños.
A una sola voz las y los participantes del XI Encuentro subrayamos que desde la aprobación de todas las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, México ya no es el mismo. La reforma energética potencia al imperio del capital y significa un retroceso absoluto en todas las conquistas sociales de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a un minucioso y sistemático desmantelamiento de todos los mecanismos legales a los cuales los pueblos acudían para la defensa de su territorio. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, las, ya de por sí débiles, normas ambientales: todo ha sido debilitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos.
Mecanismos como la expropiación, originalmente concebidos para desmantelar el latifundio y repartir la tierra entre los campesinos, ahora son utilizados en contra de las comunidades. Destruir las entrañas de la madre tierra es considerado ahora prioridad, por encima de la propia vida o cualquier otra actividad humana. Quienes promueven el despojo de nuestro país justifican la producción extractiva como de utilidad pública, interés social y orden público, cuando lo único que están persiguiendo es el lucro privado; la acumulación desmedida de riquezas a costa de la vida, nuestra tierra y territorio.
Este despojo se instrumenta promoviendo megaproyectos de distinta índole vinculados entres sí, en un sistema de extracción cuya complejidad apenas alcanzamos a vislumbrar. Hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos; carreteras y puertos que facilitan el despojo; acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales, ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, siembra de transgénicos y monocultivos que afectan nuestra diversidad biológica, además de contaminar y sobreexplotar nuestros ríos y acuíferos.
Por si fuera poco, el capital se las ingenia para promover nuevas técnicas extractivas que exponencían el daño. Han agotado los hidrocarburos de fácil acceso y ahora pretenden rascar el fondo del barril; extrayendo los hidrocarburos más sucios y de mayor riesgo para la vida. Es el caso de aguas profundas, las arenas bituminosas y, por supuesto, el fracking que amenaza con devastar una amplia franja de territorio en el norte y oriente de la República Mexicana.
Tras la reforma energética, el totonacapan y las huastecas (amplias zonas de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas) enfrentan la amenaza de la destrucción y contaminación de sus fuentes de agua, a partir de la proliferación de proyectos de fractura hidráulica para la extracción de gas lutita.
Para cerrar la pinza de las contrarreformas que han azotado al país desde hace tres décadas, el gobierno de Peña Nieto se prepara para colocar la cereza en el pastel con la anunciada reforma para el campo, que busca consolidar el plan de despojo de los territorios campesinos iniciado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari. Ante esta última intentona de ataque a nuestros derechos, ellos han dicho que vienen por nuestras tierras y territorios. Nosotros les decimos: “Aquí los vamos a esperar. ¡No pasarán!”
Sin embargo, no le ha bastado a este gobierno reformar las leyes para poder imponer los proyectos de muerte, en beneficio de los capitales monopólicos nacionales y transnacionales. Ahora utiliza todo el poder de la fuerza pública y militar para reprimir a las defensoras y defensores comunitarios, y desmovilizar las luchas criminalizando la protesta social. Todo esto en complicidad con las empresas a las que les permite actuar en contra de los movimientos sociales acompañadas de la fuerza militar, e inclusive contratar sicarios para reprimir o asesinar a los defensoras y defensores de la madre tierra. Nos enfrentamos a territorios militarizados controlados por el crimen organizado, que el Estado y las empresas usan en contra de los pueblos. El asesinato de Noé Vázquez, la detención ilegal de nuestro compañero de lucha Marco Antonio Suástegui del CECOP, el levantamiento de órdenes de aprehensión a decenas de defensores integrantes del MAPDER, son muestras de una estrategia de guerra para despojar a nuestros pueblos.
Constatamos que en la Sierra Norte de Puebla se vive un sistemático asedio por la intención de imponer proyectos mineros asociados a hidroeléctricas, fenómeno que se ha vivido con mayor intensidad durante los últimos dos años. Estas amenazas contemplan más de 100 concesiones mineras que abarcan un área de 160 mil hectáreas en las zonas altas de la sierra, más de 10 iniciativas para proyectos hidroeléctricos sobre las cuenca de los ríos más importantes (Ajajalpan, Zempoala y Apulco), y proyectos de extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica, en el territorio que integran las zonas bajas de la sierra. Imaginar la realización de estos megaproyectos vislumbra un panorama desolador. De concretarse estos proyectos de muerte las zonas altas de las cuencas serranas serían altamente impactadas por la minería, lo que significaría además un alto riesgo de contaminación a todos los recursos hídricos, los causes de los ríos serían seriamente impactados por la instalación de hidroeléctricas, y la extracción de hidrocarburos acarrearía la contaminación desde lo más profundo del subsuelo. Además de la Sierra Norte, el resto del territorio poblano se encuentra bajo la imposición de gasoductos, carreteras y el establecimiento de megaindustrias. El Gobierno del Estado encabezado por Rafael Moreno Valle, es cómplice de este plan de de despojo e imposición de proyectos de muerte en el territorio Poblano, quién además ha establecido leyes totalmente repudiadas por la población para permitir la privatización del agua, la expropiación de tierras y el uso de armas para reprimir la protesta social (conocida como ley bala).
Ante la embestida de estas amenazas, los pueblos han respondido con el rechazo enérgico a los proyectos de muerte. La defensa del territorio ha sido pacífica, sin embargo la respuesta de quienes quieren imponer los proyectos ha sido violenta. Celebramos la valentía de los pueblos que enfrentan estas luchas y no han permitido que se establezcan los proyectos de muerte. Olintla es muestra de una de las luchas más valientes, donde el pueblo tutunaku expulsó un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México intentaba imponer en su territorio.
En este Xl Encuentro de MAPDER compartimos saberes como pueblos latinoamericanos. Conocimos y aprendimos de las experiencias de lucha y de resistencia de movimientos hermanos de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, que luchan por la defensa de los ríos, la vida y sus territorios.
Nos hermanamos y solidarizamos con las realidades que viven en sus países, con sus luchas que también son las nuestras, y compartimos con ellos la construcción cotidiana desde cada uno de nuestros países, de un nuevo proyecto energético popular a nivel nacional y latinoamericano. Luchamos por un nuevo modelo de sociedad. Refrendamos nuestra unidad popular latinoamericana, como nos enseñaron y compartieron los compañeros del MAB de Brasil.
Nos solidarizamos con la comunidad de Barillas, Guatemala, ejemplo de lucha para nuestros pueblos y resistencias.
De las luchas nacionales del MAPDER exigimos:
Puebla
Exigimos la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la Sierra Norte y todo el Estado de Puebla. Exigimos la cancelación de la instalación del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la central de generación de energía eléctrica en Huesca Morelos, proyecto que representa un riesgo mayor al estar en la zona de peligro eruptivo del volcán Popocatépetl. Rechazamos los proyectos para extracción de hidrocarburos que se tienen planeados en la Sierra Norte de Puebla. Exigimos el esclarecimiento y justicia al asesinato de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CNPA-Movimiento Nacional y opositor a la Presa Cuamono. Exigimos la libertad a Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, presos políticos por resistir la imposición del Proyecto Integral Morelos y de la autopista arco Poniente, en la región Izta – Popo.
Guerrero
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores al la presa La Parota (CECOP), fortalece su lucha en contra de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. “La tierra no se vende” y “La Parota no se hará” son los principios que forjaron nuestros triunfos al impedir la construcción de la presa. A once años de iniciado el movimiento de resistencia reafirmamos nuestra decisión de luchar hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto.
El CECOP hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional por la inmediata liberación de su vocero Marco Antonio Suástegui, y los comuneros del CECOP Emilio Solís y Julio Ventura. Su detención fabricada con falsos delitos y el ilegal traslado de Marco Antonio a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, dejan ver la criminalización y represión cada vez más violentas contra quienes luchamos en defensa de la tierra, el agua, el territorio y los bienes comunes.
El CECOP convoca a todos los movimientos y organizaciones del MAPER a emprender una lucha unitaria con todas las organizaciones democráticas del país que, al igual que nosotras y nosotros, estamos dispuestos a detener la devastación del país y su entrega a las empresas transnacionales.
Nayarit
Nosotros wixaritari, tepehuanos y coras, como pueblos originarios exigimos que se nos respeten las áreas protegidas, en los 19 lugares sagrados en donde están presentes nuestros espíritus, rituales, y pensamientos. Declaramos a nuestro río San Pedro como río Libre de Represas y rechazamos el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que pretenden destruir nuestra cultura y los bienes comunes naturales, de las comunidades ancestrales que habitamos en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango.
Jalisco
Celebramos la resistencia de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en contra de la construcción de La Presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, así como las recientes resoluciones judiciales que han logrado detener la construcción de la cortina. Denunciamos la campaña “Las 13 verdades de La Presa el Zapotillo” impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contubernio con las empresas españolas FCC, Abengoa y las cámaras empresariales de construcción, violentando con esto el cumplimiento de las sentencias judiciales ganadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que mandatan que la altura de la cortina no debe sobrepasar los 80 metros de altura. Exigimos que las obras de construcción de la cortina permanezcan detenidas a 80 metros y se realicen de inmediato los ajustes necesarios, garantizando la seguridad y permanencia de las comunidades de la región de los Altos de Jalisco y su patrimonio cultural.
Veracruz
La Hidroeléctrica El Naranjal sigue como una amenaza constante. El proyecto ha cambiado sustancialmente del aprobado en 2010 por la SEMARNAT, pero sigue sin la aprobación de la población, causando problemas y divisiones internas. A un año del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, exigimos el esclarecimiento de este crimen y el castigo a los autores materiales en intelectuales.
Los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, desde hace 7 meses hemos mantenido una clausura social permanente en la zona de estudios de factibilidad de la empresa brasileña Odebrecht. Así mismo estamos en el proceso de varias demandas colectivas hacia los invasores, donde ya se nos ha reconocido como ente jurídico defensor ambiental.
Denunciamos los amedrentamientos realizados por el gobierno hacia los ejidatarios de la zona.
En la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla, exigimos la cancelación de los 24 proyectos de presas en la cuenca del río Bobos-Nautla y rechazamos a las hidroeléctricas como energía limpia.
Chiapas
Exigimos la cancelación de las presas en Chiapas y Tabasco: Itzantún, Cankuc, Chicuacen 2, San Miguel Huimanguillo, así como aquellas proyectadas en la Sierra Madre, en la región del Soconusco y sobre el río Usumancinta. Exigimos el respeto a las comunidades que se han declarado Libres de Represas, así como el resarcimiento de los daños ocasionados por las presas y otros megaproyectos que han afectado los pueblos de la región. No más extracción petrolera por la nueva reforma energética. Exigimos la salida inmediata de la empresa Caliz y Morteros en Cahuaré, sobre la Presa Cahuaré 1. Exigimos la libertad inmediata a Florentino Gómez Girón, luchador social del Pueblo de Ixtapa detenido con delitos fabricados, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos. Seguimos exigiendo la verdad y la justicia de la masacre de Acteal.
Colima
Felicitamos la Declaratoria de Territorio Libre de Minería que logró la Comunidad Indígena de Zacualpan, Colima. Repudiamos los engaños, la violencia verbal y física, las amenazas de muerte, represión e intimidación por parte de los caciques manipulados por los gobierno del estado y municipal, en contubernio con el empresario minero.
Denunciamos la criminalización que realiza el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada”, a las comunidades de Los Potros, Puertecito de las Parotas, Mameyito y Coconal, agresión que se ha dirigido especialmente contra Félix Monroy Rutilo, quien ha denunciado la contaminación del Río Marabasco. Responsabilizamos al gobierno federal, del estado de Colima y a la empresa minera, de cualquier daño que pueda sufrir nuestro compañero.
Oaxaca
El Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del río Verde (COPUDEVER), exige la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, así como el respeto al derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. Rechazamos la reforma energética porque violenta los derechos de los pueblos.
Acuerdos del Encuentro:
Nos declaramos en pie de lucha, en defensa de nuestro territorio y en rechazo total las cotrareformas estructurales.
Convocamos a la unidad nacional en defensa de la vida y nuestros territorios.
Nos sumamos a las acciones unitarias en contra del despojo convocadas en todo el país.
Refrendamos la convocatoria para celebrar los 100 años del ingreso de los ejércitos campesinos revolucionarios (La División del Norte y el Ejercito Zapatista) a la ciudad de México, el próximo 6 de diciembre.
Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados por la minera Cananea a los ríos del estado de Sonora y la cancelación definitiva de esta mina propiedad del Grupo México.
Exigimos el cese inmediato de la represión y la criminalización de quienes luchamos en defensa del territorio y de la vida.
Seguiremos impulsado nuestros propios modos de vida comunitarios y pugnamos por un proyecto alternativo energético en México y Latinoamérica.
Nos unimos y hermanamos a las luchas en defensa de los ríos, la vida y los territorios de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, presentes en este Encuentro.
Seguiremos celebrando la vida con alegría e intensidad, como la hemos aprendido a vivir en nuestros pueblos.
Agradecemos la hospitalidad de los hermanos y hermanas tutunakus del municipio de Olintla, quienes nos abrieron su pueblo, casas y corazones. Pero sobre todo, les agradecemos el ejemplo que nos han dado por la lucha valiente al expulsar al Grupo México, empresa rapaz que ha saqueado el subsuelo de nuestro país, contaminado sus aguas y cobrado decenas de vidas de manera impune.
Olintla, Sierra Norte de Puebla. 31 de agosto de 2014
LA RED LATINOAMERICANA CONTRA LAS REPRESAS Y POR LA DEFENSA DE LOS RIOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA (REDLAR) RECHAZA LA DETENCIÓN ILEGAL DE MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI, LIDER OPOSITOR A LA PRESA LA PAROTA EN MÉXICO. 19 de junio de 2014 -Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación. secretario@segob.gob.mx -Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. correo@cndh.org.mx, presidencia@cndh.org.mx -Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero. contacto@guerrero.gob.mx gobernador@guerrero.gob.mx -Lic. Jesús Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero. contacto@guerrero.gob.mx, secretariageneral@guerrero.gob.mx -Lic. Lambertina Galeana Marín, Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. presidenciapje@tsj-guerrero.gob.mx -C. Leonardo Octavio Vázquez Pérez, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero. sspypc@guerrero.gob.mx -Lic. Monte Alejandro Rubido García. Comisionado Nacional de Seguridad. mrubido@secretariadoejecutivo.gob.mx -A la Opinión Pública Nacional e Internacional.
El día 17 de junio de 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) instruyó un aparatoso operativo para detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que desde hace más de diez años se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del río papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero, México. Suástegui fue interceptado por más 15 Policías Ministeriales. Con lujo de violencia lo bajaron de su vehículo y sin orden de aprehensión. Una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por «andar de revoltoso». Posteriormente lo trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces en Acapulco, sin permitirle que pudiera comunicarse con sus representantes legales o con sus familiares. Luego fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad, lo que implica una grave afectación al derecho a una defensa adecuada, que reconoce el artículo 20 de la Constitución, pues deja al detenido sin poder tener una comunicación fluida y constante con sus defensores. Es importante mencionar que dicho mecanismo ha sido utilizado en los últimos meses por el Gobierno del Estado de Guerrero en contra de otros líderes de movimientos sociales, desnaturalizando la misma finalidad de los centros federales de seguridad media y máxima, pues estos terminan siendo usados no para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad, sino para dirigentes de movimientos sociales. La detención del dirigente del CECOP, tiene como claro objetivo debilitar el movimiento de dicha organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico “ La Parota”; el cual, cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción del estado del Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero. La REDLAR exige el respeto a los derechos humanos en el marco de los instrumentos internacionales signados por el gobierno mexicano a fin de: 1. La liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Cecop. 2. Revocar su traslado ilegal, arbitrario y violatorio a los derechos humanos fuera del estado de Guerrero. 3. Investigación y castigo a los servidores públicos por los maltratos físicos y psicológicos cometidos contra Marco Antonio Suástegui. Del mismo modo garantizar su integridad física y psicológica. 4. El respeto irrestricto de su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. 5. Poner fin a la instauración de otros procesos penales en su contra. 6. Poner fin a la persecución, intimidación, criminalización y represión contra otros dirigentes del CECOP. 7. Poner fin al Proyecto Hidroeléctrico de la Parota, toda vez que las comunidades indígenas ya han manifestado su rechazo por las afectaciones a sus territorios y en el marco del Convenio 169 de la OIT.
RED LATINOAMERICANA CONTRA LAS REPRESAS Y POR LA DEFENSA DE LOS RIOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA (REDLAR) http://www.redlar.net/
En este día se realizan acciones en contra de las Presas en todo el mundo. En 1997 se realizó el Primer Encuentro de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, reunidos en Curitiba, Brasil.
En diversos lugares de la geografía de abajo, a nivel internacional, se realizaron manifestaciones y acciones para repudiar la creación de Presas y a la vez, informar por qué afectan mucho al los pueblos y al medio ambiente.
En San Cristóbal de las casas platicamos con dos compañeros y esto fue lo que nos dijeron…
A los medios de comunicación nacionales e internacionales y al pueblo en general:
El 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, es la fecha durante la cual, las comunidades y organizaciones afectadas por proyectos de represas en el mundo salen a la calle a demandar justicia a sus gobiernos, a las compañías constructoras y productoras de electricidad y a la sociedad en general. Según la Organización de las Naciones Unidas, unas 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo. En nuestro estado, las represas que fueron construidas en nombre del supuesto “desarrollo”, solo trajeron, como en muchas otras partes, mayor marginación a cientos de comunidades que vivían de la pesca y la agricultura.
Desde 1997, fecha en la que se organizó el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas (Curitiba, Brasil), hemos podido comprobar una y otra vez de manera sistemática, que los engaños con los que los gobiernos y compañías se apropian de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, siguen siendo los mismos. Además, es posible afirmar que en las comunidades, las tarifas de la electricidad son elevadísimas, mientras que grandes compañías reciben subsidios para no pagar. Vemos que el costo social y ambiental lo asumen los pueblos al tiempo que unos cuantos se enriquecen acaparando los bienes comunes y provocando daños a la gente y al medio ambiente.
En México, el Movimiento ha sido señalado en numerosas ocasiones de provocar la desestabilización. En los estados de Guerrero y Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias federales y estatales han acusado a las organizaciones que acompañan a las comunidades de estar del lado de los países ricos. En Veracruz, nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz fue asesinado un día antes de comenzar el Encuentro Nacional del MAPDER, en agosto del año pasado. En Chiapas, el proyecto Chicoasén II está causando división en las comunidades debido a que el gobierno organizó una asamblea ejidal fraudulenta, acarreando campesinos de otras comunidades el 17 de noviembre de 2013 para que votaran a favor de la construcción. En las regiones del Soconusco y Sierra, las autoridades federales han respondido con menosprecio a la declaración de territorios libres de minería y represas, llevada a cabo el 10 de diciembre del año pasado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía simplemente ignoraron la demanda de 47 comunidades de cancelar las represas y minas en esa región y se limitaron a contestar que están facultadas para autorizar dichos proyectos. Mientras, las familias afectadas por el llamado Tapón del Grijalva todavía esperan la indemnización por sus tierras y una vivienda digna que no se caiga a pedazos, como las casas que recibieron en la Ciudad Rural Nuevo San Juan de Grijalva. Y no sólo eso, cuando estas mismas familias salieron a las calles para manifestarse por la falta de justicia, hubieron detenidos que fueron trasladados a diferentes cárceles, como ha sido registrado en recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las amenazas, sobornos, órdenes de aprehensión y hasta asesinatos son el pan de cada día de quienes trabajan para proteger al medio ambiente y a sus familias.
Vemos pues que el desdén de las autoridades y compañías nos unen en la lucha por el respeto de nuestros derechos y del medio ambiente a escala local, regional e internacional. Es por esto que nos oponemos firmemente a las reformas estructurales aprobadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como al proyecto de reforma agraria que será analizado próximamente y todos los venideros. Estos cambios constitucionales traerán solamente más violaciones a los derechos humanos y más destrucción de nuestra madre tierra.
A pesar de este panorama, en todos los rincones del país se están haciendo sentir brotes de organización y resistencia de los pueblos originarios por rechazar estas amenazas a la vida. En el estado de Puebla, miles de campesinos se encuentran dando una lucha directa en contra de la construcción de los proyectos hidroeléctricos que pretenden imponer sobre el rio de Apulco, que nace en La Soledad, tierras Poblanas donde Carlos Slim pretende construir la mina de oro a cielo abierto más grande de América. También en Veracruz, las comunidades impulsan una dura lucha contra la instalación de represas en los ríos Pescados, La Antigua, Blanco, entre otros, realizando todo tipo de acciones pacíficas y de desobediencia civil, que a la fecha han logrado frenar en cierta forma la avalancha de represas de los 112 proyectos planeados, tan sólo para este estado.
La resistencia contra estos proyectos de muerte en todo el país ha sido peligrosa, debido a la impunidad con que operan empresas, gobierno y crimen organizado, pero también ha demostrado que es la única forma de bloquear proyectos millonarios y defender el medio ambiente y las comunidades.
Por todo lo anterior, en este día de lucha demandamos al gobierno de México la suspensión de todos los proyectos y concesiones hasta que las comunidades hayan sido consultadas, libre y previamente, así como el respeto a la voluntad de las mismas y a su derecho a la libre autodeterminación.
Atentamente,
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Chiapas y
Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático
¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!
¡Libertad a los presos políticos del país!
¡Castigo a los asesinos de Noé Vázquez Ortiz, Bety Cariño, Bernardo Vázquez, Mariano Abarca y demás luchadores sociales!
El pueblo Ngäbe, en pie otra vez contra los megaproyectos
martes 18 de febrero de 2014
Hay pueblos que cargan en su espalda la defensa de lo fundamental: la tierra y la dignidad. El Ngäbe y el Buglé (en la actual Panamá) son de esos. Ante la inminente entrada de la maquinaria y la fuerte presencia policial en el río Tabasará, los ngäbe se han organizado en campamentos de resistencia. La tensión es fuerte, la historia trae malos recuerdos.
El pueblo Ngäbe ha tenido durísimos choques con el actual Gobierno de Panamá. Primero fue en Changuinola (Bocas del Toro) en 2010 y fue mucha la sangre que corrió de obreros ngäbe de las bananeras. Después, en 2011 y 2012, miles de ngäbe y de buglé se concentraron a lo largo de la carretera Panamericana para defender la integridad de su territorio legalmente reconocido (la Comarca Ngäbe Buglé y los territorios anexos) frente a la expansión de los megaproyectos energéticos y extractivos. Una de sus exigencias, teóricamente aceptada por el presidente Ricardo Martinelli tras duras jornadas de represión policial, era que la Comarca quedara libre de hidroeléctricas y de minería. El Gobierno firmó los acuerdos de San Félix y San Lorenzo, utilizó a Naciones Unidas para dilatar un proceso de verificación y, desde su óptica, debilitar un movimiento de resistencia que había despertado, además, la solidaridad de la mayor parte de la sociedad panameña.
La pasada semana ese mismo gobierno autorizó a la empresa Generadora del Istmo a reanudar las obras de la represa de Barro Blanco, en el río Tabasará, un proyecto al que los indígenas se han opuesto desde el inicio por las graves afectaciones a 40 comunidades y al ambiente. Los tres lugares más amenazados a partir de ayer, lunes 17 de febrero, son Quebrada Caña, Nuevo Palomar y la comunidad cultural de Kiad. Y es en estos puntos donde desde el fin de semana se han ido concentrado centenares de ngäbe para evitar que la herida sobre su territorio siga creciendo. La resistencia es firme y la presencia policial en la localidad de Tolé, masiva.
Organizaciones de Panamá y de la región han mostrado su solidaridad con la lucha en el río Tabasará y han denunciado que “el movimiento policial en la zona es evidente, lo que indica una alta posibilidad de que se produzcan nuevos casos de abuso policial y violaciones a los derechos humanos en contra de los pobladores, que se han declarado en estado de alerta para defender su territorio, vivienda, alimentos, su identidad cultural y su proyecto de vida como pueblo indígena”. Recuerdan además que “estas violaciones, en caso de producirse, se sumarían a aquellas producidas masivamente en los años 2010, 2011 y 2012, en Changuinola, la comarca Ngäbe Buglé y Colón, además de las violaciones a la consulta previa, libre e informada, el incumplimiento de acuerdos y la denegación de justicia ante el Órgano Judicial que han sufrido las comunidades afectadas por este proyecto, desde su inicio y hasta la fecha”.
La Historia
Barro Blanco ha sido un punto innegociable para el Gobierno panameño, aunque haya jugado a negociar. Como señala el ambientalista Óscar Sogandares, “las negociaciones de paz entre el gobierno y la Comarca Ngäbe Buglé terminó en un acuerdo de compromiso entre las dos partes que resultaron en la aprobación de la Ley Especial 11, en vigor desde abril. Esta nueva ley anulaba las concesiones mineras y se prohíbe la minería en el futuro. También establece que los proyectos hidroeléctricos en el futuro que el gobierno planea en el territorio estarán sujetos a la aprobación de las autoridades indígenas y el referéndum de los residentes de la zona. La Comarca Ngöbe-Buglé deberán recibir el 5% de la facturación anual de los proyectos. Sin embargo, la polémica presa de Barro Blanco seguirá adelante – las concesiones hidroeléctricas ya otorgadas no serán suspendidos. Una revisión del EIA del proyecto se acordó para salir del estancamiento”.
El acuerdo no gustó a parte de las bases ngäbe y buglé y el informe de Naciones Unidas sobre Barro Blanco, aunque muy crítico, no ha servido para paralizar las obras. Los ngäbe y buglé son los pueblos originarios mayoritarios en Panamá y su Comarca ocupa una parte importante del centro y oeste del país.
Sogandares recuerda que Barro Blanco es un proyecto hidroeléctrica MDL de 28,84 MW en el río Tabasará . Su propietario, Luis Kafie, magnate eléctrico de Honduras, donde produce el 30% de su energía y enfrenta a una serie de denuncias ambientales. Está siendo financiado por los bancos europeos de Alemania (DEG) y Holanda (FMO). El proyecto fue aprobado con arreglo al régimen de compensación de la ONU en junio de 2011 a pesar de las inexactitudes de su Estudio de Impacto Ambiental y la falta de consultas con los interesados. La presa inundará tierras pertenecientes a la Comarca Ngäbe Buglé – una reserva de propiedad colectiva administrada por el grupo indígena Ngäbe Buglé de Panamá. Más de media docena de municipios a lo largo de las riberas del río en la Comarca serán inundadas y los medios de subsistencia de unos 5.000 agricultores Ngäbe que dependen del río para obtener agua potable, la agricultura y la pesca se perderá irremediablemente.
Entre el 7 y 12 de octubre de 2013 se realizó en Guatemala, en la comunidad Retalteco, municipio de las Cruces, El Petén, el V Encuentro de la REDLAR con la participación de 537 delegados y delegadas de comunidades afectadas por represas de 14 países latinoamericanos.
Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén.
Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta.
La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las necesidades del mercado. En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador, que pone en riesgo la vida de todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños.
Las empresas y gobiernos no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de nuestros bienes comunes. En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los pueblos originarios.
La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a las comunidades, la el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países latinoamericanos.
Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos humanos de millones de personas y de la naturaleza. Esta alianza promueve proyectos mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua. La promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades.
Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones. No son energía limpia, son destructivas y contaminantes, causan efectos ambientales y sociales irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos, acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias.
El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado. La REDLAR promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia social.
Después de seis días de compartir saberes y experiencias: Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a la imposición de los megaproyectos.
Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra.
Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación integral del daño a las comunidades desplazadas por represas
Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos y otros mecanismos de toma de decisiones.
Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos.
Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH, de Santa Cruz Barillas y Cobán, que están siendo criminalizados por su lucha.
Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina:
A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida, por la Madre Tierra, los ríos y el agua.
A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas y en defensa del territorio.
A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que luchan por sociedades con justicia y dignidad.
AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES
EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA –REDLAR–
V ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA.
Entre el 7 y 12 de octubre de 2013 se realizó en Guatemala, en la comunidad Retalteco, municipio de las Cruces, El Petén, el V Encuentro de la REDLAR con la participación de 537 delegados y delegadas de comunidades afectadas por represas de 14 países latinoamericanos.
Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén.
Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta.
La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las necesidades del mercado. En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador, que pone en riesgo la vida de todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños.
Las empresas y gobiernos no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de nuestros bienes comunes. En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los pueblos originarios.
La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a las comunidades, la el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países latinoamericanos.
Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos humanos de millones de personas y de la naturaleza. Esta alianza promueve proyectos mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua. La promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades.
Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones. No son energía limpia, son destructivas y contaminantes, causan efectos ambientales y sociales irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos, acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias.
El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado. La REDLAR promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia social.
Después de seis días de compartir saberes y experiencias:
-Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a la imposición de los megaproyectos.
-Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra.
-Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación integral del daño a las comunidades desplazadas por represas
-Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos y otros mecanismos de toma de decisiones.
-Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos.
-Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH, de Santa Cruz Barillas y Cobán, que están siendo criminalizados por su lucha.
-Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina: A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida, por la Madre Tierra, los ríos y el agua. A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas y en defensa del territorio. A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que luchan por sociedades con justicia y dignidad.
AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA –REDLAR–
Caserío retalteco, Municipio de las Cruces; Departamento de Petén, Guatemala.
A los 7 Días del mes de Octubre de 2013.
Buenas días, tardes o noches… dependiendo de donde nos lean…
Invitamos a los medios de comunicación alternativos, comunitarios, ciudadanos, etc. para colaborar en difusión, discusión, crítica y retransmisión (audio o video) de la Red Latinoamericana Contra Represas, en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua “REDLAR”, pues durante los días 09 al 12 de Octubre de 2013 tendremos el V encuentro Latinoamericano. La REDLAR está conformada por comunidades y pueblos afectados y amenazados por represas en la Abya Yala o América latina, somos comunidades que buscamos frenar una de las tantas formas de saqueo y despojo que azotan a nuestras comunidades y pueblos como son “hidroeléctricas o represas, mini-hidroeléctricas, etc.” Entendemos que sin el agua no hay vida y que los ríos deben estar libres de esa nueva ola de saqueo impulsado por el capitalismo en su modo extractivista y corporativo-empresarial acumulativo y demás etcéteras.
El contexto social-político de Guatemala sede del V encuentro de la REDLAR y de la América Latina es delicada, el encuentro se propone debatir la política energética del continente, el derecho a la consulta de los y las amenazadas, el valor de las consultas comunitarias, entre varios temas. Además, se dará seguimiento a los planes de integración y se denunciará la criminalización de los procesos de resistencia; Recordamos también que en estas fechas se cumplen 521 años de saqueo a nuestros territorios, es por eso que la coordinación de comunicación pensamos en un pequeño listado para poder llevar nuestras voces, las voces de los pueblos a otras geografías de la Abya-yala:
1.- Retransmisión Radio desde sus medios de comunicación:
En cuanto tengamos más canales de transmisión por internet, se las haremos circular.
Barra programática:
Circulación de programa en vivo o grabado con temática de lucha contra represas, o de resistencia de pueblos, de movimientos sociales, denuncias, 500 años de conquista, etc.
Hay algunos espacios vacios si alguno gusta de mandar alguna producción nuestro correo: redlar.org@gmail.com
2.- Redacción de texto: Notas periodísticas, críticas, análisis, etc. Que pudieran ser colgados en la páginawww.REDLAR.net o en sus respectivas páginas.
3.- Redes sociales (cualquiera que se les ocurra) retuitear o compartir por feisbuk la información que se coloque en la página www.REDLAR.net o en sus respectivas páginas web.
4.- Después del encuentro se colgaran los audios, videos, fotos etc. en la páginawww.REDLAR.net
MATERIAL ADICIONAL
Sobre propaganda de la cobertura del evento: Hay realizados hasta ahora 2 videos invitación al encuentro, un audio y 6 carteles con diferente juego de información.
Artículo sobre los impactos sociales, culturales y ambientales de la presa Proyecto Veracruz, a punto hoy de entrar en operación, en la Sierra de Zongolica
Bajar archivo PDF en: https://red-lar.org/wp-content/uploads/2020/08/HidroelectrZongolica_AlatorreHidalgoCampos_JornadaEcol.pdf
